TSDJ CTG SL - 13001-31-05-009-2022-00054-01-(08-04-2022)

Magistrado Ponente: FRANCISCO ALBERTO GONZÁLEZ MEDINA Número de Radicación: 13001-31-05-009-2022-00054-01

Tipo de decisión: Revoca sentencia de tutela Fecha de la decisión: 8 de abril de 2022.

Clase y/o subclase de proceso: ACCIÓN DE TUTELA

TEMA: DERECHO FUNDAMENTAL HABEAS DATA.

ACCIÓN DE TUTELA/Alcance y objetivo.

ACCIÓN DE TUTELA/ CARÁCTER RESIDUAL Y SUBSIDIARIO / Es procedente, siempre que en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la tutela judicial de tales derechos y que sea formulada en un término razonable, desde el momento en que acaeció el hecho vulnerador, así que resulta improcede nte cuando es utilizada como mecanismo alternativo de los medios judiciales ordinarios de defensa previsto por la ley o no se interpone guardando el principio de inmediatez que lo reviste.

ACCIÓN DE TUTELA/PROTECCIÓN AL DERECHO DE HABEAS DATA /La Corte Constitucional ha establecido que constituye un presupuesto imprescindible para el ejercicio de la acció n de tutela en materia de protección al derecho de habeas data, que el afectado haya solicitado la aclaración, corrección, rectificación o actualización del dato o de la información que considera errónea, previo a la interposición del mecanismo de amparo constitucional.

CADUCIDAD DEL REPORTE NEGATIVO /Con la entrada en vigencia de la Ley 2157 de 2021 frente a las obligaciones insolutas no se requiere que transcurra primero el término de prescripción como medio extintivo de obligación para contabilizar el

CADUCIDAD DEL REPORTE NEGATIVO /Con la entrada en vigencia de la Ley 2157 de 2021 frente a las obligaciones insolutas no se requiere que transcurra primero el término de prescripción como medio extintivo de obligación para contabilizar el término de caducidad del reporte negativo, puesto que la norma es clara y contundente en señalar que la contabilización del término de caducidad debe realizarse a partir de la mora de la obligación, especificándose diamantinamente que el término lo sería por tan solo 8 años.

FUENTE FORMAL/Artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, Ley 2157 de 2021.

FUENTE JURISPRUDENCIAL/ CSJ STL 3125-2018, T-883-2013, T-176A de 2014, T490 de 2018, T-509-2020, T-414 de 1992, C -1011 de 2008, C282 de 2021 , T 164 de 2010.República de Colombia Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Cartagena, ocho (8) de abril del año dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: Dr. FRANCISCO ALBERTO GONZÁLEZ MEDINA Radicación: 13001-31-05-009-2022-00054-01

Tema: DERECHO FUNDAMENTAL HABEAS DATA.

1. PARTES

Accionante: MICHELLE ECHENIQUE TORRES

Accionado: CISA-CENTRALES DE INVERSIONES S.A.

Tema: DERECHO FUNDAMENTAL HABEAS DATA.

1. PARTES

Accionante: MICHELLE ECHENIQUE TORRES

Accionado: CISA-CENTRALES DE INVERSIONES S.A.

Vinculado: INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y

ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOS-ICETEX.

2. OBJETO

Resuelve la Sala Cuarta Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena la impugnación presentada por la parte accionante, contra el fallo de fecha siete (7) de marzo de dos mil veintidós (, proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cartagena, por medio del cual resolvió negar el amparo de derechos invocados.

3. ANTECEDENTES

3.1. Pretensiones

MICHELLE ECHENIQUE TORRES, impetró acción de tutela en nombre propio donde solicitó el a mparo de su derecho fundamental al habeas data, en consecuencia, se ordene a CISA -CENTRAL DE INVERSIONES S.A., actualizar la información reportada en las centrales de riesgo Datacrédito y sifin.IMPUGNACIÓN DE TUTELA

MICHELL ECHENIQUE MONTES VS CISA E ICETEX

RAD: No. 13001310500920220005400

3.2. Hechos

Manifestó la accionante que adquirió una obligación con ICETEX para crédito educativo en el año 2008, incurriendo en mora a partir del mes de abril de ese mismo año, siendo reportada en centrales de riesg o. Explicó que ICETEX vendió su

Manifestó la accionante que adquirió una obligación con ICETEX para crédito educativo en el año 2008, incurriendo en mora a partir del mes de abril de ese mismo año, siendo reportada en centrales de riesg o. Explicó que ICETEX vendió su cartera a CISACENTRAL DE INVERSIONES entre ellos, el crédito de la accionante, en diciembre de 2017, data para la cual la deuda contaba con más de 4 años.

