TSDJ BUG SP - 76-111-22-04-001-2021-00631-00-(14-10-2021)

JUSTICIA PENAL

BUGA

SENTENCIA DE TUTELA

PRIMERA INSTANCIA

Código:

GSP-FT-48

Versión: 2

Fecha de aprobación: 01/10/2013

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA DE DECISIÓN PENAL EN TUTELAS

Magistrado Ponente: JAIME HUMBERTO MORENO ACERO.

Radicado: 76111-22-04-001-2021-00631-00

Accionante: JHOAN ORLANDO NARANJO VASQUEZ.

Accionado: JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

Aprobado Según Acta Nº.390 de la fecha Guadalajara de Buga, catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Resuelve la Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por JHOAN ORLANDO NARANJO VASQUEZ contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira , Valle del Cauca, por la supuesta vulneración de su derecho fundamental de “petición ”, debido proceso y libertad. Trámite que se hizo extensivo al Juzgado Primero Penal del Circuito , al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de S eguridad y al Director y al Jefe de la Oficina Jurídica del Centro Penitenciario y Carcelario, todos de Palmira.

HECHOS

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de S eguridad y al Director y al Jefe de la Oficina Jurídica del Centro Penitenciario y Carcelario, todos de Palmira.

HECHOS

Indicó el accionante, es merecedor de la libertad condicional, sin embargo, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira se niega a concederle el beneficio mencionado, pese a que cumple con el factor objetivo y ha tenido un buen comportamiento al i nterior del penal, esto dentro del proceso con CUI 765206000180201801678, por lo que solicita se conceda el amparo deprecado y, en consecuencia, se ordene al despacho judicial demandado que le otorgue la libertad condicional.

ACTUACIÓN PROCESAL

Repartida la presente acción constitucional, en auto de 5 de octubre del presente año, se avocó conocimiento por quien funge como ponente y se ordenó correr los respectivos traslados, vinculando al Juzgado Primero Penal del Circuito , al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y al Director y al Jefe de la Oficina Jurídica del Centro Penitenciario y Carcelario, todos de Palmira.

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADAS

1. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira informó, actualmente vigila la pena impuesta al accionante dentro del radicadoRadicado: 76111-22-04-001-2021-00631-00

Accionante: JHOAN ORLANDO NARANJO VASQUEZ.

informó, actualmente vigila la pena impuesta al accionante dentro del radicadoRadicado: 76111-22-04-001-2021-00631-00

Accionante: JHOAN ORLANDO NARANJO VASQUEZ.

Accionado: JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

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765206000180201801678 y, en providencia de 6 de septiembre de 2021 se negó la libertad condicional, misma que está en trámit e de notificaciones y contra la cual proceden los recursos de ley.

2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira manifestó, condenó al demandante a la pen a de 60 meses de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, negándole todos los beneficios.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto por los numerales 2º, artículo 1º y 4º artículo 1º de los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de 2017 respectivamente, esta Sala es competente para pronunciarse respecto de la acción de tutela interpuesta por JHOAN ORLANDO NARANJO VASQUEZ contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, Valle del Cauca.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala es determinar si la presente acción de tutela cumple con el requisito general de subsidiaridad para su proceden cia contra decisiones judiciales.

3. La procedencia general de la acción de tutela.

El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala es determinar si la presente acción de tutela cumple con el requisito general de subsidiaridad para su proceden cia contra decisiones judiciales.

3. La procedencia general de la acción de tutela.

La acción de tutela es un mecanismo creado por la Constitución de 1991, instituida como “una herramienta procesal preferente, informal, sumaria y expedita que pretende el amparo de los derechos fundamentales de una persona que se ven vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o particular. No obstante para que la solicitud de amparo proceda, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) legitimación por activa; (ii) legitimación por pasiva; (iii) trascendencia iusfundamental del asunto; (iv) agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad); y (v) la evidente afectación actual de un derecho fundamental (inmediatez).” 1.

