TSDJ CLO SL - 015-2018-0607-01-(16-07-2020)

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI S A L A 1ª DE DECISIÓN L A B O R A L

Hoy 16 DE JULIO DEL 2020 siendo las 2:00Pm, la Sala Primera de Decisión Laboral, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15 y 16 del Decreto Legislativo 806 del 04 de JULIO del 2020, se constituye en audiencia pública de juzgamiento No. 103, integrada por el suscrito quien la preside CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA en compañía de los magistrados Dra. MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA y el Dr. GERMAN DARÍO GÓEZ VINASCO, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor (a) MARIA FANNY URUEÑA en contra de la AFP PORVENIR y COLPENSIONES, bajo radicación N° 015-2018-0607-01 en donde se resuelve recurso de APELACIÓN interpuesto por PORVENIR y Colpensiones en contra de la sentencia N° 303 del 16 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado 15° Laboral del Circuito de Cali , mediante la cual DECLARÓ la INEFICACIA LA NULIDAD O EFICACIA DEL TRASLADO de CAJANAL hoy UGPP al RAIS , y ORDENÓ VINCULAR a COLPENSIONES a la demandante. De igual forma ordenó a PORVENIR trasladar dineros que haya en la cuenta de la actora, con rendimientos, bonos pensionales y aportes. Costas a cargo de Porvenir.

Apelación PORVENIR: i) La demandante no se encontraba afiliada al régimen de prima media con anterioridad

en la cuenta de la actora, con rendimientos, bonos pensionales y aportes. Costas a cargo de Porvenir.

Apelación PORVENIR: i) La demandante no se encontraba afiliada al régimen de prima media con anterioridad al traslado al RAIS, ii) para el 01 de abril de 1994 le convenía más estar en el RAIS pues su afiliación al sistema se dio através de CAJANAL, luego no hay lugar al traslado de aportes y rendimientos financieros, iii) no hay lugar a la condena en costas porque el fondo siempre actuó de buena fe.

Apelación Colpensiones: i) debe adicionarse la sentencia y ordenarle a PORVENI R devolver los aportes, gastos de administración, aportes voluntarios y bienes, rendimientos, porcentaje del fondo a la garantía de pensión mínima porque de no hacerlo sería un enriquecimiento ilícito.

La base fáctica y jurídica del distanciamiento ha sido plenamente discutida y conocida por las partes, la sentencia dictada por el A quo, y teniendo de presente los memoriales presentados por las partes:

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Por lo cual procede la Sala de decisión a dictar la siguiente providencia.MARIA FANNY URUEÑA LOPEZ vs PORVENIR y COLPENSIONES 2

S E N T E N C I A No. 099

La sentencia APELADA y CONSULTADA debe MODIFICARSE, son razones:

En primer lugar, se aborda, conforme la posición mayoritaria de la sala, la consulta de la sentencia, para luego, de ser menester analizar los temas de las apelaciones no resueltos. El aseguramiento pensional, como todo acto negocial dentro del mundo jurídico, está irradiado por el principio de la buena fe (Art.83), con el que de vieja data en los campos del derecho civil y comercial se reclama, la exigencia de brindar en cada caso y de forma suficiente la debida información 1,puntos

principio de la buena fe (Art.83), con el que de vieja data en los campos del derecho civil y comercial se reclama, la exigencia de brindar en cada caso y de forma suficiente la debida información 1,puntos únicos y necesarios para estructurar y lograr un conocimiento informado o ilustrado con el que se pueda ser capaz de generar una libre y voluntaria selección , aspecto de total recibo en el campo pensional a la hora de la escogencia o permanencia en un determinado régimen pensional2. De tal mandato no es ajena la legislación pensional, el artículo 13.2 de la ley 100 de 1993 da cuenta de la libre escogencia al momento de precisar el régimen, lo que de igual forma ocurre en los eventos de traslado de régimen pensional , al punto de considerar su opacidad o ausencia de libre voluntad afectación a los derechos fundamentales de la seguridad social3. La visión o consideración del derecho privado hace relación también con la figura de la inversión de la carga de la prueba, como dinámica heurística procesal, situación que tiene lugar en razón de la asimetría reinante en esas actuaciones, en donde brilla, por un lado, la parte débil, el tomador de seguro, y por el otro, la profesionalización de la entidad de seguros4, motivación por si sola suficiente para acogerla y darle desarrollo en el campo del a seguramiento pensional de la seguridad social, donde la partida también la juegan asimétricos, pero hay que decirlo, acuñan de modo perfecto el

