TSDJ CUN SCF - 25386-31-03-001-2018-00217-01-(19-08-2022)

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

CUNDINAMARCA

SALA CIVIL – FAMILIA

Bogotá D.C., agosto diecinueve de dos mil veintidós.

Magistrado Ponente : JUAN MANUEL DUMEZ ARIAS Radicación : 25386-31-03-001-2018-00217-01

Aprobado : Sala No. 21 del 11 de agosto de 2022.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra la sentencia proferida por el juzgado civil del circuito de La Mesa el 20 de septiembre de 2021.

ANTECEDENTES

1. Belky Jazmín Cáceres López y Luz Dary Becerra demandaron a Cecilia Cantor Sánchez para que se declare que aquella como promitente compradora incumplió el contrato de promesa de compraventa que celebró con las demandantes, promitentes vendedoras, sobre el bien

inmueble ubicado en el municipio de La Mesa, Barrio Pajonales, calle 5a bis No. 3-50 (lote 1)-, con un área de construcción aproximada de 134,99 m2, cuyos linderos se encuentran en la escritura pública No. 3072 del 26 de diciembre de 2016 de la notaría única de La Mesa e identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 166-88446 de la oficina de registro de instrumentos públicos de la misma municipalidad y que como consecuencia se decrete la resolución del contrato, se le ordene la restitución del bien prometido en venta, el pago de los frutos civiles y de la cláusula penal pactada.

instrumentos públicos de la misma municipalidad y que como consecuencia se decrete la resolución del contrato, se le ordene la restitución del bien prometido en venta, el pago de los frutos civiles y de la cláusula penal pactada.

Relatan que son propietarias de “una casa ubicada en el municipio de La Mesa-Cundinamarca en el Barrio Pajonales, en la calle 5a Bis No. 3-50 (Lote 1), con un área de construcción aproximada de 134,99 m2, cuyos linderos se encuentran registrados en la Escritura Pública No. 3072 del fecha 26 de diciembre de 2016 de la Notaría Única del Círculo Notarial de La Mesa-Cundinamarca; predio identificado con el número de matrícula inmobiliaria No. 166-88446 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La MesaCundinamarca”.

Que en escrito del 13 de diciembre de 2017 las demandantes y demandada suscribieron contrato de promesa de compraventa sobre el bien inmueble antes descrito, en el que acordaron como precio de la venta la suma de $150’000.000 de pesos m/cte., “pagaderos de la siguiente manera: la suma de treinta y cinco millones ($35’000.000) a la firma de la promesa de compraventa, es decir, el día 13 de diciembre de 2017, los cuales efectivamente se cancelaron en dinero en efectivo por parte de la promitente compradora en la notaría única del círculo notarial de la Mesa Cundinamarca. El saldo, es decir, la suma de CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($115.000.000) debía ser pagado por la promitente compradora el día 10 de agosto de 2018, previa la firma de la escritura pública de

la suma de CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($115.000.000) debía ser pagado por la promitente compradora el día 10 de agosto de 2018, previa la firma de la escritura pública de compraventa en la notaría única del círculo notarial de La Mesa Cundinamarca.”

Que el 9 de agosto de 2018 la promitente compradora manifestó que no podría realizar el pago el 10 de agosto siguiente como estaba acordado, por lo que suscribieron un otrosí al contrato de promesa en el que la demandada “se comprometió a realizar el pago del saldo del precio del inmueble el día 19 de octubre de 2018, más un interés de tres millones de pesos ($3.000.000). es decir, el día 19 de octubre de 2018, la promitente compradora se obligó a pagar la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($118.000.000). Igualmente se pactó en el mencionado documento modificatorio, que una vez cancelado el saldo por la promitente compradora se procedería a la firma de la Escritura Pública en la notaría única del círculo notarial de La Mesa Cundinamarca”.

