TSDJ BOG SP - 110016000005020131540401-(28-09-2020)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C. – SALA PENAL –

Magistrado ponente : JUAN CARLOS ARIAS LÓPEZ Radicación : 110016000005020131540401

Procesado : WILSON HERNANDO CIFUENTES BOLÍVAR Delito : Fraude a resolución judicial Procedencia : Juzgado 1° Penal del Circuito de Bogotá Motivo : Apelación sentencia condenatoria Decisión : Confirma Aprobado Acta No. : 204 del 28 de septiembre de 2020

Fecha Lectura : 13 de octubre de 2020

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Resolver el recurso de apelación interpuesto por el representante de la víctima contra la sentencia proferida, el 26 de febrero de 2020, por el Juzgado 1° Penal del Circuito de Bogotá, mediante la cual absolvió WILSON HERNANDO CIFUENTES BOLÍVAR del delito de fraude a resolución judicial.

2. ANTECEDENTES

2.1. Fácticos

“…Conforme a lo consignado en el escrito de acusación, el 17 de julio de 2013, el apoderado de la empresa INCAPEC LTDA elevó denuncia contra Wilson Hernando Cifuentes Bolívar, en calidad de representante legal de la Empresa Metal Plus Ltda., por la presunta comisión del delito de emisión y transferencia ilegal de cheques, ante el incumplimiento en el pago de las facturas cambiarias No .

representante legal de la Empresa Metal Plus Ltda., por la presunta comisión del delito de emisión y transferencia ilegal de cheques, ante el incumplimiento en el pago de las facturas cambiarias No . 3212 por valor de $10.311.008 y la 3332 po r valor de $3.245.216, por trabajo que le realizara la empresa INCAPEC LTDA a la empresa Metal Plus LTDA, razón por la cual adelantaron proceso ejecutivo ante el Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá, a través del cual se emitió mandamiento de pago, decretando el embargo y secuestro preventivo de bienes, librándose despacho comisorio a la inspección 16 de la Localidad de Puente Aranda, la cual instaló diligencia de embargo y secuestro.

Diligencia de embargo y secuestro que se suspendió ante el ofrecimiento de pago realizado por Wilson Hernando Cifuentes Bolívar, consistente en pagar la suma de veinte millones de pesos, representados en tres (3) cheques, dos por la suma de siete millones de pesos y uno por la suma de seis millones de pesos con pago posfechado, la cual fue objeto de aceptación por el denunciante, pero al momento de presentar los cheques para su cobro en las fechas señaladas, fueron impagadas ante la insuficiencia de fondos en las cuentas del señor Cifuentes Bolívar.Radicación: 110016000005020131540401

Procesado: WILSON HERNANDO CIFUENTES BOLÍVAR Delito: Fraude a resolución judicial o administrativa de policía Motivo: Apelación sentencia absolutoria

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Conforme a lo anterior, s e adelantó acción penal ante la Fiscalía General de la Nación,

Motivo: Apelación sentencia absolutoria

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Conforme a lo anterior, s e adelantó acción penal ante la Fiscalía General de la Nación, correspondiente a la Fiscalía Local 78 en donde las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio consistente en que Cifuentes Bolívar abonaría las suma de cinco millones de pesos el 20 de septiembre de 2013, además abonaría mensualmente la suma de dos millones de pesos a partir del 20 de enero de 2014, lo que también fue objeto de incumplimiento…”.

2.2. Procesales

El 19 de febrero de 2018, ante el Juzgado 31 Penal Municipal de Bogotá, tras declarar contumaz a HERNANDO CIFUENTES BOLÍVAR, la Fiscalía le formuló imputación, en calidad de autor, del delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía – art. 454 del C.P.-.

El 18 de mayo de ese año , la Fiscalía radicó escrito de acusación y el asunto correspondió al Juzgado 1° Penal d el Circuito despacho que, el 29 de enero de 2019, adelantó audiencia de formulación de acusación .