Explicó que previamente presentó tutela con radicación N° 13001310500520210039600, para pedir la protección de su derecho de habeas data, exigiendo que se ordenara a CISA eliminar información negativa reportada a centrales de riesgo, la cual fue despachada desfavorablemente por no satisfacer el presupuesto de subsidiariedad en vista que no se había agotado el requisito previo como era la reclamación en sede de la accionada. En atención a ello y en aras de subsanar, radicó ante CISA en fecha 28 de enero de 2022 petición echada de menos en la primera tutela, siendo despacha da desfavorablemente mediante respuesta adiada 9 de febrero del año en curso por la accionada, en vista que ICETEX no indicó fecha del reporte negativo al momento de la compra de cartera, realizándose “cambio de reportante ”, subsistiendo la obligación al r ealizarse la compra en el año 2017, razón por la cual la invitaban a ponerse al día.

Finalmente manifestó la accionante que por todo lo narrado solicita nuevamente que le sea amparado el derecho fundamental de habeas data por cuanto la obligación caducó, existen nuevos hechos y por tanto no hacen tránsito a cosa juzgada, pues no es admisible que se presenten estas estrategias para hacer

nuevamente que le sea amparado el derecho fundamental de habeas data por cuanto la obligación caducó, existen nuevos hechos y por tanto no hacen tránsito a cosa juzgada, pues no es admisible que se presenten estas estrategias para hacer extensivas e imprescriptibles las obligaciones.

3.3. Actuación Procesal

Por medio de auto adiado veintidós (22) de febr ero de 2022, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cartagena, admitió la acción de tutela contra la CISA-CENTRAL DE INVERSIONES S.A, y vinculó al MINISTERIO DE HACIENA Y CRÉDITO PÚBLICO y al INSTITUTO COLOMBIANA DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOS -ICETEX; además ordenó su notificación a los sujetos procesales antes reseñados con el fin de que se pronunciaran, sobre los hechos planteados por el accionante en el término de cuarenta y ocho (48) horas. Adicionalmente por auto de fecha tres (3) de marzo de 2022, ordenó la vinculación P á g i n a 2 | 10IMPUGNACIÓN DE TUTELA

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de CIFIN y DATACREDITO a fin que rindieran informe sobre los hechos de tutela, esta vez, en tun término de 24 horas.

3.4. Contestación de tutela

Ministerio De Hacienda Y Crédito Público : A través de su delegada solicitó su desvinculación del trámite de tutela por existir una ausencia de legitimación en

3.4. Contestación de tutela

Ministerio De Hacienda Y Crédito Público : A través de su delegada solicitó su desvinculación del trámite de tutela por existir una ausencia de legitimación en la causa por pasiva y no haber vulner ado derecho alguno. Explicó que, si bien CISA es una entidad vinculada al ministerio, cuenta con personería jurídica autonomía administrativa y patrimonio independiente, por lo que ejerce sus funciones autónomamente, conforme a lo dispuesto armónicamente e n los artículos 5, 39 y 105 de la Ley 489 de 1998.

Icetex: a través de su apoderada judicial solicitó se negara el amparo, al no haber vulnerado los derechos de la accionante. Fundó su petición en que indicó que MICHELL ECHENIQUE MONTES, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1128059177, registra como beneficiario del crédito ID. 393372, otorgado mediante la modalidad PREGRADO MP, trasladado a etapa final de amortización el 18/06/2013, con un saldo total de$4.299.667,73, compuesto por un saldo capita l adeudado ($3.465.009,27) más el saldo de intereses corrientes causados durante la época de estudios ($834.658,46), conformándose un nuevo capital sobre el que se genera el plan de amortización. Adicionalmente se ingresó en el rubro otros conceptos un saldo de $1.165.727,40, correspondiente saldo del Aporte al fondo de invalidez y muerte y monto de intereses vencidos, registrados a la fecha del paso a cobro, frente a los cuales se adelantaron las correspondientes gestiones de cobro, incluso retención de ingresos al empleador, sin que exista pago alguno.

invalidez y muerte y monto de intereses vencidos, registrados a la fecha del paso a cobro, frente a los cuales se adelantaron las correspondientes gestiones de cobro, incluso retención de ingresos al empleador, sin que exista pago alguno.

