TSDJ Manizales - AP2022-00035-01

República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal

TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES

SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente: Antonio Toro Ruiz Aprobado por Acta Nro. 515 de la fecha.

Manizales, abril diez (10) de dos mil veintitrés (2023) Asunto Desatar el recurso de apelación interpuesto por el Defensor del acusado de los delitos de “Homicidio Agravado y Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones” Hernando Antonio Ruiz Cubillos, contra la decisión proferida por el Juez Penal del Circuito de Riosucio -Caldasen el marco de la audiencia preparatoria, en la cual dispuso no acceder a la solicitud de rechazo de una prueba deprecada por la Fiscalía. Antecedentes fácticos y procesales

1. En los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación, se indica que: “El diecinueve (19) de enero de 2022 a eso de las 08 h 30 se reporta a la Estación de Policía de Viterbo, Caldas, el hallazgo de un cuerpo sin vida, de sexo masculino, en la Vereda “guayabito” (sic), contiguo a la quebrada “Los Mellizos”, lote baldío, zona boscosa

de la Carrera 4 con calle 8 del Municipio de Viterbo, Caldas; una vez los policiales se dirigen al lugar realizan inspección técnica al cadáver de quien en vida respondía al nombre de LUIS EDILSON MUNERA ZAPATA conocido como “el gato” de 27 años de edad, habitante de calle (sic), reconocido como consumidor de estupefacientes y persona que se

apoderaba de bienes ajenos, quien presenta orificios ocasionados con arma de fuego en pómulo derecho. En actos urgentes, se conoció que la mañana de los hechos a eso de las 06 h 30 ó 06 h 40 se escucharon aproximadamente tres (03) detonaciones, por el lugar donde fue hallado sin vida MUNERA ZAPATA y en ese sector fue visto HERNANDO ANTONIO RUIZ Auto 2ª Ley 906/04

Radicación: 17877-60-00075-20222-0003501

Delitos: Homicidio Agravado y Porte ilegal de armas

Acusado: Hernando Antonio Ruiz Cubillos

Asunto: Confirma

República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal CUBILLOS, accionando arma de fuego contra su humanidad del antes citado causándole en el acto la muerte, hechos que tipifican los delitos contra la vida y la integridad personal del “Homicidio” en concurso heterogéneo con el punible contra la Seguridad Pública de “fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma (sic) de fuego, accesorios, partes o municiones, como que de éste último no tenía permiso para su porte…”1. (Las mayúsculas son del texto).

2. El 19 de febrero de 2022, se llevó a cabo ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Viterbo, la audiencia de control de garantías, dentro de la cual se legalizó la captura y su posterior cancelación del ciudadano Hernando Antonio Ruiz Cubillos; allí la Fiscalía le formuló imputación como autor de los delitos descritos, cargos que no fueron aceptados por el imputado y por los que se le impuso medida de

aseguramiento de detención preventiva intramural. Para el 19 de abril del mismo 2022, se presentó escrito de acusación en contra del señor Ruiz Cubillos, asumiendo la etapa de juzgamiento el Juzgado Penal del Circuito de Anserma -Caldas-, pero al día siguiente, la titular de ese Despacho se declaró impedida para conocer del proceso, bajo las causales 6ª y 13 contempladas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, disponiendo la remisión del expediente ante su homólogo de Riosucio, Despacho que para el 8 de julio siguiente realizó la audiencia de formulación de acusación, en la que la Fiscalía ratificó los cargos formulados en contra del procesado, por las conductas punibles ya descritas. El 4 de octubre de ese mismo año -2022-, se dio inicio a la audiencia preparatoria -artículo 356 del Código de Procedimiento Penal-, en cuyo desarrollo el señor Defensor se opuso a que se decretara la prueba del testimonio del señor Maicol Estiven 1 Cfr. escrito de acusación del proceso digital. 2 Auto 2ª Ley 906/04

Radicación: 17877-60-00075-20222-0003501

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Acusado: Hernando Antonio Ruiz Cubillos

Asunto: Confirma

República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Hurtado Giraldo solicitada por el señor Fiscal, al considerar que ésta no fue objeto de un descubrimiento previo, por lo que deberá correr con la sanción del rechazo, en los términos del artículo 346 del Código de

