TSDJ IBE SP - 73001-31-04-007-2020-00085-(22-01-2021)

Accionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , Consorcio Fondo Atención en Salud PPL, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy otros.

Accionante: JUAN FELIPE GRISALES ISAZA Radicado: 73001-31-04-007-2020-00085

Asunto: Tutela de 2ª Instancia

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA DE DECISIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE: IVANOV ARTEAGA GUZMÁN

Ibagué, veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) Acta No. 036

ASUNTO

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPECcontra el fallo de tutela proferido el 26 de noviembre de 2020 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, Tolima, mediante el cual amparó los derechos fundamentales a la salud, la vida en condiciones dignas y seguridad social del interno JUAN FELIPE GRISALES ISAZA.

LA ACCIÓN1

El actor, quien se encuentra privad o de la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , acudió a este mecanismo constitucional en busca de protección de los derechos fundamentales en cita al considerarlos vulnerados por parte de ese centro de reclusión , en razón de no habérsele brindado la atención

este mecanismo constitucional en busca de protección de los derechos fundamentales en cita al considerarlos vulnerados por parte de ese centro de reclusión , en razón de no habérsele brindado la atención médica que requiere n sus afecciones de salud, entre ellas tuberculosis. Tampoco se le ha entregado la copia de su historia clínica.

1 DEMANDA ACCIÓN TUTELA 2020-00085 JUAN FELIPE GRISALES – CONSORCIO ATENCIÓN SALUD PPLAccionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , Consorcio Fondo Atención en Salud PPL, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy otros.

Accionante: JUAN FELIPE GRISALES ISAZA Radicado: 73001-31-04-007-2020-00085

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Por lo anterior considera que la entidad accionada le está conculcando sus derechos fundamentales y, en consecuencia, deprecó le sean protegidos mediante este mecanismo constitucional.

DEL FALLO IMPUGNADO2

El a quo amparó los derechos fundamentales invocados por JUAN JOSÉ GRISALES ISAZA y, como consecuencia de ello, ordenó tanto al Área de Sanidad del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima, y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL , como a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, realizar conjuntamente, en el marco de sus competencias, los trámites pertinentes con el fin de entregar los medicamentos requeridos por el

la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, realizar conjuntamente, en el marco de sus competencias, los trámites pertinentes con el fin de entregar los medicamentos requeridos por el primero, así como velar por la atención integral en salud que él requiera para contrarrestar las patologías que lo aquejan a través de los trámites logísticos pertinentes.

LA IMPUGNACIÓN3

Inconforme con la anterior decisión, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPECla impugnó argumentando que la materialización de los servicios de salud requeridos por los internos bajo custodia del Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC-, corresponde tanto al respectivo centro de reclusión donde se encentran confinados como al Consorcio Fondo de Atención en Salud

2 FALLO TUTELA 2020-00085 JUZGADO 7 PENAL CIRCUITO DE IBAGUÉ 3 IMPUGNACIÓN TUTELA 2020-00085 USPECAccionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , Consorcio Fondo Atención en Salud PPL, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy otros.

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PPL, por lo cual carece de legitimación por pasiva para ser vinculada a cualquier orden constitucional tendiente a la protección de derechos fundamentales del interno JUAN FELIPE GRISALES ISAZA.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

PPL, por lo cual carece de legitimación por pasiva para ser vinculada a cualquier orden constitucional tendiente a la protección de derechos fundamentales del interno JUAN FELIPE GRISALES ISAZA.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De acuerdo con los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000, esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, Tolima, en la presente acción de tutela.

TEMA MATERIA DE DISCUSIÓN Y DECISIÓN

Se contrae a establece r si tanto el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL , constituido por la FIDUPREVISORA S.A. y la FIDUAGRARIA S.A., como el Área de Sanidad del Complejo Penitenciario y CarcelarioCOIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, han incurrido en omisiones lesivas de los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad humana de los cuales es titular el interno JUAN FELIPE GRISALES ISAZA , específicamente al no habérsele prestado los servicios de salud requeridos para tratar las afecciones que l o aquejan; o si , por el contrario, las mismas deben ser exoneradas de toda responsabilidad.

DESARROLLO Y SOLUCIÓN DEL ASUNTOAccionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima ,

contrario, las mismas deben ser exoneradas de toda responsabilidad.

DESARROLLO Y SOLUCIÓN DEL ASUNTOAccionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , Consorcio Fondo Atención en Salud PPL, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy otros.

