TSDJ BUG SP - 76-111-60-00-165-2014-01955-(22-09-2025)

AUTO INTERLOCUTORIO

SEGUNDA INSTANCIA

Código: GSP-FT-46 Versión: 6 Fecha de Aprobación:

31/01/2025

Consejo Superior de la Judicatura Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga Sala de Decisión Penal

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA DE DECISIÓN PENAL

JUAN CARLOS SANTACRUZ LÓPEZ

Magistrado Ponente

RADICACIÓN 76111-6000-165-2014-01955- (AC-485-25)

CONDENADO CARLOS EDUARDO CÁRDENAS MONTEMIRANDA

DELITO HOMICIDIO AGRAVADO Y OTROS

Buga, Valle, lunes veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Aprobado según Acta No. 521

1. OBJETO

Conforme a la sustentación del recurso de apelació n interpuesto por el interno CARLOS EDUARDO CÁRDENAS MONTEMIRANDA, esta Sala procede a revisar la decisión interlocutoria Nro. 1 018 del 8 de agosto del año 2.025, proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, dentro del proceso de la referencia.Rad No. 76111-6000-165-2014-01955- (AC-485-25) Condenado: Carlos Eduardo Cárdenas Montemiranda Delito: Homicidio agravado y otros

Decisión: Revoca

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2. ANTECEDENTES

Condenado: Carlos Eduardo Cárdenas Montemiranda Delito: Homicidio agravado y otros

Decisión: Revoca

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2. ANTECEDENTES

El interno CARLOS EDUARDO CÁRDENAS MONTEMIRANDA fue condenado mediante sentencia Nro. 087 del 14 de septiembre del año 2015, dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga a la pena principal de 28 años y 8 meses de prisión al ser hallado penalmente responsable de los ilícitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas agravado y uso de menores para la comisión de delitos, por hechos ocurridos el 19 de octubre del año 2014.

Avocado el conocimiento de la vigilancia de la pena por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, el privado de la libertad CÁRDENAS MONTEMIRANDA elevó petición de aplicación retroactiva del artículo 19 de la Ley 2466 de 2025, respecto de las redenciones de pena que por trabajo le habían otorgado al amparo del artículo 82 de la Ley 65 de 1993.

3. DECISIÓN IMPUGNADA

El Juez Primero de Ejecución de Penas de Palmira, mediante providencia No. 1018 del 8 agosto de 2.025, resolvió negar al ciudadano CÁRDENAS MONTEMIRANDA la aplicación de la Ley 2466 de 2025 de forma retroactiva, al considerar luego de un análisis jurídico y jurisprudencial,

MONTEMIRANDA la aplicación de la Ley 2466 de 2025 de forma retroactiva, al considerar luego de un análisis jurídico y jurisprudencial, sobre el principio de favorabilidad, que las leyes tienen vocación de futuro en su aplicación, es decir, que solo se pueden destinar a situaciones que aun no se dan en el mundo fenomenológico y que solo regulan la actividad de los ciudadanos hacia el futuro, conforme entre en vigencia la norma reguladora.

Adicional a lo anterior expuso el Juez ejecutor, que no es viable por el momento redimir la sanción con base en el artículo 19 inciso 2 de la LeyRad No. 76111-6000-165-2014-01955- (AC-485-25) Condenado: Carlos Eduardo Cárdenas Montemiranda Delito: Homicidio agravado y otros

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2466-2025, porque el Ministerio del Trabajo a un no ha regulado las actividades productivas y ocupacionales como experiencia profesional.

4. RECURSO

Esa determinación no fue compartida por el interno CÁRDENAS MONTEMIRANDA, quien expresa que el principio de favorabilidad opera de manera inmediata y de forma retroactiva y , por esta razón , se debe revocar la decisión de primera instancia que le negó la aplicación del artículo 19 de la Ley 2466 de 2025, respecto de la readecuación de las redenciones que por trabajo ya se la habían otorgado bajo el régimen anterior.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia para decidir

Esta Sala es competente para resolver el recurso de apelación i mpetrado en contra de la decisión proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia para decidir

Esta Sala es competente para resolver el recurso de apelación i mpetrado en contra de la decisión proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, por mandato de l art ículo 34 numeral 6 de la Ley 906 de 2004.

