TSDJ BUG SP - 76-111-22-04-002-2021-00106-00-(04-03-2021)

JUSTICIA PENAL BUGA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Código:

GSP-FT-49

Versión: 1

Fecha de aprobación: 22/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrada Ponente

MARTHA LILIANA BERTIN GALLEGO

Radicación: 76-111-22-04-002-2021-00106-00

Accionante: Alonso de Jesús Gallego García Accionado: Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga Ciudad y fecha: Guadalajara de Buga, cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Acta No. 078

1.- OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Resolver la acción de tutela presentada por el señor Alonso de Jesús Gallego García contra el juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Buga, por la presunta trasgresión a su s derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

2.- ANTECEDENTES

2.1.- Alfonso de Jesús Gallego García, fue conde nado por el juzgado segundo penal del circuito de Cartago el 17 de mayo de 2017 como autor del delito de Homicidio agravado a la pena principal de 104 meses de prisión. Se encuentra privado de la libertad desde el 14 de marzo de 2016.

El 13 de julio de 20 20, a través de la oficina jurídica del centro carcelario de Cartago

agravado a la pena principal de 104 meses de prisión. Se encuentra privado de la libertad desde el 14 de marzo de 2016.

El 13 de julio de 20 20, a través de la oficina jurídica del centro carcelario de Cartago envió la solicitud de redención de pena y libertad condicional, pero hasta el momentoRadicación: 76-111-22-04-002-2021-00106-00

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de presentarse la tutela ( 16 de febrero de 2021 ), ese despacho no se había pronunciado.

2.2.- Mediante auto del 1 9 de febrero de 2021, se avocó la demanda y se vinculó al despacho accionado. Se vinculó al centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Buga a través de l juez coordinador. Se obtuvo la siguiente información.

2.2.1.- La juez tercera de ejecución de penas de Buga, mediante oficio del 23 de febrero de 2021, solicitó se declare la carencia actual de objeto por hecho superado , pues mediante auto del 22 de febrero del año en curso, resolvió la redención de pena y libertad condicional, decisión que le fue notificada al interno a través de la oficina jurídica de la cárcel de Cartago. Como sustento de lo expuesto aportó copia del auto y la constancia de notificación del interno.

2.2.2.- El juez c oordinador del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas de Buga, explicó que una vez llegó la solicitud del actor -13 de julio

la constancia de notificación del interno.

2.2.2.- El juez c oordinador del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas de Buga, explicó que una vez llegó la solicitud del actor -13 de julio de 2020-, pasó a despacho de la señora juez para su resolución.

Solicita se niegue el amparo i nvocado pues esa célula judicial no vulneró ningún derecho fundamental.

3.- CONSIDERACIONES.

3.1.- Competencia. Le corresponde a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, decidir la demanda de tutela presentada contra el juzgad o tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Buga, de conformidad con la regla de reparto contemplada en el numeral 5º del artículo 1º del decreto 1983 de 2017 que reza: “5.Radicación: 76-111-22-04-002-2021-00106-00

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Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”.

3.2.-Problema jurídico.

De acuerdo con los hechos y la pretensión del interno Alfonso de Jesús Gallego García, debe esta sección de la Sala Penal del Tribunal establecer: (i) si se vulneraron los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, por parte del juzgado tercero de ejecución de penas de Buga y, (ii) si permanece la afectación

García, debe esta sección de la Sala Penal del Tribunal establecer: (i) si se vulneraron los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, por parte del juzgado tercero de ejecución de penas de Buga y, (ii) si permanece la afectación de esas garantías.

3.3.- El derecho al acceso a la administración de justicia y debido proceso.

Alfonso de Jesús Gallego García, pide la protección de sus derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, habida cuenta que desde el 13 de julio d e 2020, a través de la oficina jurídica del centro carcelario de Cartago, envió solicitud de redención de pena y libertad condicional al juzgado tercero de ejecución de penas de Buga, sin que hasta el día de presentarse la acción constitucional ( 15 de febrero de 2021) ese despacho se hubiere pronunciado.

De conformidad con la jurisprudencia nacional, cuando se presentan solicitudes ante los jueces, que tengan relación directa con su función jurisdiccional y estas no son atendidas, se trasgrede el debido pr oceso y el acceso a la administración de justicia porque deben ser resueltas dentro de los términos reglados por el legislador según el caso1; de no hacerse el funcionario puede incurrir en el fenómeno de la mora

1 T-176 de 2016 esto dijo la Corte respecto a la diferencia entre el derecho de petición y el debido proceso. “ (…) no es dado a las personas afirmar que los jue ces vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a obtener la definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico

orientada a obtener la definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas correspondientes al trámite de un determinado proceso judicial. De esta manera, cuando los operadores judiciales incurren en mora o no responden apropiadamente asuntos correspondientes al proceso judicial, se genera una vulneración del debido proceso y un obstáculo para el acceso de la persona a la administración de justicia1.Radicación: 76-111-22-04-002-2021-00106-00

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judicial. En todo caso, la misma Corte Cons titucional ha explicado que debe analizarse si existen causales que han impedido, la definición de las peticiones dentro del lapso legal o de un término razonable; causas que pueden ser de índole administrativo, caso fortuito; una fuerza mayor entre otras como la congestión judicial , siempre y cuando éstas no puedan ser superadas por el juez.