Esta obligación fue vendida a CISA (Central de Inversiones) en el mes de diciembre del año 2017 mediante contrato de compraventa de cartera N° 20170475, con una mora de 1603 días. Añadió que la citada obli gación pertenece a la categorización N° 2, esto es, sin riesgo de prescripción por existir algún evento que haya permitido su interrupción, sin recaudo entre los años 2013 y 2017, con títulos originales e inicio de mora en junio de 2013 y con recaudo entre 2013 y 2017 pero sin títulos originales. Por último, que ante la venta de cartera no es la responsable del reporte negativo de la accionante.

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CISA CENTRAL DE INVERSIONES S.A, CIFIN S.A, (hoy TransUnion) y a la entidad DATACRÉDITO (Experian Colombia S.A.), pese a la notificación del auto admisorio y de vinculación, no rindieron el informe requerido.

4. Sentencia De Primera Instancia

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia del siete (7) de marzo de 2022, no concedió la protección al derecho de habeas data.

4. Sentencia De Primera Instancia

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia del siete (7) de marzo de 2022, no concedió la protección al derecho de habeas data. Basó su decisión en que la caducidad del dato negativo por extinción de la obligación, depende, para este caso, de la prescripción de la misma, de la declaratoria de prescripción de la obligación, la cual escapa de la órbita del juez de tutela y corresponde al juez ordinario.

5. Impugnación de tutela

La accionante inconforme con la decisión de primera instancia impugnó la misma, haciendo énfasis en que no hace falta que medie una declaración de prescripción para efectos de la caducidad de la información negativa en Datacrédito, tal como lo señaló la Corte constitucional en la sentencia T -164 de 2010, puesto que la ley 2157 del 29 de octubre de 2021 indica que aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones caducarán una vez cumplido el término de ocho (8) años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación; cumplido este término deberán ser eliminados de la base de datos.

6. CONSIDERACIONES 6.1. Marco Jurídico 6.1.1. Constitución Política, artículo 86

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un pr ocedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actué en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”

por quien actué en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”

6.2. Caso en concreto

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Sea lo primero precisar, que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política ti ene como objetivo la “protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública, o de un particular en los términos que e stablece la Constitución y la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (CSJ STL 3125-2018).

De lo anterior se desprende que tiene un carácter residual y subsidiario, siendo procedente, siempre que en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la tutela judicial de tales derechos y que sea formulada en un término razonable, desde el momento en que acaeció el hecho vulnera dor, así que resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de los medios judiciales ordinarios de defensa previsto por la ley o no se interpone guardando el principio de inmediatez que lo reviste. Pues, no siempre el juez de tutela es el primer llamado a proteger los derechos constitucionales, toda vez, que

medios judiciales ordinarios de defensa previsto por la ley o no se interpone guardando el principio de inmediatez que lo reviste. Pues, no siempre el juez de tutela es el primer llamado a proteger los derechos constitucionales, toda vez, que su competencia es secundaria, es decir, procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial comprobada eficacia que permita el cese inmediato de la amenaza o vulneración de l derecho, ante la acreditación de un perjuicio irremediable.

Como primer punto relevante, para esta Sala se cumple el requisito de subsidiariedad en vista que el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, ha dispuesto que la acción de tutela procede “contra q uien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución”. Atendiendo al contenido de dicha norma y a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, la Corte Constitucio nal ha establecido en sendas sentencias, entre ellas la T -883-2013, la T-176A de 2014, la T -490 de 2018 y recientemente en la T -509-2020, que constituye un presupuesto imprescindible para el ejercicio de la acción de tutela en materia de protección al dere cho de habeas data, que el afectado haya solicitado la aclaración, corrección, rectificación o actualización del dato o de la información que considera errónea, previo a la interposición del mecanismo de amparo constitucional. Presupuesto que se cumple a c abalidad conforme a solicitud adiada 28 de enero de 2022 (fol. 16 archivo 02rpuebas).

interposición del mecanismo de amparo constitucional. Presupuesto que se cumple a c abalidad conforme a solicitud adiada 28 de enero de 2022 (fol. 16 archivo 02rpuebas).

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En el caso de marras la impugnante insiste en e l retiro de su reporte negativo de las centrales de riesgo por la obligación insoluta adquirida con ICETEX y vendida posteriormente a CISA, en vista que habían trascurrido más de 8 años desde que se constituyó en mora, por ende, operaba la caducidad del re porte negativo en virtud de la Ley 2157 de 2021.