Procedimiento Penal. Así mismo, solicitó el señor Defensor se le decretara como pruebas en común con la Fiscalía los testimonios de Juan Carlos Piedrahíta Vélez y Maicol Estiven Hurtado Giraldo, así como la del perito en balística Wilson Sanabria Sierra. La decisión y su impugnación

1. El a quo, luego de valorar los argumentos expuestos por el Defensor del acusado, negó la pretensión de rechazo, al considerar que el descubrimiento del testimonio del señor Maicol Estiven Hurtado sí se había cumplido como testigo de cargo dentro del juicio oral, y en la adición de la acusación se dejó consignado en ese sentido por parte de la Fiscalía, la Defensa tenía perfecto conocimiento de dicha prueba testimonial. Por lo demás, se debe mantener ese principio de lealtad procesal -dijo el señor juez-, porque cuando se le preguntó al señor defensor que, si la Fiscalía le había descubierto la totalidad de los elementos materiales de prueba y evidencia física, ninguna observación negativa hizo al respecto, y que, obviamente en la audiencia preparatoria lo asintió, al no presentar observaciones al escrito de acusación. Por lo tanto, negó la solicitud de rechazo del testimonio de Maicol Estiven Hurtado Giraldo, porque sí fue objeto de descubrimiento previo -acentuó el primer nivel-.

3 Auto 2ª Ley 906/04

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Acusado: Hernando Antonio Ruiz Cubillos

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Sala Penal En cuanto al informe pericial de balística de Wilson Sanabria Sierra, el defensor se acuña en que él tiene un informe diferente, y que eso, de por sí, le da un argumento de pertinencia disímil al del señor Fiscal, pero sin argumentar, ni explicar del por qué por vía del contrainterrogatorio no podría hacer uso en el juicio oral de lo que pretende demostrar con el perito, es decir, sobre las trayectorias, las distancias, en fin, elementos de juicio estos que a través de la pericia en balística, el perito a través de su testimonio directo por parte de la Fiscalía y luego con el contrainterrogatorio del señor defensor, puede absorber las inquietudes e interrogantes, no solo del Ente instructor sino de la propia Defensa, y si ésta tiene un informe nuevo, diferente al que tiene la Fiscalía, podrá hacer uso del mismo para refrescar memoria o impugnar credibilidad por vía del contrainterrogatorio, sin necesidad de decretarlo como prueba en común. Respecto a los testimonios negados de Juan Carlos Piedrahita Vélez y de Maicol Estiven Hurtado Giraldo, dice la defensa que el primero de los nombrados ha dado varias versiones y todas ellas contradictorias, por lo que debe aclararse bajo una prueba directa que debe ser decretada, reiterando el a quo que, si la defensa tiene esas entrevistas las podrá utilizar con esos fines procesales que las mismas encarnan, como son las de refrescar memoria o impugnar credibilidad, incluso, puede utilizar la figura del testimonio adjunto y sus alcances y puede encontrar bajo esta figura la confrontación, contradicción y hacer uso de esas intervenciones plurales de Piedrahíta Vélez en favor de su

teoría del caso defensiva. 4 Auto 2ª Ley 906/04

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Acusado: Hernando Antonio Ruiz Cubillos

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República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Y en cuanto al testimonio de Maicol Estiven Hurtado Giraldo, los argumentos son los mismos -resaltó el Juez-, ya fue decretado a la Fiscalía, y se dijo que en cuestión de prueba común, la defensa quedó debiendo argumentos del porqué debería decretársele como una prueba directa, pues al igual que el anterior, podrá hacer uso del contrainterrogatorio y de las entrevistas -si es que las hay-, para refrescar memoria o impugnar credibilidad, siendo por lo demás un contrasentido de la defensa en oponerse a que se decrete la prueba a la Fiscalía del señor Maicol Estiven, pero sí la solicita a su favor, cuando de una u otra manera la prueba se va a presentar, siendo la Fiscalía el primero en solicitarla, pero que, de todas maneras, de acuerdo con lo esgrimido por la defensa, también le va a ser útil para sus intereses.

