TSDJ IBE SP - 73124-6000-460-2018-00120 - NI 58843-(13-01-2022)

1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUÉ

SALA DE DECISIÓN PENAL

RADICADO CUI 73124-6000-460-2018-00120

N. I. 58.843

DELITO INASISTENCIA ALIMENTARIA

ACUSADO ELIECER QUINTERO FUENTES

ASUNTO SENTENCIA CONDENATORIA LEY 1826 DE 2017

DECISIÓN CONFIRMA LECTURA _______________________

Ibagué (Tol.), trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022) (Aprobado mediante Acta No.005 de la fecha)

1. OBJETO DE DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la defensa, contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2021, mediante la cual el Juzgado Noveno Penal Municipal de Ibagué, Tolima, condenó al señor ELIECER QUINTERO FUENTES, por el delito de inasistencia alimentaria.

2. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVATES

Desde octubre de 2017 a diciembre de 2018, el señor ELIECER QUINTERO FUENTES, se abstuvo de suministrar, sin justa causa, la cuota alimentaria asignada de $100.000, por la Comisaria deCUI 73124-6000-460-2018-00120

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Familia de Cajamarca, Tolima, a su hijo J.M.Q.G, menor de edad para la época de los hechos.

3. ACTUACIÓN PROCESAL

El 18 de enero de 2019, se presentó escrito de acusación ante el Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio, junto con el formato de acta de traslado respectivo, efectuado el 16 de ese mes y año, en virtud del trámite de Procedimiento Especial Abreviado,1.

Por reparto correspondió al Juzgado Noveno Penal Municipal, con Función de Conocimiento de Ibagué, Tolima2, y el “17 de enero de 2019” (sic), comenzó a correr el término de 60 días, que trata el artículo 541 de la Ley 906 de 20043.

El 1 9 de septiembre d e 20 19, se llevó a cabo la audiencia concentrada que trata el artículo 542 ibidem, adicionado por el artículo 19 de la Ley 1826 de 20174.

El juicio se desarrolló en sesiones de 24 de marzo5, 4 de octubre6 y 10 de noviembre 7 de 2021, anunciándose sentido de fallo condenatorio. Se realizó lo mandado en e l artículo 447 del Código Procesal Penal y se programó el traslado del fallo en los términos de la Ley 1826 de 2017, para el 30 de noviembre de 2021.

condenatorio. Se realizó lo mandado en e l artículo 447 del Código Procesal Penal y se programó el traslado del fallo en los términos de la Ley 1826 de 2017, para el 30 de noviembre de 2021.

A través de correo electrónico del 29 de noviembre de 2021, enviado a eso de las 19 y 53 horas8, la defensa solicitó variar el acto procesal

1 Anexo digital “01ProcesoDigitalizado”, pág. 1 al 8. 2 Anexo digital “01ProcesoDigitalizado”, pág. 9, 10 y 15. 3 Anexo digital “01ProcesoDigitalizado”, pág. 11 y 12. 4 Anexo digital “01ProcesoDigitalizado”, a partir de la página 20. 5 Anexo digital “05ActaAudienciaPrimeraParteJuicioOral”. 6 Anexo digital “12ActaSegundaSesionJuicioOral”. 7 Anexo digital “16ActaParteFinalJuicioOral”. 8 Anexo digital “21CorreoElectronicoDefensor”.CUI 73124-6000-460-2018-00120

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dispuesto por una preclusión , en virtud a una conciliación y pago total de la obligación alimentaria. Como prueba, adjuntó declaración extra juicio emitida el 26 de noviembre de 2021, ante la Notaria 81 del círculo de Bogotá D.C.9

Con auto de l 30 de noviembre de 2021 10 , el despacho de conocimiento no accedió a lo deprecado , y sostuvo que la

del círculo de Bogotá D.C.9

Con auto de l 30 de noviembre de 2021 10 , el despacho de conocimiento no accedió a lo deprecado , y sostuvo que la indemnización ser ía aplicada dentro del incidente de reparación integral.

Se hizo el traslado de la sentencia condenatoria el 30 de noviembre de 2021, con oficio 321011, la cual fue apelada por la defensa.

4. FALLO IMPUGNADO

La primera instancia consideró 12 probada, más allá de toda duda razonable, de acuerdo al artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, la obligación legal de ELIECER QUINTERO FUENTES, de suministrar alimentos a su hijo J.M.Q.G, así como la sustracción de su cumplimiento, pese a tener recursos económicos en el periodo comprendido entre octubre de 2017 a diciembre de 2018, sin que mediara justa causa.