El 9 de mayo del mismo se llevó a cabo audiencia preparatoria y, luego, en sesión del 14 de agosto siguiente se realizó el juicio oral al término del cual fue anuncia do fallo absolutorio . El 26 de febrero de 2020 fue proferida la sentencia respectiva .

Inconforme con la decisión, el representante de la víctima interpuso recurso de apelación el que, sustentado y realizado el traslado a los no recurrentes, fue concedido en el efecto suspensivo ante esta Corporación.

Inconforme con la decisión, el representante de la víctima interpuso recurso de apelación el que, sustentado y realizado el traslado a los no recurrentes, fue concedido en el efecto suspensivo ante esta Corporación.

3. SENTENCIA APELADA

El Juez absolvió a WILSON HERNANDO CIFUENTES BOLÍVAR toda vez que, del recaudo probatorio allegado a juicio oral, “resulta claro que en el presente asunto no se reúnen los presupuestos típicos… puesto que una cosas es afirmar que una obligación fue impuesta, declarada o reconocida en una resolución judicial y otra es que dicha obligación se derive de un acto jurisdiccional , el cual puede producirse dentro de la actuación procesal”.

Señala que se demostró que el representante legal de la empresa Incapec Ltda., interpuso demanda contra el procesado pues, como representante legal de Metal Plus Ltda., no pagó las facturas cambiarias No . 3212 por valor d e $10.311.008 y la N o. 3332, por valor de $3.245.216. El Juzgado 14 Civil Municipal, despacho que le correspondió el cobro ejecutivo, libró mandamiento de pago y decretó el embargo y secuestro “para lo cual se comisionó a la Inspección 16 de la Localidad d e Puente Aranda, pero dicha diligencia se suspendió ante el ofrecimiento de pago” por parte del acusado y aceptado por el demandante, acuerdo que también fue incumplido.Radicación: 110016000005020131540401

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A raíz de la denuncia presentada por el representante de Incapec Ltda, la Fiscalía 18 Local adelantó diligencia de conciliación en la que el procesado se comprometió a abonar $5.000.000, el 20 de diciembre de 2013 y cuotas mensuales de $2.000.000, a partir del 20 de enero de 2014. Esto conllevó al archivo de la actuación dado que se trataba de un delito querellable “ pero ante el incumplimiento de la conciliación , fue solicitado y decretado por un Juez de Control de Garantías el desarchivo del caso para continuar con la acción penal”. Esta obligación, precisa, “se viene ejecutando en el Juzgado 6° Civil de Ejecución de Bogotá”.

Refiere que, si bien existe incumplimiento por parte del procesado de la obligación original, también lo es que el mandamiento de pago “perdió su vigencia, con la aquiescencia de la víctima al ac eptar unos cheques que garantizaban el pago incumplido. Desde luego que no se desconoce el nuevo incumplimiento al no haberse podido cambiar los cheques, pero ello dio lugar al ejercicio de la acción penal que también culminó por conciliación y a su vez esta conciliación se viene ejecutando”.

Por tanto, señala, no se puede afirmar que el acusado se haya sustraído fraudulentamente “ del cumplimiento de la obligación judicial consignada en el mandamiento de pago, puesto que la falta de ejecución se dio válidamente por

Por tanto, señala, no se puede afirmar que el acusado se haya sustraído fraudulentamente “ del cumplimiento de la obligación judicial consignada en el mandamiento de pago, puesto que la falta de ejecución se dio válidamente por voluntad de las partes, cuando el acusado emitió en favor de la víctima los tres cheques por valor de siete millones cada uno. Distinto es que los cheques no tuvieran fondos para su canje, pero ello es otro hecho que encuadra en otro tipo penal ajeno a la presente actuación”.

4. RECURSO DE APELACIÓN

El Representante de la víctima solicita, en primer lugar, declarar la nulidad por vulneración “del derecho de postulación ” del procesado toda vez que, instalada esa audiencia, el a quo no permitió que lo representara su nuevo defensor de confianza , como tampoco le dio oportunidad de presentar sus pruebas, incluyendo el testimonio del acusado.