2. Inconforme con la decisión, la Defensa interpuso el recurso de apelación, insistiendo en que no hubo un descubrimiento previo respecto al testimonio del señor Maicol Estiven por parte de la Fiscalía y cuando ésta o alguna de las partes, dentro del trámite procesal incumple esa carga de descubrir el elemento, la sanción es el rechazo de ese elemento material probatorio, sin que se le puede dar el alcance

de lo pretendido por la primera instancia, en cuanto a que se entendía desde el escrito de acusación por parte de la Fiscalía, a que alias “Maicol” era la misma persona que después señaló como Maicol Estiven Hurtado Giraldo. Frente a la solicitud probatoria, de cara al decreto del perito Wilson Zanabria Sierra y de los testimonios de Maicol Estiven Hurtado Giraldo y Juan Carlos Piedrahita Vélez, considera que sí cumplió con la 5 Auto 2ª Ley 906/04

Radicación: 17877-60-00075-20222-0003501

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Acusado: Hernando Antonio Ruiz Cubillos

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República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal carga argumentativa que impone estas solicitudes. Como lo advirtió, el señor Wilson Sanabria Sierra depondrá sobre puntos y tópicos diferentes a los esbozados por la Fiscalía, incluso, la Defensa pretende presentar un informe diferente al que tiene la Fiscalía. Es importante el decreto de esa prueba pericial, porque tal y como lo advirtió en la respectiva solicitud, indicó los motivos de ello, como determinar las distancias en las que se percutieron los disparos que acabaron con la vida de la víctima, así como verificar si fue a contacto firme o a larga distancia los disparos percutidos hacia la humanidad del señor Luis Edilson Múnera Zapata, situaciones que no fueron motivo de solicitud probatoria por parte de la Fiscalía. En cuanto al señor Maicol Estiven Hurtado Giraldo podrá indicar, y contrario a lo expuesto por la Fiscalía, explicará en juicio, si

efectivamente había una enemistad o rencillas entre víctima y supuesto victimario Hernando Antonio Ruiz Cubillos. Precisará qué fue lo que sucedió y a quién está señalando como autor de la conducta que hoy se le enrostra a su defendido. Incluso, si fuese negado a la Fiscalía, la defensa sí lo requiere para sustentar la teoría del caso, porque con este testimonio apalancará la ajenidad en la participación del acusado en la conducta que se le acrimina. Con respecto al testimonio del señor Juan Carlos Piedrahita Vélez, también tiene unos matices diferentes, porque indicará lo que vio el día de los hechos y dirá por qué motivos ha rendido tantas entrevistas y por qué incrimina al señor Hernando Antonio Ruiz Cubillos, son tópicos completamente diferentes y disímiles a los 6 Auto 2ª Ley 906/04

Radicación: 17877-60-00075-20222-0003501

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Acusado: Hernando Antonio Ruiz Cubillos

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República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal planteados por la Fiscalía. También indicará sobre la ajenidad de la participación de su defendido en la comisión de la conducta punible, y por ello la solicitó como prueba común. Por todo, reclama la revocatoria de la decisión primigenia y en su lugar se declare el rechazo de la prueba relacionada y se decreten las solicitadas por él para su práctica en el juicio oral. La Fiscalía como no recurrente se aparta de la argumentación planteada por el señor defensor ya que la Fiscalía ha sido concreta en

la petición de la prueba. La Defensa en la vista pública puede ejercer el contradictorio que será sobre temas muy concretos respecto a la participación o no de su cliente en este caso. Por lo tanto, se acoge a la negación de la prueba solicitada por la defensa y se confirme la decisión del señor juez. El Representante de víctimas no hizo manifestación alguna al respecto. Consideraciones de la Sala

1. Problema jurídico En esta oportunidad, la Sala encuentra que son dos los problemas jurídicos que presenta la defensa en su actuación, al interponer la alzada en contra de la decisión que resolvió las pretensiones probatorias de las partes. El primero, se relaciona con la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra la decisión que admite o hace el decreto de una prueba solicitada por la Fiscalía. El segundo, va encaminado a reclamar que la argumentación presentada para obtener el decreto de pruebas, tales como la del perito Wilson Sanabria Sierra y

7 Auto 2ª Ley 906/04

Radicación: 17877-60-00075-20222-0003501

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República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal de los testimonios de Maicol Estiven Hurtado Giraldo y Juan Carlos Piedrahíta Vélez, fueron suficientes, por lo que se deben decretar para su práctica en el juicio oral.