3.4.- Caso concreto.

Verificado el registro de justicia siglo XXI puede observarse que la solicitud del demandante pasó al despacho accionado el 13 de julio de 2020, es decir que transcurrieron 7 meses exactos, hasta el día de presentarse la acción constitucional (15 de febrero de 2021) sin que la funcionaria se hubiere pronunciado al respecto. Dicha situación evidencia la flagrante trasgresión de los derechos invoca dos por el demandante, pues la funcionaria no solo dejó vencer el término legal, sino que también

(15 de febrero de 2021) sin que la funcionaria se hubiere pronunciado al respecto. Dicha situación evidencia la flagrante trasgresión de los derechos invoca dos por el demandante, pues la funcionaria no solo dejó vencer el término legal, sino que también soslayó la razonabilidad , pues no presentó ninguna justificación que le impidiera resolver la petición del señor Gallego García.

Lo anterior, daría lugar a tutelar el derecho al acceso a la administración de justicia invocado por el interno; pero el juzgado tercero de ejecución de penas ya resolvió la pretensión del subrogado, providencia que fue debidamente notificada al actor. Esto, impide emitir cualquier orden, pero no puede la Corporación soslayar la afectación de esas garantías. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se declarará la trasgresión y se prevendrá al juzgado.

El decreto 2591 de 1991 en su artículo 24, dispone:

““ARTICULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado , o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modoRadicación: 76-111-22-04-002-2021-00106-00

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contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el art ículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.” El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión.”

En relación con dicho precepto normativo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-038 de 2017, señaló lo siguiente: “(i) si bien no resulta viable emitir la orden de protección que se solicitaba en la acción de tutela, es perentorio un pronunciamie nto de fondo sobre el asunto, precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la presentación de la acción de tutela, en los casos en que la consumación del daño ocurre durante el trámite de la acción (en primera instancia, segunda instancia o en el trámite de revisión ante la Corte Constitucional), o cuando -bajo ciertas circunstancias - se impone la necesidad del pronunciamiento por la proyección que pueda tener el asunto (art. 25 del Decreto 2591 de 1991[18]), o por la necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o que requieran de especial protección constitucional; y (ii) no es perentorio en los casos de hecho superado o acaecimiento de una situación sobreviniente , salvo cuando sea evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido decidida de una forma diferente (pese a no tomar una decisión en concreto, ni impartir orden alguna), “para l lamar la atención sobre la falta de

evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido decidida de una forma diferente (pese a no tomar una decisión en concreto, ni impartir orden alguna), “para l lamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”, tal como lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 [19]”[20]. 3.4.3. Por su parte, el hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional[7].”.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se dispondrá: (i).- Declarar la vulneración del derecho fundamental analizado en este proveído, por parte del juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Buga. (ii).- Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Esto impide decretar cualquier orden en la medida que la vulneración de los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia del demandante cesaron.Radicación: 76-111-22-04-002-2021-00106-00

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(iii).- Prevenir al juzgado tercero de ejecución de penas de Buga para que en el futuro evite incurrir en las omisión que dio mérito a la presentación de esta tutela.

Sin más consideraciones, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA, en sala de decisión penal para asuntos constitucionales, admini strando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR que el juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Buga vulneró los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia del interno Alfonso de Jesús Gallego García.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, por CARENCIA ACTUAL DE OBJETO al haberse superado durante este trámite el hecho que generó la vulneración, según lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: EXHORTAR al juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Buga para que de conformidad con los lineamientos del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se abstenga de volver a incurrir en la omisión que gen eró la presentación de esta acción de tutela.

En caso de no ser impugnada esta sentencia deberá ser remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y CúmplaseRadicación: 76-111-22-04-002-2021-00106-00

Accionante: Alonso de Jesús Gallego García

Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y CúmplaseRadicación: 76-111-22-04-002-2021-00106-00

Accionante: Alonso de Jesús Gallego García Accionado: Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga

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Los Magistrados

MARTHA LILIANA BERTÍN GALLEGO

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JAIME HUMBERTO MORENO ACERO

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ÁLVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO

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