Llegado el 19 de octubre de 2018 la promitente compradora incumplió con su obligación de pagar el saldo del precio en los términos convenidos en el contrato de promesa y el otrosí. “Actualmente la casa prometida en venta se encuentra en poder de la demandada, por cuanto en la promesa de compraventa de fecha 13 de diciembre de 2017 (clausula quinta), se pactó la entrega para ese mismo día, lo que efectivamente fue cumplido a cabalidad por mis representadas”, a quienes no les asiste el interés de

compraventa de fecha 13 de diciembre de 2017 (clausula quinta), se pactó la entrega para ese mismo día, lo que efectivamente fue cumplido a cabalidad por mis representadas”, a quienes no les asiste el interés de vender el inmueble prometido en venta a la demandada, debido a su incumplimiento; y que en2

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el contrato se pactó como cláusula penal pecuniaria por incumplimiento la suma de $15’000.000 de pesos M/Cte.

2. Trámite.

Al ser admitida en proveído del 19 de febrero de 2019 se ordenó la inscripción de la demanda en el folio de matrícula respectivo; y aunque posteriormente solicitó la parte actora se modificara el auto admisorio para inscribir la medida cautelar en otro folio de número 166103496 que se dijo correspondía ahora al inmueble objeto del contrato, la petición fue negada, mediante proveído de 18 de julio de 2019, en tanto, la modificación “no se encuentra contemplada en la codificación colombiana”

Notificada la demandada contestó oponiéndose a las pretensiones y excepcionando de mérito:

(i) “Incumplimiento de ambas partes en la obligación de formalizar la escritura pública”, que fundamentó en que “la parte actora, debe demostrar que compareció a la Notaría Única del Círculo de La Mesa, Cundinamarca, en el horario de las ocho de la Mañana (8 AM) hasta las cinco de la tarde (5PM) habida cuenta que no se fijó una hora exacta para tal fin” y como así no fue, se aplica la excepción de contrato no cumplido prevista en el artículo 1609 del C.C.

cuenta que no se fijó una hora exacta para tal fin” y como así no fue, se aplica la excepción de contrato no cumplido prevista en el artículo 1609 del C.C.

(ii) “El inmueble objeto de la promesa de compraventa es distinto al poseído y entregado por la parte actora a la parte demandada”, en virtud de que “el inmueble prometido en venta, es totalmente distinto al inmueble del cual son actualmente titulares las demandantes, quienes ostentan la titularidad de la casa número 1, desde el día 13 del mes de febrero de 2018, fecha en la cual la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Mesa, Cundinamarca, activo el folio de matrícula inmobiliaria número 166-1034596”1.

Decretadas y practicadas las pruebas, entre estas el interrogatorio a las partes y el dictamen pericial que se decretó de oficio a efectos de determinar los frutos y mejoras, se adelantó la audiencia de que trata el artículo 373 del C.G.P., se corrió traslado para alegar de conclusión y emitió el fallo de instancia inicial.

3. La sentencia apelada.

La jueza de instancia encontró no probadas las excepciones y acogió las pretensiones , declaró el incumplimiento de la promitente compradora , decretó la resolución del contrato de promesa, ordenó restituciones mutuas , condenando a la demandada a entregar el inmueble prometido y pagar el valor de la cláusula penal por incumplimiento.

Consideró que el contrato de promesa celebrado el 13 de diciembre de 2017 cumplía con las exigencias legales, entre ellas la identificación del inmueble objeto de la venta, debatida como

Consideró que el contrato de promesa celebrado el 13 de diciembre de 2017 cumplía con las exigencias legales, entre ellas la identificación del inmueble objeto de la venta, debatida como excepción de mérito, pues de “las pruebas recaudadas, concretamente de la confesión obtenida mediante interrogatorio de parte, se pudo establecer que la parte demandada conocía, estaba plenamente consciente y sabía cuál era el inmueble que estaba adquiriendo, que se le estaba prometiendo en venta, puesto que afirma entonces que le vendieron o le prometieron un inmueble con un folio de matrícula distinto y que no coincide entonces con el actual”.

