TSDJ BUG SCF - 76-736-31-03-001-2023-00026-02-(17-09-2024)

Tribunal Superior de Buga Sala Civil Familia

www.ramajudicial.gov.co Página 1 de 17 Guadalajara de Buga, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Proceso verbal de simulación absoluta propuesto por Yerli Enilce Males Buitrón contra Víctor Armando Salazar Villegas y Miguel Ángel Salazar Montes Radicación: 76-736-31-03-001-2023-00026-02

Instancia: Apelación de Sentencia

Ponente: María Patricia Balanta Medina

Esta providencia fue estudiada y aprobada en sala de decisión virtual, mediante los medios y la plataforma teams dispuestos para estos fines, a partir de la normativa que regula el tema en la actualidad, según acta n°. 165 de la fecha.

De conformidad con la competencia prevista en el núm. 1 del art. 31 del C.G.P., se decide el recurso de apelación que los demandados en proceso verbal de simulación absoluta formularon contra la sentencia n.° 035 del 2 de abril de 2024 , proferida por el juez civil del circuito con conocimiento de asuntos laborales de Sevilla.

ANTECEDENTES

1. La demanda

La promotora solicita se declare que es simulado de manera absoluta, el negocio contenido en la escritura pública n.° 694 del 10 de septiembre de 2021, donde el señor Víctor Armando Salazar Villegas transfiere el derecho real de dominio y posesión del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n.° 382-24120 al señor Miguel Ángel Salazar Montes.

2021, donde el señor Víctor Armando Salazar Villegas transfiere el derecho real de dominio y posesión del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n.° 382-24120 al señor Miguel Ángel Salazar Montes.

Sustenta su pretensión en que, el traspaso en mención o currió con el fin de defraudar la sociedad conyugal existente entre ella y el señor Salazar Villegas, ocultando el predio señalado, dado que no existía motivo alguno para que el demandado vendiera el bien. Agrega que, no hubo pago del precio pactado en la escritura pública, el cual resu ltaba muy inferior al comercial; el vínculo sanguíneo entre los demandados y no haber existidoVerbal Simulación Absoluta: 76-736-31-03-001-2023-00026-02 Apelación de sentencia www.ramajudicial.gov.co Página 2 de 17 una oferta ni a particulares ni al señor Salazar Montes, demuestran la existencia de la simulación del acto deprecado.

Como consecuencia de la declaratoria de simulación solicita el reintegro del predio al patrimonio de Víctor Armando, pagar a su cónyuge Yerly Enilse Civiles el valor de los frutos civiles que ha dejado de percibir y por el ocultamiento de manera dolosa del predio, la sanción dispuesta en el artículo 1824 del Código Civil (demanda).

2. La contestación

Los señores Víctor Armando Salazar Villegas y Miguel Ángel Salazar Montes en calidad de suscriptores de la escritura pública n.° 694 del 10 de septiembre de 2021 contestaron la demanda, desde la cual aceptan lo consignado en el

Los señores Víctor Armando Salazar Villegas y Miguel Ángel Salazar Montes en calidad de suscriptores de la escritura pública n.° 694 del 10 de septiembre de 2021 contestaron la demanda, desde la cual aceptan lo consignado en el documento público, anotando que su contenido no fue simulado toda vez que la intención de Víctor Armando era devolver el predio que Miguel Ángel había comprado y puesto a su nombre.

Precisa que, nunca existió la intención de defraudar la sociedad conyugal si se tiene en cuenta que era de conocimiento tanto de ellos como de la demandante que quien había comprado el predio era Miguel Ángel Salazar Montes, razón por la que Víctor Armando no se sentía bien con lo que su papá el señor MIGUEL ANGEL SALAZAR MONTES, había hecho de ponerle el bien inmueble en mes de enero de 2021, siendo el primero quien remodeló el inmueble. Frente al precio, señalaron que se fijó en ese valo r porque si no, los trámites legales de protocolización de escrituras, boleta fiscal e inscripción ante la oficina de instrumentos públicos serían muy costosos.