En su sentir, c on el análisis en conjunto de la prueba, quedó demostrado el parentesco, la imposición de cuota alimentaria por el valor de cien mil pesos por la Comisaria de Familia de Cajamarca, la capacidad económica del procesado en el tiempo omisivo referido, derivado de un empleo formal con garantías laborales y la sustracción sin justa causa, tendiente a sufragar la integridad económica adeudada.

9 Anexo digital “20DocumentosDefensor”. 10 Anexo digital “22ConstanciaSecretarial30Noviembre2021”. 11 Anexo digital “24OficioTrasladoFalloSentencia”. 12 Anexo digital “23FalloSentencia”.CUI 73124-6000-460-2018-00120

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11 Anexo digital “24OficioTrasladoFalloSentencia”. 12 Anexo digital “23FalloSentencia”.CUI 73124-6000-460-2018-00120

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Resolvió condenar a ELIECER QUINTERO FUENTES , a la pena principal de 32 mese s de prisión y multa equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes como autor responsable del delito de inasistencia alimentaria. Concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena previa caución prendaria por la suma de cien mil pesos.

En el numeral cuarto, señaló no hacer algún pronunciamiento sobre el incidente de reparación integral, según lo dispuesto en el numeral 102 del Código de Procedimiento Penal.

5. LA IMPUGNACIÓN

La defensa13, solicita revocar el fallo condenatorio, y en su l ugar, absolver a su representado, por haber existido conciliación y pago de lo adeudado antes de proferirse la sentencia de primera instancia.

Subsidiariamente depreca “…precluir la investigación por aplicasión (sic) del artículo 547 del código de procedimiento penal, por haber operado justicia restaurativa en su favor antes de proferida la sentencia de condena y su notificación”

Critica que el despacho de con ocimiento no se haya pronunciado sobre la solicitud de variación del acto procesal de notificación del fallo, a preclusión por pago de la obligación alimentaria efectuado

notificación”

Critica que el despacho de con ocimiento no se haya pronunciado sobre la solicitud de variación del acto procesal de notificación del fallo, a preclusión por pago de la obligación alimentaria efectuado ante notaria el 26 de noviembre de 2021, sin considerar lo estipulado en el artículo 547 del Código de Procedimiento Penal.

13 Archivo digital “28RecursoApelacion”CUI 73124-6000-460-2018-00120

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Señala que, si bien se demostró la capacidad económica de ELIECER QUINTERO FUENTES, también lo es que cuatro días antes de proferirse el fallo, hubo conciliación entre las partes obteniéndose paz y salvo en favor del procesado, que lo exime de una condena.

Manifiesta que se des atendió, sin mencionar alguna referencia específica, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, “…que permite por conciliación como mecanismo de terminación anticipada, la aplicación de la preclusión como mecanismo alternativo de resolución de conflictos”.

Aduce que “…el fallo riñe a todas luces con lo probado y demostrado desde el sentido del fallo condenatorio, hasta la notificación de la sentencia…”, dado que hubo pago de lo adeudado, y como consecuencia, imposibilidad de continuar con la acción penal.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1 Competencia

que hubo pago de lo adeudado, y como consecuencia, imposibilidad de continuar con la acción penal.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1 Competencia

La Sala es competente para decidir el recurso de apelación de conformidad con los artículos 34 de la Ley 906 de 2004 y 179 de la misma obra, modificado por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010, en concordancia con el artículo 31 de la Constitución Política.

6.2 Asunto previo.

La Corte Suprema de Justicia consideró en decisión SP 45.223 de 20 de abril de 2016 que, con ocasión al principio de competencia funcional en el recurso de apelación, sólo debe pronunciarse sobreCUI 73124-6000-460-2018-00120

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los temas objeto de impugnación, y aquellos inescindiblemente vinculados. Al respecto concluyó:

“… la decisión de segunda instancia sólo podrá extenderse a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación y que éstos no constituyan un desmejoramiento de la parte que apeló.