4. Requisitos de proc edibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La acción de tutela ha sido concebida como de carácter subsidiario y residual, excepcional cuando lo que se trata es de atacar una providencia judicial, razón por la cual, se han establecido requisitos vía jurisprudencial, generales y específicos para verificar su procedencia y así poder estudiar la viabilidad del amparo solicitado p or el actor.

Estos han sido precisados por la Corte Constitucional en forma reiterada y pacífica, en los siguientes términos:

1 C.C. ST-010 de 2017.Radicado: 76111-22-04-001-2021-00631-00

Estos han sido precisados por la Corte Constitucional en forma reiterada y pacífica, en los siguientes términos:

1 C.C. ST-010 de 2017.Radicado: 76111-22-04-001-2021-00631-00

Accionante: JHOAN ORLANDO NARANJO VASQUEZ.

Accionado: JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

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“5. (…)Tales condiciones son: (i) que la cuestión sea de relevancia constitucional2; (ii) que se hayan agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance3; (iii) que se cumpla el principio de inmediatez 4; (iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en el proceso 5; (v) que se identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la v ulneración de derechos fundamentales6 y (vi) que no se trate de una tutela contra otra tutela.7…”8

Respecto de las causales específicas en la misma providencia se indicó que debe cumplir uno o varios de los siguientes: “a. Defecto orgánico. b. Defecto procedimental absoluto. c. Defecto fáctico. d. Defecto material o sustantivo. e. Error inducido. f. Decisión sin motivación. g. Desconocimiento del precedente”.9

Al analizar tales causales específicas de procedibilidad, se ha de tener en cuenta que el juez de tutela debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial10 y, además, no le compete establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad judicial demandada11.

Al analizar tales causales específicas de procedibilidad, se ha de tener en cuenta que el juez de tutela debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial10 y, además, no le compete establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad judicial demandada11.

5. El requisito de subsidiariedad.

La interposición oportuna de los recursos ordinarios y extraordinarios como condición previa para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Al respecto la Corte Constitucional se ha referido en los siguientes términos:

“En suma, de la aplicación del requisito de subsidiariedad surgen las siguientes conclusiones: (i) la acción de tutela no es un mecanismo judicial diseñado para reemplazar los medios ordinarios de defensa, ni para reabrir procesos concluidos, ni revivir términos u oportunidades procesales vencidas por la negligencia o inactividad injustificada de la parte interesada. Ello, sin perjuicio de que, en cada caso, (ii) se verifique si acudir a los medios ordinarios o recursos comporta una carga desproporcionada para el actor, ya sea, por su falta de eficacia e idoneidad a la luz de las circunstancias particulares, o cuando se evidencie la existencia de un perjuicio irremediable y este sea alegado por la parte interesada.” 12.

2 Obedece al respeto por la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones, por tanto se debe establecer clara y expresamente si el asunto puesto a consideración del juez de tutela es realmente una cuestión de relevancia constitucional, que afecte derechos fundamentales. 3 Guarda relación con la excepcionalidad y subsidiariedad de la acción de tutela, pues de lo contrario ella

consideración del juez de tutela es realmente una cuestión de relevancia constitucional, que afecte derechos fundamentales. 3 Guarda relación con la excepcionalidad y subsidiariedad de la acción de tutela, pues de lo contrario ella se convertiría en una alternativa adicional para las partes en el proceso. Esta exige ncia trae consigo la excepción consagrada en el artículo 86 Superior, que permite que esa exigencia pueda flexibilizarse cuando se trata de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. 4 La acción de tutela debe invocarse en un término razonable y proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador. De no ser así, se pondrían en juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada, pues las decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación constitucional. 5 La irregularidad procesal debe ser decisiva o determinante en la sentencia que se impugna y debe afectar los derechos fundamentales del peticionario. 6 Este requisito pretende que el actor ofrezca claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial. 7 Así busca evitar la prolongación indefinida del debate constitucional. 8 CC SU-108 de 2018. 9 CC ST-452 de 2013. 10 CC SU198/13. « la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por los principios de autonomía judicial y del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio». 11 CC T-041/18. 12 CC T-237/18.Radicado: 76111-22-04-001-2021-00631-00

material probatorio». 11 CC T-041/18. 12 CC T-237/18.Radicado: 76111-22-04-001-2021-00631-00

Accionante: JHOAN ORLANDO NARANJO VASQUEZ.