Al final, se opusieron a las pretensiones y presentaron excepciones de mérito que denominaron : (i) ausencia de los presupuestos establecidos en la ley para que se configure la simulación (ii) mala fe de la demandante para hacer inducir al juzgador en un error; (iii) inexistencia de intenciones de ocultamiento del bien inmueble identificado con la matricula inmobiliaria n.º 382 -24120 y; (iv) la innominada (contestación).Verbal Simulación Absoluta: 76-736-31-03-001-2023-00026-02 Apelación de sentencia

del bien inmueble identificado con la matricula inmobiliaria n.º 382 -24120 y; (iv) la innominada (contestación).Verbal Simulación Absoluta: 76-736-31-03-001-2023-00026-02 Apelación de sentencia www.ramajudicial.gov.co Página 3 de 17

3. El objeto de la apelación

En la sentencia de primer grado, el juez a quo –luego de exponer cuales son los indicios que jurisprudencialmente se han señalado para que se pueda determinar la existencia de un acto simuladoprocedió a analizar las pruebas recaudadas durante el proceso, donde advirtió que entre los suscribientes no hubo actos preparatorios, ofertas a otras personas u promesa de compraventa que permitieran establecer la seriedad de la venta. Adicionalmente, concluyó que, dado el parentesco de los demandados, el no pago del precio pactado, el valor irreal fijado en la escritura pública y la incongruencia en el objeto vendido era posible determinar que el acto público en mención fue simulado.

Finalmente, estableció que, si existió un interés en defraudar la masa ganancial de la sociedad conyugal, puesto que, al momento de suscribirse la escritura pública , el señor Salazar Villegas y la señora Males Buitrón presentaban dificultades al interior de su matrimonio.

En ese sentido, accedió a la declaratoria de simulación absoluta, ordenando la restitución del bien al demandado Víctor Armando Salazar Villegas , negando lo relacionado a frutos civiles y a la sanción prevista en el artículo 1824 del Código Civil (45:10 audiencia de juzgamiento).

la restitución del bien al demandado Víctor Armando Salazar Villegas , negando lo relacionado a frutos civiles y a la sanción prevista en el artículo 1824 del Código Civil (45:10 audiencia de juzgamiento).

El apoderado de los demandados presentó los siguientes reproches: (i) no se decretaron y practicaron pruebas de oficio, las cuales eran necesarias para esclarecer los hechos que rodearon la compraventa plasmada en la escritura objeto del proceso; (ii) valo ración de los testimonios aportados por la parte activa, bajo el entendido de que manifestaron desconocer el negocio jurídico atacado; (iii) no existía ánimo de simular la compraventa , toda vez que la intención del hijo era devolver el bien que había sido comprado por su padre y; (iv) no se valor ó el contrato de arrendamiento donde se verifica ba que el señor Miguel Ángel era quien tomaba las decisiones sobre el predio y los documentos donde obraban los movimientos bancarios de ambos (reparos).Verbal Simulación Absoluta: 76-736-31-03-001-2023-00026-02 Apelación de sentencia www.ramajudicial.gov.co Página 4 de 17 Corrido el respectivo traslado en segunda instancia, la parte activa argumentó que existieron indicios que demostraron que lo contenido en la escritura pública n.° 694 del 10 de septiembre de 2021 fue simulado. Frente a las pruebas de oficio, precisó que las mismas eran una facultad de l juez, lo cual le permitía decretarlas o declinarlas (replica reparos).

CONSIDERACIONES

1. Pruebas de oficio, su decreto y desistimiento

le permitía decretarlas o declinarlas (replica reparos).

CONSIDERACIONES

1. Pruebas de oficio, su decreto y desistimiento

Previo a resolver lo referente a la simulación, la Sala estudiaría el reparo uno relacionados a las pruebas de oficio. Así las cosas, alega el recurrente que el juez de primera instancia debía decretar de oficio los testimonios de los señores JOSE LUIS BEDOYA, JOSE FERNEY BERMUDEZ PASADA Y YOLLI EMILSEN SALAZAR VILLEGAS , los cuales no pudieron ser escuchados, toda vez que fueron negados por no cumplirse con las disposiciones del artículo 212 del C.G.P.