1 El principio de la buena fe como fundamento del deber de información del asegurador, consagrado en la Ley 1328/09, Tamayo

Jaramillo (2011). Libro. Responsabilidad Civil, Derecho de Seguros y Filosofía del derecho : i) “Noción de buena fe : La buena fe se ha consagrado como principio fundamental de derecho. Como tal, se le ha entendido como de orden público, inmodificable y que no puede ser suprimido ni derogado por acuerdo entre las partes. La amplitud y preponderancia de este principio permiten que de él se deriven algunos deberes o reglas de conducta que deben ser observados por las partes contratantes durante el desarrollo de las distintas etapas, tal es el caso de la lealtad contractual. Ello indica que la buena fe obliga a las partes a tener un comportamiento leal entr e sí y que promueve el equilibrio de la relación jurídica contractual al presentarse los contratantes en su verdadera dimensión jurídica y operativa, que viene de ese principio de confianza que un contratante debe tener frente al otro y a las expectativas de di cho contrato y sus resultados”… ii) El legislador colombiano desde muy temprano fijó las reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes, mediante la Ley 153 de 1887; resaltamos los artículos 4 y 8. De allí se desprende que los principios de Derecho cumplen la función de llenar los vacíos de las leyes y de los contratos. Esa función integradora es cumplida también por el principio de la buena fe, el cual por su mismo carácter no requiere ser pactado para que sus efectos operen… iii) Como ya lo hemos mencionado entonces, las reglas surgidas a partir del principio de la buena fe permiten que aun sin expresa manifestación de las partes, como cláusula contractual por ejemplo, afloren conductas necesarias para el adecuado entendimiento entre ellas; como sería el caso del deber de informa ción. Siendo así, no se

del principio de la buena fe permiten que aun sin expresa manifestación de las partes, como cláusula contractual por ejemplo, afloren conductas necesarias para el adecuado entendimiento entre ellas; como sería el caso del deber de informa ción. Siendo así, no se requeriría llevar estas reglas a un texto legal, no obstante lo cual el legislador ha optado en ocasiones por dejar sentadas las mismas, bien por la importancia que les concede, bien por llevarlo mayor claridad a las partes de un contrato o para asociar una determinada sanción en caso de incumplimiento de alguna de ellas.

2 Rad. 31314 de 2008: “La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones pa ra el disfrute pensional. “Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. “Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de conse cuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejerci cio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus benefic ios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

3 T-247

inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

3 T-247 4 doctrinaMARIA FANNY URUEÑA LOPEZ vs PORVENIR y COLPENSIONES

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resultado, las pautas procesales de la negación indefinida, como también lo precisa la jurisprudencia especializada5. Tal encuentro de las sustantividades privadas y de la seguridad social permite entender el ejercicio de la jurisprudencia especializada para comprender no ser la mera firma del formulario de selección o de traslado de régimen pensional, hecho suficiente validador de una voluntad así expresada, se impone la materialidad respecto de la satisfacción de los postulados referenciados, llegando incluso a manifestar como deber de la judicatura la necesidad de escrutarlos cabalmente6, siendo propio señalar que aún en acciones constitucionales ya se reconoce como suceso triunfador el presentarse desconocimiento del precedente judicial estructurado con esas premisas, y por ello el agente decisor da rienda suelta a considerandos absolutorios, sin haber decantación y superación de las motivaciones base del precedente7. Decantado lo anterior, sigue anclar en la discusión el hecho de no entender la justicia constitucional de modo discrecional si no imperativo, dar cumplimiento los agentes del sistema pensional a las obligaciones generadas con los traslados de régimen; el traslado y recibo del afiliado, junto o con todos los derechos pertenecientes al afiliado y no a la aseguradora, (sentencia 177 de 1998), suceso jurídico que aclara por si solo la no ventura de las po siciones o tesis con las cuales se pretende angostar los derechos a que da lugar la ineficacia declarada, sin perder de vista las consecuencias que el derecho

que aclara por si solo la no ventura de las po siciones o tesis con las cuales se pretende angostar los derechos a que da lugar la ineficacia declarada, sin perder de vista las consecuencias que el derecho civil consagra para el actuar ilícito del condenado, circunstancias permisivas entonces para perfilar: i) que la jurisprudencia especializada desde el año 2008, anota la obligación de las administradoras de pensiones privadas trasladar al régimen de prima media los gastos de administración8 ii) no proceder la prescripción como modo extintivo de obli gaciones en caso de afiliación al sistema ni cuando se

5 Sentencia SL 2817/2019: En efecto, en la sentencia referida, la Corte dijo: Según lo expuesto precedentemente, es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez.

Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a quién le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca. En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma corre cta. Entonces, como el trabajador no

obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma corre cta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo. Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado en tre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efecto s negativos de esa decisión. En torno al punto, el artículo 1604 del Código Civil establece que «la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo», de lo que se sigue que es al fondo de pensiones al que corresponde acreditar la reali zación de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado conociera las implicaciones del traslado de régimen pensional. Paralelamente, no puede pasar desapercibido que la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia, en virtud de la cual no es dable exigir a quien está en una posición probatoria complicada –cuando no imposibleo de desventaja, el esclarecimiento de hechos que la otra parte está en mejor posición de ilustrar. En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante

pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cump lió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.

6 Sentencia Rad. 31314 de 2008 7 ST 1391/2020 8 C-177 de 1998: Para que la disposición impugnada no imponga una restricción manifiestamente gravosa al trabajador para acceder a su pensión, debe entenderse que el traslado de las sumas actualizadas por la anterior empresa o caja privada, según el caso, y su recepción p or la EAP, no es discrecional sino que constituye una obligación para las dos entidades. Esto significa que una vez que un trabajador se afilia a la nueva EAP, entonces es deber de la anterior caja o empresa remitir inmediatamente los dineros, y es igualmente obligación de la EAP a la cual se afilió el empleado recibirlos, salvo que exista justa causa comprobada para negarse. Ahora bien, para que esa regla sea operativa y proteja verdaderamente los derechos de los trabajadores, no sólo deben ser sancionadas las omisiones de las entidades en este punto sino que, además, los asalariados deben contar con una acción judicial expedita para que se realice la transferencia.MARIA FANNY URUEÑA LOPEZ vs PORVENIR y COLPENSIONES 4

punto sino que, además, los asalariados deben contar con una acción judicial expedita para que se realice la transferencia.MARIA FANNY URUEÑA LOPEZ vs PORVENIR y COLPENSIONES 4

busca la nulidad del traslado, pues esas acciones son declarativas mas no constitutivas de derechos, que si son los que podrían prescribir. Para el caso vale anotar, la no proscripción de la nulidad del traslado de régimen pensional por el mero hecho de no solicitarse dicha ineficacia antes del término de los 10 años anteriores al cumplimiento de la edad de pensión o de jubilación, lo razona ser lo examinado las condiciones jurídicas del traslado nocivo, el que ocurrió mucho tiempo antes de ese periodo. También cabe señalar la no convalidación de ese vicio con razón u ocasión del silencio o inacción del retracto, todo en razón a lo esencial que es en toda la fenomenología pensional la presencia de la buena fe, echada de menos en ese traslado9. De ahí que, cuando se pregona lo contrario, no darse la debida información, por aquello de la asimetría vista y la presencia de una n egación indefinida 10 se hace menester para la entidad aseguradora, acreditar en juicio la presencia de ese elemento esencial, el que , se repite, no se deduce en todo evento con la simple firma del formulario11.

CASO CONCRETO

Lo que está probado en este proceso, es que tal y como lo certifica la demandada PORVENIR en la historia laboral de folio 19 al 26, la demandante ingresó al régimen de prima media que administraba CAJANAL desde el 30 de septiembre de 1992 al 28 de febrero de 1999 (fl. 19 vlto), para luego

historia laboral de folio 19 al 26, la demandante ingresó al régimen de prima media que administraba CAJANAL desde el 30 de septiembre de 1992 al 28 de febrero de 1999 (fl. 19 vlto), para luego cambiarse al RAIS en la A.F.P. PORVENIR S.A. desde el 01 de abril de 1999 (fl. 106).

Sin que pueda entenderse la no pertenencia al RPM por parte de CAJANAL, pues así lo autorizó la ley 100 de 1993 en su artículo 52 12 cuando habilitó a estas cajas y fondos del sector público para administrar los aportes de este régimen.

Es por ello que conforme posición de la Sala mayoritaria, se hace necesario adicionar lo referente a los gastos de administración que ya fueron analiz ados en líneas anteriores en la resolución de la consulta y que inciden en la respuesta a la apelación presentada por el fondo demandado.

Con lo anteriormente expuesto, queda superada la consulta y el recurso de apelación de PORVENIR respecto la improcedencia de la nulidad del traslado y la apelación de Colpensiones sobre el traslado de los rendimientos y demás dineros de la cuenta del afiliado; pasando la Sala a examinar los motivos de la apelación de la demandada sobre condena en costas.