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En relación con los derechos de las personas privadas de la libertad, la Corte Constitucional en sentencia T-959 de 2012 expuso:

“La Corte Constitucional ha considerado que los internos de los centros penitenciarios y carcelarios del país, se encuentran en una especial relación de sujeción4 con el Estado, en particular con las autoridades legalmente constituidas para dirigir dichos establecimientos, vista la clara situación de subordinación en la que se encuentran.

La reclusión en un centro penitenciario y carcelario implica para el interno en estado de detención preventiva la suspensión de sus derechos a la libertad física y a la libre locomoción, y adicionalmente, de derechos políticos si ha sido condenado por sentenc ia judicial. De otra parte, derechos como la libertad de reunión o asociación, la intimidad personal y familiar, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al ejercicio libre de una profesión u oficio y la libertad de expresión se encuentran seriam ente restringidos, en tanto la privación de la libertad conlleva impedimentos a su libre ejercicio.

El respeto y garantía de derechos como la vida, la integridad personal, la

expresión se encuentran seriam ente restringidos, en tanto la privación de la libertad conlleva impedimentos a su libre ejercicio.

El respeto y garantía de derechos como la vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud, al debido proceso, y el derecho de petición, entre otros, no se afectan de manera alguna; su libre ejercicio y protección mantienen plena vigencia, a pesar de la privación de la libertad que padece su titular5.

Dada la situación de sometimiento y especial relación entre internos y el Estado, éste tiene la posibilidad de imponer un conjunto de condiciones y reglas de conducta cuya finalidad primordial es garantizar la seguridad y el orden al régimen penitenciario y carcel ario. Correlativamente el Estado tiene dicha carga de asegurar, en el marco de su política carcelaria, la efectiva protección y garantía de sus derechos, ya que el interno sigue siendo titular de derechos cuya satisfacción no puede ser asumida por ellos mi smos. En suma, el Estado debe garantizar de manera primordial la seguridad en las condiciones de reclusión, y por otra parte, ofrecer a sus internos condiciones mínimas para llevar una existencia digna.

4 Los rasgos distintivos de esta especial relación, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, son: “(i) El nacimiento de una relación de subordinación entre el recluso y el Estado, causada en el deber del interno de cumplir la orden de reclusión proferida por la autoridad judicial correspondiente. (ii) El efecto de tal subordinación es que el recluso se somete a un régimen jurídico especial que implica controles disciplinarios y administrativos, inclusive la posibilidad de

orden de reclusión proferida por la autoridad judicial correspondiente. (ii) El efecto de tal subordinación es que el recluso se somete a un régimen jurídico especial que implica controles disciplinarios y administrativos, inclusive la posibilidad de limitar el ejercicio d e derechos, algunos fundamentales. Sin embargo, esta última posibilidad, relativa a la restricción de ciertos derechos, debe tener por objeto garantizar los derechos de toda la población carcelaria, como por ejemplo medidas que se adopten para garantizar l a disciplina, la seguridad y la salubridad, con miras a lograr su resocialización, como finalidad de la pena. (iii) En el contexto específico de esa relación especial de sujeción, el Estado es responsable de la garantía de los derechos fundamentales de los reclusos. Por ello, está obligado a brindarles las condiciones necesarias para una vida digna, particularmente, en lo que tiene que ver con la provisión de alimentos, la asignación de un lugar para su habitación y el disfrute de servicios públicos, entre otros.”. Sentencia T-190 de 2010. 5 “Tal persona a pesar de tener suspendido su derecho a la libertad física, aún es titular y ejerce sus otros derechos fundamentales, los cuales sólo pueden ser restringidos en menor o mayor magnitud debido a su nexo con la reclusión, pero permanecen intactos en su núcleo esencial.” Sentencia T-065 de 1995. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T -424 de 1992, T-522 de 1992, T-596 de 1992, T-219 de 1993, T-273 de 1993, T-388 de 1993, T437 de 1993, T-420 de 1994 y T-705

de 1996.Accionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , Consorcio Fondo Atención en Salud PPL, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy otros.

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Las condiciones mínimas de vida digna comprenden ele mentos básicos de la existencia de cualquier ser humano, partiendo de las obligaciones más esenciales como la alimentación, la habitación, el suministro de útiles de aseo, hasta la prestación de servicio de sanidad, etc., requerimientos mínimos que no pued en ser asumidos con la sola iniciativa del interno, en razón a restricción de algunos de sus derechos. Así, la responsabilidad estatal en estas materias es ineludible y plenamente exigible por los reclusos 6, máxime cuando la misma Constitución Política señ ala que nadie puede estar sometido a tratos, o penas crueles, inhumanos o degradantes (Art. 12 C.P.)7.