En ese sentido, recientemente la S ala de Casación Civil, Agraria y Rural reiteró y precisó que el decreto de pruebas de manera oficiosa es una facultad que tiene el juez para esclarecer los asuntos , cuando la actividad probatoria de las partes es deficiente y existen zonas de penumbra que deben ser verificadas, Por lo mismo, no representa una actividad heurística despojada de norte, tiempo y medida, sino del hallazgo de un elemento de juicio que ex ante se vislumbra como necesario, y cuyo contenido sea capaz, por sí, para cambiar el curso de la decisión, todo en procura de lograr el restablecimiento del derecho subjetivo, reparar el agravio recibido por las partes y hacer efectivo el derecho sustancia l, como manda la Constitución en sus artículos 2º y 228.1

En la providencia en cita, se precisó que las pruebas de oficio deben garantizar el derecho de defensa y debido proceso, así como la igualdad y la lealtad procesal, para evitar que las partes sean sorprendidas y la negligencia

2º y 228.1

En la providencia en cita, se precisó que las pruebas de oficio deben garantizar el derecho de defensa y debido proceso, así como la igualdad y la lealtad procesal, para evitar que las partes sean sorprendidas y la negligencia en la actividad probatoria no sea subsanada por la actuación judicial.

1 Sentencia STC6396-2024, MP. Octavio Augusto Tejeiro Duque.Verbal Simulación Absoluta: 76-736-31-03-001-2023-00026-02 Apelación de sentencia www.ramajudicial.gov.co Página 5 de 17

Ahora bien, no obstante que la licencia para decretar pruebas de oficio es una facultad-deber que tiene el juez, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aquél sigue gozando de una discreta autonomía en la instrucción del proceso y en esa medida, no siempre que se abstenga de utilizar dicha prerrogativa, incurre en un yerro de derecho. Prerrogativa que, según esta providencia, no puede suplir la carga impuesta a las partes de probar los supuestos de hecho que les sirven de base a sus pretensiones y defensas2.

En este caso, los testimonios de los señores José Luis Bedoya, José Ferney Bermúdez Pasada y Yolli E milsen Salazar Villegas fueron solicitados en la contestación de la demanda; sin embargo, al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del C.G.P., los mismos no fueron decretados. Decisión que fue confirmada por esta Sala en auto del 19 de febrero de 2024.

Así las cosas, el extremo activo respecto de dicha prueba no tuvo una

establecidos en el artículo 212 del C.G.P., los mismos no fueron decretados. Decisión que fue confirmada por esta Sala en auto del 19 de febrero de 2024.

Así las cosas, el extremo activo respecto de dicha prueba no tuvo una adecuada actividad, lo que conllevó a que la misma no pudiera ser decretada, siendo su actuar negligente, el cual no puede ser suplido por la practica oficiosa de pruebas; cuando la misma no se constituye en imperativo indispensable para evitar nulidades o proferir fallos inhibitorios. Es que, para decretar una prueba de este carácter, debe estar descartada la negligencia de las partes, y ahí sí la actividad del juez se torna indispensable para superar toda zona de penumbra y cumplir holgadamente , bajo esenciales ius fundamentales y bajo elevados criterios de probabilidad preponderante, con la resolución del conflicto. En efecto, sentenció la Corte:

(…) además de los casos en los que el mismo legislador ha consagrado la obligatoriedad de una determinada prueba, el decreto oficioso se vuelve un imperativo para el juez cuando el medio de convicción faltante es indispensable para evitar nulidades o proferir fallos inhibitorios, y en aquellos casos en los que –sin existir incuria de la parte – se hace indispensable obtener una pieza de evidencia que permita superar una «zona de penumbra», es decir, cuando existe en el expediente la traza, el indicio, la sospecha fundada de la existencia de un hecho, cuya plena comprobación –a través del decreto de pruebas de oficio– emerge necesaria para llegar a la verdad del asunto.

Por lo anterior, no siempre que el juez se abstenga de hacer uso de sus

de un hecho, cuya plena comprobación –a través del decreto de pruebas de oficio– emerge necesaria para llegar a la verdad del asunto.

