TSDJ BUG SP - 76-111-22-02-004-2022-00213-00-(05-05-2022)

JUSTICIA PENAL BUGA

FORMATO AUTO

Código: GSP-FT-23 Versión:

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Fecha de aprobación: 22/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUADALAJARA DE BUGA SALA DE DECISIÓN CONSTITUCIONAL ¡Comprometidos con la calidad!

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Magistrado Ponente: ÁLVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO

Radicado : 76-111-22-02-004-2022-00213-00

Accionante : PEDRO TORRES SALAZAR.

Accionado : Juzgado Primero Penal del Circuito de Buenaventura.

Discutido y aprobado según Acta No 208. Guadalajara de Buga, cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2.022)

1. OBJETIVO

Resuelve la Sala, lo pertinente en relación con la demanda de tutela presentada p or el señor PEDRO TORRES SALAZAR , contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buenaventura , por la presunta v ulneración de su derecho fundamental al Debido Proceso.

2. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

El señor PEDRO TORRES SALAZAR , interpuso acción de tutela contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buenaventura ; empero, el líbelo respectivo result ó en extremo confuso, en tanto se confeccionó con letra ilegible , de manera desprolija y abstracta.2

En razón de ello, mediante auto del primero (1º) de abril de dos mil veintidós (2022 ),

extremo confuso, en tanto se confeccionó con letra ilegible , de manera desprolija y abstracta.2

En razón de ello, mediante auto del primero (1º) de abril de dos mil veintidós (2022 ), esta Sala concedió el término de tres (3) días al actor para que aclarara los h echos de la tutela y especificara; “i) en qué consiste concretamente la vulneración de derechos fundamentales alegada, ii) si es porque no se resolvió su petición de cambio de fase de seguridad aportar la solicitud e indicar cuándo se elevó, iii) si es alg una actuación del Juzgado Primero Penal del Circuito de Buenaventura indicar de manera concreta en qué consiste, si ya solicitó a la aludida judicatura que fuera corregido el yerro, cuál fue la respuesta y si, contra esta, de ser procedente, pudo interpone r los recursos de rigor.”

Esa decisión se notificó el veintiocho (28 ) de abril de dos mil veintidós (2.022 ); razón por la cual, el a ctor tenía los días veintinueve (29 ) de abril, dos (2) y tres (3) de mayo siguientes para corregir el líbelo de tutela y no lo hizo ; de allí que no sea posible admitir la presente acción tuitiva.

La finalidad de la acción de tutela , comporta la obtención de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos puedan resultar vulnerados o amenaza dos por una autoridad pública o por particulares en los casos específicamente señalados en la ley.

En esa medida, la demanda de tutela no se puede fundamentar en conjeturas a partir de las cuales no se puede determinar la existencia de una amenaza o vuln eración

específicamente señalados en la ley.

En esa medida, la demanda de tutela no se puede fundamentar en conjeturas a partir de las cuales no se puede determinar la existencia de una amenaza o vuln eración “contundente, cierta, ostensible, inminente y clara”1 de derechos fundamentales.

Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó:

“4.1. El derecho de acceso a la administración de justicia y su estrecha relación con la solicitud de corrección y la decisión de rechazo de la acción de tutela

1 Corte Constitucional. Sentencia T-647/03. Ver entre otras: T-424/11 y T-469-14.3

31. Esta garantía, integrante del debido proceso constitucional, constituye un pilar de la estructura de un modelo de Estado Social de Derecho. Como garantía inherente a la condición hum ana, faculta a las personas para acudir, en condiciones de igualdad, antes los jueces y tribunales de justicia, para reclamar la protección de sus derechos o pretender la integridad del orden jurídico.

32. Es un deber correlativo de las autoridades públicas, para la garantía de este derecho, promover las condiciones necesarias para que el acceso a la administración de justicia sea efectivo. En consecuencia, las restricciones al derecho de acceso a la administración de justicia deben obedecer a c riterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como consultar el contenido de los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución. Finalmente, su realización exige, que la aplicación de las reglas procesales, que se encuentran al servicio del derecho sustanc ial, no puedan considerarse o ser utilizadas para hacerla nugatoria.

los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución. Finalmente, su realización exige, que la aplicación de las reglas procesales, que se encuentran al servicio del derecho sustanc ial, no puedan considerarse o ser utilizadas para hacerla nugatoria.

