TSDJ CUN SL - 25754-31-03-001-2016-00255-01-(19-05-2022)

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

SALA LABORAL

Magistrado Ponente: EDUIN DE LA ROSA QUESSEP

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR IVAN NORBER TO ROCHA

CAICEDO CONTRA GILBERTO GÓMEZ ARIZA Y MANUEL PORRAS ROMERO .

Radicación No. 25754-31-03-001-2016-00255-01.

Bogotá D. C. diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022).

Se emite la prese nte sentencia de manera escrita conforme lo preceptúa el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020 expedido por el Gobierno Nacional. Se decide el recurso de apelación i nterpuesto por ambas partes contra la sentencia de fecha 10 de marzo de 202 2 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, Cundinamarca.

Previa deliberación de los magistrados qu e integr an la Sala y conf orme los términos acordados, se procede a proferir la siguiente:

SENTENCIA

1. El demandante instauró demanda ordinaria laboral contra los demandados para que se declare la existencia entre las partes de un contrato de trabajo verbal a término indefinido desde el “5 de septiembre de 2013” hasta el “27 de noviembre de 2014”, y se condene a los segundos al pago del auxilio de cesantías por toda la relación laboral, lo mismo que los intereses sobre las cesantías, vacaciones, primas de servicios, indemnización por despido sin justa causa, incapacidades del 28 de mayo al 27 de noviembre de 2014; aportes a pensión;

relación laboral, lo mismo que los intereses sobre las cesantías, vacaciones, primas de servicios, indemnización por despido sin justa causa, incapacidades del 28 de mayo al 27 de noviembre de 2014; aportes a pensión; indemnización por accidente de trabajo; sanciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990; costas del proceso.

2. Como sustento de sus pretensiones, manifiesta el demandante que empezó a laborar con los demandados desde el 5 de septiembre de 2013, mediante contrato verbal a término indefinido ; que su i ncapacidad por accidente de trabajo terminó el 27 de noviembre de 2014; s u oficio era ayudante en laProceso Ordinario Laboral

Promovido por: CARLOS APONTE BECERRA

Contra ARMANDO LAVERDE VARGAS.

Radicación No. 25307-31-05-001-2017-00190-01 2 camioneta placas EKA 811 de Zi paquirá y del camión placas “AFE 625 ” de Bogotá; que su salario fue de $800.000 mensuales; no fue afi liado a la seguridad social; el 28 de mayo de 2014 sufri ó un ac cidente de trabajo cuando laboraba ayudando a su empleador Gilberto Gómez a talar un árbol el cual le cayó encima, quedando inconsciente, po r lo cual lo llevaron al hospital Yanguas de Soacha y luego a la Clínica Prienfo, donde estuvo hospitalizado seis días; que posteriormente lo intervinieron quirúrgicamente en la pierna i zquierda, colocándole clavos y platinas, le mandaron 40 terapias, y en el Hospital El Tunal le dijeron que en diciembre tenían que

hospitalizado seis días; que posteriormente lo intervinieron quirúrgicamente en la pierna i zquierda, colocándole clavos y platinas, le mandaron 40 terapias, y en el Hospital El Tunal le dijeron que en diciembre tenían que hacerle otra cirugía; los demandados no le han cancelado las incapacidades; cuando llamó a los empleadores, en noviembre de 2014, le dijeron que no había más trabajo; en vista de lo anterior, los citó a la Oficina del Trabajo e inicialmente se comprometieron a afiliarlo a la seguridad social y pagarle salarios, el inspector suspendió la dili gencia para p ropiciar el acuerdo, posteriormente solic itaron aplazamiento y después no concurriero n; su horario era de lunes a sábado de 7 a.m. a 6 p.m.; y que le adeudan las incapacidades desde el 29 de mayo de 2014 hasta el 27 de noviem bre de 2014; no le han pagado prestaciones sociales.

