TSDJ IBE SP - 73001600045020130346501- NI28093-(14-06-2018)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ

SALA DE DECISIÓN PENAL

Segunda Instancia Radicado: 73001.60.00.450.2013.03465.01

NI: 28093

Delito: Homicidio agravado y porte ilegal de armas de defensa personal.

Contra: Álvaro Meléndez Mendoza.

MAGISTRADA PONENTE: JULIETA ISABEL MEJÍA ARCILA

Acta No. 394

Ibagué, CATORCE (14) DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO

(2018)

ASUNTO

Decide la Sala el recurso de apelación1 interpuesto por el defensor del señor ÁLVARO MELÉNDEZ MENDOZA, contra el auto del 19 de Octubre de 20172, mediante el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta capital , negó por improcedente, la solicitud de libertad por vencimiento de términos.

ANTECEDENTES

El 9 de octubre de 2015 , el Juzgado Primero Penal de Circuito de Ibagué, condenó a l señor ÁLVARO MELÉNDEZ MENDOZA , a la pena

1 Folios 10 Cuaderno Tribunal, audio 730016000450201303465 NI 28093. Record 52’47” 2 Folios 10 Cuaderno Tribunal, audio 730016000450201303465 NI 28093. Record 37’Segunda Instancia NI. 28093

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2 Folios 10 Cuaderno Tribunal, audio 730016000450201303465 NI 28093. Record 37’Segunda Instancia NI. 28093

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principal de 55 años de prisión, por los delitos de Ho micidio Agravado en concurso heterogéneo con Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, negando el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

La anterior decisión fue apelada y a la fecha se encuentra ante la Sala Penal de este Tribunal Super ior del Distrito Judicial, pendiente de su resolución.

En audiencia celebrada el pasado 19 de octubre de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué, negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos, incoada por la defensa de ÁLVARO MELÉNDEZ MENDOZA 3, decisión que fue objeto de los recursos de reposición y en subsidio apelación.

El A quo, en la vista pública que data del 24 de noviembre de 2017, determinó no reponer la decisión adoptada el 19 del mes anterior, y concedió el recurso de alzada ante esta corporación4.

LA DECISIÓN IMPUGNADA

El 19 de Octubre de 2017, el A quo negó la libertad por vencimiento de términos solicitada por el abogado defensor 5, con fundamento en las providencias radicados 48.466 de 2016, 49.734 de 2016, 94.564 de 2017

términos solicitada por el abogado defensor 5, con fundamento en las providencias radicados 48.466 de 2016, 49.734 de 2016, 94.564 de 2017 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las que esa corporaci ón aclaró que el plazo máximo razonable establecido en la Ley 1786 de 2016 para resolver la situación jurídica del procesado y por la cual tiene vigencia la medida de a seguramiento, va hasta el anuncio del sentido de fallo o la lectura de éste, toda vez que a parti r de ese momento existe declaratoria de responsabilidad penal, por lo que, la privación de la libertad cambia de teleología , ya

3 Folio 10 Cuaderno Tribunal, audio 730016000450201303465 NI 28093. Record 5’18” a 27’40” 4 Folio 20 Cuaderno Tribunal, audio 730016000450201303465 NI 28063-1. Record 2’32” a 13’40” 5 Folios 10 Cuaderno Tribunal, audio 730016000450201303465 NI 28093. Record 36’42” a 52’39”Segunda Instancia NI. 28093

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que deja de tener un fin preventivo y cautelar, para obedecer al cumplimiento de la pena impuesta.

DE LA IMPUGNACIÓN6

Argumentó la defensa, que el funcionario de instancia incurrió en una vía de hecho judicial por desconocer el precedente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-221 de 2017, donde contempla un límite temporal para la vigencia de la medida de aseguramiento de

vía de hecho judicial por desconocer el precedente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-221 de 2017, donde contempla un límite temporal para la vigencia de la medida de aseguramiento de máximo un año, invocando el fallador jurisprudencia de menor jerarquía normativa como es la de la Corte Suprema de Justicia; ya que al ser una sentencia de control abstracto de constitucionalidad , es derecho positivo vigen te y cuenta con mayor valor normativo que la proferida por el máximo órgano de cierre de la justicia ordinaria.