APELACIÓN:

Respecto la condena en costas a Porvenir, es lo cierto que como parte pasiva en el presente proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, actuar que se materializó oponiéndose a las pretensiones y excepcionando en su contestación (fl. 76), luego no hay duda que hay lugar a la imposición procesal de costas, esto de conformidad con lo reglado en el art. 365 del C.G.P.

y excepcionando en su contestación (fl. 76), luego no hay duda que hay lugar a la imposición procesal de costas, esto de conformidad con lo reglado en el art. 365 del C.G.P.

9 Sentencia de 1944: 10 Sentencia SL 2817 de 2019 11 Sentencia Rad. 31314 de 2008 12 ARTÍCULO 52. ENTIDADES ADMINISTRADORAS. <Ver Notas del Editor> El régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales. Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio de que aquéllos se acojan a cualesquiera de los regímenes pens ionales previstos en esta Ley. Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, estarán sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria<3>.MARIA FANNY URUEÑA LOPEZ vs PORVENIR y COLPENSIONES 5

Por lo expuesto la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE

1. ADICIONAR la sentencia apelada y consultada en el sentido de ORDENAR a PORVENIR, trasladar a COLPENSIONES lo correspondiente a los gastos de administración a cargo.

2. MODIFICAR para adicionar el numeral 4º de l a sentencia apelada y en consecuencia se ordena a PORVENIR la devolución de todos y cada uno de los rendimientos, bonos financieros, gastos de administración y demás

de administración a cargo.

2. MODIFICAR para adicionar el numeral 4º de l a sentencia apelada y en consecuencia se ordena a PORVENIR la devolución de todos y cada uno de los rendimientos, bonos financieros, gastos de administración y demás descuentos que se hayan realizado a los aportes del demandante ; por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. CONFIRMAR la sentencia apelada y consultada en todo lo demás, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

4. COSTAS en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A, y de COLPENSIONES a favor del demandante; las agencias se fijarán en el momento procesal oportuno.

NOTIFÍQUESE

Los Magistrados,

MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO Se suscribe con firma escaneada por salubridad pública (Art. 11 Dcto 491 de 2020)

Salvo voto parcial consulta nulidad Aclaro voto gastos adm.MARIA FANNY URUEÑA LOPEZ vs PORVENIR y COLPENSIONES 6

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI S A L A 1ª DE DECISIÓN L A B O R A L

Ordinario laboral Apelación y Consulta MARIA FANNY URUEÑA en contra de la AFP PORVENIR y COLPENSIONES Radicación N° 015-2018-0607-01

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Ordinario laboral Apelación y Consulta MARIA FANNY URUEÑA en contra de la AFP PORVENIR y COLPENSIONES Radicación N° 015-2018-0607-01

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL A mi juicio no resulta procedente al estudio en grado de CONSULTA de la sentencia proferida en primera instancia, destacando:

1. No ser declarada en sentencia ninguna consecuencia económica en contra de COLPENSIONES, solo recibirá lo que por ley le corresponde.

2. Ser de carácter restrictivo y no extensivo la estimación sobre la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, por lo que debe ser contundente su tipicidad, ya que sin duda esa medida en nada favorece al afiliado, quien ve aplazar la ejecutoria de la sentencia.

3. Nótese que ninguna actividad se le reprocha a Colpensiones y por esa razón, menos podrá darse condena, lo que brilla es de completa ajenidad a su conducta, y de otro lado, todo se acomoda al diseño dual del sistema pensional, y a la obligació n legal que surge para las dos entidades ante los traslados del régimen pensional (C -177/98).

4. En ese evento no se dan los supuestos de los artículos 137 y 138 de la ley 100 de 1993 , en tanto la garantía estatal en nada se efectiviza si no hay condena o consecuencia económica alguna, cosa diferente es, si hay reconocimiento de los derechos pensionales del sistema, que es lo que se echa de menos en la sentencia pues por ahora se trataría de derechos eventuales.

5. Solo se trata de materializar lo que la ley ordena para casos de nulidad, al punto que incluso si el

lo que se echa de menos en la sentencia pues por ahora se trataría de derechos eventuales.

5. Solo se trata de materializar lo que la ley ordena para casos de nulidad, al punto que incluso si el juez no exterioriza los efectos de la nulidad, de todas formas, ellos tienen materialidad al operar ope legis.