3. La demanda fue presentada el 12 de septiembre de 2016 y admitida el día 22 siguiente.

4. El demandado Gilberto Gómez contestó el 19 de octubre de 201 6 con oposición a las pretensiones. Aceptó la existencia de la relación, pero aclaró que empezó el 5 de septiembre de 2014; que fue verba l, por un mes; también admitió el cargo , el salario señalado en la demanda, la ocurrencia del accidente de trabajo, que no fue afiliado a la seguridad social por cuanto el actor dijo qu e no quería perder el SISB EN; que las incapacidades se le pagaron en efectivo . Manifestó que el trabajad or, al terminar las incapacidades, no se presentó a sus labores; que la jornada fue la máxima

el actor dijo qu e no quería perder el SISB EN; que las incapacidades se le pagaron en efectivo . Manifestó que el trabajad or, al terminar las incapacidades, no se presentó a sus labores; que la jornada fue la máxima legal; que el actor no quiso recibir lo que le ofreció en la inspección del trabajo. Expresó que el accidente fue por culpa del actor, al no acatar las advertencias de cuidado. Propuso las excepciones de cobro de lo no debido , buena fe, enriqueci miento sin causa, compensaci ón, prescripción, culpa exclusiva de la víctima.

5. Mediante a uto de 2 de noviembre de 201 6, se tuvo por contesta da la demanda por el citado accionado , y con auto de 27 de junio de 2017 seProceso Ordinario Laboral

Promovido por: CARLOS APONTE BECERRA

Contra ARMANDO LAVERDE VARGAS.

Radicación No. 25307-31-05-001-2017-00190-01 3 nombró curador para la litis al otr o demandado, quien finalmente se notificó personalmente el 9 de agosto de 2017.

6. Manuel Porras Romero al contestar negó la existencia de contrato de trabajo con el actor; dice que ni siquiera lo conocía; que lo trat ó porque su amigo Gilberto Gómez le pidió que le llevara un dinero. Propuso las excepciones de enriquecimiento sin causa, falta de legitimación en la causa pasiva.

7. El ju zgado, mediante auto de 25 de septiembre de 2017, t uvo por presentada esta contestación, y fijó el 7 de febrero de 2018 como fecha para la audiencia del artículo 77 del CPTSS, que se hi zo ese día, y al final

presentada esta contestación, y fijó el 7 de febrero de 2018 como fecha para la audiencia del artículo 77 del CPTSS, que se hi zo ese día, y al final señaló el 9 de julio posterior para la siguiente audiencia.

8. Luego de múltiples aplazamientos , finalmente en audiencia de 16 de marzo de 2021 se recibieron los interrogatorios de las partes y los testimonios; y el 10 de marzo de 2022 se dictó el fallo correspondiente.

9. En dicho fallo, la Jueza Primero Civil del Circuito de Soacha, Cundinamarca, declaró no probadas las excepciones propuestas, salvo la de buena fe ; declaró la existencia de l contrato de trabajo entre el 5 de septiembre d e 2013 y el 27 de noviembre de 2014 y condenó a los demandados a pagar por cesantías $982.222; por intereses de cesantías $114.714; por prima de servicios $9982.222; por vacaciones $491.111; tam bién ordenó el pago de aportes a seguridad social en pensio nes en el tiempo en que estuvo vigente el contrato, med iante cálculo actuarial y con base en un salario de $800.000; indexación de las condenas y costas a cargo de los demandados

(archivo 48). La jueza luego de señalar que el problema jurídico por resolver era determinar si el demandante tuvo contrato de trabajo o de prestación de servicios, se inclinó por la primera opción para lo cual tuvo en cuenta que el demandado Gilberto Gómez así lo acept ó y admiti ó también la fecha de inicio en se ptiembre de 2013 . Se refirió a los te stimonios y dijo que era dable deducir que según estos los empleadores era n ambos demandados,

demandado Gilberto Gómez así lo acept ó y admiti ó también la fecha de inicio en se ptiembre de 2013 . Se refirió a los te stimonios y dijo que era dable deducir que según estos los empleadores era n ambos demandados, pues eran socios . El mismo Gilberto Góme z asintió en que no pag ó prestaciones sociales, porque le pagaba un buen sueldo, superior al mínimo; y tam poco lo afilió a la seguridad social; que le pag ó hasta la última incapacidad.

10. Inconformes con la anterior decisión, ambas partes presentaron recurso de apelación, así:Proceso Ordinario Laboral

Promovido por: CARLOS APONTE BECERRA

Contra ARMANDO LAVERDE VARGAS.