Considera que, el ordenamiento jurídico tiene un orden lógico y si se reconoce valor normativo a la jurisprudencia, concretamente a los precedentes constitucionales en sede de control abstracto, esto debe ir aparejado de todas las consecuencias, como fundar un delito de prevaricato, pero también, en estricto sentido de aplicación de principios fundamentales de la teoría general del derecho, como es el hecho que una norma judicial de mayor jerarquía como es la de la Corte Constitucional tiene que imperar sobre la de menor jerarquía de la Corte Suprema de Justicia.

Establece que no es cier to, tal como lo ha señalado la máxima corporación de cierre de la justicia ordinaria, que el límite temporal del artículo 307 inciso 1° va hasta el sentido del fallo , pues esto constituye una consideración de tipo procesal que va en detrimento de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, ya que aceptar esa postura implica dejar desprovisto de derechos a una persona que está esperando un fallo de segunda instancia.

una consideración de tipo procesal que va en detrimento de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, ya que aceptar esa postura implica dejar desprovisto de derechos a una persona que está esperando un fallo de segunda instancia.

6 Folios 10 Cuaderno Tribunal, audio 730016000450201303465 NI 28093. Record 52’52” a 1h 02’30”Segunda Instancia NI. 28093

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NO RECURRENTES

FISCALÍA7

Estableció que, por defecto técnico, no se puede conceder el recurso de apelación impetrado, en razón a que la defensa no se pronunció frente a los argumentos de la decisión del Despacho Judicial y tampoco sobre las situaciones relacionadas con el control material o formal de la sentencia C-221 de 2017.

Consideró que, en la intervención del recurrente se presenta una dicotomía respecto del límite temporal y los fines materiales y formales de la decisión, pues lo que hizo fue unas apreciaciones personales, olvidando que la negativa a la petición de libertad se adoptó en derecho.

MINISTERIO PÚBLICO8

Señala que, por parte de la defensa no se hizo una clara sustentación del recurso de reposición y en subsidio de apelación, incoado contra la decisión que negó la libertad por vencimiento de términos, en razón a que no atacó los argumentos específicos de la misma.

Consideró que, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en establecer que en los casos como el presente, no se está

a que no atacó los argumentos específicos de la misma.

Consideró que, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en establecer que en los casos como el presente, no se está ante una medida de aseguramiento, sino que se encuentra pendiente de una decisión de segunda instancia que mantiene incólume la presunción de inocencia, pero la condición de detención preventiva ya fue superada, debido a que existe un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal.

7 Folios 10 Cuaderno Tribunal, audio 730016000450201303465 NI 28093. Record 1h 01’42” a 1h 05’52” 8 Folios 10 Cuaderno Tribunal, audio 730016000450201303465 NI 28093. Record 1h 05’56” a 1h 10’10”Segunda Instancia NI. 28093

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DE LA REPOSICIÓN

El 24 de noviembre de 2017 , el a quo decidió no reponer el auto impugnado, al considerar que para esa judicatura es de obligatorio cumplimiento la interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y reiteró los argumentos que sirvieron de sustento para negar la libertad por vencimiento de términos9.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 34 numeral 1° de la Ley 906 de 2004, esta Corporación Judicial es competente para conocer del recurso interpuesto contra la providencia proferida en este proceso por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta capital.

Ley 906 de 2004, esta Corporación Judicial es competente para conocer del recurso interpuesto contra la providencia proferida en este proceso por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta capital.

En consecuencia, el problema jurídico consiste en determinar si el señor ÁLVARO MELÉNDEZ MENDOZA tiene derecho a la libertad por vencimiento de términos, conforme a lo previsto en la Ley 1786 de 2016; o, si por el contrario, la decisión del a quo fue acertada, al encontrarse privado de la libe rtad en virtud de la pena de prisión impuesta en sentencia de primera instancia.

Atendiendo el motivo de censura, se tiene que el artículo 307 de la Ley 906 de 2004, prevé como medidas de aseguramiento privativas de la libertad dentro del proceso penal , la d etención preventiva en establecimiento de reclusión y la detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento.

De igual manera, se advierte que el parágrafo primero de la disposición legal en cita, adicionado por la Ley 1760 de 2015 y modificado por la Ley 1786 de 2016, prevé lo siguiente:

9 Folio 20 Cuaderno Tribunal, audio 730016000450201303465 NI 28063-1. Record 2’32” a 13’40”Segunda Instancia NI. 28093

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“Parágrafo 1°. Salvo lo previsto en los parágrafos 2° y 3° del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las

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“Parágrafo 1°. Salvo lo previsto en los parágrafos 2° y 3° del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las condu ctas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el término, el Juez de Control de Gara ntías, a petición de la Fiscalía, de la defensa o del apoderado de la víctima podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad de que trata el presente artículo”.