2. De las decisiones objeto de alzada en la audiencia preparatoria Por consagración constitucional, corresponde a la Fiscalía la función de acopiar los elementos necesarios, con los cuales va a

demostrar que el comportamiento penal ha existido y que a quien señala como el partícipe, en efecto así concurra, es por lo que una vez conocida la denuncia criminal, el delegado debe adelantar un programa metodológico con las finalidades ya indicadas, lo anterior para reseñar que la investigación penal está regida por el principio de progresividad, mediante el cual se va acopiando los elementos materiales necesarios para cumplir con el fin constitucional y legal. Dicha indagación determina el curso del procedimiento penal, ello significa que, cuando el material probatorio es incipiente se está acorde ante audiencias preliminares, tales como petición o legalización de captura, formulación de imputación etc.; y cuando se tiene un grado de conocimiento de probabilidad, es procedente el inicio del proceso penal con su audiencia de formulación de acusación, audiencia preparatoria y juicio oral, público y contradictorio. De ahí que la jurisprudencia ha señalado que se trata de una doble estructura formal y conceptual, “que gobierna el proceso penal. La primera 8 Auto 2ª Ley 906/04

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Acusado: Hernando Antonio Ruiz Cubillos

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República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal se relaciona con el principio antecedente-consecuente, entendido como la secuencia lógico-jurídica integrada, gradual y sucesiva de actos jurisdiccionales con carácter preclusivo regulados en la ley procesal. En tanto, la estructura conceptual, se refiere a la definición progresiva y vinculante del

objeto del proceso penal en función, en concreto, de la determinación de la conducta punible y la responsabilidad del procesado”2. Por tanto, en el proceso penal las tres audiencias son fundamentales, la audiencia de formulación de acusación no solo es representativa por ser el marco fáctico y jurídico en que debe emitirse la decisión, sino que permite, entre otros aspectos, el saneamiento del procedimiento; la audiencia preparatoria corresponde al momento de las develaciones, aspiraciones y decretos probatorios, que con sus técnicas debe definirse cuál es la prueba que cada parte solicita para sustentar su tesis, y por ende, la que se practicará durante el juicio oral. Así, entonces, la interpretación armónica de los artículos 357 y 375 del Código de Procedimiento Penal, permite deducir con claridad que para la pretensión probatoria resulta obligatorio presentar una argumentación tendiente a la indicación al fallador del por qué se hace necesario que se decrete aquel medio probatorio a su favor, es por ello que se establecen los conceptos pertinencia, conducencia y utilidad, los que la jurisprudencia3 ha definido ampliamente, señalando que la pertinencia se encamina a establecer esa relación directa o indirecta con los hechos materia de demostración o tema de prueba; la 2 C.S.J. SP 12846 del 23 de septiembre de 2015. Radicado 40694. 3 Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-, radicado 46153 del 30 de septiembre de 2015; radicado 50637 del 11 de julio de 2018; radicado 55803 del 17 de septiembre de 2019. 9 Auto 2ª Ley 906/04

Radicación: 17877-60-00075-20222-0003501

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República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal conducencia va relacionada con el medio de prueba que no sea prohibido, y la utilidad es la manifestación del beneficio que representa para la tesis que se pretende sacar avante. Ahora, es deber de esta Sala de Decisión, reiterar a los funcionarios judiciales y a las partes en el proceso penal que, si bien el Ente Instructor tiene como deber demostrar la existencia del hecho punible y la responsabilidad del acusado, tal como lo dispone el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, ello obedece a su representación del Estado en su potestad sancionadora, pero que, no es igual a la estrategia que puede asumir la defensa, por tanto, las teorías del caso no van a estar direccionadas en el mismo sentido, ya que una buscará demostrar la responsabilidad penal, mientras que la defensa procurará evitar que la presunción de inocencia sea destronada, por lo que, la argumentación de pertinencia debe ser analizada desde cada esquina. En tal sentido y presentadas las argumentaciones, el trámite ordinario determina que sean las partes las que se pronuncien sobre los reparos que tengan que formular a la solicitud probatoria de su adversario, y en seguida se pronuncie el despacho sobre los medios probatorios que se deben practicar en la diligencia de juicio oral. Como se trata de un auto interlocutorio que define un aspecto sustancial como es lo relacionado con las pretensiones probatorias, dicha providencia es

objeto de los recursos ordinarios de reposición y apelación. Cualquiera de los recursos que se interponga debe llevar un sustento, así lo determinan los artículos 176 y 178 del Código de 10 Auto 2ª Ley 906/04

