TSDJ BUG SCF - 76-834-31-03-002-2023-00073-01-(29-06-2023)

Tribunal Superior de Buga Sala Civil Familia

www.ramajudicial.gov.co Página 1 de 8 Guadalajara de Buga, junio veintinueve (29) de dos mil veintitrés (2023)

Acción de tutela propuesta por Martha Cecilia Álvarez Nieva contra la nueva EPS. Vinculados: la ESE hospital departamental Mario Correa Rengifo y la Fundación Valle del Lili.

Radicación: 76-834-31-03-002-2023-00073-01

Instancia: Impugnación de fallo

Ponente: María Patricia Balanta Medina

Esta providencia fue estudiada y aprobada en sala de decisión virtual, mediante los medios y la plataforma teams dispuestos para estos fines, a partir de la normativa que regula el tema en la actualidad, según acta n°. 110 de la fecha.

De conformidad con la competencia prevista en el art. 32 del Decreto 2591 de 1991, procede la sala a definir la imp ugnación presentada contra el fallo de tutela n.° 059 de mayo 19 de 2023 proferido por el juez 2° civil del circuito de Tuluá, proveído mediante el cual concedió el amparo de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social, invocados en el asunto de la referencia.

I. OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN

El juez 2° civil del circuito de Tuluá, mediante la sentencia de tutela n.° 059 de mayo 19 de 2023, amparó los derechos fundamentales de la promotora Martha Cecilia Álvarez Nieva , tras considerar que debido a su condición de salud a causa del diagnóstico de cálculo de riñón y las barreras

de mayo 19 de 2023, amparó los derechos fundamentales de la promotora Martha Cecilia Álvarez Nieva , tras considerar que debido a su condición de salud a causa del diagnóstico de cálculo de riñón y las barreras administrativas impuestas por la nueva EPS a los servicios de salud que requiere se desprende la vulneración de las prerrogativas constitucionales invocadas por la actora.

En consecuencia , el juzgador a quo ordenó a la nueva EPS (i) autorice, programe y realice a través de una IPS que haga parte de su red de prestadores de servicios en salud, la cirugía denominada cistolitotomia o extracción de cuerpo extraño en vejiga vía endoscópica ordenada por el médico tratante desde abril 17 de 2023, (ii) autorizar el servicio de transporte -ida y retorno - a la actora para que asista a todas sus citas médicas, exámenes, terapias, controles, y demás servicios en salud que le seanAcción de tutela: 76-834-31-03-002-2023-00073-01 Impugnación de fallo

www.ramajudicial.gov.co Página 2 de 8 autorizados en IPS por fuera del municipio de Bugalagrande donde s e ubica su lugar de residencia, y (iii) garantizar a la accionante el tratamiento integral en razón a la prenotada patología, conforme lo prescriban los médicos tratantes.

La apoderada especial de la nueva EPS impugnó la decisión, por no estar conforme con la orden del tratamiento integral otorgado, dado que se accede a servicios y medicamentos futuros e inciertos . A simismo, aseguró que el servicio de transporte es improcedente, porque el lugar de residencia de la

conforme con la orden del tratamiento integral otorgado, dado que se accede a servicios y medicamentos futuros e inciertos . A simismo, aseguró que el servicio de transporte es improcedente, porque el lugar de residencia de la promotora no se encuentra incluido en el listado de municipios a los que se le asigne prima adicional y a su vez esta prestación se encuentra excluida del plan de beneficios en salud. Así las cosas , solicitó revocar la sentencia de primer grado (impugnación).

II. CONSIDERACIONES

En la presente acción constitucional vemos acreditado que la promotora Martha Cecilia Álvarez Nieva cuenta con 54 años de edad y se encuentra afiliada a la nueva EPS en el régimen contributivo, entidad que le asiste la obligación de suministrar de manera ininterrumpida las prestaciones asistenciales que requier e con ocasión al diagnóstico de cálculo del riñón1. En este sentido, se observa que el médico tratante, en abril 17 de 2023, le ordenó a la actora la realización de cistolitotomia o extracción de cuerpo extraño en vejiga vía endoscópica 2 sin que la entidad convocada le haya garantizado el acceso al aludido servicio de salud pese a que el mismo médico tratante señaló en la historia clínica la importancia de realizar este procedimiento porque, de lo contrario, se vería afectado de manera definitiva el riñón3, por lo cual tuvo que acudir a la acción tuitiva , tornándose evidente la afrenta a sus garantías fundamentales.