Dicha norma fue declarada exequible por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C -221 del 19 de abril de 2017, al considerar que el término de vigencia de un (1) año de la medida de aseguramiento, contemplaba el proceso penal desde la audiencia de formulación de imputación hasta el fallo de segunda instancia, inclusive.

Al respecto, señaló la Corporación de cierre Constitucional:

“22. Los demandantes hacen una lectura de la regulación sobre la

formulación de imputación hasta el fallo de segunda instancia, inclusive.

Al respecto, señaló la Corporación de cierre Constitucional:

“22. Los demandantes hacen una lectura de la regulación sobre la materia a partir de la sola disposición que acusan, pero dejan de lado que tal regulación se halla en el conjunto de la ley atacada. Como se explicó atrás, la Ley 1786 de 2016 diseñó un modelo para la garantía del derecho a plazos razonables de detención preventiva y a un debido proceso sin dilaciones. Este modelo está compuesto, de un lado, por las reglas relacionadas con etapas específicas de la actuación, a las cuales se vinculan términos cuyo d esconocimiento da lugar a la libertad del acusado, y de otro lado, por la regla del plazo general para el desarrolloSegunda Instancia NI. 28093

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del proceso hasta la decisión de segunda instancia, cuyo incumplimiento trae la misma consecuencia anterior.

El texto impugnado constituye una de las reglas vinculadas con una etapa específica del proceso, que va del inicio del juicio oral a la audiencia de lectura de la sentencia de primera instancia. Pero el derecho a un debido proceso sin dilaciones del acusado que aguarda la decisión de segunda instancia no se garantiza con esa regla, sino con aquella, también contenida en la Ley (artículo 1), conforme con la cual, el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no puede exceder de un (1) año. Esta regla parte de la b ase de que este tiempo de detención sin haberse emitido la decisión de segunda instancia es un plazo razonable para que el acusado sea puesto en

puede exceder de un (1) año. Esta regla parte de la b ase de que este tiempo de detención sin haberse emitido la decisión de segunda instancia es un plazo razonable para que el acusado sea puesto en libertad.

23. Es además evidente, conforme a lo anterior, que las situaciones en las cuales se encuentran, por una parte, el acusado privado de la libertad que, en desarrollo del juicio oral, espera la sentencia de primera instancia y, por la otra, el detenido que, en segunda instancia, aguarda la decisión de la revisión de la sentencia, son sustancialmente distintas.

El legislador previó para cada una de las fases principales del proceso penal y, en particular, para el desarrollo del juicio oral, un límite temporal de la detención del acusado, de conformidad con sus fines y la complejidad del trámite en particul ar. Por el contrario, el acusado en segunda instancia ya no se encuentra sometido a los procedimientos propios de la audiencia de juicio oral y público, ni a debate probatorio alguno, pues ya ha sido dictada la correspondiente sentencia, condenatoria o abs olutoria, y solo resta su revisión por el juez de apelación. De ahí que su situación no sea equiparable con la del acusado que espera el fallo de primera instancia.

No obstante lo anterior, como se ha subrayado, quien aguarda la decisión de segunda instancia no queda desprovisto del derecho a tiempos razonables de detención, pues de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1786 de 2016, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no pueden exceder de un (1) año, regla fundada en que este término de detención sin que haya sido resuelta la apelación de laSegunda Instancia NI. 28093

libertad no pueden exceder de un (1) año, regla fundada en que este término de detención sin que haya sido resuelta la apelación de laSegunda Instancia NI. 28093

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decisión de primera instancia resulta razonable para que el acusado sea dejado en libertad.” (Negrilla fuera de texto).

Dada la interpretación establecida en el anterior pronunciamiento, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia , en el auto AP4711 del 24 de julio de 2017 , radicado 49.734, consideró que la apreciación realizada por la Corte Constitucional era errónea, en razón a que se realizó un examen en abstracto del caso, el cual dista de la práctica judicial y las reglas procesales, por tanto, como órgano de unificación jurisprudencial en el área penal, aclaró que en los casos de los procesos tramitados bajo los parámetros de la Ley 906 de 2004, la vigencia de la medida de aseguramiento llegaba hasta la lectura del fallo de primera instancia, atendiendo el fundamento teleológico de la privación de la libertad, así:

“Por consiguiente, en los procesos regidos por la Ley 906 de 2004, la medida de aseguramiento tiene vigencia hasta el anuncio del sentido de fallo condenatorio, allí el juez puede hacer una manifestación expresa acerca de la l ibertad del procesado, disponiendo su encarcelamiento, pero si omite hacer una manifestación al respecto en esa oportunidad, la vigencia de la medida se extenderá hasta la lectura de la sentencia, momento en el que, por mandato legal, no sólo debe

encarcelamiento, pero si omite hacer una manifestación al respecto en esa oportunidad, la vigencia de la medida se extenderá hasta la lectura de la sentencia, momento en el que, por mandato legal, no sólo debe imponer la pena de prisión, sino que ha de resolver sobre la libertad; en particular, sobre la concesión o negativa de los sustitutos y subrogados penales.

Tales razones impiden, entonces, afirmar que el cumplimiento del mandato de juzgar al detenido dentro del p lazo máximo legalgenérico- (art. 1º de la Ley 1786 de 2016, que modificó el art. 307 de la Ley 906 de 2004) se cumple con la lectura del fallo de segundo grado, como lo comprende la jurisprudencia constitucional.

Esta errónea conclusión también estriba en que, para los efectos del art. 7-5 de la C.A.D.H., concretados en el art. 1º de la Ley 1786 de 2016, no es lo mismo juzgar al procesado privado de la libertad que entender agotado el proceso penal como tal. Éste se prolonga más allá de lasSegunda Instancia NI. 28093

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instancias ordinarias (arts. 205 y ss. de la Ley 600 de 2000 y arts. 180 y ss. de la Ley 906 de 2004); inclusive, en estricto sentido, comprende etapas posteriores a la ejecutoria de la sentencia, como lo es la de ejecución de la pena (arts. 469 y ss. de la Ley 600 de 2000 y arts. 459 y ss. de la Ley 906 de 2004).

Si el principal objeto del proceso penal es la determinación de la

de la pena (arts. 469 y ss. de la Ley 600 de 2000 y arts. 459 y ss. de la Ley 906 de 2004).

Si el principal objeto del proceso penal es la determinación de la responsabilidad penal del acusado, tal propósito se concreta en la decisión sobre tal aspecto, contenida en la sentencia. Cuestión diferente es que ese juicio -positivo o negativosobre la responsabilidad pueda ser sometido a controversia por la vía del derecho de impugnación. La indeterminación sancionable con la pérdida de la potestad estatal para investigar y juzgar con privación de la libertad es aquella donde el estado de acusación se prolonga indefinidamente sin que se defina la situación jurídica del procesado, en relación con su estado de culpabilidad o de inocencia. Como lo clarifica la Corte I.D.H., “el principio del plazo r azonable al que hacen referencia los arts. 7 -5 y 8-1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”.10

(…)

En síntesis, para establecer si opera la causal genérica de libertad por vencimiento del plazo máximo de vigencia de la medida de aseguramiento (art. 1º de la Ley 1786 de 2016), habrá de verificarse si el término previsto en la norma ha transcurrido sin que se haya realizado la audiencia de lectura de fallo de primera instancia, en procesos regidos por la Ley 906 de 2004, y en asuntos gobernados por la Ley 600 de 2000 (cfr. num. 3.2 infra), sin que se haya proferido sentencia de primer grado.

por la Ley 906 de 2004, y en asuntos gobernados por la Ley 600 de 2000 (cfr. num. 3.2 infra), sin que se haya proferido sentencia de primer grado.

Con estas ap reciaciones, la Corte Suprema de ninguna manera cuestiona la razón que fundamenta la decisión adoptada en la sentencia C-221 de 2017, sino que, de cara a la aplicación judicial de la figura bajo estudio ha de efectuar las precisiones conceptuales pertinentes, en relación con los distintos fundamentos, de orden

10 Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sent. 12. nov. 1997, num. 70.Segunda Instancia NI. 28093

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procesal, que justifican la restricción preventiva de la libertad personal en el proceso penal.

La Corte Constitucional juzgó la exequibilidad de la norma (art. 307 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art. 1º de la Ley 1786 de 2016) afirmando, en esencia, que el legislador estableció un parámetro límite para contabilizar el término de duración de la detención preventiva (de uno o dos años). La Sala, armonizando la vigencia de la jurisprudencia penal especializada con la norma en mención, pone de presente que la referida medida de aseguramiento sólo opera hasta la sentencia de primera instancia o la lectura de ésta si la decisión es condenatoria, sin que la tangencial conceptualización realizada p or la jurisprudencia constitucional modifique tal entendimiento ni, mucho menos, permita afirmar que, si se supera el plazo máximo de vigencia temporal de la

que la tangencial conceptualización realizada p or la jurisprudencia constitucional modifique tal entendimiento ni, mucho menos, permita afirmar que, si se supera el plazo máximo de vigencia temporal de la detención preventiva sin que se haya dictado -o leídosentencia de segunda instancia, hay lugar a la libertad del detenido.