La Corte Constitucional, consciente de la necesidad de establecer un término luego del cual la información recolectada debía ser eliminada de las bases de datos, señaló en la Sentencia T -414 de 1992, que el dato personal, en razón a los principios de oportunidad, necesidad y veracidad, está sujeto a “una vigencia limitada en el tiempo la cual impone a los responsables o administradores de bancos de datos la obligación ineludible de una permanente actualizaci ón a fin de no poner en circulación perfiles de personas virtuales que afecten negativamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales.” concluyendo que “las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennida d y, en consecuencia, después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido ” criterio reiterado

personas reales.” concluyendo que “las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennida d y, en consecuencia, después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido ” criterio reiterado en sentencia C-1011 de 2008 y C282 de 2021.

Así, ante la falta de regulación al año 1992 la Corte Constitucional estableció reglas para determinar la caducidad del dato financiero negativo, en las sentencias SU-082 y SU -089 de 1995, sujeto a la oportunidad del pago, existencia de proceso ejecutivo y prosperidad de la excepción de prescripción. Mas adelante en sentencia T 487 de 2004, contempló la caducidad del reporte negativos para aquellos eventos donde no existiera pago, por un término de 10 años (similar al termino de prescripción de la acción ordinaria), término que más adelante vino a ser modulado por la Ley 1266 de 2008.

Posteriormente, en sentencia T 164 de 2010, la Corte Constitucional sentenció que no se necesita de una efectiva declaración judicial de prescripción para poder proteger el derecho fundamental al hábeas data. Concluyó que si bien el cómputo del término d e caducidad del dato financiero negativo cuando no hay pago de la obligación depende necesariamente de la verificación del fenómeno que dio lugar a su extinción, es deber del juez de tutela, en aras de garantizar la protección efectiva a dicho derecho, emp lear todas las facultades probatorias con las que dispone para determinar (i) el momento de exigibilidad de la obligación incumplida objeto del reporte negativo, y desde ahí (ii) examinar si ha efectivamente transcurrido el plazo

dicho derecho, emp lear todas las facultades probatorias con las que dispone para determinar (i) el momento de exigibilidad de la obligación incumplida objeto del reporte negativo, y desde ahí (ii) examinar si ha efectivamente transcurrido el plazo señalado por la ley para la extinción de la obligación por el fenómeno de la

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prescripción liberatoria. Adicionó que luego de encontrar que dicho término (10 años) haya transcurrido, deberá verificar que hayan pasado más de 4 años desde aquel momento, para poder conceder la protección al derecho al hábeas data a deudores que se hayan sustraído de manera permanente de sus obligaciones crediticias. Estimándose por el alto tribunal que una entidad vulnera el derecho fundamental al hábeas data de una persona cuando mantiene un reporte negativo de ella por un término superior a 4 años, contado a partir del momento de extinción de la obligación por prescripción liberatoria.

No obstante lo anterior, con la Ley 2157 de 2021, mejor conocida como “ley de borrón y cuenta nueva ”, por medio del cual se modificó y adicionó tres parágrafos al artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, el legislador, concretamente en el parágrafo primero, señaló que: “El dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones caducarán una vez

primero, señaló que: “El dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones caducarán una vez cumplido el términ o de ocho (8) años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación; cumplido este término deberán ser eliminados de la base de datos”

Así las cosas, con la entrada en vigencia de la citada ley frente a las obligaciones insolutas no se requiere que transcurra primero el término de prescripción como medio extintivo de obligación para contabilizar el término de caducidad del reporte negativo, puesto que la norma es clara y contundente en señalar que la contabilización del término de caduci dad debe realizarse a partir de la mora de la obligación, especificándose diamantinamente que el término lo sería por tan solo 8 años.

En claridad de la viabilidad de la caducidad del reporte negativo, al revisar el expediente se encuentra probado que l a demandante adquirió un crédito estudiantil con ICETEX desde el 2008, con referencia No. 0171272786 -8 ID 393372, vendida a CISA (Central de Inversiones) en el mes de diciembre del año 2017 mediante contrato de compraventa de cartera No 2017 -0475. Se tiene certeza que previo a la venta el crédito fue trasladado a etapa final de amortización el 18 de junio de 2013 con un saldo total de $4.299.667,73, compuesto por un saldo capital adeudado ($3.465.009,27) más el saldo de intereses corrientes causados durante la época de

saldo total de $4.299.667,73, compuesto por un saldo capital adeudado ($3.465.009,27) más el saldo de intereses corrientes causados durante la época de estudios ($834.658,46), los cuales conformaron un nuevo capital sobre el que se genera el plan de amortización, monto frente al cual no existe cobro judicial y P á g i n a 7 | 10IMPUGNACIÓN DE TUTELA

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tampoco pago de la accionante, por así asegurarse por ICETEX en su informe y desprenderse de la respuesta de la accionada CISA a la petición de la actora de enero de 2022.