Radicación No. 25307-31-05-001-2017-00190-01 4 10.1. El apoderado de la parte demandante sostuvo que no qued ó acreditada la buena fe, tod a vez que l os demandados aceptar on h aber contratado a l actor y al haber una relación de trabajo, se debe tener en cuenta la indemnización por mora, tanto por no pagar las prestaciones como por no haber consignado las cesantías.

10.2. El apoderado de la p arte demand ada cuestionó que no se hizo un estudio juicioso en cuanto tiene que ve r con la identificación del empleador; no se deja en claro con quién tenía el vínculo; que tampoco se probaron los extremos temporales, pues el demandante en el interrogatori o dijo no acordarse de ellos.

11. Recibido en este Tribunal el expediente digital, se admitió el recurso de apelación mediante auto del 22 de marzo de 202 2 y con auto del 29

extremos temporales, pues el demandante en el interrogatori o dijo no acordarse de ellos.

11. Recibido en este Tribunal el expediente digital, se admitió el recurso de apelación mediante auto del 22 de marzo de 202 2 y con auto del 29 siguiente, se ordenó correr traslado a las partes para que prese ntaran sus alegatos de conclusión; sin que ninguna de ellas los presentara.

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo precept uado en el ar tículo 35 de la Ley 712 de 2001 esta Sala de Decisión emprende el estudio de los puntos de inconformidad planteados por los recurrentes en el momento de interponer y sustentar el recurso ante el juez de primer grad o, como quiera que el fallo q ue se profiera tiene que estar en consonancia con tales materias, sin que le sea permiti do al Tribunal abordar temas distintos de estos.

Atendiendo ese marco, se tiene que los problemas jurídicos por di lucidar son los siguientes: por parte del demandante determinar si hay lugar a imponer las sanciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990; y por parte de los demandados: si los dos fungier on como empleadores y si deben imponerse las condenas contra am bos o solo contra uno de ello s; y si quedaron debidamente probados los extremos laborales seña lados por el juzgado.

Por razones de mét odo, se estudiará inicialmente lo atinente a las personas que ejercieron como emplead ores del demandante: si ambos, como concluyó el juzgado, o solamente uno de ellos , como , se entiende , lo plantea el apoderado de uno de los accionados.Proceso Ordinario Laboral

que ejercieron como emplead ores del demandante: si ambos, como concluyó el juzgado, o solamente uno de ellos , como , se entiende , lo plantea el apoderado de uno de los accionados.Proceso Ordinario Laboral

Promovido por: CARLOS APONTE BECERRA

Contra ARMANDO LAVERDE VARGAS.

Radicación No. 25307-31-05-001-2017-00190-01 5 Incumbe al demanda nte, en este caso , la carga de probar la cond ición de empleador de la persona a la que se la atribuye, sin que puedan tenerse como pruebas las manif estaciones o señalamientos que haga este en la demanda o en el interrogatorio, porque en uno y otro caso se trata de manifestaciones en su propio interés y beneficio. Es claro q ue aquí el demandante endilga dicha condición a los dos demandados y esa es la cuestión que debe dilucidarse.

Ya desde la contestación de la demanda, los accionados adoptaron cada una su posición al respecto: Gilberto Gómez aceptó haber tenido una relación con el demandante, mientras que Manuel Porras Romero negó todo vínculo y manifestó que su único nexo con el actor consistió en que le hizo el favor a su amigo Gilberto Gómez de entregarle un dinero.

En el interrogatorio de pa rte, Gilberto Gómez manif iesta qu e el traba jo del actor fue con él. Que lo contrató como ayudante de un cami ón, el identificado con placas AFE 652 (aunque en la demanda y en la pregunta del interrogat orio de parte se habla de 625, pero se entiende que se trata de un lapsus), que era él el que le daba las órdenes; que Manuel (el otro demandado) ni siquiera iba

de parte se habla de 625, pero se entiende que se trata de un lapsus), que era él el que le daba las órdenes; que Manuel (el otro demandado) ni siquiera iba por allí; y que este le hizo el favor d e sacar una plata prestada para entregarle al actor. Es cierto que una de las preguntas se refirió a si los demandados eran los empleadores, y el interrogado Gómez contestó afi rmativamente, pero esa respuesta no se puede ver aislada mente y desconocer las otras en las que de manera insistente y reiterada sostuvo lo contrario, a lo que debe agregarse que ni la abogada d el demandante ni la juez inquirieron ni ahondaron sobre esta cont radicción ni trataron de precisar su posición definitiva al respecto, amén de que en intervención posterior dentro del mismo interrogatorio, el absolvente volvi ó a su posición inicial de auto declararse como em pleador único.