Agregó, que “nunca hubo discusión respecto de que materialmente el inmueble fuera otro del que se prometió y entregó efectivamente a la promitente compradora o que por error la demandada pensara que lo que se estaba prometiendo en venta era el predio de mayor extensión, es decir, las dos casas que conformaban antiguamente el predio de mayor extensión, más aún cuando ésta tenía conocimiento, la demandada tenía pleno conocimiento del proceso de desenglobe que se llevaría a cabo”.

Que la demandada promitente compradora inobservó su obligación contractual de pagar el saldo del precio, pues no “cumplió como promitente compradora que era, lo cual entonces relevó a la demandante de comparecer posteriormente a la suscripción de la escritura pública de compraventa a la notaría, y teniendo en cuenta que se trataba de obligaciones sucesivas, tiene lugar las condiciones para declarar el incumplimiento”.

En síntesis, la promesa cumplía los requisitos de constar por escrito, de fijar fecha cierta para la celebración del contrato, modificada posteriormente a través de otrosí, no había causal de

incumplimiento”.

En síntesis, la promesa cumplía los requisitos de constar por escrito, de fijar fecha cierta para la celebración del contrato, modificada posteriormente a través de otrosí, no había causal de ineficacia que afectara el negocio, “toda vez que pese a que la parte demandada propuso la excepción "el

1 Fl. 228 a 231. 01Cuad.Principal.3

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inmueble objeto de promesa de compraventa es distinto al poseído y entregado por la parte actora a la parte demandada", haciendo referencia a que se trata de inmueble diferente, lo cierto es entonces que no ha habido debate sustancial en cuanto precisamente a esa identidad, pues la misma demandada emprendió las obras de mejoras al predio sin reclamar en algún momento el supuesto inmueble de mayor extensión”.

Probado el incumplimiento pues “de la lectura e interpretación de la promesa objeto de este proceso, nos encontramos entonces frente a obligaciones sucesivas, como quiera que las planteadas en el cuerpo de la promesa no debían realizarse en un mismo acto sino por el contrario de manera sucesiva”., y debían satisfacerse en primer lugar las de pago del primer instalamento del precio y de entrega del bien inmueble, observadas oportunamente, seguidamente vendría el pago del saldo del precio, en la fecha convenida y por último, la suscripción del contrato prometido.

Y que la “la tercera obligación a cumplir según los plazos mencionados estaba en cabeza de Cecilia Cantor Sánchez, sin que haya realizado el pago por valor de $118.000.000 de pesos el 9 de octubre de 2018, hecho que se prueba por los medios probatorios correspondientes a la confesión realizada al responder el hecho 6to de la

Sánchez, sin que haya realizado el pago por valor de $118.000.000 de pesos el 9 de octubre de 2018, hecho que se prueba por los medios probatorios correspondientes a la confesión realizada al responder el hecho 6to de la demanda, donde puntualizó que efectivamente el 19 de octubre de 2018 no se cumplió con el pago del saldo”, siendo innecesario analizar la inasistencia de las partes a la notaría en la fecha para la celebración de la venta, dado el incumplimiento previo de la promitente compradora, que daba paso a la resolución.

Ordenó la restitución del inmueble prometido por la promitente compradora, la devolución por la demandantes de la parte del precio pagada indexada, el pago de frutos a favor de las demandantes en proporción a la parte del precio no pagada, tomando como base la estimación hecha por el perito y concedió a la demandada la opción de retirar las mejoras útiles, sin detrimento del bien, a menos que la promitentes vendedoras optaran por pagar el precio correspondiente de las mismas y la condenó al pago de la cláusula penal y las costas.