5.2. Problema jurídico por resolver

Dentro del marco de discusión expuesto, corresponde a la Sala determinar si resulta jurídicamente procedente reconocer y aplicar con efectos retroactivos por principio de favorabilidad, la nueva regulación contenida en el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025, que dispone que la redención de pena por trabajo para las personas privadas de la libertad será equivalente a dos días de reclusión por tres días de labor.Rad No. 76111-6000-165-2014-01955- (AC-485-25) Condenado: Carlos Eduardo Cárdenas Montemiranda Delito: Homicidio agravado y otros

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5.2.1. Debido proceso – Principio de favorabilidad

Al re specto, se ha de destacar que el inciso 3° del artículo 29 de la Constitución Política , prevé un concepto amplio e incluyente de favorabilidad, sin restricciones relativas a condenados, al disponer que “en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun c uando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

Por su parte la Corte Constitucional, ha establecido ciertos parámetros para la aplicación de este principio como lo son : (i) se aplica tanto al

de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

Por su parte la Corte Constitucional, ha establecido ciertos parámetros para la aplicación de este principio como lo son : (i) se aplica tanto al derecho penal material como al derecho procesal; (ii) su aplicación tiene lugar en los tránsitos de legislación, como cuando en medio de un proceso judicial se expide una norma modificatoria de otra vigente al momento de iniciarse una determinada actuación; (iii) su realización más intensa ocurre en el ámbito del derecho penal material, por ejemplo, al modificarse una pena ya impuesta, para aplicar otra más leve establecida en ley posterior; (iv) en el ámbito procesal, “ante la sucesión de leyes en el tiempo, “el principio ‘favor lib ertatis’, que en materia penal está llamado a tener más incidencia, obliga a optar por la alternativa más favorable a la libertad del imputado o inculpado” , teniendo en cuenta el criterio de menor gravosidad en la restricción de derechos fundamentales”.1

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha sido reiterativa en puntualizar que, ante una sucesión de leyes, la aplicación del principio de favorabilidad comporta para el juzgador la atención integral de la previsión más benéfica a los i ntereses del procesado, sin que pueda fraccionar las disposiciones en tránsito y tomar, de cada una, la parte que solo ofrece ventajas, porque sería tanto como hacer valer una norma inexistente en el ordenamiento jurídico e invadir la propia esfera del legislador.

En reciente decisión la Corte Suprema de Justicia en sede constitucional, trato la aplicación por conducto del principio de favorabilidad del artículo

norma inexistente en el ordenamiento jurídico e invadir la propia esfera del legislador.

En reciente decisión la Corte Suprema de Justicia en sede constitucional, trato la aplicación por conducto del principio de favorabilidad del artículo 19 de la Ley 2466-2025, concluyendo lo siguiente:

1 C.C. C-304/94 y C.C. T-704/12.Rad No. 76111-6000-165-2014-01955- (AC-485-25) Condenado: Carlos Eduardo Cárdenas Montemiranda Delito: Homicidio agravado y otros

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(…) Es decir, una comparación de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y Carcelarioy el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025, permite concluir, sin duda alguna, que lo contemplado en la última disposición ostenta mayor beneficio para la población privada de la li bertad, en punto al tiempo de redención de pena por trabajo. Nótese que, mientras el artículo 82 de la Ley 65 de 1993 prevé que por 2 días de trabajo se abona uno de reclusión; el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025 señala que por cada 3 días laborados se d escuentan 2 de privación de la libertad. Y, aun cuando, en principio, podría pensarse si es posible aplicar por favorabilidad normas de naturaleza laboral a la jurisdicción penal, en este caso, se evidencia un componente que permite superar un análisis sob re el particular. Si se mira más allá de la finalidad que generó la expedición de la Ley 2466 de 2025 -modificar parcialmente normas laborales y adoptar una Reforma Laboral para el

superar un análisis sob re el particular. Si se mira más allá de la finalidad que generó la expedición de la Ley 2466 de 2025 -modificar parcialmente normas laborales y adoptar una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia -, lo cierto es que, mediante el artículo 19, se abordó el tema relacionado con la redención de pena por trabajo para personas privadas de la libertad, asunto que, por su naturaleza, sin duda, compete a la jurisdicción penal. Luego, bajo la tesis de que se trata de una disposición insertada en n orma de carácter laboral, no puede desconocerse que la redención de pena es un derecho y que la modificación efectuada representa una reforma favorable en materia de los cálculos de redención de pena por trabajo de las personas privadas de la libertad.