La Ley Estatutaria 1751 de 2015 establece que la accesibilidad es un principio esencial del derecho fundamental a la salud, el cual comprende las garantías

la afrenta a sus garantías fundamentales.

La Ley Estatutaria 1751 de 2015 establece que la accesibilidad es un principio esencial del derecho fundamental a la salud, el cual comprende las garantías a la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el

1 Historia clínica aportada como anexo al escrito de tutela Pág. 8 cuaderno 1. 2 Ib. Pág. 5 cuaderno 1. 3 Ib. Pág. 8 cuaderno 1.Acción de tutela: 76-834-31-03-002-2023-00073-01 Impugnación de fallo

www.ramajudicial.gov.co Página 3 de 8 acceso a la información. Al respecto, la Corte constitucional ha puntualizado que la accesibilidad y el acceso al servicio público de salud son un todo inescindible, siendo posible el amparo constitucional del derecho en aquellos casos donde se acredite la imposibilidad objetiva del suministro de los medios suficientes y adecuados para hacer uso de la atención asistencial”4.

Reiteradamente, la Corte Constitucional ha sostenido que la atención médica debe prestarse de manera integral; esto es, con la participación de todos los componentes necesarios para garantizar la vida y la integridad física, psíquica y emocional de las personas 5. Precis amente, a partir de los diversos pronunciamientos que sobre la materia ha expuesto el Alto Tribunal en cita, el legislador promulgó la Ley Estatutaria 1751 de 2015, mediante la cual reguló el derecho fundamental a la salud.

En el art. 8 de la prenotada normatividad se precisó, respecto a la integralidad

el legislador promulgó la Ley Estatutaria 1751 de 2015, mediante la cual reguló el derecho fundamental a la salud.

En el art. 8 de la prenotada normatividad se precisó, respecto a la integralidad que: [l]os servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de s alud específico en desmedro de la salud del usuario.

En el asunto sub examine, la orden impartida por el juzgador de instancia quedó revestida bajo el principio de integralidad, cuya finalidad no es otra que garantizar a Martha Cecilia Álvarez Nieva un tratamiento global para el restablecimiento de su salud 6 en razón a la patología que actualmente padece, sin que tal decisión fuera adoptada por el juez a quo de manera

4 Corte Constitucional, sentencia T-228 de 2020, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 5 La Corte Constitucional mediante las Sentencias T-179 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero y T-133 de 2001, MP. Carlos Gaviria Díaz concluyó que la salud en Colombia tiene como principio el de la “integridad”. Posteriormente, en sentencia T -136 de 2004 , MP. Manuel José Cepeda Espinosa indicó que “la atención y el tratamiento a que tiene derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de

de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del paciente […]”. Este principio ha sido reiterado por las sentencias T -536 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-760 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-866 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T -053 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-392 de 2013 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T -395 de 2014 (MP. Alberto Rojas Ríos) y T-619 de 2014 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez), entre muchas otras. 6 Corte Constitucional, sentencia T-970 de 2008, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.Acción de tutela: 76-834-31-03-002-2023-00073-01 Impugnación de fallo

www.ramajudicial.gov.co Página 4 de 8 indeterminada, como enfática y erróneamente lo sostiene la pasiva en su alzada.

Nótese lo que al respecto se dispuso: ORDENAR(…) brinde TRATAMIENTO INTEGRAL en salud a la señora MARTHA CECILIA ALVAREZ NIEVA, necesario para el manejo de la patología “CALCULO DEL RIÑÓN”, y demás enfermedades que de dicho padecimiento se deriven, en forma o portuna, lo

INTEGRAL en salud a la señora MARTHA CECILIA ALVAREZ NIEVA, necesario para el manejo de la patología “CALCULO DEL RIÑÓN”, y demás enfermedades que de dicho padecimiento se deriven, en forma o portuna, lo cual corresponde a citas médicas generales, con especialistas, exámenes, procedimientos, cirugías, medicamentos, terapias, insumos, servicio de transporte y demás servicios de salud enderezados a reestablecer su salud, estén o no incluidos en e l Plan de Beneficios de Salud, siempre que lo prescriban los médicos tratantes.