4. La apelación.

La demandada recurre en apelación señalando que la decisión “no consulta la verdad jurídicoprobatoria, conforme a la ley”, cuestiona que se tuviera por acreditada la identidad del inmueble prometido en venta, porque “la demandada conocía la situación jurídica del inmueble en litigio, olvidando entonces que el conocimiento jurídico de los inmuebles tiene tarifa legal, por lo tanto no es aceptable, el conocimiento de vista, menos la prueba testimonial”.

Sostiene que la decisión, de un lado, “no consulta la ley”, porque “en el expediente existe certificación

conocimiento de vista, menos la prueba testimonial”.

Sostiene que la decisión, de un lado, “no consulta la ley”, porque “en el expediente existe certificación notarial donde se da cuenta que la demandante fue incumplida”, a pesar de lo cual el juez “oficiosamente califica de mala fe y a culpa de esto cobra frutos civiles de un predio que cuando se entregó a la compradora como esta probado en el trabajo hecho por perito competente no generaba el fruto”; por otro, que “carece de justicia”, pues “está probado el incumplimiento de la demandante, por lo tanto, al incumplido no le es dable pedir cumplimiento a la demandada, repito víctima, con este fallo se revictimiza”.

Y se incurrió en “violación de la ley por vías de hecho”, en tanto, la sentencia “no consulta el sistema probatorio de forma integral, para el suscrito, está debidamente probado el incumplimiento de la demandante, más aún de esto no se hace mención, este yerro genera incongruencia en vía del debido proceso”.

La parte demandante aboga por la confirmación de la decisión, sostiene que en la promesa de compraventa se hizo mención al número de matrícula inmobiliaria 166-88446 porque efectivamente ese número correspondía en su momento al predio de mayor extensión donde se ubicaba la casa que se prometió en venta, lo cual era de conocimiento de la promitente compradora y “al momento de recibir físicamente el inmueble, la señora Cecilia no manifestó reparo alguno frente a las características inmobiliarias del bien que se comprometió a adquirir, de tal manera que fácil es colegir su peno conocimiento del negocio y la voluntad que tenía de finiquitarlo. Tan es así que, sobre el inmueble

frente a las características inmobiliarias del bien que se comprometió a adquirir, de tal manera que fácil es colegir su peno conocimiento del negocio y la voluntad que tenía de finiquitarlo. Tan es así que, sobre el inmueble realizaron mejoras.” Que lo pretendido con ese argumento era justificar el incumplimiento de la demandada al desistir de pagar lo que le correspondía. Además, al incumplirse la obligación de pago por la promitente compradora, las demandadas “no tenían la obligación de proceder con la escrituración del predio”.

CONSIDERACIONES

1. Fuente de las obligaciones es el contrato o acuerdo de voluntades destinado a crearlas; el artículo 1495 del Código Civil expresamente señala que “las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas como en los contratos o convenciones...”.4

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Relevada importancia se le otorga a tal tipo de convención, pues dispone el legislador en el artículo 1602 ídem que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causales legales”.

Y en caso de incumplimiento contractual, la ley faculta al contratante cumplido a reclamar o bien la resolución del convenio o su cumplimiento forzado, en ambos casos, con indemnización de los perjuicios causados; así lo señala el artículo 1546 del código civil que consagra la condición resolutoria tácita, propia de los contratos bilaterales como lo es el de promesa de compraventa acá demandado en soporte de la pretensión resolutoria.

2. La solución de la alzada.

consagra la condición resolutoria tácita, propia de los contratos bilaterales como lo es el de promesa de compraventa acá demandado en soporte de la pretensión resolutoria.

2. La solución de la alzada.

2.1. En la demanda que la sentencia recurrida respondió, pretendían las demandantes resolver el contrato de promesa de compraventa celebrado el 13 de diciembre de 2017, junto con el otrosí firmado el siguiente 9 de agosto de 2018, para que se ordenara volver las cosas al estado en que se encontraban antes de suscribirlo, restituyéndose a las promitentes compradoras el bien inmueble objeto de la promesa, junto con los frutos correspondientes al tiempo de la entrega y por el tiempo en que permaneció en poder de la demandada, así como la indemnización de perjuicios por incumplimiento con aplicación de la cláusula penal convenida.

