TSDJ IBE SCF - 73-268-31-03-001-2019-00051-01-(09-10-2020)

1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA

IBAGUÉ

Magistrado Sustanciador:

DIEGO OMAR PÉREZ SALAS

Asunto discutido y aprobado mediante acta de sesión virtual No. 41 del nueve (09) de octubre de 2020

Ibagué, Quince (15) octubre de Dos Mil Veinte (2020)

RENDICIÓN DE CUENTAS de MATILDE MÉNDEZ

BRAVO contra ALDEMAR MÉNDEZ BRAVO

RADICADO: 73-268-31-03-001-2019-00051-01

I.ASUNTO PRELIMINAR

Mediante acuerdo PCSJA20-11517 emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, desde el día dieciséis (16) de marzo del presente año, se ordenó la suspensión de términos judiciales en todo el país ante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, medidas que fueron prorrogadas hasta la emisión del acuerdo PCSJA20 -11556 del 22 de mayo de 2020, el cual, en su artículo 7, numeral 7.2, exceptuó de la medida de suspensión de términos la emisi ón de sentencias que resuelven el recurso de apelación de los proferidos en primera instancia, por lo tanto, esta sala de decisión, proferirá la sentencia que en derecho corresponda, advirtiendo que, en éste asunto conforme los acuerdos ya citados, transcurrieron cuarenta y tres (43) días hábiles en donde no corrieron términos

corresponda, advirtiendo que, en éste asunto conforme los acuerdos ya citados, transcurrieron cuarenta y tres (43) días hábiles en donde no corrieron términos judiciales; Explicado lo anterior, la determinación a proferir en este asunto, se realizará de la siguiente manera:

II.OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia pronunciada por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EL ESPINAL (Tol), proferida en Audienc ia del diecinueve (19) de noviembre de 2019, al interior del presente proceso de rendición de cuentas adelantado por MATILDE MÉNDEZ BRAVO, ALCIBIADES MÉNDEZ

BRAVO y LUIS ALBERTO MÉNDEZ BRAVO, contra ALDEMAR MÉNDEZ

BRAVO.2

III.ANTECEDENTES

Exponen los demandantes en su libelo de demanda, que los señores Argemiro Méndez Vásquez y Nicomedes Mejía de Méndez , procrearon a Luis Felipe, Evelio, Teresa de Jesús, Alicia, Hernando y María de Jesús Méndez Mejía.

Refieren que Argemiro Méndez Vásquez murió el 25 de junio de 1948 y Nicomedes Mejía de Méndez falleció el 31 de octubre de 1950 , dejando como herencia el inmueble llamado La Primavera, identificado con la matrícula inmobiliaria 357-9235 de la Oficina de Registro d e Instrumentos Públicos de El Espinal.

Luis Felipe Méndez Mejía contrajo nupcias con Beatriz Bravo Murcia, y

inmobiliaria 357-9235 de la Oficina de Registro d e Instrumentos Públicos de El Espinal.

Luis Felipe Méndez Mejía contrajo nupcias con Beatriz Bravo Murcia, y procrearon a los señores Luis Alberto, Alcibiades, Matilde y Aldemar Méndez Bravo, partes demandante y demandada en este proceso.

Mencionan en la demanda que Luis Felipe Méndez Mejía murió el nueve (9) de julio de 1999 , mientras que, Beatriz Bravo de Méndez, falleció el dos (2) de noviembre de 2014.

Destacan los demandantes que Luis Felipe Méndez Mejía compró los derechos herenciales a sus hermanos Hernando, Alicia, Teresa de Jesús, Evelio y María de Jesús, compraventa de derechos que no se materializó por escritura pública conforme lo señala el artículo 1857 del Código Civil, sino que se plasmó en varios documentos privados calendados en los días: 11 de enero de 1975,1 de abril de 1975, 7 de septiembre de 1978 y 22 de enero de 1979 y 27 de enero de 1993 (fls. 14 al 18 cuaderno 1). L a explotación económica del predio La Primavera la hizo el señor Luis Felipe Méndez hasta el día (9) de julio de 1999, cuando murió, y luego su cónyuge, Beatriz Bravo de Méndez, hasta el día dos (2) de noviembre de 2014, fecha de su deceso.