33. En consonancia con estas disposiciones, y de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el rechazo de la tutela, que regula el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, es una consecuencia excepcional, que procede cuando el juez (i) no pueda determinar los hechos o la razón que fundamenta la solicitud de protección; (ii) haya solicitado al demandante ampliar la información, aclararla o corregirla en un término de tres (3 ) días; (iii) este término haya vencido en silencio sin obtener ningún pronunciamiento del demandante al respecto y (iv) llegue al convencimiento que ni siquiera haciendo uso de sus amplios poderes y facultades podrá determinar los hechos o razones que motivan la solicitud de amparo. (…).

34. Lo anterior es consecuente con el carácter informal del proceso de tutela, pues su interposición, así como su trámite, están desprovistos de requisitos especiales, ya que fue concebido como un4

medio judicial al alcance de todas las personas, con prescindencia de su edad , origen, raza, condición económica, social o profesional. Por ello es posible que en algunos casos el juez se enfrente a un escrito de tutela ambiguo, incompleto o confuso, que no le permita establecer prima facie los hechos o fundamentos en los que se sustenta la solicitud, lo cual no es óbice para que se garanticen los

escrito de tutela ambiguo, incompleto o confuso, que no le permita establecer prima facie los hechos o fundamentos en los que se sustenta la solicitud, lo cual no es óbice para que se garanticen los derechos constitucionales fundamentales cuya protección se solicita, pues, en tales eventos, y en consonancia con el carácter protector de la acción de tutela, el juez tiene el deber de hacer uso de las amplias atribuciones con las que cuenta para dilucidar la situación de hecho que llevó al actor a solicitar el amparo constitucional. Lo contrario equivaldría a convertir en ilu sorio e inalcanzable un mecanismo concebido, precisamente, para la garantía de tales derechos, en especial, cuando se trata de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.”2 (Subrayas fuera de texto).

De acuerdo con la anterior cita , es clar o para la Sala que el amparo constitucional pretendido por el señor PEDRO TORRES SALAZAR , resulta de entrada improcedente, en tanto, los hechos motivo de la vulneración no fueron claros en torno al menoscabo ius fundamental alegado.

Aún con lo anterior, la Sala realizó ingentes esfuerzos para que el actor corrigiera la demanda de tutela y poder así, en razón del pri ncipio pro actione, concretar los reparos que ten ía contra la accionada, así como también, qué entidades se debían vincular y las pruebas que se necesitaban recaudar para tomar la decisión que en derecho corresponde.

Empero, ese cometido inexorable n o se pudo lograr, en tanto, el actor fue renuente al llamado de esta colegiatura . Razón por la que fulgura imperioso el rechazo de la

derecho corresponde.

Empero, ese cometido inexorable n o se pudo lograr, en tanto, el actor fue renuente al llamado de esta colegiatura . Razón por la que fulgura imperioso el rechazo de la acción tuitiva; pues, como ya se dijo, no es posible abordar la protección de derechos, sin una razón concreta que señale un menoscabo ius fundamental.

2 Corte Constitucional. Sentencia T-313 del 31 de julio de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.5

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga,

3. RESUELVE

PRIMERO. RECHAZAR la d emanda de tutela interpuesta por el ciudadano el señor PEDRO TORRES SALAZAR , contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buenaventura, en razón a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. ORDENAR la devolución de la demanda y sus anexos al libelista.

CUARTO. ADVERTIR que esta decisión es susceptible de ser impugnada, dentro de los tres días siguientes a su notificación. 3 En caso de no serlo, se remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.4

CÚMPLASE

Los Magistrados,

ÁLVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO 76-111-22-02-004-2022-00213-00

JUAN CARLOS SANTACRUZ LÓPEZ 76-111-22-02-004-2022-00213-00

JOSÉ JAIME VALENCIA CASTRO 76-111-22-02-004-2022-00213-00

JUAN CARLOS SANTACRUZ LÓPEZ 76-111-22-02-004-2022-00213-00

JOSÉ JAIME VALENCIA CASTRO 76-111-22-02-004-2022-00213-00

CLAUDIA PATRICIA BARBOSA SARRIA

Secretaria

3 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Sentencia STP9912-2019, Radicado 105594,. 4 Corte Constitucional. Sentencia T-313 del 31 de julio de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.