Por lo anterior, no siempre que el juez se abstenga de hacer uso de sus facultades oficiosas, se estará ante un error de derecho. Sólo en aquellos casos

2 Sentencia SC706-2024, MP. Francisco Ternera Barrios.Verbal Simulación Absoluta: 76-736-31-03-001-2023-00026-02 Apelación de sentencia www.ramajudicial.gov.co Página 6 de 17 en los que, descartada la negligencia de las partes, la actuación del funcionario se mostraba indispensable para llegar a la certeza plausiblemente insinuada en el expediente, podrá acusarse al fallador de incumplir con su deber oficioso. Ello en tanto que el juez, «como director del proceso, debe propender por la solución del litigio, fundado en el establecimiento de la verdad, la efectividad de los derechos reconocidos por la norma de fondo, la prevalencia del derecho sustancial y la observancia del debido proceso».3

Esta postura fue resaltada por la Sala en sentencia del 21 de junio de 2023, donde se precisó que, En adición a lo que se viene de considerar, no es de recibo que el apelante acuse a la juzgadora, por haberse sustraído de llamar a declarar de oficio a los citados ciudadanos. El tema, se advierte, por el panorama ofrecido en el caso, no se trataba de la necesidad de esclarecer pasajes sombríos de la controversia, sino de suplir la obligación de probar de la parte actora. Recuérdese.4

Súmese que, dentro del asunto no era obligatorio escuchar dichos

pasajes sombríos de la controversia, sino de suplir la obligación de probar de la parte actora. Recuérdese.4

Súmese que, dentro del asunto no era obligatorio escuchar dichos testimonios, razón por la que dentro de su libertad y actividad probatoria el a quo resolvió el litigio, sin que se encontraran zonas de penumbra que no hubiesen sido esclarecidas con las pruebas recaudadas.

De otro lado, frente a la decisión del juez de prescindir de escuchar en testimonio a los señores Adriana María Úsuga Osorio y Carlos Alberto García Gómez en calidad de notaria segunda de Sevilla y notario segundo encargado de Sevilla, respectivamente, debe decirse que esta prueba fue decretada de oficio en la audiencia inicial. Frente al tema, se advierte que los demandados no presentaron recurso alguno contra dicha orden, razón por la que cobra importancia el principio de preclusión procesal sobre el que la Corte Constitucional explica: en desarrollo de éste se establecen las diversas etapas que han de cu mplirse en los diferentes procesos, así como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, trascurrida la cual no pueden adelantarse. En razón a éste principio es que se establecen términos dentro de los cuales se puede hacer uso de los recursos de ley, así mismo, para el ejercicio de ciertas acciones o recursos extraordinarios, cuya omisión genera la caducidad o prescripción como sanción a la inactividad de la parte facultada para ejercer

3 Sentencia STC6396-2024, MP. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

acciones o recursos extraordinarios, cuya omisión genera la caducidad o prescripción como sanción a la inactividad de la parte facultada para ejercer

3 Sentencia STC6396-2024, MP. Octavio Augusto Tejeiro Duque. 4 Radicación n.° 76-520-31-03-001-2018-00042-01, MP. Orlando Quintero García.Verbal Simulación Absoluta: 76-736-31-03-001-2023-00026-02 Apelación de sentencia www.ramajudicial.gov.co Página 7 de 17 el derecho dentro del límite temporal establecido por la ley (auto A232 de 2001).

Por tanto, si el a quo en la audiencia del 2 de abril de 2024 decidió no practicar la prueba testimonial reseñada, le queda vedado a los demandados reprochar -en sede de apelación de la sentenciaesa determinación, cuando contra tal providencia no formularon recurso alguno. Bajo estas premisas el reparo uno no está llamado a prosperar.

2. La simulación, sus requisitos y la prueba de esta

En el ámbito de las ineficacias contractuales, la simulación es una construcción doctrinaria sobre la veracidad de las declaraciones de voluntad que en nuestro derecho interno parte del efecto relativo que tienen únicamente entre las partes las contraescrituras, a partir de lo prescrito en el art. 1766 del Código Civil., el cual fue reproducido en las normas de pruebas de los estatutos procesales: ver art. 254 del Código General del Proceso, que deviene idéntico al 267 del derogado Código de Procedimiento Civil.

En definitiva, la eficacia de una declaración de voluntad se ve comprometida

de los estatutos procesales: ver art. 254 del Código General del Proceso, que deviene idéntico al 267 del derogado Código de Procedimiento Civil.