En segundo lugar, pide revocar la sentencia absolutoria y, en su lugar, declarar que el procesado es responsable del delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía en tanto que desconoció “sistemáticamente la obligación impuesta por las autoridades judiciales y de policía”.

Aduce, las maniobras del acusado para evadir fraudulentame nte el pago de sus obligaciones se verifican desde que, siendo el representante legal de la empresa Metal Plus Ltda, se obligó a pagar las facturas cambiarias No 3212 por valor de $10.311.008. y la No 3332, por valor de $3.245.216, el 30 de enero de 2011, en favor de Incapec Ltda.

Plus Ltda, se obligó a pagar las facturas cambiarias No 3212 por valor de $10.311.008. y la No 3332, por valor de $3.245.216, el 30 de enero de 2011, en favor de Incapec Ltda.

Ante su incumplimiento, dice, fue presentada demanda ejecutiva y el Juzgado 14 Civil Municipal libró mandamiento de pago y decretó el embargo y secuestro de los bienesRadicación: 110016000005020131540401

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del deudor. Esto último correspondió concretar a la Inspección 14 de Puente Aranda, pero el procesado prop uso conciliación y se comprom etió a pagar $20.000.0 00., “representados en 3 cheques sin cruzar ”, los cuales fueron rechazados por fondos insuficientes.

En razón al nuevo incumplimiento, agrega, se interpone denuncia contra WILSON HERNANDO CIFUENTES BOLÍVAR por el delito de emisión y transferencia ilegal de cheques y ante la Fiscalía 78 Local, después de varios años, éste propone nuevamente c onciliación consistente en pagar $25.000.000, distribuidos en $5.000.000, para el 20 de diciembre de 2013 y cuotas mensuales de $2.000.000. Ese acuerdo también lo incumplió de ahí que se adelantó otro proceso ejecutivo ante el Juzgado 39 Civil Municipal, en donde se emitió mandamiento de pago y decretó

acuerdo también lo incumplió de ahí que se adelantó otro proceso ejecutivo ante el Juzgado 39 Civil Municipal, en donde se emitió mandamiento de pago y decretó medidas cautelares “que aún se encuentran sin ejecutar por el Juzgado 6 de Ejecución Civil”.

Aclara que ese despacho judicial “ha emitió sendos oficios al demandado notificándolo de las cautelas decretadas que debió inscribir en la empresa que él gerencia y que a pesar de haberse notificado en debida forma, esto es, tenía conocimiento pleno de la existencia del proceso y a la fecha de hoy nunca las registró”.

Por tanto, concluye, el acusado, mediante argucias, ha evadido el pago de la obligación contraída con Incapec Ltda., en consecuencia, siendo una resolución judicial “ cualquier pronunciamiento de la autoridad que acepte o desestime una pretensión instaurada por el interesado ”, WILSON HERNANDO CIFUENTES e s responsable del delito por el que fue acusado.

5. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la apelación conforme lo señala el art. 34 de la Ley 906 de 2004, dentro de los límites impuestos por la naturaleza del recurso y los temas de impugnación.

Atendiendo el principio de limitación que sujeta la apelación por la cual adquirió competencia, procederá esta Sala a resolver el recurso interpuesto.

5.2. De la nulidad

El representante de la víctima considera que se debe declarar la nulidad, a partir de la instalación del juicio oral, en tanto que al procesado no se le permitió, en dicho acto

5.2. De la nulidad

El representante de la víctima considera que se debe declarar la nulidad, a partir de la instalación del juicio oral, en tanto que al procesado no se le permitió, en dicho acto procesal, cambiar de defensor para que lo representara su abogado de confianza y,Radicación: 110016000005020131540401

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además, tampoco se le dio la oportunidad de presentar pruebas para que fueran debatidas.

Para iniciar, se debe precisar qu e, en el sistema penal vigente, la nulidad no puede invocarse con argumentos de estirpe puramente formal o sin demostrar que el defecto procesal detectado repercute verdaderamente en los derechos y garantías del procesado.