Significa que la orden proferida -que es motivo de inconformidad por el extremo pasivo - propende garantizar todo cuidado, suministro de medicamentos, prácticas de rehabilitación u otro referente que el médico tratante considere necesario para el restablecimiento del estado de salud de la accionante, a partir del diagnóstico de cálculo del riñón 7, sin que pueda hablarse de hechos futuros, porque todo lo relacionado con la patología del accionante se supedita a la prescripción médica.

Recuérdese que, además de estos fines, con lo ordenado se busca evitar que la actora interponga nuevas acciones de tutela por los servicios que le sean prescritos y tengan su génesis en la misma patología. Sobre este tópico la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente:

La atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente que el médico tratante

beneficiario son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud del paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en la ley.

Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del servicio en salud, obtengan continuidad en la prestación del servicio. Asimismo, evitarles el trámite a los accionantes de tener que interponer nuevas acciones de tutela por cada servicio que les fue prescrito con ocasión a una misma patología y estos les son negados.8

7 Historia clínica aportada como anexo al escrito de tutela Pág. 8 cuaderno 1. 8 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2016, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.Acción de tutela: 76-834-31-03-002-2023-00073-01 Impugnación de fallo

www.ramajudicial.gov.co Página 5 de 8 Lo anotado es suficiente y necesario para que se deba mantener la orden de brindar tratamiento integral al paciente, máxime que de la lectura de la historia clínica se desprende que de no llevarse a cabo los procedimientos requeridos por la actora a causa de la mencionada patología pude presentarse un daño definitivo del riñón9.

Finalmente, con relación a la pretensión elevada por la EPS accionada, en punto del servicio de transporte para la paciente, la sala advierte que, aunque -en estricto sentido - no se trata de una prestación de salud, ciertamente, la

Finalmente, con relación a la pretensión elevada por la EPS accionada, en punto del servicio de transporte para la paciente, la sala advierte que, aunque -en estricto sentido - no se trata de una prestación de salud, ciertamente, la EPS debe suministrarlo cuando sea indispensable para el desarrollo de un tratamiento, como consecuencia de las condiciones de salud del usuario y de la situación económica en la que se encuentre junto con su familia (…) independientemente que los traslados sean en la misma ciudad, interinstitucionales o intermunicipales, dirigidos a la práctica de procedimientos médicos o a la prestación de algún servicio del cual no dispone la entidad remitente10.

De igual modo, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que , si bien por regla general, y en aplicación del principio de solidaridad, el paciente y su núcleo familiar están llamados a asumir los costos necesarios para acceder a los servicios médicos pertinentes, existen circunstancias en las que, ante la ausencia de dichos medios, el sistema de salud debe proveer los servicios respectivos, para que los derechos a la vida, a la salud y a la integridad no se vean afectados en razón a barreras económicas 11; por lo que identificó los eventos en los cuales es procedente ordenar su prestación; a saber:

cuando los pacientes se encuentren en las siguientes circunstancias: “(i) que el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la vida de la persona; (ii) que ni el paciente ni sus familiares cercanos te ngan los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado; y (iii) que de no efectuarse la remisión se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario”.

sus familiares cercanos te ngan los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado; y (iii) que de no efectuarse la remisión se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario”.

A lo anterior se ha añadido que: (iv) si la atención méd ica en el lugar de remisión exigiere más de un día de duración, se cubrirán los gastos de alojamiento y manutención12.

9 Historia clínica aportada como anexo al escrito de tutela Pág. 8 cuaderno 1. 10 Corte Constitucional, sentencia T-409 de 2019, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. 11 Ib. 12 Corte Constitucional, sentencia T-228 de 2020, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.Acción de tutela: 76-834-31-03-002-2023-00073-01 Impugnación de fallo

www.ramajudicial.gov.co Página 6 de 8 Además, estableció que , en los casos en que el transporte constituya una barrera o una limitante para el acceso al servicio médico, es deber de las EPS asumir los gastos de traslado de la persona, particularmente, cuando deba acudir a una zona geográfica distinta de aquella en la que reside13.