(…) el nuevo sistema contempla que el impulso del juicio está supeditado a las tesis y a las argumentaciones que los intervinientes aduzcan frente a sus pretensiones, las cuales tienen vocación o no de éxito dependiendo del resultado de l a actividad probatoria. Dentro de tal premisa entonces, el

las tesis y a las argumentaciones que los intervinientes aduzcan frente a sus pretensiones, las cuales tienen vocación o no de éxito dependiendo del resultado de l a actividad probatoria. Dentro de tal premisa entonces, el sentenciador de segundo grado debe circunscribir su competencia a los asuntos que el recurrente ponga a su consideración, sin que le sea permitido inmiscuirse en otros temas que no son objeto de di scusión o que han sido materia de conformidad, salvo que advierta violación de derechos y garantías fundamentales”.

(Subrayas propias de la Sala)

De esta manera, la decisión de segunda instancia, sólo se centrará en lo que fue correctamente desarrollado por el apelante como tema de inconformidad, en relación con lo fallado por la primera instancia.

6.3. El delito de inasistencia alimentaria.

Según el artículo 233 del Código Penal, el sustraerse sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, se incurrirá en pena de prisión.

La obligación alimentaria tiene fundamento en el artículo 42 constitucional, basada en el deber de solidaridad 14, e impone al alimentante proveer al alimentado, medios de subsistencia necesarios, siempre que carezca de condiciones suficientes para hacerlo en condiciones dignas.

14 CSJ - SP3029-2019, 3 jul. 2019, Rad. 51. 530CUI 73124-6000-460-2018-00120

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Es un delito de infracción de deber, porque no exige la causación efectiva de un daño al bien jurídico de la familia como núcleo esencial de la sociedad, por lo tanto, la sanción reside en el incumplimiento de las obligaciones que tiene el autor o alimentante.

Actualmente, el tipo penal mantiene la oficiosidad del ejercicio de la acción penal, siempre que se trate de menores de edad, cuestión que fue considerada en el artículo 5 de la Ley 1826 de 2017, que modificó el 74 de la ley de la ley 906 de 2004, en el sentido que no será necesario querella para iniciar la acción penal cuando el sujeto pasivo tenga esa condición.

En una línea jurisprudencial 15 contundente y pacífica , la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, tiene establecido para la estructuración típica los siguientes elementos : (i) la existencia del vínculo entre el aliméntate y alimentado , parentesco a partir del cual se deriva el deber legal de proporcionar alimentos; (ii) el incumplimiento parcial o total ; (iii) la configuración del incumplimiento sin motivo o justificación – sin justa causa16y (ii) la acreditación que el deudor posea medios para atender la obligación alimentaria – necesidad del beneficiario y capacidad económica para contribuir a la subsistencia del beneficiario sin sacrificio de la propia17-.

6.4. La procedencia de la Indemnización integral en la Ley 906 de 2004.

alimentaria – necesidad del beneficiario y capacidad económica para contribuir a la subsistencia del beneficiario sin sacrificio de la propia17-.

6.4. La procedencia de la Indemnización integral en la Ley 906 de 2004.

El Estatuto de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, de manera específica, no tiene concebida la figura de indemnización integral, como causal de extinción de la acción penal, razón por la que, en aplicación del principio de favorabilidad , por interpretación

15 Ver: CSJSP, 04 dic. 2008 Rad. 28.813; SP19806 -2017, 23 nov. 2017 Rad. 44.758; SP1984 -2018, 30 may. 2018, Rad. 47.107; AP10861-2018 y 22 agt. 2018, Rad. 51.607. 16 CSJ SP19806-2017, rad. 44.758 17 CSJ SP 19 ene. 2006, rad. 21.023 y CSJ, SP1984-2017, Rad. 47107CUI 73124-6000-460-2018-00120

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jurisprudencial, como lo razonado en el radicado 35.946 de 13 de abril de 2013, se permitió que se extendiera a esa normatividad el artículo 42 de la Ley 600 de 200018.

No obstante, la Sala de Casación de la Corte Suprema de justicia, con decisión AP2671 de 14 de octubre de 2020, radicado 53.293,

artículo 42 de la Ley 600 de 200018.

No obstante, la Sala de Casación de la Corte Suprema de justicia, con decisión AP2671 de 14 de octubre de 2020, radicado 53.293, modificó hacia el futuro dicha línea jurisprudencial, concluyendo que las formas de extinción, por favorabilidad, se entiende con sujeción a los términos y modalidade s indicadas en el código de procedimiento penal acusatorio del 2004.