En otro aparte de la referida decisión, señaló la Corte Suprema de Justicia.

(…)

“En efecto, de manera pacífica y reiterada, la Sala tiene dicho que en consideración a la naturaleza cautelar de la detención preventiva, así como en la vista de las finalidades a las que sirven el proceso, tal medida de aseguramiento tiene vigencia hasta que se profiere la sentencia de primera instancia, si el pro ceso es tramitado por la L ey 600 de 2000, o hasta la lectura del fallo de primera instancia, si se le aplica la Ley 906 de 2004.

(…)

Tales razones, en esencia, son igualmente aplicables a la comprensión del asunto en los casos a los cuales se aplica la Ley 906 de 2004. Si se emite sentido de fallo condenatorio (arts. 446 y 447 ídem), la detención sigue teniendo una naturaleza cautelar, no para el proceso sino para el cumplimiento de la pena (art. 296 ídem). Tal conclusión se veSegunda Instancia NI. 28093

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sistemáticamente ratificada con lo dispuesto en el art. 450 ídem, norma que autoriza al jue z de conocimiento, a disponer que el acusado continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia o, si la

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sistemáticamente ratificada con lo dispuesto en el art. 450 ídem, norma que autoriza al jue z de conocimiento, a disponer que el acusado continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia o, si la detención es necesaria, ordenarla y librar inmediatamente la orden de encarcelamiento. Dicho aserto se desprende de los arts. 449 y 451 de la Ley 906 de 2004 pues por una parte, si el acusado está privado de la libertad el juez podrá ordenar su excarcelación siempre y cuando los cargos por los cuales fue encontrado culpable fueran susceptibles, al momento de dictar sentencia, del otorgamiento de un subrogado penal; por otra, de ser absuelto de la totalidad de los cargos consignados en la acusación, el juez dispondrá la libertad inmediata del procesado, y si estuviere privado de ella, levantará todas las medidas cautelares impuestas, al tiempo que li brará sin dilación las ordenes correspondientes.

(…)

Por consiguiente, en los procesos regidos por la Ley 906 de 2004, la medida de aseguramiento tiene vigencia hasta el anuncio del sentido de fallo condenatorio, allí el juez puede hacer una manifestación expresa acerca de la libertad del procesado, disponiendo su encarcelamiento, pero si omite hacer una manifestación al respecto en esa oportunidad, la vigencia de la medida se extenderá hasta la lectura de la sentencia, momento en el que, por mandato legal, no sólo debe imponer la pena de prisión, sino que ha de resolver sobre la libertad; en particular, sobre la concesión o negativa de los sustitutos y subrogados penales.

de la sentencia, momento en el que, por mandato legal, no sólo debe imponer la pena de prisión, sino que ha de resolver sobre la libertad; en particular, sobre la concesión o negativa de los sustitutos y subrogados penales.

Tales razones impiden, entonces, afirmar que el cumplimiento del mandato de juzgar al detenido dentro del plazo máximo legal –genérico - (art. 1º de la Ley 1786 de 2016, que modificó el art. 307 de la Ley 906 de 2004) se cumple con la lectura del fallo de segundo grado, como lo comprende la jurisprudencia constitucional.”

Esta postura ha sido ratificada por la Sala de Casación Penal del máximo órgano de cierre de la justicia ordinaria, entre otras, en las decisiones AP5052 del 9 de agosto de 2017, radicado 50.861; AP5698Segunda Instancia NI. 28093

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del 30 de agosto de 2017, radicado 51.025; AP5892 del 6 de septiembre de 2017, radicado 48.679; AP6500 del 27 de septiembre de 2017, radicado 27.919 y STP19710 del 21 de noviembre de 2017, radicado 95.212.