Relatan en su escrito introductorio que, luego del fallecimiento de la señora Beatriz Bravo de Méndez, la administración de una parte del predio la ha venido haciendo el demandado, y, a pesar de muchos requerimientos para entrega de

Relatan en su escrito introductorio que, luego del fallecimiento de la señora Beatriz Bravo de Méndez, la administración de una parte del predio la ha venido haciendo el demandado, y, a pesar de muchos requerimientos para entrega de cuentas, esto no ha sido posible.

Por lo anterior, pide se declare que el demandado está obligado a rendir cuentas de la administración del predio denominado La Primavera, por el periodo del primero (1) de enero de 2015 al treinta (30) de junio de 2019.

IV.TRÁMITE PROCESAL

La demanda se admitió mediante auto del tres (03) de mayo de 2019 (fl. 49 cuaderno 1), corriéndose traslado a l demandado por el término de veinte (20) días para que ejerza su derecho de defensa y contradicción.3

V.CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El demandado, Aldemar Méndez Bravo, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones, indicando que su padre, señor Luis Felipe Méndez Mejía, en vida, le vendió a él una parte de la finca y una casa, y otra parte de la finca, la vendió a su hijo Alcibiades Méndez Bravo; además, señala que el causante Méndez Mejía, de manera verbal, dividió la finca en cuatro (4) partes, y cada uno de sus hijos ejerce posesión material sobre esas porciones de terreno.

Como excepciones de mérito, propuso la denominada “falta de encargo de administración por la parte activa a la parte pasiva”, la cual se hizo consistir en que no existe relación jurídica entre demandantes y demandado que lo obligue a

Como excepciones de mérito, propuso la denominada “falta de encargo de administración por la parte activa a la parte pasiva”, la cual se hizo consistir en que no existe relación jurídica entre demandantes y demandado que lo obligue a rendir cuentas, resaltando que no es tutor, curador, albacea, secuestre, curador de herencia yacente, síndico, administrador de bienes de la comunidad, ni otro cargo similar, mucho menos un contrato que lo vincule con la parte activa que lo obligue a rendir cuentas.

A su v ez, formuló como excepción de mérito “inexistencia de derecho de pedir rendición de cuentas por falta total de bienes a administrar”, argumentando que no aparece probada la existencia del bien que supuestamente administra, en el sentido que sobre la finca La Primavera no se han llevado a cabo las sucesiones dobles e intestadas de Nicomedes Mejía y Argemiro Méndez, así como la de Luis Felipe Méndez Mejía y Beatriz Bravo de Méndez, por lo que, el bien materia de litigio, le pertenece a la causante Nicomedes Mejía.

Por último, presenta como excepción de mérito la denominada “mala fe”, fundamentada en que ha trabajado el predio sin que sus hermanos participaran en ese proceso de cultivo.

VI.ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Culminadas las etapas pertinentes, el día diecinueve (19) de diciembre de 2019 se llevó a cabo audiencia de instrucción y juzgamiento, corriéndose traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

El apoderado de la parte actora presentó sus alegatos finales (min 31:04 C.D. fl.

partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

El apoderado de la parte actora presentó sus alegatos finales (min 31:04 C.D. fl. 148 cuaderno 1), señalando que, frente a la obligación del demandado para rendir cuentas, si bien no existe un acuerdo entre los hermanos, la ley establece esa relación, ya que se trata de una persona que administra un bien de los coposeedores. En este caso, se trata de un bien hereditario, pero no existe un fallo judicial que ordene la entrega de la finca o parte de la finca al demandado , por lo tanto, en su sentir, l a administración que hace el demandado es ilegal, y por lo mismo, se debe repartir los frutos a prórrata según disponen los artículos 2326 y 2328 del Código Civil, ya que se trata de un heredero que dispone de la cosa común.4

Por su parte, el demandado presentó sus argumentos finales (min 41:45 C.D. fl. 148 cuaderno 1) , precisando que, e n el presente caso , existe un b ien que aún está en cabeza de la causante Nicomedes Mejía, porque aún no se ha llevado a cabo la sucesión, de esta manera, señala, l os demandantes no tienen unos bienes en concreto en su haber, como no existe en concreto, no hay administración de él.