Bajo estas consideraciones, la garantía mínima de los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, etc., se asegura mediante acciones positiv as por parte del Estado.”

Y en cuanto al derecho a la salud, señaló:

“Respecto de la atención en salud de las personas recluidas en estos establecimientos la Ley 65 de 1993, o Código Penitenciario y Carcelario, señala la responsabilidad y obligación estatal de asumir la prestación y

“Respecto de la atención en salud de las personas recluidas en estos establecimientos la Ley 65 de 1993, o Código Penitenciario y Carcelario, señala la responsabilidad y obligación estatal de asumir la prestación y atención en salud de toda la población carcelaria y establece las formas bajo las cuales ésta se debe desarrollar8.

Así, esta Corporación ha establecido:

“Por la salud del interno debe velar el sistema carcelario, a costa del tesoro público, y la atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los derechos fundamentales del preso resultarían gravemente violados por la negligencia esta tal en estas materias, así como por la falta de cuidado y asistencia requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su salud. […]

Debe la Corte llamar la atención sobre la oportunidad de la atención médica requerida. No basta con que las au toridades del centro

6“[…] de la específica condición de recluso surgen ciertos derechos, contenidos especialmente en la ley penitenciaria y que tienen que ver con la alimentación, la salud, la seguridad social, etc., y que, como contrapartida constituyen deberes a cargo del Estado”. Sentencia T-424 de 1992. 7 Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos - también conocida como el Pacto de San José, y que fue aprobada por el Congreso mediante la Ley 16 de 1972 - como el Pacto Internacional de Derechos Ci viles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, establecen que los reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad de personas

aprobado mediante la Ley 74 de 1968, establecen que los reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad de personas 8 Ley 65 de 1993: “ARTÍCULO 104. SERVICIO DE SANIDAD. E n cada establecimiento se organizará un servicio de sanidad para velar por la salud de los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso al centro de reclusión y cuando se decrete su libertad; además, adelantará campañas de prevención e higiene, supe rvisará la alimentación suministrada y las condiciones de higiene laboral y ambiental. Los servicios de sanidad y salud podrán prestarse directamente a través del personal de planta o mediante contratos que se celebren con entidades públicas o privadas. AR TÍCULO 105. SERVICIO MÉDICO PENITENCIARIO Y CARCELARIO. El servicio médico penitenciario y carcelario estará integrado por médicos, psicólogos, odontólogos, psiquiatras, terapistas, enfermeros y auxiliares de enfermería. ARTÍCULO 106. ASISTENCIA MÉDICA. To do interno en un establecimiento de reclusión debe recibir asistencia médica en la forma y condiciones previstas por el reglamento. Se podrá permitir la atención por médicos particulares en casos excepcionales y cuando el establecimiento no esté en capacidad de prestar el servicio.”Accionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , Consorcio Fondo Atención en Salud PPL, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy otros.

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penitenciario efectivamente establezcan unas fechas para que éstas se realicen. Es indispensable que tales citas se programen y se cumplan, de conformidad con los criterios de racionalidad y previa la adopción de indispensables precauc iones y cuidados con miras a la seguridad, tanto respecto de la vida e integridad del recluso como para evitar que éste aproveche la cita médica, en el evento de efectuarse fuera del centro carcelario, para intentar la fuga. La urgencia será obviamente un factor determinante.

El cuidado de la salud, a cargo del establecimiento, en los campos médico, quirúrgico, asistencial, o el que implique tratamientos o terapias debe ser oportuno, es decir, ha de darse de tal modo que no resulte tardío respecto a la evolución de la enfermedad del paciente; aun en los casos en que la patología admita espera, si el preso sufre dolores intensos la atención médica o farmacéutica debe ser inmediata, por razones humanitarias, de tal manera que la demora en brindarla efectiv amente no se convierta en una modalidad de tortura.”.