La jueza accedió a las pretensiones, descartó la configuración de las excepciones planteadas y encontró configurados los requisitos propios de la acción resolutoria, como el apelante discute en primera medida que estuviese establecida en la promesa la plena identidad del inmueble objeto del contrato de promesa y con ello el cumplimiento del contrato de promesa de todas las exigencias legales para su eficacia, y es ese un examen oficioso que debe el juez de instancia emprender y superar para pasar al estudio de los demás requisitos de la pretensión, se inicia la alzada con ese estudio determinante para las restantes alegaciones y la solución del recurso.

2.2. Para iniciar debe partirse de considerar que la prosperidad de la pretensión resolutoria exige la confluencia de los siguientes requisitos: a) La existencia de un contrato bilateral válido;

2.2. Para iniciar debe partirse de considerar que la prosperidad de la pretensión resolutoria exige la confluencia de los siguientes requisitos: a) La existencia de un contrato bilateral válido; b) Cumplimiento del demandante de sus obligaciones derivadas del contrato, o cuando menos que se haya allanado a cumplirlos en la forma y tiempo debidos y c) Incumplimiento del extremo demandado, total o parcial, de las obligaciones que para él generó el pacto.

Frente al alcance y trascendencia del primero de los requisitos válido es recordar que como señala la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria: “en los procesos en los cuales se busca la resolución de un contrato bilateral, el punto atinente a la validez o invalidez de éste es materia que queda incluida dentro del thema decidendum, así tal aspecto no se haya alegado expresamente por el demandado en la contestación a la demanda. Por consiguiente, cuando el fallo declara que el contrato que se pretende resolver no produce obligaciones válidas, por faltarle en su estructuración alguno o algunos de los requisitos establecidos por la ley, y por consiguiente niega la resolución pedida, no puede afirmarse con acierto que la sentencia así concebida sea incongruente por rebasar, por extra petita, las peticiones de la demanda o las excepciones del reo”.2

2.2.1. Entrando al estudio de este primer requisito y con ello a determinar si el contrato atacado generó las obligaciones cuyo incumplimiento se reclama declarar, para la prosperidad de las pretensiones elevadas; tenemos que cuando del contrato de promesa se trata, los requisitos que aquél debe cumplir los señala el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, modificatorio

de las pretensiones elevadas; tenemos que cuando del contrato de promesa se trata, los requisitos que aquél debe cumplir los señala el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, modificatorio del artículo 1611 del C.C. que reza: “la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes: 1º) Que la promesa conste por escrito; 2º) Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil; 3º) Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato; 4º) Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales…”

Ahora bien, conforme dispone el artículo 1741 del Código Civil la ausencia de uno o más de los mencionados requisitos es caus al de nulidad absoluta del contrato, pues reza su inciso primero que: «la nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o

2 Corte Suprema de Justicia, casación civil de enero 27 de 1981.5

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contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas…».

2.2.2. Con vista en ello, es necesario verificar en particular el cumplimiento del requisito

contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas…».

2.2.2. Con vista en ello, es necesario verificar en particular el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 4º del artículo 1611 antes citado, esto es, “Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales”.

Para analizarlo se debe partir del hecho que se trata de una promesa de compraventa, negocio que conforme con el artículo 1849 del C.C., “es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio”. De allí que los elementos esenciales de la compraventa no son otros que la cosa y el precio, los cuales en consecuencia deben estar plenamente determinados en la promesa para que ésta tenga validez.