Los testigos Jonathan Caicedo y Jenny Paola Roa manif iestan que el actor prestaba servicios a los dos demandados; a uno lo conocían, la segunda, como “El chato” y el ot ro como “El porras”; que el deman dante laboraba con el los, lo mismo que el papá del hijo de la testigo, quien era hermano de Iván Norber to Rocha.

En la diligencia de conciliación c elebrada en la Inspecci ón del Trabajo de Soacha el 16 de octubre de 2014 ( folio 96 cuaderno principal digital) se dejaron sentadas las intervenciones de cada uno de los demandados, así:Proceso Ordinario Laboral

Promovido por: CARLOS APONTE BECERRA

Contra ARMANDO LAVERDE VARGAS.

dejaron sentadas las intervenciones de cada uno de los demandados, así:Proceso Ordinario Laboral

Promovido por: CARLOS APONTE BECERRA

Contra ARMANDO LAVERDE VARGAS.

Radicación No. 25307-31-05-001-2017-00190-01 6

Gilberto Gómez manifestó: “estoy en disposición de afiliarlo a seguridad social y pagarle el mínimo de aquí en adelante y que el hombre tambi én p onga de su parte para su recuperación, porque hemos visto que él se ha desmandado en las canchas de micro jugando según versiones que han dicho por ahí”.

Y Manuel Porras dijo: “como el seguro toca pagarlo el 70% uno y el 30% el trabajad or y que para ponernos a paz y salvo hasta el d ía de hoy que n os de u n plazo de 15 días de los $17 0.000 pesos semanal para un total de $680.000 mensuales”.

Sopesadas las anteriores pruebas en su conjunto, considera el Tribunal que en verdad no se acredit ó de forma sólida y firme la condición de empleador de Manuel Porras Romero, por cuanto la prueba testimonial antes referida no es lo suficientemente convincente dado que no son claras las circ unstancias por las que los de clarantes conocen la condición de empleador del citado señor como lo manifestaron en sus declaraciones. Así se dice , porqu e el testig o Caicedo para empezar ni siquiera señal ó de forma correct a el nombre de Porras pues mencionó el nombre de Miguel (y no Manuel), y de otra parte manifestó que él no prestó s ervicios a los demandados en la época en que lo hizo e l demandante, de su erte que no explicó las circunsta ncias de modo, tiempo y

mencionó el nombre de Miguel (y no Manuel), y de otra parte manifestó que él no prestó s ervicios a los demandados en la época en que lo hizo e l demandante, de su erte que no explicó las circunsta ncias de modo, tiempo y lugar en que se enteró de la condición de empleadores de los dos demandados. Es m ás, en una parte de su declaración expresa que laboró con el señor Gilberto, que después se retiró y solo más adelante habla de q ue ell os no pagaban seguridad social ; de esa s manifestaciones se colige que el testigo laboró con el demandado Gilberto en un tiempo diferente a aquel en que lo hizo el actor; incluso el salario que se gún él devengaba el deman dante difiere tanto del señalado por el demandado Gilberto Gómez como por el actor, pues dice que era de $50.000 o $45.000 diarios, situación que obliga a ser cauteloso con este declarante . La m isma deficienci a exhibe el testimonio de la señ ora Roa en tanto tampoco da razón de la ciencia de su dicho y finalmente termina aceptando que lo que conoce y relata es por haber tenido un hijo con un hermano del demandante que también laboró con los demandados.

En contraste, la declaración de Gilberto Gómez es categ órica en cuanto a que fue él el que contrató al actor y le daba ord enes; y que Manuel Porras cas i no iba por el sitio de labores. Esta declaración en ese aspecto se le da el valor probatorio establecido en el artículo 192 del CGP, en tanto se tr ata deProceso Ordinario Laboral

Promovido por: CARLOS APONTE BECERRA

Contra ARMANDO LAVERDE VARGAS.