Por otro lado, menciona que no hay orden o contrato que contenga la obligación de rendir cuentas , incluso, los demandantes así lo indicaron en sus interrogatorios de parte,

De otra parte, menciona que los demandantes tienen una posesión legal que no les da derecho a disponer del bien, mientras que el demandado tiene la posesión real y material con el ánimo de señor y dueño, es decir, una posesión legal no es

De otra parte, menciona que los demandantes tienen una posesión legal que no les da derecho a disponer del bien, mientras que el demandado tiene la posesión real y material con el ánimo de señor y dueño, es decir, una posesión legal no es factible de administración.

En conclusión, indica que el acervo probatorio permite concluir que el demandado no es el administrador, ni tampoco tiene mandado o contrato con los demandantes

VII.SENTENCIA

En la decisión apelada, el juez de primer grado declaró probada la excepción de mérito denominada “falta de encargo de administración por la parte activa a la parte pasiva” y negó las pretensiones de la demanda. Argumentó que este proceso se inició con la pretensión de ordenar al demandado rendir cuentas de la eventual administración respecto a una porción del predio llamado La Primavera, entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2019, es decir, cualquier discusión ajena a los elementos esenciales para que haya lugar a rendir las cuentas, escapa la órbita de este debate, por ejemplo, cualquier discusión sobre la posesión singular y excluyente q ue dice el demandado tener sobre la porción del predio que explota.

De esta manera, puntualizó que la obligación de rendir cuentas en cabeza del demandado debe ser clara, aspecto probatorio que no se acreditó, ni siquiera indiciariamente, pues no existe prueba de la gestión del demandado Aldemar Méndez Bravo que lo obligue a rendir cuentas, incluso, los demandantes no saben por qué lo tildan de administrador, simplemente se mencionó algo en el hecho octavo de la demanda, por lo tanto, al demandado no se l e puede tener como administrador.

saben por qué lo tildan de administrador, simplemente se mencionó algo en el hecho octavo de la demanda, por lo tanto, al demandado no se l e puede tener como administrador.

De otra parte, indica que los demandantes no son dueños de la finca, el demandado tampoco, porque el folio de matrícula inmobiliaria indica que el dueño es la causante Nicomedes Mejía; en este sentido, señala el despacho que sobre los herederos irradian ciertos derechos que pueden ejercer sobre las cosas que5

integran esa universalidad de bienes, nada de ello implica que por el mero hecho de tener la calidad de heredero, se pueda reclamar a otro que tenga la posesión de un bien que pueda tener posesión y ser hereditario, la rendición de cuentas

Por lo tanto, cualquier discusión sobre por qué el demandado se apropia de los frutos de la cosa y no lo distribuya, corresponde en otro tipo de proceso.

VIII. REPAROS CONCRETOS

El apoderado de los demandantes interpuso recurso de apelación contra la sentencia pronunciada en audiencia, insistiendo que, esta demanda de rendición de cuentas, si busca el reconocimiento de un derecho en cabeza de quien las pide, cuando quien debe hacerlo no lo ha hecho voluntariamente.

En este caso concreto, señala, es clara la obligación del demandado para rendir cuentas, sin embargo, el juez de primer grado omitió tener en cuenta que si bien el inmueble no aparece a nombre de las partes, es porque se trata de un bien relicto en titularidad de la señora Nicomedes Mejía, y en esta medida, concluye, se debieron aplicar las normas que gobiernan esta clase de situaciones jurídicas.

el inmueble no aparece a nombre de las partes, es porque se trata de un bien relicto en titularidad de la señora Nicomedes Mejía, y en esta medida, concluye, se debieron aplicar las normas que gobiernan esta clase de situaciones jurídicas.

El recurrente explica la siguiente ruta de sucesión: “la causante tuvo seis (6) hijos, entre los que se encuentra Luis Felipe Méndez Mejía, que al fallecer aquella la delación de la herencia ocurrió a favor de esa prole en una sexta parte para cada heredero. Luego, cuatro de estos herederos vendieron su cuota parte a Luis Felipe Méndez Mejía. Al fallecer éste la delación se dio a favor de accionantes y accionado en cinco sextas partes, y por último la última sexta parte fue adquirida por la señora Beatriz Bravo junto con los extremos litigiosos. Al morir Beatriz Bravo, la delación se dio a favor de sus hijos, es decir, que el 95.8295% son derechos herenciales sobre la Finca que tienen las partes como hijos de Luis Felipe Méndez Mejía, y el restante 4.166% les pertenece así: 1.0415% por delación de la herencia de Beatriz Bravo, y el 3.1245% por haberlo adquirido en compraventa, lo cual arroja el 100% del predio” (fl. 150 cuaderno 1).