Accionado: JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

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6. Caso concreto.

En el sub exámine JHOAN ORLANDO NARANJO VASQUEZ considera que es merecedor de la libertad condicional, sin embargo, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira en providencia de 6 de septiembre del presente año, negó su pretensión, desconociendo que cumple con el factor objetivo y ha tenido un buen comportamiento al interior del penal.

En punto de lo anterior, se verifica que el accionante no ha agotado los medios de defensa judicial, ya que contra el auto que despachó desfavorablemente su requerimiento tiene la posibilidad de presentar los recursos de ley que considere pertinentes, esto teniendo en cuenta que la providencia de 6 de septiembre del presente año, aún no se encuentra ejecutoriada, dado que está en trámite de notificaciones.

En tal contexto, no es factible conceder el amparo solicitado, debido a que no se cumple la el requisito general de subsidiariedad de la tutela, pues, se reitera, JHOAN ORLANDO NARANJO VASQUEZ si a bien lo tiene, puede activar los recursos de reposición y /o apelación para refutar la mentada determinación.

Por intermedio de dichos instrumentos, que se ofrecen adecuados, puede el interesado

NARANJO VASQUEZ si a bien lo tiene, puede activar los recursos de reposición y /o apelación para refutar la mentada determinación.

Por intermedio de dichos instrumentos, que se ofrecen adecuados, puede el interesado esgrimir las argumentaciones que intenta plantear por la vía constitucional y propiciar un pronunciamiento al interior del cauce natural del diligenciamiento, sin que sea procedente que se proponga por este sendero para obtener lo deseado.13

Aunado a ello, la parte accionante pretende revivir etapas procesales ya superadas y desconocer que la acción de tutela no puede se r considerada como una tercera instancia o un medio adicional al proceso judicial ordinario o a los que se encuentran en curso , que permita controvertir los asuntos resueltos en contra de los intereses de la demandante constitucional , máxime cuando es al interior del proceso donde debe alegar lo que por esta vía excepcionalísima pretende.

Además, no se puede pasar por alto que el beneficio de la libertad condicional posee un elemento subjetivo de la previa valoración de la conducta, siendo este el primer aspecto que debe entrar a evaluar el juez y posteriormente verificar si se cumplen las demás exigencias objetivas de la norma para establecer si procede o no el otorgami ento de la libertad condicional. Ingrediente normativo que se ha mantenido por parte del legislador con el propósito de velar por el bienestar de la comunidad y por eso se estableció como el primer aspecto que debe analizar el funcionario judicial, siendo esta una orden que no puede pasar por alto el juez al momento de decidir sobre la procedencia del beneficio en mención.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

puede pasar por alto el juez al momento de decidir sobre la procedencia del beneficio en mención.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA, VALLE DEL CAUCA, SALA DE DECISIÓN PENAL , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

13 Ver CC T-480-2011.Radicado: 76111-22-04-001-2021-00631-00

Accionante: JHOAN ORLANDO NARANJO VASQUEZ.

Accionado: JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

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Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo deprecado por JHOAN ORLANDO

NARANJO VASQUEZ.

Segundo.- Por Secretaría de la Sala, líbrese las comunicaciones previstas en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Envíese a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada, articulo 33 ibídem.

Cuarto.- Contra la presente decisión procede impugnación.

Notifíquese y cúmplase.

Los Magistrados,

JAIME HUMBERTO MORENO ACERO 76111-22-04-001-2021-00631-00

ÁLVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO 76111-22-04-001-2021-00631-00

JUAN CARLOS SANTACRUZ LÓPEZ 76111-22-04-001-2021-00631-00