Radicación No. 25307-31-05-001-2017-00190-01

Promovido por: CARLOS APONTE BECERRA

Contra ARMANDO LAVERDE VARGAS.

Radicación No. 25307-31-05-001-2017-00190-01 7 manifestaciones que n i perjudican ni favore cen a este demandado, sino que hacen el relato de hechos que interesan al proceso.

Incluso si se lee con atención la diligencia de conciliación se advierte que allí Gilberto Gómez se compromete a pagar el salario y los aportes a seguridad social del demandante, como si se tratara de una obligación personal , con lo que se ratifica que tenía claro su condición de empleador ; y si bien Manuel Porras también interviene y hace un comentario sobre el pago de la seguridad social, no se puede pasar por a lto lo que explica en el interr ogatorio de parte en el sentido de q ue se vio involucrado en el asunto sin tener arte ni parte en el mismo , y solo con el fin de contri buir a su ar reglo, pero no aflora con contundencia que este h aya aceptado su condición de e mpleador de l actor, como sí lo hizo el otro demandado. En este aspecto, conviene recordar lo que ha dicho la jurisp rudencia laboral sobr e el alcance probatorio de las manifestaciones que ha gan las partes en el curso de una dil igencia de conciliación, en cuanto a que no tienen el valor de confesión y sus aserciones deben sopesarse con las restantes pr uebas del proceso y con la actitud procesal de las partes , para de esta forma determinar el valor de persuasión que se les otorga.

Es cierto que los demandados compraron la madera que e staba en un bosque para talarlo y que eran soc ios en este negocio, pero también queda patente que cada uno tenía que contratar los ayudantes por su cuenta y estos no eran

que se les otorga.

Es cierto que los demandados compraron la madera que e staba en un bosque para talarlo y que eran soc ios en este negocio, pero también queda patente que cada uno tenía que contratar los ayudantes por su cuenta y estos no eran trabajadores de la so ciedad de hecho sino de la persona que los contrataba y se encargaba de pagarle su salario, como se colige de sus declaraciones. Y aun cuando el ar tículo 3 6 del CST habla de la responsabilidad solidaria de los “condueños o comuneros de una misma empresa, mientras permanezca en indivisión ”, l o planteado en el proceso no es esa responsabilidad sol idaria, sino que las condenas se solicitan sobre la base de que amb os demandados ostentaron la condición de emp leadores, y el T ribunal no puede decidir por fuera de lo pedido ni con base en un título de imputación diferente del planteado en la demanda.

De manera que, en el referido aspecto, se modificará el f allo del juzgado en el sentido de revocar la declaración de contra to de trabajo con el demandado Manuel Porras Romero , a quien se absolverá de las pretensiones de la demanda, pues el demandante no probó de manera fehaciente e inequívocaProceso Ordinario Laboral

Promovido por: CARLOS APONTE BECERRA

Contra ARMANDO LAVERDE VARGAS.

Radicación No. 25307-31-05-001-2017-00190-01 8 que dicha persona h ubiese sido su empleador, co mo se lo imponía la carga probatoria que gravitaba sobre él.

El otro aspecto que cues tiona el demandado recurrente, es que no se demostraron los extremos temporales de la relación. Tales extremos son

probatoria que gravitaba sobre él.

El otro aspecto que cues tiona el demandado recurrente, es que no se demostraron los extremos temporales de la relación. Tales extremos son responsabilidad probatoria del demandante, y aunque es cierto que este en su interrogatorio dijo no recordarlos, inc luso los manifesta dos en esa diligencia difieren de los señalados en la demanda, tal circunstancia no es suficiente para tenerlos por no probados. En cuanto al extr emo final, debe tenerse en cuent a que cuando al señor Gilberto Góm ez le preguntan si es cierto o no que las incapacidades fueron hasta el 28 de noviembre de 2014, respondió que sí; a lo que se suma que este demandado dijo haberle pagado todas las incapacidades hasta la última, de donde s e desprende que queda claro que es te puede tenerse como extremo final. De igual forma, este absolvente manifiesta que el demandante fue a su casa el 3 de septiembre de 2013 y lo contrató, dando a entender que fue a partir de esa fecha; de modo que de esa forma considera el Tribunal que los extremos temporales quedaron acreditados por co nfesión de uno de los demandados, sin que el hecho de que el demandante no los recordara o se contradijera al enunciarlos pueda desvanecer esa prueba, pues lo importante es q ue el hecho aparezca demostrado c on cualquier medio demostrativo, como aquí sucede, aparte de que la confesión citada no aparece desvirtuada.