En definitiva, la eficacia de una declaración de voluntad se ve comprometida por simulación cuando los contratantes -privadamenteacuerdan algo distinto de lo que públicamente expresan ya sea, porque en realidad no existe la intención de celebrar ningún negocio jurídico a pesar de que declaran haber contratado algo o porque en definitiva sí realizan una convención privada que no revelan, debido a que la encubren con otra falaz que es la que aparentan frente a terceros.

Bajo este contexto la simulación se presenta desde dos tipologías: absoluta y relativa. En efecto, se habla de simulación absoluta cuando los contratantes -en realidadno celebran negocio jurídico alguno, a pesar de declarar que están contratando algo; mientras que, será simulación relativa cuando el verdadero negocio jurídico q ue se acuerda ejecutar resulta encubierto -para los demáscon otra figura negocial que es la aparente.Verbal Simulación Absoluta: 76-736-31-03-001-2023-00026-02 Apelación de sentencia www.ramajudicial.gov.co Página 8 de 17 La jurisprudencia ha precisado que para que la simulación se constituya, deben concurrir tres elementos: (i) la divulgación de un querer aparente, que oculta las reales condiciones del negocio jurídico o la decisión de no celebrar uno; (ii) un acuerdo entre todos los partícipes de la operación para simular; y (iii) la afectación a los intereses de los intervinientes o de terceros5.

Conviene precisar fr ente al primer tópico que, tiene como fundamento la

uno; (ii) un acuerdo entre todos los partícipes de la operación para simular; y (iii) la afectación a los intereses de los intervinientes o de terceros5.

Conviene precisar fr ente al primer tópico que, tiene como fundamento la ausencia total de la voluntad de los contratantes en constituir el negocio jurídico plasmado; no obstante, ante terceros se demuestra que sí existe el querer del negocio creado. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que:

Frente al primer requisito, conviene señalar que la simulación puede presentarse porque la apariencia «no existe absolutamente» o porque «es distinta de la que aparece exteriormente», lo que da lugar a la clasificación entre el acto «absolutamente simulado o simulado relativamente» (CSJ, SC 23 mar. 1977). Aquél se caracteriza por una ausencia total de voluntad, a pesar de lo cual los interesados develan una falsa imagen hacia terceros; en el relativo existe un querer que, al ser exteriori zado, se muestra diferente a lo que efectivamente pretenden los negociantes.6

Con relación al segundo, la misma sentencia estipuló que los firmantes deben tener claridad del engaño que se está cometiendo; de no ser así, no se producen los efectos que dan como consecuencia declarar la simulación.

Veamos:

La Corte, refiriéndose al punto, manifestó:

[L]a simulación en un contrato solamente puede ofrecerse cuando quienes participan en él se conciertan para crear una declaración aparente que oculte ante terceros su verdadera intención que puede consistir, en descartar interpartes todo efecto negocial (simulación absoluta), o en que se produzcan otros efectos distintos, en todo o en parte, de los que surgen de la declaración

ante terceros su verdadera intención que puede consistir, en descartar interpartes todo efecto negocial (simulación absoluta), o en que se produzcan otros efectos distintos, en todo o en parte, de los que surgen de la declaración aparente (simulación relativa). Cuando uno solo de los agentes, mediante el contrato persigue una finalidad u objeto jurídico que le oculta al otro contratante, ya no se da el fenómeno simulatorio, porque esta reserva mental (propositum in mente retento) no convierte en irreal el contrato celebrado, en forma tal que este pueda ser declarado ineficaz o dotado de efectos distintos de los que corresponden al contrato celebrado de buena fe por la otra parte; ésta se ha atenido a la declaración que se le ha hecho; carece de medios para indagar si ella responde o no a la intención de su autor, y esa buena fe merece protección (C.S.J. S. C., sentencia de Abril 29 de 1971, reiterada en fallo de 3 de Jun. 1996, Rad. 4280) (SC5631, 8 may. 2014, rad. n.° 2012-00036-01).