En efecto, en el auto AP5052 del 9 de agosto de 2017, radicado 50.861,

M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ, indicó:

“El Tribunal Constitucional declaró la exequibilidad de la norma demandada, luego de considerar que la omisión legislativa planteada por el actor era inexistente, pues, aun cuando la disposición atacada no

“El Tribunal Constitucional declaró la exequibilidad de la norma demandada, luego de considerar que la omisión legislativa planteada por el actor era inexistente, pues, aun cuando la disposición atacada no hace referencia expresa a los acusados que esperan la decisión de segunda instancia, la razonabilidad del término de su detención preventiva está garantizada en el artículo 1º de la Ley 1786 de 2016, según el cual, el tiempo de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año, contado desde la audiencia de formulación de la imputación, hasta la decisión de la impugnación en segunda instancia.

Ahora bien, esta Corporación en la decisión CSJ AP4711-2017, rad. 49734, del 24 de julio de 2017, luego de estudiar y analizar la providencia emitida por la Corte Constitucional, concluyó, en lo que ahora es motivo de interés, que la medida cautelar personal tiene vigencia hasta el anuncio del sentido del fallo condenatorio o hasta la lectura de la sentencia , por lo que, de negarse cualquier beneficio liberatorio en la sentencia de condena, la restricción de la libertad del procesado ya no será en virtud de la medida de aseguramiento, sino fundada en el fallo que declara su responsabilidad penal, razón por la cual el plazo máximo de vigencia de la medida de aseguramiento previsto en el inciso 1º de la Ley 1786 de 2016, se deberá contabilizar desde el momento en que se impone la medida cautelar personal sin que se haya realizado la audiencia de lectura de fallo de primera instancia.”

Pero aunado a lo anterior, y en relación con los fines de la privación de

2016, se deberá contabilizar desde el momento en que se impone la medida cautelar personal sin que se haya realizado la audiencia de lectura de fallo de primera instancia.”

Pero aunado a lo anterior, y en relación con los fines de la privación de la libertad en virtud del sentido del fallo y el prof erimiento de la sentencia condenatoria de primera instancia en los procesos reglados por la Ley 906 de 2004, la misma Corte Constitucional en la sentenciaSegunda Instancia NI. 28093

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C-342 de l 24 de mayo de 2017, al resolver una demanda de constitucionalidad del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal, señaló lo siguiente:

“10.8. Desde la anterior comprensión, la Sala encuentra que la orden de encarcelamiento excepcional establecida por el artículo 450 del C.P.P. respeta las garantías que la Constitución ha dispuesto en favor de ese derecho, como son la reserva judicial, la reserva legal y el carácter excepcional de las medidas privativas de la libertad. Se mantiene el respeto por la garantía de la reserva judicial, en tanto que la orden de encarcelamiento es proferida por el juez penal de conocimiento, quien ha asistido al desarrollo de la etapa del juicio oral en cumplimento del principio de inmediación. De otro lado se satisface también la garantía de la reserva legal, pues se dispone la orden de detención por un motivo previamente establecido en la ley, como lo es el anuncio de la declaratoria de responsabilidad penal por la comisión de una conducta delictiva previamente establecida en las normas penales. Adicionalmente se trata de una medida de carácter excepcional, que

previamente establecido en la ley, como lo es el anuncio de la declaratoria de responsabilidad penal por la comisión de una conducta delictiva previamente establecida en las normas penales. Adicionalmente se trata de una medida de carácter excepcional, que únicamente ocurre en el primer momento del acto jurídicamente complejo en que consiste la sentencia condenatoria, y que tan solo procede tras la satisfacción de los criterios de necesidad de conformidad con los artículos 54 y 63 del Código Penal, relacionados con los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, como ha quedado dicho.

10.9. Igualmente considera la Sala, que la orden de detención que se dispone con el anuncio del sentido del fallo condenatorio no viola las garantías del debido proceso. Al respecto deben ser referidos los medios de control que tiene esa orden de detención. El procedimiento oral establecido en el Capítulo V del Título IV del C.P.P., que regula lo relacionado con la decisión y sentido del fallo, prevé en el artículo 447, que anunciado el sentido del fallo, el juez le dará la palabra al fiscal y al defensor “brevemente y por una sola vez”, “para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable”, luego de lo cual fijará lugar, fecha y hora para proferir la sentencia.Segunda Instancia NI. 28093

Radicado: 73001.60.00.450.2013.03465.01

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Los medios de control de la decisión son dos. De un lado, la declaratoria de nulidad del sentido del fallo y de la orden de detención. Si de

Radicado: 73001.60.00.450.2013.03465.01

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Los medios de control de la decisión son dos. De un lado, la declaratoria de nulidad del sentido del fallo y de la orden de detención. Si de conformidad con lo señalado por la Sala de Casación Penal, la sentencia condenatoria es un a