Finalmente, en lo concerniente a la s sanciones moratorias, cabe recordar y puntualizar que no se requiere que la parte demandante acredite que el empleador actuó de mala fe, como lo manifiesta el juzgado. Es el empleador el

Finalmente, en lo concerniente a la s sanciones moratorias, cabe recordar y puntualizar que no se requiere que la parte demandante acredite que el empleador actuó de mala fe, como lo manifiesta el juzgado. Es el empleador el que debe demostrar que actuó de buena fe, pues en principio su obligación es pagar las prestaciones sociales y los salarios adeudados al terminar el contrato de trabajo o consi gnar las cesantías anuales en el fondo c orrespondiente y si no cumple esas obligaciones queda eventualmente expuesto a que deba pagar las citadas sanciones. Pero como dijo la jue z, y lo ha dicho de maner a reiterada la jurisprudencia, no se trata de una sanción automática que procede de manera necesaria y fatal ante alguna de las omisiones antes menc ionadas, pues puede ocurrir que de buena fe crea o considere que no estaba obligado a cancelar la s prestaciones respectivas, alegación que en todo caso debe ser ponderada por los jueces, que pueden aceptarla como motivo para exonerar de la sanción si consideran que no estuvier on dirigidas a birlar los derechos del trabajador.Proceso Ordinario Laboral

Promovido por: CARLOS APONTE BECERRA

Contra ARMANDO LAVERDE VARGAS.

Radicación No. 25307-31-05-001-2017-00190-01 9 El juzgado abs olvió d e esas inde mnizaciones por motivos diferentes , pues frente a la s anción por no consignación de cesantías ad ujo que no se había cumplido el año que establece la norma para consignar las cesantías ; y por no pago de las prestaciones sociales al terminar el co ntrato de trabajo, porque el

frente a la s anción por no consignación de cesantías ad ujo que no se había cumplido el año que establece la norma para consignar las cesantías ; y por no pago de las prestaciones sociales al terminar el co ntrato de trabajo, porque el demandado adujo que el contrato exis tente era de prestación de servicios. El Tribunal no comparte la s raz ones expuestas por el juzgado, por cuanto la obligación del emp leador es consignar las cesa ntías causadas a 31 de diciembre de cada año, antes del 15 de febrero del año siguiente, y aquí lo que aparece es que habiendo iniciado el contrato el 5 de septiembre de 2013, el 31 de diciembre de ese añ o se había causado las cesantías correspondiente a dicho período , y esa proporción ha debido ser consignada en el fondo respectivo antes de la fec ha mencionada, sin que hubiese que esperar el año de servicios al que de manera confusa se refiere el juzgado.

Y en cuanto a la sanción del artículo 65 del CST, no puede aceptarse la simple alegación de que la relación estuvo regida por un contrato de prestación de servicios, sea motivo suficiente para considerar qu e hay buena fe del empleador, pues si así fuera bastaría desplegar esa estrategia y de esta forma se soslayaría la aplicación de la sanción en la mayoría de los caso s. No, para que esa razón p ueda ser aceptada como motivo para exonerar de la sanc ión, es menester que se demuestren qu e había verda deros elementos que respalden las dudas del demandado, es decir que hubo razones para creer que se e staba ante una relación ci vil, las que aquí no apare cen, pues el propio demandado da a entender desde la contestación que el vínculo era a través de

respalden las dudas del demandado, es decir que hubo razones para creer que se e staba ante una relación ci vil, las que aquí no apare cen, pues el propio demandado da a entender desde la contestación que el vínculo era a través de un contrato de trabajo, sin que en modo alguno hable de que la relación fuera independiente, ni hay el más mínimo elemento que abone o pueda abonar esa creencia.