5 Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC2582-2020, MP. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. 6 Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC2582-2020, MP. Aroldo Wilson Quiroz MonsalvoVerbal Simulación Absoluta: 76-736-31-03-001-2023-00026-02 Apelación de sentencia www.ramajudicial.gov.co Página 9 de 17 Finalmente, e n cuanto al tercer requisito -la afectació n al interviniente o a tercerosse dice que se debe demostrar el daño que se está causando con

Apelación de sentencia www.ramajudicial.gov.co Página 9 de 17 Finalmente, e n cuanto al tercer requisito -la afectació n al interviniente o a tercerosse dice que se debe demostrar el daño que se está causando con el acto simulado; siendo este un requisito indispensable para la configuración de la simulación. La jurisprudencia en cita, reseñó:

En punto al tercer elemento, tratándose de acciones promovidas por terceros, se exige la demostración de un perjuicio irrogado por el acto simulado, como condición necesaria para legitimar el reclamo tendiente a descorrer el velo de la apariencia.

Ahora, de antaño se ha dicho que, para verificar la existencia de la simulación, uno de los elementos probatorios más recurridos son los indicios, toda vez que quienes suscriben el documento, evitan caer en imprecisiones o errores. Dice la Sala de Casación Civil y Agraria que:

(…) la Corte ha visto en los indicios el elemento probatorio más socorrido para desenmascarar el ardid, ya que los autores suelen obrar con gran cautela y evitan dejar rastros o vestigios del concierto orquestado al realizar la comedia.

Sobre ello, en SC3678-2021 se reiteró que:

El saludable principio de la libertad probatoria en lo tocante con la simulación tiene su razón de ser y justificación en que generalmente los simulantes asumen una conducta sigilosa en su celebración, puesto que toman previsiones para no dejar huella de su fingimiento y, por el contrario, en el recorrido de tal propósito, procuran revestirlo de ciertos hechos que exteriorizan una aparente realidad. Porque como en la concertación de un acto simulado general mente

para no dejar huella de su fingimiento y, por el contrario, en el recorrido de tal propósito, procuran revestirlo de ciertos hechos que exteriorizan una aparente realidad. Porque como en la concertación de un acto simulado general mente las partes persiguen soslayar la ley o los derechos de terceros, los simulantes preparan el terreno y conciben urdirlo dentro del marco de la más severa cautela, sin dejar trazas de su insinceridad. De suerte que enseñorea, para tal efecto, la astuci a, el ardid, la conducta mañosa y soterrada. "4. Es entonces explicable que, desde antaño, la doctrina haya expresado que ‘el que celebra un acto simulado rehuye el rastro que lo denuncie; extrema la apariencia engañosa, elude la prueba que lo descubra y l o rodea con todas las precauciones que su cautela y cálculo le sugieran’. (CSJ SC de 14 jul. 1975 y

CSJ SC131-2018).7

Además, se ha sostenido que se deben analizar las condiciones específicas de la constitución del acto simulado, que ayudan a verificar cuál fue el motivo para encubrir la voluntad de las partes. Dice el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria que:

A las anteriores evidencias pueden sumarse otras, ya no propias de una conducta negocial atípica, sino del contexto en que se celebró el contrato, como la cercanía de las partes (no necesariamente su parentesco); la ausencia de tratativas previas; la época de la negociación; las cláusulas contractuales inusuales (reserva de usufructo, pacto de retroventa, etc.); la transferencia

la cercanía de las partes (no necesariamente su parentesco); la ausencia de tratativas previas; la época de la negociación; las cláusulas contractuales inusuales (reserva de usufructo, pacto de retroventa, etc.); la transferencia

7 Sentencia SC097-2023, MP. Octavio Augusto Tejeiro Duque.Verbal Simulación Absoluta: 76-736-31-03-001-2023-00026-02 Apelación de sentencia www.ramajudicial.gov.co Página 10 de 17 masiva de activos, y la causa simulandi, que se traduce en la existencia de un motivo para encubrir con un ropaje aparente la auténtica voluntad de los contratantes.8

Así las cosas, ante la apariencia de buen derecho de los negocios, se deben acudir a los indicios pa ra descubrir la intención real de los contratantes. Adicionalmente, las particularidades que rodean el contrato y el contexto en que este se desarrolló, permiten desenmascarar el acto simulado.