La nulidad es un remedio extremo para sanear la estructura del proceso o proteger las garantías fundamentales de ahí que no basta ubicar una determinada fisura en el procedimiento sino que para la invalidación es necesario que la misma debe ser analizada a la luz de los principios que orientan las nulidades1.

Para la Sala el representante de víctimas no tiene interés jurídico para solicitar la nulidad, pues las irregularidades enunciadas se centran en que al procesado se le vulneró el derecho de defensa, pero esos aspectos incumben exclusivamente a la parte afectada, en este caso, al procesado y su defensa quienes guardaron silencio.

Debe tenerse en cuenta que la realidad procesal no advierte lo que señala el recurrente,

derecho de defensa, pero esos aspectos incumben exclusivamente a la parte afectada, en este caso, al procesado y su defensa quienes guardaron silencio.

Debe tenerse en cuenta que la realidad procesal no advierte lo que señala el recurrente, pues, el 14 de agosto de 2019, e n ciernes de la audiencia de juicio oral, el defensor público manifestó que por una llamada telefónica con su asistido, éste le comunicó que había contratado a un abogado de confianza y por eso solicitó el aplazamiento de la audiencia. El Juez negó esa solicitud dado que el acusado ya estaba enterado de la realización de la audiencia y dispuso la continuidad al trámite, sin que se presentara alguna oposición de las partes e intervinientes.

Así mismo, tras practicarse el testimonio de Luis Armando Molano Parra, única prueba de la Fiscalía, el Juez, al no advertir la presencia del acusado, solicitado como prueba de la defensa, dio curso a los alegatos de conclusión de las partes e intervinientes, decisión contra la cual tampoco hubo oposición, en particular por la defensa, quien era la interesada en la práctica de esa prueba.

Ante esta realidad procesal, no se observa vulneración a garantías fundamentales, más cuando la defensa estuvo de acuerdo con cada una de las decisiones adoptadas por el Juez en la audiencia de juicio oral , de ahí que no se accederá a la nulidad solicitada.

1 “…los principios que orientan la declaración de nulidades, los cuales, a pesar de no estar previstos en una determinada norma del Código de Procedimiento Penal que rige este asunto, siguen siendo criterios de inexcusable observancia, como así ha tenido

1 “…los principios que orientan la declaración de nulidades, los cuales, a pesar de no estar previstos en una determinada norma del Código de Procedimiento Penal que rige este asunto, siguen siendo criterios de inexcusable observancia, como así ha tenido oportunidad de puntualizarlo la Sala . Tales axiomas se concretan en los siguientes postulados: sólo es posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente pr evistos en la ley (principio de taxatividad); quien alega la configuración de un vicio enervante debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya (principio de acreditación); no puede deprecarla en su beneficio el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del yerro invalidante, salvo el caso de ausencia de defensa técnica (principio de protección); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o táci to del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales (principio de convalidación); no procede la invalidación cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derech o de defensa (principio de instrumentalidad); quien alegue l a rescisión tiene la obligación indeclinable de demostrar no sólo la ocurrencia de la incorrección denunciada, sino que ésta afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso o las garantías constitucionales (principio de trascendencia) y, además, que para enmendar el agravio no existe remedio procesal distinto

de la incorrección denunciada, sino que ésta afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso o las garantías constitucionales (principio de trascendencia) y, además, que para enmendar el agravio no existe remedio procesal distinto a la declaratoria de nulidad (principio de residualidad)…”CSJ SP, 8 junio 2011, rad 34022Radicación: 110016000005020131540401

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5.3. Caso Concreto

El problema jurídico central que plantea el recurrente consiste en establecer si el a quo acertó al absolver a WILSON HERNANDO CIFUENTES BOLÍVAR del delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía o, por el contrario, razón le asiste al recurrente y se debe impartir condena conforme a la acusación.