En la citada decisión, se analizó porqué la indemnización integral, que no consagra la Ley 906 de 2004, no podría ser predicable favorablemente, en idénticos términos, a los casos tramitados bajo la Ley 600 de 2000:

“Tercero. Una nueva visión de la indemnización integral del artículo 42 de la Ley 600 de 2000 y de sus efectos en la Ley 906 de 2004. 3.1.- Al margen de otras finalidades -la verdad, por ejemplo—, en el derecho procesal penal contemporáneo se han formulado –en especial frente a graves infracciones a los derechos humanos —, procedimientos tendientes a disminuir la victimización primaria y secundaria, y medidas que permitan dar una satisfacción a la víctima, en todo o en parte, incluso al margen o en sustitución de la pena, como castigo total al infractor. Desde esa perspectiva, las teorías de la reparación, sea cuales sean las formas, materiales o simbólicas, que el derecho procesal penal pueda adoptar, aparecen en primer plano.19

En esa línea, con la reparación del daño, la Ley 906 de 2004 pretende alcanzar el triple objetivo de proteger a la víctima, impedir su

adoptar, aparecen en primer plano.19

En esa línea, con la reparación del daño, la Ley 906 de 2004 pretende alcanzar el triple objetivo de proteger a la víctima, impedir su revictimización y evitar el juicio oral, finalidades que no se pueden menospreciar al interpretar alternativas de solución al conflicto, como la conciliación, la mediación, o el principio de oportunidad, que propenden por salidas menos traumáti cas de las que implica la imposición de una pena, sobre todo tratándose de conflictos menores, articulando ese objetivo al de evitar juicios como garantía de éxito del sistema.

Aún cuando en la Ley 600 de 2000 también se prevé ese tipo de opciones, en es pecial la indemnización integral, la concepción de ese instituto no responde a la misma filosofía de la Ley 906 de 2004, puesto que la idea de evitar el juicio y la revictimización no comulgan con la posibilidad de que la indemnización integral se pueda pr oponer en

18 El instituto de indemnización integral que contiene el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, reduce su aplicación a delitos que admiten desistimiento de la acc ión penal, con la posibilidad de extinguirla durante el juicio y hasta antes del proferimiento del fallo de casación. 19 Queralt, Joan. Víctimas y garantías. En Política Criminal y Nuevo Derecho Penal. Ed. J.M. Bosch. Editor.CUI 73124-6000-460-2018-00120

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cualquier momento, incluso hasta antes de decidir el recurso de casación,

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cualquier momento, incluso hasta antes de decidir el recurso de casación, sea con el fallo de fondo o con la inadmisión de la demanda, como lo ha venido aceptando la jurisprudencia de la Sala.

3.2. Las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 señalan las conductas, el método, la oportunidad y consecuencias que conlleva la reparación del daño, pero bajo principios distintos. Sin embargo, para aplicar por favorabilidad el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 e integrarlo a Ley 906 de 2004, en la SP del 13 de abril de 2001, radicado 35946, se sostuvo:

“la aplicación de esta figura en las condiciones reseñadas, no sólo no pervierte la naturaleza del sistema acusatorio, sino que político criminalmente se ajusta a sus necesidades y a la voluntad del legislador al implementarlo.”

No es una afirmación exacta. En efecto, ese enunciado se opone a la filosofía de la Ley 906 de 2004 que pretende, según se explicó antes, con múltiples alternativas, evitar los juicios, hacer de la víctima el centro de la solución y no dejarla al margen de la terminación del conflicto.

En ese sentido, la lectura de la Corte en la sentencia indicada, antepone los efectos prácticos, desconociendo el programa procesal de la reparación del daño, desarrollado, como se indicó, metodológicamente y en detalle, en la Ley 906 de 2004, según finalidades explícitas, distintas a las de la Ley 600 de 2000.

la reparación del daño, desarrollado, como se indicó, metodológicamente y en detalle, en la Ley 906 de 2004, según finalidades explícitas, distintas a las de la Ley 600 de 2000.