6. Es de ver que la orden de invalidar el tras lado al otro sistema, conlleva para COLPENSIONES regularidad en sus finanzas, pues recibe los estipendios económicos capaces y suficientes para soportar y viabilizar sus obligaciones; las que con anterioridad ya tenía como su afiliado original, de modo que esa continuidad en el régimen acompañado de los valores correspondientes, en concreto no reducen por la sola condena pensional, es que, no le corresponde a COLPENSIONES sufragar valor alguno señalado en la sentencia por esa invalidación del traslado, cosa diferente es, si en efecto, hay condena a algún beneficio, cosa que se repite, no existe.MARIA FANNY URUEÑA LOPEZ vs PORVENIR y COLPENSIONES

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Lo anterior toma aún más fuerza con la apelación que presentara COLPENSIONES, pues en este caso tampoco habría con la presentación del recurso de apelación por parte de la entidad accionada, lugar al estudio de la sentencia bajo el grado jurisdiccional de consulta, ello es así por cuanto el recurso de apelación y la consulta tienen un mismo fin, que es la revisión de los errores de las decisiones del juez de instancia, por consiguiente, resultan excluyentes entre sí.

Así lo determinó la Corte Constitucional en sentencia T -1092 de 2012 cuando determinó la incompatibilidad del recurso de apelación con la consulta dentro de los procesos ordinarios de la

Así lo determinó la Corte Constitucional en sentencia T -1092 de 2012 cuando determinó la incompatibilidad del recurso de apelación con la consulta dentro de los procesos ordinarios de la especialidad laboral, veamos:

3.4.4. Para la jurisprudencia de la Corte Constitucional la apelación y la consulta tiene una misma finalidad, que es revisar las decisiones del juez de primera instancia para corregir los errores de esa providencia, y que el fallo que haga tránsito a cosa juzgada se expida conforme al ordenamiento jurídico13. “De ahí que, como lo sostiene un amplio sector de la doctrina procesalista, si la parte en cuyo favor se estableció la consulta recurre en apelación, no es necesaria la misma, pues por sustracción de materia quedaría sobrando”14.

Bajo este supuesto, las herramientas procesales referidas son formas diferentes de agotar el proceso laboral. Así, en el evento en que se tramite y decida el recurso de apelación el juicio ordinario terminará, siempre que no se proponga o proceda la casación. Lo propio ocurre con la consulta, pues dicho instituto procesal es indispensable para que la decisión adoptada por el a-quo, que es totalmente adversa al trabajador o la entidad territorial, quede ejecutoriada, y el proceso llegue a su fin 15. En efecto, ese grado jurisdiccional “es un trámite obligatorio en los casos en que la ley lo exige y que, tratándose del contencioso laboral, dicho grado jurisdiccional deberá inexorablemente surtirse en los eventos de que trata el canon 69 del C.P”16.

La Corte est ima que la consulta y la apelación son excluyentes entre sí, de

del contencioso laboral, dicho grado jurisdiccional deberá inexorablemente surtirse en los eventos de que trata el canon 69 del C.P”16.

La Corte est ima que la consulta y la apelación son excluyentes entre sí, de modo que no proceden de forma simultánea. Es más, el instituto procesal estudiado es independiente de los recursos, por cuanto sobrepasa los factores de competencia17. Además, la consulta no es tá regulada en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo 18, norma que señala cuáles son los recursos existentes para atacar las providencias en los procesos adelantados ante la jurisdicción laboral. Lo expuesto en razón de que “propende por la realización de objetivos superiores como el interés general de la Nación, la consecución de un orden justo y la prevalencia del derecho sustancial”19.

13Sentencia T-364 de 2007 M.P. Jaime Araújo Rentería 14Ibídem. 15Sentencia SU-962 de 1999 M.P. Fabio Morón Díaz y T-842 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 16Sentencia T-364 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto 17Sentencia C-968 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández 18 Artículo 62. diversas clases de recursos. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Contra las providencias judiciales procederán los siguientes recursos. 1. El de reposición; 2. el de apelación; 3. el de súplica. 4. el de casación; 5. el de queja; 6. el de revisión; 7. el de anulación.

reposición; 2. el de apelación; 3. el de súplica. 4. el de casación; 5. el de queja; 6. el de revisión; 7. el de anulación. 19Sentencia T-389 de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto y T-364 de 2007 M.P. Jaime Araújo Rentería.MARIA FANNY URUEÑA LOPEZ vs PORVENIR y COLPENSIONES 8

ACLARACION DE VOTO Respecto a los gastos de administración, a mi juicio, su devolución es consecuencia de la declaratoria de nulidad de traslado, siendo de suyo obligación de la administradora del RAIS al momento de devolver los aportes, asumir éste rubro e igualmente devolv erlo al régimen de prima media con prestación definida.

El Magistrado