La falta de determinación del bien objeto material del contrato prometido, ha interpretado la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, que genera la nulidad absoluta del contrato de promesa al señalar: “para que el contrato de promesa de compraventa tenga validez jurídica debe satisfacer plenamente las exigencias legales, respecto de las cuales la que tiene que ver con el cargo que se analiza hace relación al ordinal 4° del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, la cual sólo se cumple satisfactoriamente, tratándose de compraventa de bienes inmuebles o de derechos que recaen sobre estos, una vez se haya efectuado en ella la determinación de los sujetos y de los elementos esenciales del aludido contrato, esto es,

satisfactoriamente, tratándose de compraventa de bienes inmuebles o de derechos que recaen sobre estos, una vez se haya efectuado en ella la determinación de los sujetos y de los elementos esenciales del aludido contrato, esto es, la cosa vendida y el precio; por consiguiente, todos los requisitos legales de la promesa deben concurrir en el mismo acto constitutivo de la misma para que ésta sea válida, sin que quepa cumplirlos posteriormente por la vía de acudir a averiguaciones adicionales, las cuales, justamente por no haber quedado perfecta y expresamente previstas dentro del contrato preparatorio, impiden concluir que el contrato prometido fue determinado de tal suerte que sólo faltaría para perfeccionarlo la formalidad de la escritura pública. (Subrayas agregadas) (…) En el punto, importa recordar con palabras de esta misma Corporación, lo siguiente: “...La especificación o singularización del hecho atinente a la celebración del contrato prometido no es punto que la ley defiera a la discrecionalidad de los sujetos de la promesa, pues esa singularización ha sido imperativamente prefijada en el ordinal 4° del artículo 89 de la Ley 153. Allí se consagra una clara correlación entre la determinación del contrato prometido y los procedimientos o requisitos legales que sean esenciales para concluirlo. De hecho, si en un caso dado sólo está pendiente la ejecución de esos requisitos, es porque el contrato prometido se encuentra determinado a cabalidad. Pero si, por fuera de los mismos, todavía se necesita que se dé otro paso cualquiera a intento de concluir el contrato, ya no será viable afirmar que la determinación se ha cumplido de modo satisfactorio, es decir, según la contempla la ley (G. J. CLXXXIV, pág. 395 y 396)3.

intento de concluir el contrato, ya no será viable afirmar que la determinación se ha cumplido de modo satisfactorio, es decir, según la contempla la ley (G. J. CLXXXIV, pág. 395 y 396)3.

2.2.3. En el caso, el inmueble objeto de la futura venta se identificó en la cláusula primera del contrato de promesa en los siguientes términos: “CASA que se ENCUENTRA UBICADA EN EL Barrio Pajonales con dirección calle 5ª Bis No. 3-50Lote 1, del Municipio de la Mesa Cundinamarca, la cual se encuentra en Obra Negra, sin ornamentación ni enchapes, únicamente con servicios de Agua y Luz, con acometida de servicio de gas natural, corresponde a un área superficiaria aproximada de CONSTRUCCIÓN de 134.99 M2, área privada, cuyos linderos se encuentran registrados en la escritura No. 3072 de fecha 26 de diciembre de 2016. Con todas sus mejoras y anexidades, dependencias, usos, costumbres y servidumbres legales establecidas. Predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 16688446 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Mesa Cundinamarca”.

El extremo demandado y promitente comprador cuestiona insistentemente que el bien identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 166-88446 al que hace referencia la promesa es un predio de mayor extensión que fue objeto de posterior “desenglobe” para dar lugar al surgimiento de dos unidades habitacionales independientes, sólo una de las cuales era realmente objeto de la venta prometida y que hoy en día se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria No. 166-103496.

lugar al surgimiento de dos unidades habitacionales independientes, sólo una de las cuales era realmente objeto de la venta prometida y que hoy en día se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria No. 166-103496.