El art. 454 del Código Penal dispone que quien por cu alquier medio fraudulento se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno a cuatro años y multa de cinco a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Corte Suprema de Justicia, sobre este punible, ha indicado:

“En muchas ocasiones los funcionarios judiciales a través de proveídos imponen cargas a los particulares de carácter penal, civil, administrativo, laboral, etc. El deber del ciudadano es acatar la orden, sólo la comprobación incuestionable de la imposibilidad de hacerlo le impedirá

particulares de carácter penal, civil, administrativo, laboral, etc. El deber del ciudadano es acatar la orden, sólo la comprobación incuestionable de la imposibilidad de hacerlo le impedirá su cumplimiento2

Con este tipo penal el legislador pretende hacer efectivas las decisiones judiciales3. La fórmula política del Estado Social y Democrático de Derecho demanda la sumisión a las providencias de los jueces y autoriza sancionar la transgresión de esta regla de conducta, por ende, el derecho penal reprime el desconocimiento siempre y cuando sea fraudulento de la autoridad intrínseca que de ellas nace.

La configuración del tipo objetivo reclama la afluencia de los siguientes elementos:

3.1.1. Sujeto activo indeterminado. La conducta puede ser realizada por un particular o un servidor público.

Debe ser el receptor del mandato y como único obligado a cumplirlo es quien está en capacidad de desobedecerlo4. Asoma como el sujeto pasivo de la relación jurídica creada por la decisión, no sólo son las partes de un proceso sino también otras personas como, v.gr. los auxiliares de la justicia, los depositarios, los encargados de conducir a un preso, etc.5

Cuando la obligación es impuesta a una persona jurídica el sujeto activo lo integrará la (s) persona (s) naturales jurídicamente autorizadas para cumplirla, como es el caso del gerente, el director, los socios, etc.

Debe conocer el compromiso por medio de su notificación personal o por otra forma legal. No habrá fraude si carece de esa comprensión.

Además, tiene que contar con plena capacidad para ejecutar la obligación, pues en muchos casos no está en condiciones de observar lo mandado.

habrá fraude si carece de esa comprensión.

Además, tiene que contar con plena capacidad para ejecutar la obligación, pues en muchos casos no está en condiciones de observar lo mandado.

2 CSJ SP Rad. No. 8539 de 28 de junio de 1994. 3 CSJ SP Rad. No. 26972 de 21 de mar. De 2007 4 CARLOS CREUS, Delitos Contra la Administración Pública. 5 Luis Carlos Pérez, Derecho Penal, Tomo III.Radicación: 110016000005020131540401

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3.1.2. El objeto material lo constituye la resolución incumplida, no sólo las sentencias sino todas las decisi ones de los funcionarios de la Rama Judicial que impongan deberes de cualquier naturaleza, civil, laboral, penal o administrativa, a una persona determinada. Si es un fallo o un asunto con fuerza de sentencia debe estar ejecutoriado.

La obligación debe ser indiscutible. Si es un fallo o un proveído con fuerza de sentencia debe estar en firme, sino alcanza esta condición se ejecutará cuando lo disponga el procedimiento aplicable o una vez signado por el funcionario. En todo caso, debe reunir los requisitos exigidos para la existencia y validez del acto.

3.1.2. El bien jurídico es la recta y eficaz impartición de justicia. Todas las personas están compelidas a someterse a los fallos judiciales, cristalizando de este modo las garantías de

3.1.2. El bien jurídico es la recta y eficaz impartición de justicia. Todas las personas están compelidas a someterse a los fallos judiciales, cristalizando de este modo las garantías de acceso a la justicia y el restablecimiento del derecho. Ningún sentido tendría que las órdenes impartidas quedaran expuestas a una simple ilusión de cumplimiento6.

3.2.2. Conducta:

El verbo es indeterminado, sustraerse. Se concreta en abstenerse o separarse del cumplimiento de una obligación que tiene su fuente en una decisión judicial.

Sustraer es apartar, extraer, separarse de la observancia del deber impuesto, es rehusar su ejecución, lo cual debe hacer de forma manifiesta tanto objetiva como subjetivamente. Es necesario que el agente revele su voluntad de incumplir.