3. Valoración conjunta de pruebas

En el reparo dos, los impugnantes alegan que los testigos que la demandante convocó al proceso desconocían el contexto en el que se había desarrollado el negocio; afirmación que para la Sala es clara según sus declaraciones. Sin embargo, los argumentos del a quo sobre este punto no giraron en torno a las expresiones realizadas por los declarantes. Al rev isar la decisión de primera instancia, se observa que el juez concretó como hechos indiciarios que “el negocio celebrado entre las partes el día 10 de septiembre de 2021 entre el señor Víctor Armando Salazar que vende y el señor Miguel Ángel

primera instancia, se observa que el juez concretó como hechos indiciarios que “el negocio celebrado entre las partes el día 10 de septiembre de 2021 entre el señor Víctor Armando Salazar que vende y el señor Miguel Ángel Salazar Montes que compra, no contó con actos preparatorios, no consta a folios del proceso que se hayan adelantado ofertas a otras personas y tampoco hubo una promesa de compr aventa que evidenciara la realización posterior de una escritura de venta” . También, tuvo en cuenta las declaraciones rendidas por los demandados en punto de reconocer el grado de parentesco -padre e hijoexistente entre ambos y la manifestación de no haber existido el pago del precio pactado en el documento público. Asimismo, tuvo en cuenta el ínfimo precio estipulado en la escritura si se tiene en cuenta que allí se plasmó la suma de $77.000.000,00 cuando en el dictamen pericial se pudo corroborar que el predio vendido tenía un valor comercial de $396.000.000,00. Adicionalmente, encontró una incongruencia en el objeto de venta, dado que en la cláusula primera se señaló que la venta incumbía a una casa de habitación y su correspondiente solar, pero en el acápite de preció se plasmó que el mismo obedecía a que no existía construcción alguna.

8 Sentencia SC1971-2022, MP. Luis Alonso Rico Puerta.Verbal Simulación Absoluta: 76-736-31-03-001-2023-00026-02 Apelación de sentencia www.ramajudicial.gov.co Página 11 de 17 Nótese, como los testimonios no tuvieron peso en las consideraciones de la sentencia impugnada frente a las condiciones del negocio jurídico, puesto que

Apelación de sentencia www.ramajudicial.gov.co Página 11 de 17 Nótese, como los testimonios no tuvieron peso en las consideraciones de la sentencia impugnada frente a las condiciones del negocio jurídico, puesto que los argumentos centrales fueron las declaraciones de los demandados y las condiciones establecidas en la escritura pública.

Por esto, los argumentos de este reparo no atacan los fundamentos probatorios que tuvo en cuenta el juez de instancia para determinar cuáles fueron las peculiaridades o condiciones que rodearon el negocio suscrito entre padre e hijo, dado que los testimonios rendidos en el proceso fueron esenciales para determinar la causa aparente o necesaria de simu lar la compraventa y no, el negocio como tal . En un caso de perfiles similares, la sala en sentencia del 8 de julio de 2024 concretó que no puede n tenerse como reparos concretos, puntos que no fueron abordados para despachar desfavorablemente las pretensiones. Dice la Sala que:

No es casualidad, entonces, que la Corte Suprema de Justicia haya definido que el vicio de INCONGRUENCIA no solo se configura “…cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso (pretensión impugnaticia) , que indudablemente corresponde a una invocación del derecho sustancial controvertido…” (Sala de Casación Civil, sentencia SC4415-2016).

(…)

Es que no puede tener connotación de REPARO CONCRETO el planteamiento de la recurrente consistente en que acreditó con “…elementos materiales

controvertido…” (Sala de Casación Civil, sentencia SC4415-2016).

(…)

Es que no puede tener connotación de REPARO CONCRETO el planteamiento de la recurrente consistente en que acreditó con “…elementos materiales probatorios…” que el bien lo ha venido poseyendo de manera pública, y explotándolo económicamente desde el 23-06-1962, por cuanto dicho tópico ni siquiera fue abordado por el a-quo para el despacho desfavorable de las pretensiones. Tampoco tiene tal alcance la conjetura de que como ni el municipio vinculado, ni la personería del lugar concurrieron al proces o “…es porque el pr