Conforme la anterior explicación, considera el recurrente que debe aplicarse el artículo 757 del Código Civil, ya que, el demandado, a su arbitrio, después del fallecimiento de la señora Beatriz Bravo, dispuso de dos (2) hectáreas y de la parte de frutales para recibir el producto, sin que mediara decreto judicial que confiera la posesión efectiva, ni el registro del mismo.

fallecimiento de la señora Beatriz Bravo, dispuso de dos (2) hectáreas y de la parte de frutales para recibir el producto, sin que mediara decreto judicial que confiera la posesión efectiva, ni el registro del mismo.

Como no existió adjudicación del bien inmueble La Primavera en la sucesión, ni acuerdo entre los herederos para saber quién recibía el producto de los frutos civiles desde el primero (1) de enero de 2015 a la fecha, el demandado no debió hacerlo desde el fallecimiento de la señora Beatriz Bravo en noviembre de 2014, pues no podía disponer de la Finca ni parte de ella, como si lo hizo respecto a dos (2) hectáreas para cultivo de arroz y secanos.6

Por lo anteriormente explicado, concluye el recurrente, existe la obligación legal a rendir cuentas de los dineros que recibió producto de los frutos civiles de esas áreas de terreno de la finca, pues se está enriqueciendo sin justa causa.

Puntualiza que el juez de primer grado se inhibió de administrar justicia, pues concluyó erróneamente que el proced imiento a seguir no era la rendición de cuentas, omitiendo dar aplicación de las reglas procesales para adecuar el trámite al proceso adecuado, al igual que, tampoco aplicó el principio del iura novit curia, con el fin de tramitar la vía procesal pertinente a este caso.

IX. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

En vista de la situación de emergencia económica, social y ecológica que se encuentra el país a causa del Covid -19, el Gobierno Nacional emitió el decreto 806 de 2020, cuyo artículo 14 regula de manera expresa , el trámite a seguir en

En vista de la situación de emergencia económica, social y ecológica que se encuentra el país a causa del Covid -19, el Gobierno Nacional emitió el decreto 806 de 2020, cuyo artículo 14 regula de manera expresa , el trámite a seguir en apelaciones de sentencia para asuntos civiles y familia, por tal motivo, en auto de ponente del veintidós (22) de septiembre de 2020, se procedió a adecuar el trámite procesal dado a la alzada, disponiéndose, correr traslado a la parte apelante para que sustentara el recurso y a la parte no apelante para que ejerciera su derecho de réplica.

La parte recurrente cumplió su carga de sustentar su alzada, según escrito enviado por correo electrónico a la secretaría del Tribunal el día veintitrés (23) de septiembre del año que avanza . Por su parte, el apoderado de la parte no recurrente presentó memorial descorriendo el traslado del escrito de sustentación de la alzada.

X.CONSIDERACIONES

1. En el presente asunto no se avizora motivo de nulidad que afecte la validez del proceso adelantado , y además, los presupuestos procesales para emitir sentencia de fondo se encuentran satisfechos, por lo cual, esta sentencia será de mérito.

2. Previo al análisis de fondo de este litigio, la Sala emprenderá su estudio dirigido a establecer la legitimación en causa por activa y por pasiva dentro del presente asunto, lo anterior por cuanto, si bien el demandado propuso como excepciones de mérito, las denominadas “falta de encargo de administración por la parte activa a la parte pasiva” e “inexistencia de derecho de pedir

presente asunto, lo anterior por cuanto, si bien el demandado propuso como excepciones de mérito, las denominadas “falta de encargo de administración por la parte activa a la parte pasiva” e “inexistencia de derecho de pedir rendición de cuentas por falta total de bienes a administrar”, en rigor, estas dos exceptivas conducen a un reproche de falta de legitimación en la causa tanto por activa, como por pasiva, y, por técnica procesal, lo correcto es abordar el estudio de la legitimación como presupuesto procesal para emitir sentencia de fondo favorable1, y no como excepciones de mérito, en tal sentido, el Tribunal

1 CSJ Sentencia SC2642-2015; 10/03/2015.7

acogerá estas figuras planteadas bajo esas denominaciones, pero a título de falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, ello con base en las explicaciones que se desarrollarán en los siguientes párrafos.