Al respecto, véase que el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 dispone lo siguiente:

“En los delitos que admiten desistimiento, en lo s de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado. Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección. La extinción de la acción a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse en otro proceso respecto de las personas en cuyo favor se haya proferido resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación por este motivo, dentro de los cinco (5) años anteriores. Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación llevará un registro de las decisiones que se hayan proferido por aplicación de este artículo. La reparación integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado manifieste expresamente habe r sido indemnizado .” (Se subraya)

La reparación integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado manifieste expresamente habe r sido indemnizado .” (Se subraya)

Si de aplicar el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 se trata, el avalúo pericial se constituye en la regla para establecer el monto a indemnizar, y el acuerdo en excepción, de manera que la víctima queda relegada a una situación marginal. Ante la posibilidad de imponer el avalúo sobre su pretensión, que puede ser incluso simbólica -como pedir perdón—, y no necesariamente económica, su intervención queda en un plano secundario, como se infiere de la aplicación total del precepto.CUI 73124-6000-460-2018-00120

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En concreto: prefiriendo los efectos pragmáticos del artículo 42 de la ley 600 de 2000 a los principios de los sistemas procesales, la Sala decidió que soluciones de ese tipo pueden proponerse hasta antes de decidir el fallo de casación 20 -un tema bastante espinoso y discutible —, pese a que la filosofía de la Ley 906 de 2004 es la contraria: s ortear el juicio y evitar costos reales y simbólicos para las víctimas de la conducta punible al hacer de ellas el centro de la solución, por lo cual la afirmación de que su aplicación “no pervierte la naturaleza del sistema acusatorio” es desacertada.

juicio y evitar costos reales y simbólicos para las víctimas de la conducta punible al hacer de ellas el centro de la solución, por lo cual la afirmación de que su aplicación “no pervierte la naturaleza del sistema acusatorio” es desacertada.

Cuarto. La comparación entre el sistema integral de la Ley 906 de 2004 y el previsto en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, permite demostrar que el primero es más amplio e incluye múltiples formas de solución consensuadas con la intervención de las partes. (i). El artículo 42 de la Ley 600 de 2000 admite la terminación del proceso por reparación integral en los siguientes eventos: “en los delitos que admiten desistimiento , y en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico.” (ii). A partir de ese enunciado se debe precisar lo siguiente: (a). En la Ley 600 de 2000 se admite la indemnización integral como forma de solución al conflicto para las conductas desistibles. En la Ley 906 de 2004 la conciliación es parte del programa de justicia restaurativa tratándose de delitos querellables (desistibles). Una manera de conciliar es a través de la reparación del daño. (…) Sexto. En consecuencia, la Sala modificará, hacia el futuro, la línea jurisprudencial que trazó en la SP del 13 de abril de 2001, radicado

de conciliar es a través de la reparación del daño. (…) Sexto. En consecuencia, la Sala modificará, hacia el futuro, la línea jurisprudencial que trazó en la SP del 13 de abril de 2001, radicado 35946, para en su lugar advertir que la reparación del daño (indemnización integral), procede exclusivamente en los términos y modalidades indicadas en la Ley 906 de 2004, por las razones explicadas.”

Con posterioridad, e n AP 1063 del 2021, radicado 5 7.119, para resolver el problema jurídico sobre si era aplicable el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, en un asunto tramitado bajo la egida de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal, reiteró dicha tesis:

“…En consecuencia, a partir de la decisión CSJ AP2671-2020, 14 oct. 2020, rad. 53293, la figura de la indemnización integral prevista en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, no resulta aplicable a procesos tramitados en virtud de la Ley 906 de 2004.

Sin embargo, la Corte debe aclarar que lo expresado en la jurisprudencia vigente solo opera a futuro, esto es, a partir de su expedición, como con claridad

20 SP del 24 de febrero de 2000, radicado 13711, y 10 noviembre de 2005, radicado. 24032; y AP del 26 septiembre de 2007, radicado 26999, 20 enero de 2014, radicado 41668; y 27 de agosto de 2014 radicado 43719, entre otros.CUI 73124-6000-460-2018-00120

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radicado 26999, 20 enero de 2014, radicado 41668; y 27 de agosto de 2014 radicado 43719, entre otros.CUI 73124-6000-460-2018-00120

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se detalla en la misma, razón por la cual se exige verificar aquí el cumplimiento de los requisitos legales de antaño exigidos en el cometido de la aplicación por favorabilidad del instituto examinado, en tanto, la petición de cesación de procedimiento por reparación integral –de fecha 26 de febrero de 2020 - fue efectuada con antelación al cambio que se examina.