Y en cuanto a la razón aducida por el demandado, en el sentido que no pagaba prestaciones porque reconocía salario superior al mínimo legal, tampoco es de recibo en este caso, porque sumado el s alario mínimo d el año 2014 ($616.000) al subsidio de transporte ($72.000), se encuentra que la diferencia no era significativa pues la diferencia era apenas del 16%, a lo que se suma que el demandado no pagaba el descanso dominical , ya que al pagar por día y los sábados, evitaba pagar el domingo a pesar de tener derecho el trabajador a percibirlo remunerado, con lo cual la diferencia prácticamente desaparece. En consecuencia, se impondrá la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por no consignar la porción de ce santías del año 2013, sanción que vaProceso Ordinario Laboral

Promovido por: CARLOS APONTE BECERRA

Contra ARMANDO LAVERDE VARGAS.

Radicación No. 25307-31-05-001-2017-00190-01 10 del 15 de febrero de 2014 al 27 de noviembre del mis mo año (282 días) a razón de $ 26.666,66 diarios para un total de $7.519.998; así como la misma suma diaria por concepto de indemnización moratoria referida en el artículo 65

razón de $ 26.666,66 diarios para un total de $7.519.998; así como la misma suma diaria por concepto de indemnización moratoria referida en el artículo 65 del CST, por el término de dos años, desde el 27 de noviembre de 2014 hasta el 26 de noviembre de 2016, y a partir del día siguiente intereses moratorios a la tasa m ás alta certificada por la Superfinanciera para los créditos de libre inversión, sobre las sumas adeudadas por cesantías y por primas de servic ios, hasta cuando se pag uen e fectivamente. En esos térm inos hay necesidad de modificar, de oficio, el fallo en el sentido de que la actualización impues ta por el juzgado no opera con respecto a las cesantías y la prima d e servicios para no imponer doble condena por los mismos conceptos.

Así se dejan resueltos los recursos interpuestos.

Sin costas en esta instancia pues ambos recursos resultaron airosos.

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de fecha 10 de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, Cundinamarca, dentro del proce so ordinario laboral de IVAN NORBER TO ROCHA CAICEDO contra GILBERTO GÓMEZ ARIZA y MANUEL PORRAS ROMERO, en cuanto declaró el contrato con los dos demandados, para en su lugar, declarar la existencia del contrato entre el demandante y el demandado

Gilberto Gómez Ariza.

ROMERO, en cuanto declaró el contrato con los dos demandados, para en su lugar, declarar la existencia del contrato entre el demandante y el demandado Gilberto Gómez Ariza.

SEGUNDO: REVOCAR las condenas impuestas al señor MANUEL PORRAS ROMERO por concepto de c esantías, intereses de cesantías, vacaciones y primas de servicios, aportes a pensiones (cálculo actuarial) e indexación; en su lugar se absuelve a ese demandado de dichas pretensiones.

TERCERO: REVOCAR la sentencia en cuanto absolvió de las sanciones moratorias del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y artículo 65 del CS T, en su lugar, se condena al demandado Gilberto Gómez Ariza a pagar por esosProceso Ordinario Laboral

Promovido por: CARLOS APONTE BECERRA

Contra ARMANDO LAVERDE VARGAS.

Radicación No. 25307-31-05-001-2017-00190-01 11 conceptos la suma de $7.519.998, así como la suma de $22.666,66 diarios, por el término de dos años desde el 27 de nov iembre de 2014 hasta el 26 de noviembre de 2 016, y a partir del día s iguiente (27 de noviembre de 2016) intereses moratorios a la tasa m ás alta certificada por la Superfinanciera para los créditos de libre inversión, sobre las sumas adeuda das por cesantías y por primas de servicios, hasta cuando se paguen efectivamente.

CUARTO: MODIFICAR el fallo en el sentido de que la actualización impues ta por el juzgado no opera con respect o a las ces antías y la prima de serv icios para no imponer doble condena por los mismos conceptos.

CUARTO: MODIFICAR el fallo en el sentido de que la actualización impues ta por el juzgado no opera con respect o a las ces antías y la prima de serv icios para no imponer doble condena por los mismos conceptos.

QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

SEXTO: Sin costas en esta instancia.

SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente digital al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE POR EDICTO Y CÚMPLASE,

EDUIN DE LA ROSA QUESSEP

Magistrado

JOSÉ ALEJANDRO TORRES GARCÍA

Magistrado

MARTHA RUTH OSPINA GAITÁN

Magistrada

SONIA ESPERANZA BARAJAS SIERRA

Secretaria