2.2.3.1. Al parecer la intención de las partes fue, desde el primer momento celebrar una venta sobre uno de los inmuebles que surgiría producto del “desenglobe” del bien inmueble primigenio, como lo resaltó la jueza en su fallo, que así lo manifestó en su interrogatorio la demandante Belky Jazmín Cáceres López, que si bien en el contrato se anotó que al bien le correspondía el folio de matrícula inmobiliaria No. 166-88446 y los linderos conforme a la escritura pública 3072 de 26 de diciembre de 2006, la demandada lo tenía claro pues “ella también sabía porque teníamos un proceso de desenglobe en curso”,

3 Sentencia del 30 de octubre de 2001, Exp. 6849, MP. Silvio Fernando Trejos Bueno.6

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Lo que reiteró la demandante Luz Dary Becerra de 48 años, instrumentadora quirúrgica y esteticista quien manifestó: “Cuando nosotros firmamos hicimos promesa de compraventa, la señora tenía pleno conocimiento que estaba en proceso un desenglobe. Pero pues eso también está en los papeles que nosotros tenemos acá que no podemos consultar en este momento, pero todos los papeles están en regla”.

Finalmente la demandada Cecilia Cantor Sánchez de 62 años, profesional licenciada en educación escolar, lo acepta al expresar no que hubiera tenido el convencimiento erróneo de que se le estaba vendiendo el predio de mayor extensión, sino que sabiendo que se trataba de

educación escolar, lo acepta al expresar no que hubiera tenido el convencimiento erróneo de que se le estaba vendiendo el predio de mayor extensión, sino que sabiendo que se trataba de un predio desenglobado, ignoraba el estado del trámite orientado a obtener el “desenglobe”, manifestó en su interrogatorio al ser indagada acerca de las irregularidades de que acusaba el contrato que “yo no tenía conocimiento de eso, me vine a dar cuenta en el año 2019 cuando el señor vecino me grita y me dice en la calle, que yo tenía que darle la mitad, o sea el 50% del valor del impuesto predial para pagarlo entre los dos. Y vengo a hacer la averiguación y voy al banco y me dicen “solicite un certificado de libertad que le diga cuál es el certificado real del predio que le hicieron venta a usted”, hasta el año 2019 vengo a darme cuenta en junio exactamente por el problema que tuve con el vecino, me estaba pidiendo el valor del 50% para pagar el impuesto predial y en el 2018 yo le había dado $350.000 para pagar el impuesto predial. Es decir, yo no tenía conocimiento de porqué el señor me estaba pidiendo lo del impuesto, o sea no habían desenglobado el predio ni nada, ¿por qué él me pide el 50% para pagar el impuesto? Y a mí, ellas hicieron la gestión porque yo leo el certificado de libertad ahora y dice que en febrero de 2018 hicieron una modificación y a mí no se me informó de nada, a mi absolutamente de nada me informaron” y más adelante indagada sobre el conocimiento que tenía del desenglobe, añadió: “Mire, a mí me dijeron que cuando hagamos la escritura usted no va a tener ningún inconveniente, pero a mí no me hicieron conocedora de la situación real del

el conocimiento que tenía del desenglobe, añadió: “Mire, a mí me dijeron que cuando hagamos la escritura usted no va a tener ningún inconveniente, pero a mí no me hicieron conocedora de la situación real del predio. Eso mire, eso fue como una ilusión, yo lo único que quería era, tenía un dinero y quería subir mis ingresos digamos y de pronto demostrarme a mí misma que yo podía hacer una negociación, unas mejoras en una casa y salir adelante, pero no pensé encontrarme con todos los tropiezos que yo me encontré, yo no y además, confíe plenamente tanto que ellas vinieron en diciembre a hacerle la escritura al señor, en diciembre del 2018 y a mi incluso yo salí y no me saludaron”

Situación que así establecida en el análisis del a-quo le permitía concluir que de lo declarado por aquellas en su interrogatorio se extraía que no existían dudas en las partes del contrato respecto de la identificación del predio objeto de la promesa, lo que resulta intrasc