(…)

Los jueces demandados en sede de ejecución de penas, precisamente al analizar la postulación del penado optaron por una interpretación restrictiva del artículo 19 de la Ley 2466 de 2025, pues negaron su aplicación bajo la errada consideración que por se r una disposición insertada en una reforma laboral no tenía aplicación en el régimen penitenciario y carcelario, desconociendo que su contenido representa una modificación favorable al estándar cuantitativo de la forma como se debe contabilizar la redenció n de pena por trabajo y, por consiguiente, su aplicación bajo el principio universal de favorabilidad resultaba ineludible. Así, más allá de que el artículo que reformuló el tiempo a reconocer por trabajo estuviese contenido en una reforma laboral (artículo 19 de la Ley 2466 de 2025), era claro que su expedición representa una condición objetivamente más benéfica para la población

reconocer por trabajo estuviese contenido en una reforma laboral (artículo 19 de la Ley 2466 de 2025), era claro que su expedición representa una condición objetivamente más benéfica para la población privada de la libertad, en tanto, reconoce una mayor reducción de tiempo a los privados de la libertad por días laborados. Intel ección que, decidieron los funcionarios judiciales accionados desatender, con motivaciones que no encuentran soporte en una interpretación afincada en el ordenamiento jurídico, ya que, no solo se apartan del contenido literal de la preceptiva reclamada, sino que, con ello ignoraron el alcance que tiene el derecho a la redención de la pena desde una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, en tanto se privilegia el derecho al trabajo con fines de resocialización del penado y reintegración al mercado laboral. Por lo tanto, en el caso analizado por los jueces accionados es claro que ante el advenimiento de una norma posteriorRad No. 76111-6000-165-2014-01955- (AC-485-25) Condenado: Carlos Eduardo Cárdenas Montemiranda Delito: Homicidio agravado y otros

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favorable se imponía su aplicación para redosificar la redención de pena anteriormente reconocida al tutelante bajo el alcan ce de una norma mas restrictiva o desfavorable. De esta forma, no cabe duda que, aplicando el principio constitucional de favorabilidad en materia penal, los jueces de ejecución de penas estaban obligados a efectuar un análisis de fondo de la postulación de John Camilo Álvaro Varela, respecto a la modificación de los autos interlocutorios No. 0119 del 13 de enero de 2025 y 0856 del

ejecución de penas estaban obligados a efectuar un análisis de fondo de la postulación de John Camilo Álvaro Varela, respecto a la modificación de los autos interlocutorios No. 0119 del 13 de enero de 2025 y 0856 del 16 de abril de 2025, por medio de los cuales se le redimieron en total dos meses y un día de pena. El Tribunal, incluso, actuan do en segunda instancia, debió orientar su decisión con base en las providencias citadas en el proveído cuestionado (CC C -304 de 1994 y T 704 de 2012), de conformidad con las cuales, en el contexto de una sucesión de leyes en el tiempo el acusado o condena do está cobijado por el principio favor libertatis, que obliga al juez a una interpretación a favor del penado. En ese orden de ideas, cierto es que en el caso del accionante, John Camilo Álvaro Varela, en vigencia del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 se definió el tiempo a reconocer por redención de pena por trabajo, como se consignó en los respectivos autos No. 0119 del 13 de enero de 2025 y 0856 del 16 de abril de 2025, sin embargo, como se viene exponiendo, ello no impide que ante una legislación sobrev iniente y más favorable, se reexamine la situación que fuera resuelta en pretérita oportunidad, pues, precisamente, la Constitución Política de Colombia reconoció expresamente la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal, cuando en su artí culo 29 estableció que «la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.» Por lo explicado, la Sala amparará los derechos fundamentales de John Camilo Álvaro Varela al debido

o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.» Por lo explicado, la Sala amparará los derechos fundamentales de John Camilo Álvaro Varela al debido proceso en su componente de favorabilidad y a la libertad. En consecuencia, dejará sin efectos los autos proferidos el 15 de julio y 22 de agosto de 2025, por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Buga y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, respectivamente.2

Como se puede detallar del extracto trascrito, este criterio es el que debe imperar en este tipo de discusi ones, razón por la cual se abandona e l que venía empleando la Sala mayoritaria, que en un caso idéntico al a qui tratado se indicó:

Del cotejo de ambas disposiciones se advierte que la regla introducida por la Ley 2466 de 2025 resulta objetivamente más benéfica para la población privada de la libertad, en tanto incrementa el abono de tiempo redimible por labor desa rrollada. Sin embargo, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia —en especial, en materia de ejecución de penas y redenciones —, el principio de favorabilidad no puede operar de manera automática para hechos consolidados bajo

2 CSPJ-STP-14521-2025Rad: 148378 del 11 de septiembre de 2025. M.P. Gerson Chaverra Castro.Rad No. 76111-6000-165-2014-01955- (AC-485-25) Condenado: Carlos Eduardo Cárdenas Montemiranda Delito: Homicidio agravado y otros

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legislación anterior como lo indicó la a quo, puesto que: “El monto a reducir de la pena, así como las actividades de estudio o trabajo certificadas, se rigen por la ley y el reglamento vigentes al momento en que el trabajo o el estudio intramural se verificó”.