Se debe destacar que a la organización estatal le corresponde garantizar que los internos tengan acceso a los servicios de salud, en tanto, precisamente por s u reclusión, son sujetos de especial protección al no poder satisfacer por sí mismos sus necesidades en esa materia, pues dada su condición , no es posible que se afilien a los

tanto, precisamente por s u reclusión, son sujetos de especial protección al no poder satisfacer por sí mismos sus necesidades en esa materia, pues dada su condición , no es posible que se afilien a los regímenes del Sistema de Salud, o ra acudan a una institución pública o privada en búsqueda de atención médica. Luego, ante dicha situación, el Estado se obliga a asegurar su derecho a una salud física y mental que les permita una vida digna, por supuesto, con las limita ciones inherentes a su relación de sujeción, para lo cual les debe garantizar el acceso a los servicios que de esta naturaleza requieran en procura de tratar sus enfermedades.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso recordar que la garantía del derecho a la salud no puede ser suspendida ni restringida a quienes se encuentran privados de la libertad, en tanto su desconocimiento afectaAccionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , Consorcio Fondo Atención en Salud PPL, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy otros.

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otros derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-762 de 2015 precisó:

“En el campo de la salud es claro que, por su misma circunstancia, quien se encuentra privado de la libertad no goza de autonomía -como la persona librerespecto, la Corte Constitucional en sentencia T-762 de 2015 precisó:

“En el campo de la salud es claro que, por su misma circunstancia, quien se encuentra privado de la libertad no goza de autonomía -como la persona librepara acudir al médico cada vez que lo desee o necesite, y que, por lo general, tampoco le es posible escoger a los facultativos que deban examinarlo, tratarlo u operarlo. Ha de someterse a unas reglas generales y predeterminadas, indispensables por razones de organización y seguridad.

Empero, lo anterior no puede significar que se diluya o haga menos exigente la responsabilidad a cargo del INPEC y de los establecimientos de reclusión, o q ue pueda el sistema desentenderse de la obligación inexcusable de prestar a todos los presos, en igualdad de condiciones, una atención médica adecuada, digna y oportuna. (…)

El cuidado de la salud , a cargo del establecimiento, en los campos médico, quirúrgico, asistencial, o el que implique tratamientos o terapias debe ser oportuno, es decir, ha de darse de tal modo que no resulte tardío respecto a la evolución de la enfermedad del paciente; aun en los casos en que la patología admita espera, si el preso sufre dolores intensos la atención médica o farmacéutica debe ser inmediata, por razones humanitarias, de tal manera que la demora en brindarla efectivamente no se convierta en una modalidad de tortura.

El derecho a la salud de las personas privadas de la libertad debe entonces ser garantizado en condiciones de igualdad, no solo porque se encuentra estrechamente vinculado con los derechos a la vida y a la dignidad humana, sino

tortura.

El derecho a la salud de las personas privadas de la libertad debe entonces ser garantizado en condiciones de igualdad, no solo porque se encuentra estrechamente vinculado con los derechos a la vida y a la dignidad humana, sino también “por la relación especial de sujeción del interno con el Estado y la ausencia de justificación para su limitación dentro del marco general del derecho punitivo”. (Énfasis suplido)

La Ley 1709 de 2014 , mediante la cual se hicieron algunas reformas al Código Penitenciario y Carcelario , en su canon 65 dispuso que la población reclusa tendrá acceso “… a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temp rano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicos o mentales. Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que lo orden e. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica deberánAccionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , Consorcio Fondo Atención en Salud PPL, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy otros.

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realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad”.

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realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad”.

A su vez, el artículo 66 ídem dispuso que tanto el Ministerio de Salud y Protección Social como la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPECdeben di señar un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad, incluida la que se encuentra en prisión domiciliaria, el cual sería financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación. Para ello se creó el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad como una “ cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica”, encargado de contratar la prestació n de los servicios de tal naturaleza para todas las personas recluidas.

Dichos fondos están a cargo de la FIDUPREVISORA S.A., entidad estatal suscribió el contrato de fiducia mercantil No. 145 del 29 de marzo de 2019 entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, con el objeto de administrarlos y disponer de ellos.

Por su parte, el Decreto 2245 de 2015 – “Por el cual se adiciona un capítulo al Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, en lo relacionado con la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC”- dispuso un modelo especial de

en lo relacionado con la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC”- dispuso un modelo especial de atención en salud para dicha población con el fin de garantizar como mínimo, de un lado, una atención intramural y extramural , y del otro,Accionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , Consorcio Fondo Atención en Salud PPL, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy otros.

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una política de atención primaria en salud que incluye todas las fases de la prestación de esta clase de servicios, esto es, el d iagnóstico, la promoción de la salud, la gestión del tratamiento y rehabilitación, así como intervenciones colectivas e individuales en salud pública (Artículo 2.2.1.11.4.2.1.).