En el caso concreto, no hay duda de la necesidad que tiene la accionante Martha Cecilia Álvarez Nieva de recibir el servicio de transporte, puesto que -según se advierte en la historia clínicacuenta con 54 años de edad, padece de cálculo del riñón 14 y de la revisión del plenario se evidencia que actualmente debe acudir a procedimientos y consultas de control en una ciudad diferente al municipio de Bugalagrande donde reside; esto es, en la

de cálculo del riñón 14 y de la revisión del plenario se evidencia que actualmente debe acudir a procedimientos y consultas de control en una ciudad diferente al municipio de Bugalagrande donde reside; esto es, en la ciudad de Cali. Queda claro que, a partir de las especiales condiciones de la actora, la negativa de autorizar el traslado, cuando lo requiere, constituye una barrera para el acceso a la prestación del servicio de salud, situación que debe ser objeto de protección cuando, como en el presente caso, la nueva EPS advirtió injustificadamente su improcedencia.

Además de lo expuesto, el accionante manifestó que se encuentra en imposibilidad de sufragar los gastos por el referido concepto, afirmación que no fue desvirtuada por la entidad de salud accionada. Bajo este horizonte, se desprende que las barreras que se interpongan para acceder a los procedimientos médicos prescritos a la actora, amenazan no solo su derecho fundamental a la salud sino, también, la vida en condiciones dignas, amén de la integridad personal.

En igual sentido, la sala advierte que así el municipio de Bugalagrande -donde reside la accionanteno se encuentre relacionado en el listado de municipios y áreas no municipalizadas por departamentos, a los que se les reconocerá prima adicional por zona especial de dispersión geográfica (ver anexo 1 de la Resolución n .° 2809 de 2022 ) lo cierto es que, sobre este tema, la Corte Constitucional ha concluido que una vez cumplidos los lineamientos jurisprudenciales para con ceder el transporte intermunicipal, la EPS deberá asumir los gastos por este concepto, independientemente de si el lugar donde reside el afiliado tiene reconocida o no prima adicional, porque en el evento

jurisprudenciales para con ceder el transporte intermunicipal, la EPS deberá asumir los gastos por este concepto, independientemente de si el lugar donde reside el afiliado tiene reconocida o no prima adicional, porque en el evento

13 Ib. 14 Historia clínica aportada como anexo al escrito de tutela Pág. 8 cuaderno 1.Acción de tutela: 76-834-31-03-002-2023-00073-01 Impugnación de fallo

www.ramajudicial.gov.co Página 7 de 8 de estar excluido, deberá suministrar el servicio c on cargo a la UPC básica. Así lo dijo la Corporación citada.

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, no están llamadas a prosperar las justificaciones de la Nueva EPS en el sentido de que le corresponde asumir el servicio de transporte intermunicipal solo en relación con los municipios frente a los que se ha previsto una prima adicional para zona especial por dispersión geográfica. Este Tribunal ha aclarado que, en otros municipios, la EPS debe asumir el servicio de transporte intermunicipal con cargo a la UPC básica, puesto que (i) es su obligación prever una red de prestadores suficiente y (ii) el servicio de transporte se convierte en estos casos en una condición para acceder al servicio de salud15.

Bajo estos razonamientos y sin necesidad de más consideraciones, la sala confirmará la sentencia de tutela n.° 059 de mayo 19 de 2023, proferido por el titular del juzgado 2° civil del circuito de Tuluá, ante la evidente vulneración de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de Martha Cecilia Álvarez Nieva.

III. DECISIÓN

el titular del juzgado 2° civil del circuito de Tuluá, ante la evidente vulneración de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de Martha Cecilia Álvarez Nieva.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la sala primera de decisión civil familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

Primero: Confirmar la sentencia de tutela de procedencia y calenda conocidas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a todos los sujetos procesales la presente decisión por el medio más expedito.

Tercero: Remitir la actuación a la Corte Constitucional, en forma digitalizada, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

MARÍA PATRICIA BALANTA MEDINA Acción de tutela: 76-834-31-03-002-2023-00073-01

15 Corte Constitucional, sentencia T-122 de 2021, MP. Diana Fajardo Rivera.Acción de tutela: 76-834-31-03-002-2023-00073-01 Impugnación de fallo

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FELIPE FRANCISCO BORDA CAICEDO Acción de tutela: 76-834-31-03-002-2023-00073-01

JUAN RAMÓN PÉREZ CHICUÉ

Acción de tutela: 76-834-31-03-002-2023-00073-01

JUAN RAMÓN PÉREZ CHICUÉ Acción de tutela: 76-834-31-03-002-2023-00073-01