2. En este orden de ideas, la sala recuerda que, en palabras de nuestro órgano de cierre, la legitimación en la causa corresponde a “ (…) la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción

(legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva) ". (Instituciones de Derecho Procesal Civil, 1, 185)” (G.J. CCXXXVII, v1, n.° 2476, pág. 486. En igual sentido, G.J. LXXXI, n.° 2157 -2158, pág. 48, entre otras) (sentencias citadas en SC4750 -2018 del 31 de octubre de 2018,

2476, pág. 486. En igual sentido, G.J. LXXXI, n.° 2157 -2158, pág. 48, entre otras) (sentencias citadas en SC4750 -2018 del 31 de octubre de 2018, radicación 2011-00112-01. M.P. Dr. Margarita Cabello Blanco).

3. De esta manera, en tratándose de la legitimación en los procesos de rendición provocada de cuentas, conforme señala el tratadista Ramiro Bejarano

Guzmán, considera:

“Si alguien ejerce y concluye una gestión administración administrativa, cualquiera que sea, debe rendir cuentas comprobadas de ella. Si no lo hace, los beneficiarios de esa gestión pueden formularle demanda para que se rindan las cuentas, en cuyo caso el proceso de denominará “rendición provocada de cuentas”. (…)

En la rendición provocada, es demandante quien quiere conocer las cuentas, y demandado quien ejerció la administración (…)” (Bejarano Guzmán. Ramiro. Procesos declarativos, arbitrales y e jecutivos. Sexta edición. Editorial Temis S.A. Bogotá. Pág. 100) (negritas y subrayas fuera de texto).

4. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al comentar esta clase de procesos, indica lo siguiente: “El objeto de este proceso, es que todo aquel que conforme a la ley, esté obligado a rendir cuentas de su administración lo haga, si voluntariamente no ha procedido a hacerlo. (…) Los procesos de rendición provocada de cuentas suponen, así, de parte de quien es llamado a rendirlas, una obligación de hacerlo. Y

voluntariamente no ha procedido a hacerlo. (…) Los procesos de rendición provocada de cuentas suponen, así, de parte de quien es llamado a rendirlas, una obligación de hacerlo. Y esa obligación de rendir cuentas se deriva, por regla general, de otra obligación: la de gestionar actividades o negocios por otro . En el Derecho sustancial, están obligados a rendir cuentas, entre muchos otros, por ejemplo, los guardadores –tutores o curadores - (arts. 504 a 507, Código Civil Colombiano), los curadores especiales (art. 584, C.C.C), el8

heredero beneficiario respecto de los acre edores hereditarios y testamentarios (arts. 1318 a 1320, C.C.C), el albacea (art. 136, C.C.C), el mandatario (arts. 2181, C.C.C., y 1268 del Código de Comercio), el secuestre (art. 2279, C.C.C), el agente oficioso (art. 1312, C.C.C), el administrador de la cosa común (arts. 484 a 486, C.P.C), el administrador de las personas jurídicas comerciales (arts. 153, 230, 238 y 318, Co.Co., y 45, Ley 222 de 1995), el liquidador (arts. 238, Co.Co., y 59, inc. 5, Ley 1116 de 2006), el gestor de las cuentas en particip ación (arts. 507 y 512 del Co.Co.), el fiduciario (art. 1234, Co.Co.), el comisionista (art. 1299, Co.Co.) y el editor (arts. 1362 y 1368, Co.Co.). En todas estas hipótesis,