Radicación: 17877-60-00075-20222-0003501

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República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Procedimiento Penal, con lo que corresponde refutar las motivaciones de la providencia en lo que se considera no se está de acuerdo, siendo fundamental que respecto a la técnica, se tenga la claridad que para el fondo en este tema probatorio, se deba acudir a los términos de inadmisibilidad, rechazo y exclusión, como lo determina el artículo 359 de la misma norma, entendiendo por el primero, de acuerdo con los artículos 375 y 376 del estatuto en mención, la falta de argumentos de pertinencia de la pretensión probatoria; en cuanto al rechazo, a la luz del artículo 346 ibídem, se refiere a la falta de descubrimiento de los elementos materiales probatorios; y la exclusión, según los artículos 23 y 360 ídem, hace referencia a la prueba ilícita o ilegal. La adecuada argumentación en esta sede, resulta importante para verificar la procedencia respecto del recurso de apelación sobre el decreto de pruebas, dado que ya la Corte Suprema de Justicia -en su Sala de Casación Penal-, ha definido que el mencionado recurso no proviene cuando se interpone respecto de pruebas que se han

decretado, en este evento solo procede el recurso de reposición, y que, el de apelación solo resulta cuando se ha negado o inadmitido un medio probatorio, o cuando se ha tomado decisiones respecto de los que se ha solicitado su exclusión o rechazo. La Corte -Sala de Casación Penal-, en decisión AP 4812 del 27 de julio de 2016 -radicado 47469-, luego de hacer un extenso análisis de los artículos 20 y 177 -numerales 4 y 5 del Código de Procedimiento Penalexpuso: “Corolario de lo antedicho, ninguna mengua sufre la estructura del sistema acusatorio, o los derechos a la doble instancia y contradicción, cuando el legislador, en ejercicio del poder de configuración que le asiste, reflejado en la normatividad traída a colación en esta 11 Auto 2ª Ley 906/04

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República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal providencia, decidió que solo se puede apelar el auto que deniega o imposibilita la práctica de una prueba – no el que la concede-; más aún, si en cuenta se tiene, de cara a los límites de esa facultad, que no se aprecia i) un atentado a los fines del Estado, tales como la justicia o la igualdad, ii) violación a los derechos fundamentales de las partes, iii) desconocimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas e, iv) imposibilidad de la realización material de los derechos y de primacía del derecho sustancial

sobre las formas, conforme lo ha señalado la Corte Constitucional (CC C-227/09)”.

Y luego concluye: “Así las cosas, para la Sala respecto del auto que admite pruebas (numeral 4° del artículo 177 de la Ley 906 de 2004), únicamente procede el recurso de reposición, mientras que contra el que deniega o imposibilita la práctica de las mismas, sí es dable promover el de apelación”.

Como bien se observa, se trata de un tema que no es pacífico, pero que a la fecha el criterio que gobierna es la no procedencia del recurso de apelación respecto de las pruebas que son decretadas. Pero, luego, en decisión AP 948 de 7 de marzo de 2018 con radicado 51882 indica que procede el recurso de apelación respecto de las decisiones sobre exclusión de elementos de prueba, que también se extiende a la resolución sobre el rechazo de la demanda probatoria, y señaló: “Si se decide no acceder al rechazo, es evidente que están en juego los derechos de la parte que lo solicitó, pues de ser cierto que se tendría que enfrentar a pruebas desconocidas, la posibilidad de defensa, los controles a la incorporación de las pruebas durante el juicio oral y los otros aspectos relacionados en el numeral 7.1.3 podrían verse seriamente afectados. En tal sentido, a la luz de los criterios establecidos por esta Corporación para concluir que el auto que resuelve sobre la exclusión de evidencia admite el recurso de apelación, independientemente del sentido de la decisión (CSJ AP, 27 Jul. 2016, Rad. 47.469), resultan aplicables al auto a través del cual se decide sobre el rechazo por indebido descubrimiento”.