Asimismo, diferenció la atención en salud para las mujeres, niñas y niños menores de tres años, mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores, personas con especiales afecciones como portadores de VIH o enfermedades en fase terminal, población con patologías mentales y per sonas consumidoras de sustancias sicoactivas (Artículo 2.2.1.11.6.1.).

En cuanto a la implementación de tal esquema dispuso que debía ser gradual en un término no mayor a ocho (8) meses contados a partir del

2.2.1.11.6.1.).

En cuanto a la implementación de tal esquema dispuso que debía ser gradual en un término no mayor a ocho (8) meses contados a partir del 1º de diciembre de 2015, y los servicios de sa lud de la población privada de la libertad s eguirían prestándose por parte de la entidad que venía asumiendo dicha actividad , esto es, la EPS -S CAPRECOM en Liquidación, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de Personas Privadas de la Liberta d y en procura de garantizar la continuidad de aquellos (Artículo 2.2.1.11.8.1.).

De allí que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECvio la necesidad de reglamentar tal normativa y expidió la Resolución No. 5159 de 2015, mediante la cual adoptó el Modelo de Atención en Salud para la población privada de la libertad cuyos aspectos relevantes se resumen a continuación:Accionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , Consorcio Fondo Atención en Salud PPL, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy otros.

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 Todos los centros de reclusión deben contar con una Unidad de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria, en donde se prestarán los servicios definidos en el Modelo de Atención en Salud. Cada interno será

Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria, en donde se prestarán los servicios definidos en el Modelo de Atención en Salud. Cada interno será atendido allí una vez ingrese al establecimiento de reclusión, con el fin de realizar una valoración integral y orientar los programas de salud pertinentes.

 Se dispone una red prestadora de servicios de salud que trabajará de manera coordinada para garantizar la calidad de la atención en este aspecto y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de tal franja poblacional en condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos. Ella incluye los prestadores tanto primarios intramurales ubicados en la prealudida unidad de los distintos establecimientos de reclusión, como los situados por fuera de allí, lo cual demanda r ecursos humanos, tecnológicos y de infraestructura de mayor tecnología y especialización.

Dicho acto administrativo en su canon 3º estableció que la implementación del modelo de atención en salud corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPECen coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y CarcelarioINPEC-, para lo cual deben adoptar los manuales técnico administrativos que se requieran y adelantar los trámites necesarios ante el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.Accionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , Consorcio Fondo Atención en Salud PPL, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy otros.

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Con el fin de garantizar la prestación del servicio de salud, l a Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPECy el Consorcio Fon do de Atención en Salud PPL suscribieron un contrato de fiducia mercantil, en el cual se estableció que los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad que recibirá la fiduciaria deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesa rios para la atención integral en salud y prevención de la enfermedad de esa población, y como un a de las obligaciones del contratista la de velar por la continuidad en ese servicio.

De ese modo se logra determinar cuáles son las entidades encargadas de la prestación del servicio de salud mientras se implementa el nuevo sistema en esta materia aplicable a las personas privadas de la libertad, que en manera alguna puede servir de obstáculo para que el mismo sea eficiente y se salvaguarden los derechos fundamentales de aquellas.

Así lo señaló la Corte Constitucional en reciente decisión T -127 del 09 de marzo de 2016:

“7.1. El artículo 49 de la Constitución Política dispone que la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado, el cual, a través de las autoridades competentes, tiene la obligación de garantizar a todas las personas el acceso a la promoción, protección y recuperación de la salud.

es un servicio público a cargo del Estado, el cual, a través de las autoridades competentes, tiene la obligación de garantizar a todas las personas el acceso a la promoción, protección y recuperación de la salud.

No obstante, ha sido evidente de tiempo atrás la crisis en la prestación del servicio de salud en los centros de reclusión del país, situación que, junto con otras circunstancias, ha generado la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en el sector carcelario.

El legislador no fue ajeno a dicha problemática, por lo que en el año 2014 expidió la ley 1709 con la finalidad de reformar algunas disposiciones del Código Penitenciario y Carcelario, entre otras, aquellas referentes a la prestación de los servicios de sa lud. En la exposición de motivos del proyecto de ley se puso de presente que la prolongada crisis del sistema penitenciario y carcelario tiene múltiples causas, entre ellas, la proliferación de normas que privilegian la privación de la libertad, una infraestructura obsoleta, la ausencia de planeación yAccionados: Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBAPicaleña de Ibagué, Tolima , Consorcio Fondo Atención en Salud PPL, Unidad de S