5.3. Análisis del caso

En el sub judice el interno CÁRDENAS MONTEMIRANDA busca la redosificación de la sanción que había sido otorgada con fundamento en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993, aplicando esta vez el canon 19 inciso 2 de la Ley 2466 de 2025 por favorabilidad y con efectos retroactivos.

En efecto la última de las citadas normas expresa:

Artículo 19. Experiencia laboral de personas privadas de la libertad. Las actividades productivas y ocupacionales desarrolladas por la población privada de la libe rtad serán reconocidas como experiencia laboral previa certificación de las entidades correspondientes con la finalidad de posibilitar su ingreso al mercado laboral, mitigar la discriminación laboral y disminuir la probabilidad de reincidencia. Se concederá la redención de pena por trabajo a las personas privadas de la libertad y se les abonará dos días de reclusión por tres días de trabajo.

Parágrafo. El Ministerio de Trabajo en un término de 6 meses expedirá la reglamentación necesaria para el reconoc imiento de las actividades productivas y ocupacionales en los centros penitenciarios como experiencia profesional.

Por su parte, el artículo 82 de la Ley 65 de 1993 dispone:

la reglamentación necesaria para el reconoc imiento de las actividades productivas y ocupacionales en los centros penitenciarios como experiencia profesional.

Por su parte, el artículo 82 de la Ley 65 de 1993 dispone:

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad. A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo . Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

Del cotejo de las normas antes reseñadas, se puede colegir sin duda que la regla introducida por la Ley 2466 de 2025 resulta objetivamente más benéfica para la población privada de la libertad, en tanto incrementa el abono de tiempo redimible por labor desarrollada y teniendo en cuenta queRad No. 76111-6000-165-2014-01955- (AC-485-25) Condenado: Carlos Eduardo Cárdenas Montemiranda Delito: Homicidio agravado y otros

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es viable su aplicación con efectos retroactivos, se impone su reconocimiento.

Por esta razón, las redenciones de pena que por trabajo fueron certificadas y avaladas para el interno CARLOS EDUARDO CÁRDENAS MONTEMIRANDA bajo el marco norm ativo del canon 82 de la Ley 65 de 1993, deben ser redosificadas con fundamento en lo consignado en el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025.

Por lo anterior, la Sala revocará en su integridad la providencia recurrida

1993, deben ser redosificadas con fundamento en lo consignado en el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025.

Por lo anterior, la Sala revocará en su integridad la providencia recurrida y, en su lugar, dispondrá que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira proceda a realizar la redosificación de las redenciones de pena por trabajo reconocidas al interno con fundamento en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993, teniendo en cuenta lo previsto en el canon 19 de la Ley 2466 de 2025. Asimismo, deberá aplicar esta última disposición a las redenciones de pena que se estudien en adelante, sin que sea procedente establecer restricción alguna.

Las anteriores consideraciones sean suficientes para que el Tribunal Superior de Buga-Valle, en Sala de Decisión Penal,

6. R E S U E L V A

PRIMERO: REVOCAR la decisión interlocutoria Nro. 1018 del 8 agosto del año 2.025 proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, dentro de proceso de la referencia atendiendo lo expuesto Ut supra.

SEGUNDO: En consecuencia, se dispone que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, proceda aRad No. 76111-6000-165-2014-01955- (AC-485-25) Condenado: Carlos Eduardo Cárdenas Montemiranda Delito: Homicidio agravado y otros

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redosificar las redenciones de pena que por trabajo le fueron r econocidas

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redosificar las redenciones de pena que por trabajo le fueron r econocidas al interno con fundamento en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993 , aplicando esta vez el canon 19 de la Ley 2466 de 2025 y aquellas que en adelante se generen.

TERCERO: Notifíquese por secretaría de la Sala Penal de esta Corporación la present e decisión , utilizándose para tal efecto los medios virtuales y señalándole a las partes que contra la misma no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

JUAN CARLOS SANTACRUZ LÓPEZ 76111-6000-165-2014-01955- (AC-485-25)

JOSÉ JAIME VALENCIA CASTRO 76111-6000-165-2014-01955- (AC-485-25)

- EN USO DE PERMISOMARTHA LILIANA BERTÍN GALLEGO 76111-6000-165-2014-01955- (AC-485-25)

Juan Fernando Domínguez Mejía Secretario Sala Penal