del Co.Co.), el fiduciario (art. 1234, Co.Co.), el comisionista (art. 1299, Co.Co.) y el editor (arts. 1362 y 1368, Co.Co.). En todas estas hipótesis, los sujetos obligados a rendir cuentas lo están porque previamente ha habido un ac to jurídico (contrato, mandamiento judicial, disposición legal)2 que los obliga a gestionar negocios o actividades por otra persona. De hecho, un comunero, si es designado administrador de la comunidad , en la forma como lo disponen los artículos 484 y 486 del Código de Procedimiento Civil, seguramente estará obligado a rendir cuentas de su gestión, espontáneamente o a petición de los comuneros (artículo 485, C.P.C). Pero si el caso es que uno de los comuneros ha introducido motu proprio, y con afectación a su propio peculio, mejoras en la cosa común, la única hipótesis en la cual estaría llamado a rendir cuentas de su gestión, es que solicite para sí el reembolso de lo pagado por él en pro de la comunidad (artículo 2325, C.C.C), o que solicite el reconocimiento de las mejoras. En estos dos últimos eventos, los escenarios procesales para rendir las cuentas no serían, precisamente, los procesos de rendición de cuentas, sino los procesos en los cuales se so licite el reembolso de lo pagado en pro de la comunidad o el reconocimiento de mejoras, y no como obligación del comunero, sino como condición indispensable para obtener lo pretendido.” (Sentencia T-743 de 2008. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa) (Negritas y subrayas fuera de texto).

obligación del comunero, sino como condición indispensable para obtener lo pretendido.” (Sentencia T-743 de 2008. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa) (Negritas y subrayas fuera de texto).

5. Así las cosas, es evidente que, en tratándose de procesos de rendición de cuentas, la legitimación en la causa por activa, recae en aquellas personas que, por virtud de la ley o contrato, están facultadas para pedir y/o exi gir la rendición de cuentas , mientras que, la legitimación en la causa por pasiva, recae en la persona que, por virtud de la ley o contrato, esté obligado a rendirlas conforme a la administración desarrollada.

En otros términos, la cuestión que primeramente debe determinarse, en esta clase de procesos, es la existencia del vínculo legal o contractual, que legitime a la parte actora a pedir las cuentas de la administración desarrollada por la persona encomendada para esos fines, y, por otra parte, este vínculo legal o

2 Incluso la agencia oficiosa es caracterizada por la codificación civil como un ‘contrato’. Cfr., Artículo 2304, C.C.9

convencional es el que establece la legitimación en la causa por pasiva, pues determina quién es la persona obligada a rendir cuentas de su administración.

En este sentido, indicó nuestro órgano de cierre:

“En esa medida es presupuesto de la acción, de forzosa verificación del funcionario judicial, la existencia de un convenio o mandato legal que imponga al convocado la obligación de rendir las cuentas pedidas derivadas de la administración que se le confirió.” (Sentencia STC4574 -2019, radicación

funcionario judicial, la existencia de un convenio o mandato legal que imponga al convocado la obligación de rendir las cuentas pedidas derivadas de la administración que se le confirió.” (Sentencia STC4574 -2019, radicación 2019-00254-01 M.P. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo).

6. Descendiendo al estudio del caso concreto, es evidente que no existe un vínculo legal o convencional, que faculta a los demandantes pedir cuentas, y a su turno, que imponga al demandado, la obligación de rendirlas, como se

pasa a explicar:

6.1 En efecto, las partes del proceso, en su etapa de interrogatorios, fueron contestes en precisar que no existió relación contractual, o mejor, encargo de administración que le hicieran los demandantes, al demandado Aldemar Méndez Bravo.

6.2 En este sentido, la demandant e Matilde Méndez Bravo, cuando fue interrogada por el juzgado acerca de que si existió, de parte suya, algún pacto o contrato con el demandado Aldemar Méndez Bravo, mediante el cual le confiriera la administración del predio Finca La Primavera, contestó: “no señor, yo no le he hecho ningún documento, nada” (min 8:41 c.d. fl. 134 cuaderno 1).

6.3 De igual modo, el demandante Luis Alberto Méndez Bravo, al ser interrogado por el juzgado acerca de que, si ha realizado algún acto, contrato o acuerdo con el demandado Aldemar Méndez Bravo respecto de la administración de la Finca La Primavera, contestó que “en ningún lugar…uno busca la manera y lo tratan mal a uno” (min

contrato o acuerdo con el demandado Aldemar Méndez Bravo respecto de la administración de la Finca La Primavera, contestó que “en ningún lugar…uno busca la manera y lo tratan mal a uno” (min 23:30 c.d. fl. 134 cuaderno 1).