Secuela de lo anterior, el recurso de apelación procede en contra de la decisión que niega la solicitud probatoria, que define concediendo o negando la exclusión probatoria y el que resuelve el rechazo o no de los elementos de prueba. 12 Auto 2ª Ley 906/04

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República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Dígase entonces, que el momento procesal para el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía, se encuentra consagrado en el artículo 344 de la Ley 906 de 2004, que por su pertinencia se transcribe: “Art. 344.- Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este respecto la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien corresponda, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de tres (3) días para su cumplimiento. La Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Así mismo cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes entregará a la Fiscalía los

exámenes periciales que le hubieren sido practicados al acusado. El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación (…)”. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penalen la providencia con radicado No. 51421 del 29 de agosto de 2018, señaló que el descubrimiento probatorio no se realiza única y exclusivamente en un solo momento, pues existen cuatro oportunidades en que se puede surtir el mismo, de forma metódica y cronológica, esto es: (i) con la presentación por parte del Fiscal del escrito de acusación ante el juez de conocimiento; (ii) en la audiencia de formulación de acusación; (iii) en la audiencia preparatoria, y, (iv) excepcionalmente en el juicio oral, conforme lo prevé el artículo 344 de la Ley 906 de 2004. (CSJ, AP, 8 nov. 2011, rad. 36177, CSJ SP179-2017, rad. 48216, entre otras). 13 Auto 2ª Ley 906/04

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República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal También se indicó en la misma providencia que, ello de modo alguno significa que la audiencia preparatoria se constituya en una nueva oportunidad para que la Fiscalía General de la Nación enuncie y descubra elementos materiales probatorios y evidencia física no enunciados en la audiencia de formulación de acusación, pues ello, sin

duda, sorprendería a su adversario en detrimento de los principios de contradicción, defensa y lealtad que inspiran el sistema penal acusatorio, resultando obligatorio su rechazo, a menos que se acredite que el descubrimiento fue omitido por causas no imputables a la parte afectada, tal y como lo preceptúa el artículo 346 de la Ley 906 de 20044. Así pues, importa para estos efectos recordar que, sobre el marco jurídico conceptual del descubrimiento probatorio, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia, en la sentencia radicada bajo el número 25.920 del 21 de febrero de 2007, señaló: “1.3 Marco jurídico conceptual relativo al proceso de descubrimiento probatorio (…) 1.3.4 El descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía es un deber de estirpe Constitucional. El último inciso del artículo 250 de la Carta, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 03 de 2002, que introdujo el sistema acusatorio, expresa: “En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado”. (Se subraya) El Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, como anotó, en desarrollo de la norma Superior, en los artículos 15 (principio de contradicción) y 142 (deberes de la Fiscalía), establece la misma obligación: suministrar todos los elementos probatorios, incluidos los

favorables al procesado. 4 Los elementos probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez no podrán ser aducidos al proceso, ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez está obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada. 14 Auto 2ª Ley 906/04

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República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal De otro lado, como se verá, tres son los momentos procesales básicos –pero no los únicosque se relacionan primordialmente con el descubrimiento probatorio: i) cuando el Fiscal remite al Juez el escrito de acusación con sus anexos, al cual pueden acceder los intervinientes (artículo 337 ibídem); ii) dentro de audiencia de formulación de acusación (artículo 344 ibídem); y iii) en desarrollo de la audiencia preparatoria (artículos 356 y 357 ibídem). Y se dice que las anteriores fases procesales no son las únicas aptas para el descubrimiento probatorio, toda vez que, por excepción, el Juez tiene la facultad de autorizar un descubrimiento posterior, preservando siempre la garantía de contradicción y con el tiempo que razonablemente estime necesario…

1.3.5 En cumplimiento de su deber funcional, la Fiscalía está obligada anunciar desde el escrito de acusación, con una lista bien detallada, todas las pruebas que pretenda hacer valer en el juicio oral (artículo 337, numeral 5), el cual deberá contener: una relación de los hechos, las pruebas anticipadas –si las hubiere, los datos para la localización de los testigos de cargo y de descargo, los datos para la ubicación de los peritos, los documentos que pretenda aducir con los respectivos testigos de acreditación; y además, los elementos que pudieren resultar favorables al acusado… 1.3.6 El principal momento procesal donde se lleva a cabo el descubrimiento probatorio tiene lugar en la audiencia de formulación de acusación (artículo 344 ibídem); donde las partes deben colaborar decididamente para que el descubrimiento se verifique en forma garantista y correcta. En todo caso, corresponde al Juez velar por la vigencia de las garantías fundamentales de cada uno de los intervinientes, des