Por tal razón, se comprueba que por lo menos a l 18 de junio de 2013, la demandante se constituyó en mora y en virtud de ello fue reportada a las centrales de riesgo, reporte que se encuentra vigente conforme al informe de ICETEX, pero ahora teniendo como reportante a la accionada CISA. Demostrándose q ue desde esa data de constitución en mora a la fecha de presentación de la acción de tutela han trascurrido más de 8 años, por tal razón se constata que la accionada CISA vulnera el derecho fundamental al hábeas data de la accionante al mantener un reporte negativo de ella por un término superior al establecido en la ley 2157 de 2021 y en esa medida habrá de ampararse el derecho en cita de la actora.

Por lo anterior se concederá la acción de tutela, y para tal fin se ordenará a la accionada CISA a retira r reporte negativo de la accionante con referencia No.

Por lo anterior se concederá la acción de tutela, y para tal fin se ordenará a la accionada CISA a retira r reporte negativo de la accionante con referencia No. 0171272786-8 ID 393372 adquirida con ICETEX y posteriormente vendida a aquella mediante contrato de compraventa de cartera No 2017 -0475, para lo cual se concederá un término de cuarenta y ocho (48) hor as, contados a partir de la notificación de esta sentencia. Tal protección amerita impartir como orden a las centrales de riesgo vinculadas a este trámite tutela de que una vez comunicado por CISA el retiro del reporte negativo de la accionante identificad o líneas arriba, CIFIN S.A, (hoy TransUnion) y la entidad DATACRÉDITO (Experian Colombia S.A.), deberán proceder de conformidad, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, esto es, eliminar de la base de datos el reporte negativo en comento.

No sobra advertir que la verificación de la caducidad del dato financiero no implica, de ninguna manera, declaratoria judicial alguna sobre la prescripción de la obligación.

Por lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha siete (7) de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cartagena, dentro de la

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proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cartagena, dentro de la

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acción de tutela impetrada por MICHELLE ECHENIQUE TORRES contra CISACENTRAL DE INVERSIONES S.A, en su lugar se dispone: a. CONCEDER el amparo del derecho fundamental de habeas data de la accionante. b. ORDENAR A accionada CISA, CENTRAL DE INVERSIONES S.A a retirar reporte negativo de la accionante de la obligación con referencia No. 0171272786-8 ID 393372 adquirid a con ICETEX y posteriormente vendida a aquella mediante contrato de compraventa de cartera No 2017 -0475, para lo cual se concederá un término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta sentencia. c. ORDENAR a CIFIN S.A, ( hoy TransUnion) y la entidad DATACRÉDITO (Experian Colombia S.A.), que una vez sea remitida la comunicación de retiro de reporte negativo de la accionante de la obligación con referencia No. 0171272786-8 ID 393372 adquirida con ICETEX y posteriormente vend ida a aquella mediante contrato de compraventa de cartera No 2017 -0475, deberá eliminar de la base de datos el citado reporte, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas.

SEGUNDO: ORDENAR a accionada CISA, CENTRAL DE INVERSIONES S.A y las

eliminar de la base de datos el citado reporte, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas.

SEGUNDO: ORDENAR a accionada CISA, CENTRAL DE INVERSIONES S.A y las vinculadas CIFIN S.A, (hoy TransUnion) y la entidad DATACRÉDITO (Experian Colombia S.A.), remitir a la mayor brevedad constancia del cumplimiento de tutela.

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes por el medio más eficaz y expedito y ENVÍESE el exped iente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTÍQUESE Y CÚMPLASE

FRANCISCO ALBERTO GONZÁLEZ MEDINA

Magistrado Ponente

JOHNNESSY DEL CARMEN LARA MANJARRÉS

Magistrada (ausencia justificada)

MARGARITA MÁRQUEZ DE VIVERO

Magistrada

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Firmado Por:

Francisco Alberto Gonzalez Medina Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Sala 004 Civil Laboral Tribunal Superior De Cartagena - Bolivar

Margarita Isabel Marquez De Vivero Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Sala 003 Laboral Tribunal Superior De Cartagena - Bolivar

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