6.4 También, el demandante Alcibiades Méndez Bravo, en su interrogatorio de parte, cuando fue consultado por el juzgado acerca de haberse reunido con sus hermanos para que el demandado Aldemar Méndez Bravo administrara la finca La Primavera, contestó “no señor, no hemos realizado ningún acuerdo” (min 39:09 c.d. fl. 134 cuaderno 1) , a su vez, cuando fue interrogado por el apoderado del demandado, en el sentido de que si le encargó la administración del predio La Primavera al demandado, contestó: “no señor…no l o hemos autorizado para que administre la finca” (min 46:56 c.d. fl. 134 cuaderno 1).10

6.5 Por otra parte, el demandado Aldemar Méndez Bravo, en el curso de su interrogatorio de parte, cuando fue consultado por el juzgado acerca de si ha hecho algún acuerdo c on sus hermanos para administrar la finca, contestó “en ningún momento, eso es mío doctor” (min 57:09 c.d. fl. 134 cuaderno 1).

7. Conforme lo expuesto, es evidente que, las mismas partes del proceso, admiten que no hubo acto, contrato o convención, mediant e la cual, los demandantes Matilde, Alcibiades y Luis Alberto Méndez Bravo, nombraran al demandado Aldemar Méndez Bravo, como administrador de la finca La

admiten que no hubo acto, contrato o convención, mediant e la cual, los demandantes Matilde, Alcibiades y Luis Alberto Méndez Bravo, nombraran al demandado Aldemar Méndez Bravo, como administrador de la finca La Primavera, y que, por virtud de dicho acuerdo, se obligara a rendir cuentas comprobadas de su gestión.

8. Incluso, la testigo Damaris Castro Valencia, cuando fue consultada por el juzgado acerca de la existencia de algún contrato entre demandantes y demandado, con el fin de que se designara al señor Aldemar Méndez Bravo como administrador de la Finca la Primavera, contestó “no señor, yo no conozco ningún documento, ninguna prueba que yo pueda decirle que hay autorización o algo así” (min 20:41 c.d. fl. 148 cuaderno 1).

9. De esta manera, es claro para la sala que, en realidad, no existe una relación convencional entre demandantes y demandado, con el propósito de que, a este último, se le asignara la administración de la Finca La Primavera, y que, por lo mismo, estuviera obligado a rendir cuentas.

10. De igual forma, tampoco existe un vínculo legal que le sirva de soporte a los demandantes para exigirle al señor Aldemar Méndez Bravo, como pretenden en la demanda, rendir cuentas sobre una presunta administración de la Finca

La Primavera.

En efecto, de las pruebas documentales obrantes en el proceso, no puede inferirse, de manera alguna, que el demandado Aldemar Méndez Bravo, tenga un vínculo legal que lo obligue a rendir cuentas a los demandantes, pues, no se observa su calidad de guardador, curador esp ecial, heredero beneficiario

inferirse, de manera alguna, que el demandado Aldemar Méndez Bravo, tenga un vínculo legal que lo obligue a rendir cuentas a los demandantes, pues, no se observa su calidad de guardador, curador esp ecial, heredero beneficiario respecto de los acreedores hereditarios y testamentarios, ni albacea, mandatario, secuestre, agente oficioso, administrador de la cosa común, liquidador, gestor de cuentas en participación, comisionista, ni otra calidad que, por ministerio de la ley, lo obligue a rendir cuentas.

Por el contrario, observado el folio de matrícula inmobiliaria 357 -9235, contentivo del bien materia del litigio, se observa que solamente aparece como propietaria la señora Nicomedes Mejía de Méndez, según anotación número 1, por haberlo adquirido por compraventa a la señora Eufrocina Vega de Rodríguez (fl. 3 cuaderno 1), es decir, aun no se ha llevado a cabo la11

sucesión de la señora Mejía de Méndez con el fin de establecer la calidad de heredero de las partes de este proceso.

Incluso, al evidenciarse que el inmueble aún figura como propietaria la señora Nicomedes Mejía de Méndez, es lo cierto que, sobre dicho predio, posiblemente tendrían derechos hereditarios, tanto el causante Luis Felipe Méndez Mejía como lo hermanos de este , y, en virtud de la institución de la representación los aquí demandantes y demandado, como hijos del señor Luis Felipe Méndez Mejía, eventualmente participarían en la sucesión de la señora Nicomedes Mejía de Méndez, pero en representación de la cuota hereditaria de Luis Felipe, en una sexta parte, por tanto, en el mejor de los

Luis Felipe Méndez Mejía, eventualmente participarían en la sucesión de la señora Nicomedes Mejía de Méndez, pero en representación de la cuota her