(…)

Los presupuestos que deben cumplirse para que proceda la extinción de la acción penal por reparación integral, se resumen en: (i) que el delito investigado admita desistimiento o se trate de homicidio culposo o lesiones personales culposas en los cuales no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, delitos contra los derechos de autor o contra el patrimonio económico, (ii) que se hubiere reparado integralmente el daño ocasionado, (iii) que en otro proceso, dentro de los cinco años anteriores, no se hubiese proferido preclusión de la investigación o cesación de procedimiento en favor del enjuiciado por idéntico motivo y (iv) que esa reparación se produzca antes de proferirse auto que inadmita la

dentro de los cinco años anteriores, no se hubiese proferido preclusión de la investigación o cesación de procedimiento en favor del enjuiciado por idéntico motivo y (iv) que esa reparación se produzca antes de proferirse auto que inadmita la demanda de casación o sentencia que decida sobre la misma.

La Sala advierte desde ahora que en el caso bajo examen se encuentran reunidos los requisitos legalmente previstos para decretar la preclusión de la investigación solicitada. ”

6.5 La oportunidad de la defensa para deprecar la preclusión de la acción penal.

La procedencia de las causales de preclusión de la investigación está subordinada a una debida demostración de los supuestos en que se fundan, dado que ostenta un carácter definitivo, mediante elementos materiales probatorios, evidencia físi ca e información legalmente obtenida.

Como lo dispone el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, no hay lugar a la práctica de pruebas; precisamente evitando una controversia de esa índole, en un escenario ajeno a ello21.

Conforme al parágrafo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, las únicas causales por las que puede solicitar la defensa la preclusión

21 En esa línea, se puede consultar la decisión 36.407 del 1º de febrero de 2012, Auto de 18 de Junio de 2014, radicado 43.797 y la AP1399 de 2021, radicado 54.522.CUI 73124-6000-460-2018-00120

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del proceso, durante la etapa de juzgamiento, son las reguladas en los ordinales 1° y 3°, netamente de comprobación objetiva22.

En cuanto a la oportunidad, la sentencia de constitucionalidad C 920 de 2007, refirió que:

“El régimen establecido por la Ley 906 de 2004 contempla dos oportunidades en que puede presentarse una solicitud de preclusión, supuestos que se encuentran perfectamente caracteri zados por el momento procesal en que operan, las causales en que se pueden fundar y los sujetos legitimados para formularla. La primera oportunidad (Arts. 331 y 332 inciso 1°) se presenta (i) durante la investigación (aún desde la fase previa), hasta antes de que el fiscal presente el escrito de acusación, (ii) se puede formular con fundamento en cualquiera de las siete (7) causales previstas en el artículo 332, y (iii) el legitimado para hacer la solicitud, según lo prevé la ley, es el fiscal.

La segund a, (Parágrafo Art. 332) puede presentarse (i) durante el juzgamiento, (ii) únicamente con fundamento en dos (1ª y 3ª ) 23 de las causales previstas en el artículo 332, y (iii) los sujetos legitimados para formularla son el fiscal, el ministerio público y la defensa.

(…)

De otra parte, durante la fase de juzgamiento, tal como lo prevé el

causales previstas en el artículo 332, y (iii) los sujetos legitimados para formularla son el fiscal, el ministerio público y la defensa.

(…)

De otra parte, durante la fase de juzgamiento, tal como lo prevé el parágrafo acusado, el legislador limitó a dos, los motivos que, por hechos sobrevivientes, pueden ser invocados por el fiscal, el ministerio público y la defensa para solicitar la preclusión durante el juzgamiento. Ellas se reducen a: (i) la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal; y (ii) la inexistencia del hecho investigado.

La imposibilidad de proseguir con el ejercicio de la acción penal, durante el juicio, puede surgir debido a un evento sobreviviente a la acusación, como puede ser la consolidación del término de prescripción de la acción, la muerte del acusado, la despenalización de la conducta imputada, la constatación de la existencia de cosa juzgada, el decreto de una amnistía, la rectificación del escrito injurioso o calumnioso, y en general aquellos eventos susceptibles de verificación objetiva, con potencialidad para extinguir la acción penal. 24 . Así mismo, puede surgir como consecuencia de la constatación de circunstancias que indican que la acción penal no podía iniciarse, como podría ser la verifi cación de la inexistencia de querella respecto de un delito que exige este presupuesto de procedibilidad.”

La oportunidad se circunscribe, claramente, a la realización del juzgamiento; es decir, hasta antes de anunciarse el sentido del fallo.

22 ver: SP 9245-2014; radicado 44.043 del 16 de julio de 2014

La oportunidad se circunscribe, claramente, a la realización del juzgamiento; es decir, hasta antes de anunciarse el sentido del fallo.

22 ver: SP 9245-2014; radicad