Se exige la falta de la acción esperada entendida como la objetivamente apropiada, más aún, necesaria para la evitación del resultado lesivo del bien jurídico, realizando un juicio ex ante.

No basta para lograr la adecuación típica eludir el cumplimiento de la decisión, es imprescindible que el sujeto activo se sustraiga a través de medios fraudulentos porque si no hay empleo de artificios no hay fraude y la tipicidad desaparece. Así lo viene reiterando la Sala al opinar que cuando el precepto alude a “cualquier medio” ellos deben ser engañosos, ya que si bien el supuesto de hecho no pide que la inobservancia esté acompañada de una conducta en concreto, es lo cierto que el nombre del delito demanda esa particularidad, esto

ya que si bien el supuesto de hecho no pide que la inobservancia esté acompañada de una conducta en concreto, es lo cierto que el nombre del delito demanda esa particularidad, esto es, que el incumplimiento sea fraudulento7, es decir, supone el empleo de medios indirectos, ardides, falacias que produzcan una apariencia engañosa, todo fraude con relevancia jurídica supone un dolo o perjuicio material o moral, o al menos la posibilidad de causarlo.

Es necesario, se reitera, que la decisión judicial contenga una obligación de cualquier índole, laboral, civil, penal o administrativa, dispuesta en favor de una persona determinada, una colectividad o de la propia administración, que a la postre permitirá exigir su cumplimiento8.

La orden de la cual deriva la obligación debe concretarse tanto desde el punto de vista del funcionario que la expide como del sujeto destinatario. En consecuencia, para que se configure el punible debe surgir una relación inmediata entre el funcionario judicial, la orden y el destinatario9.”10

En el presente asunto, la Fiscalía, en la formulación de acusación, indicó, como hechos jurídicamente relevantes, que Luis Armando Molano Parra presentó denuncia, el 17 de julio de 2013, en razón al incumplimiento por parte de WILSON HERNANDO

6 CSJ SP. Rad. No. 35267 de 5 de oct. De 2011. 7 CSJ SP Rad. 26972 y 26497 de 21 de marzo y 5 de diciembre de 2007. 8 Luis Carlos Pérez, Derecho Penal, Tomo III. 9 Luis Carlos Pérez, Derecho Penal, Tomo III. 10 CSJ AP2306-2015Radicación: 110016000005020131540401

8 Luis Carlos Pérez, Derecho Penal, Tomo III. 9 Luis Carlos Pérez, Derecho Penal, Tomo III. 10 CSJ AP2306-2015Radicación: 110016000005020131540401

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CIFUENTES BOLÍVAR, representante legal de la empresa Metal Plus Ltda, por el no pago de las facturas cambiarias No. 3212 por valor de $10.311.008 y la No. 3332 por valor de $3.245.216., razón por la que se adelantó proceso ejecutivo ante el Juzgado 14 Civil Municipal de esta ciudad, autoridad que emitió mandamiento de pago y decretó el embargo y secuestro de los bienes y enseres de la mencionada compañía.

Para tal efecto, se libró despacho comisorio y la Inspección 16 de la localidad de Puente Aranda instaló la diligencia de embargo y secuestro, “ actuación dentro de la cual WILSON HERNANDO CIFUENTES BOLÍVAR, para suspender las medidas de embargo y secuestro, ofreció pagar la suma de veinte millones de pesos, representada en tres (3) cheques, dos por siete millones de pesos y uno por seis millones de pesos con pago posfechado, transacción que fue aceptada por el denunciante”. Sin embargo, los cheques no fueron pagados por fondos insuficientes.

De manera que, luego de iniciar la acción penal, ante la Fiscalía 78 Local “se llegó a un acuerdo conciliatorio entre las partes, en donde WILSON HERNANDO CIFUENTES

los cheques no fueron pagados por fondos insuficientes.

De manera que, luego de iniciar la acción penal, ante la Fiscalía 78 Local “se llegó a un acuerdo conciliatorio entre las partes, en donde WILSON HERNANDO CIFUENTES BOLÍVAR se comprometió a abonar la suma de $5.000.000, el 20 de diciembre de 2013 y haría abonos mensuales de $2.000.000., a partir del 20 de enero de 2014, lo que implicó el archivo definitivo de la actuación por tratarse de un delito querellable”.

Ante el nuevo incumplimiento, por petición de Luis Armando Molano Parra, un Juez de Control de Garantías desarchivó la actuación y ordenó “remitir el caso para ser reasignado a los Fiscales delegados ante los Jueces Penales del Circuito, siendo en últimas criterio de que el punible que se tipifica es el de fraude a resolución judicial por utilizarse manobras engañosas y fraudulentas para impedir el pago de una obligación impuesta por autoridad judicial”.

En este marco fáctico, la Fiscal ía trajo como única prueba el testimonio de Luis Armando Molano Parra quien indica, desde el año 2010, el procesado, representante legal de la empresa Metal Plus Ltda., se comprometió a pagar unas facturas cambiaras por un valor cerca de los $12.000.000, en razón a unos trabajos que realizara la empresa Incapect Ltda11.

Ante el incumplimiento por parte del procesado, precisa, María Bertilda Daza Díaz, representante legal de Incapect Ltda., presentó demanda ejecutiva cuyo conocimiento correspondió el Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá, autoridad que , el 30 de enero

representante legal de Incapect Ltda., presentó demanda ejecutiva cuyo conocimiento correspondió el Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá, autoridad que , el 30 de enero de 2013, libró mandamiento de pago y ordenó el embargo y secuestro de los muebles y enseres de la empresa Metal Plus Ltda.

Para la práctica de la diligencia libró despacho comisorio No 070 que correspondió a la Inspección 16 C Distrital de Policía, la cual se llevó a cabo el 12 de junio de ese año, oportunidad en la que el procesado, buscando evitar esa medida cautelar, propuso pagar la suma de $20.000.000, y libró dos cheques de $7.000.000 y uno de $6.000.000, todos posfechados, propuesta que fue aceptada por la parte demandante,

11 A partir de record 16:00 de la audiencia de juicio oral del 14 de agosto de 2019Radicación: 110016000005020131540401

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“no obstante ninguno de los títulos valores fueron pagados y devueltos por fondos insuficientes”12.

A raíz del nuevo incumplimiento, interpone denuncia por el delito de emisión y transferencia ilegal de cheques y ante la Fiscalía 78 Local, después de varios años, se levanta acta de conciliación, el 11 de diciembre de 2013, en donde el procesado se comprometió a pagar $25.000.000, distribuidos así: el 20 de diciembre de 2013, un

se levanta acta de conciliación, el 11 de diciembre de 2013, en donde el procesado se comprometió a pagar $25.000.000, distribuidos así: el 20 de diciembre de 2013, un bono inicial de $5.000.000, y, a partir del 20 de enero de 2014, cuotas mensuales de $2.000.000, hasta el mes de octubre de 2014 13, dineros que se consignarían en una cuenta de ahorros de Luis Armando Molano Parra , sin embargo, tal conciliación no fue cumplida.

De modo que, solicita ante la Fiscalía react ivar el proceso por el delito de emisión y transferencia ilegal de cheques, no obstante , el fiscal del caso “ determinó que no había lugar para iniciar la acción penal y es así que decide archivar el proceso” 14. Luego de solicitar el desarchive ante Juez de Control de Garantías, se ordena el desarchivo.

Así mismo, respaldado en el acta de conciliación elevada ante la Fiscalía 78 Local , presentó demanda ejecutiva y el Juzgado 39 Civil Municipal, mediante auto del 23 de septiembre de 201615, libra mandamiento de pago a favor de Luis Armando Molano Parra contra COMERCIAL METAL PLUS S.A.S., y su representante legal WILSON

HERNANDO CIFUENTES BOLÍVAR, por $25.000.000.

Mediante auto de la misma fecha ordena “decretar el embargo