TSDJ Manizales - AP188AP-2005

Auto 188A/05 RECUSACION DE MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Legitimación para formularla RECUSACION DE MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Impertinencia IMPARCIALIDAD JUDICIAL-Principio fundamental del Estado de Derecho IMPARCIALIDAD JUDICIAL-Fundamento IMPARCIALIDAD JUDICIAL-Aplicación del Derecho El despliegue que hacen los jueces para decidir un caso, hace poco plausible que la aplicación del derecho pueda ser tomada como un ejercicio mecánico consistente en encajar o hacer encajar hechos en supuestos normativos. O por el contrario, que pueda ser tomada como una tarea completamente desligada de las reglas jurídicas y su contenido. Ambas opciones son en realidad poco plausibles. De ahí, que la forma de entender al operador jurídico que toma decisiones judiciales, se asuma dentro de los parámetros de su condición como persona y de las normas como su medio para lograr un fallo judicial. Esta forma de comprender la práctica judicial incide directamente en la forma de comprender el principio de imparcialidad judicial y las garantías que éste brinda en un Estado Constitucional. La Sala encuentra que la complejidad en la aplicación de las reglas jurídicas para dictar fallos judiciales y su correspondiente incidencia en el principio de imparcialidad judicial, puede deberse a que la práctica jurídica en general sugiere por definición las defensa de intereses determinados. La defensa estratégica de intereses mediante la práctica del derecho es parte esencial de la estructura de éste. Sin embargo, la posición de los jueces frente a lo anterior, es diferente. Estos toman decisiones que tienen que atender a la concreta justicia para el caso; además, tales

decisiones deben estar conformes al derecho vigente. De igual manera, esta restricción se extiende a la motivación de sus fallos y al procedimiento que condujo a ellos. IMPARCIALIDAD JUDICIAL Y RECUSACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Causal de interés directo en la decisión Se puede concluir respecto de las causales subjetivas de recusación, en especial aquella cuyo contenido se refiere a que los Magistrados tengan interés en la decisión (art. 25. D. 2067/91), lo siguiente: En primer lugar, se acepta que el juez debe procurar que las decisiones judiciales que adopte representen en el mayor grado posible el valor de la justicia. El artículo 2º superior establece como fin esencial del Estado “…asegurar (…) la vigencia de un orden justo. Debe por tanto, desechar la aplicación de reglas jurídicas que deriven en una decisión injusta. En segundo lugar, los jueces como participantes de la práctica judicial, defienden intereses; y como ciudadanos activos dentro de la sociedad, profesan ideologías, forman parte de partidos políticos, son miembros de confesiones religiosas, son activos investigadores académicos, etc., lo cual no los inhabilita en principio para decidir. En el caso del juez constitucional, no sólo tiene el deber de dictar una sentencia que satisfaga el orden constitucional, sino también de elaborar el mejor argumento jurídico que pueda estructurar para fundamentar la decisión que se adopte. Para esto acude a las normas jurídicas vigentes, y no a otros criterios, puesto que el resultado al que llegue debe obrar como la interpretación más fiel al mencionado orden jurídico vigente. Si no

encuentra dicho argumento, en el que se concilie su experiencia personal con el sentido de justicia que buscaba para su decisión, quedará inevitablemente constreñido a buscar la justicia de la sentencia, por fuera de los criterios que su propia vivencia le ha brindado, pero, igualmente al interior de los materiales jurídicos disponibles. RECUSACION-Distinción entre causales objetivas y subjetivas RECUSACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDADAsistencia a corrida de toros La condición subjetiva de los magistrados de quienes se solicita la recusación, en el sentido de haber asistido a corridas de toros, no los exime de la obligación de tomar una decisión en derecho. En otras palabras, no los coloca por fuera del orden jurídico. De hecho, cualquier posición que tengan los magistrados de la Corte Constitucional frente a las mencionadas corridas, no los libera de atender los principios constitucionales vigentes en la Constitución de 1991. La estructura de poderes públicos del Estado, los asociados y detentadores del orden estatal y el mismo sistema jurídico exige que la decisión que sobre este tema tome la Corte Constitucional, esté sólidamente fundamentada en la Constitución. Del mismo modo, la afectación y el interés que los dos magistrados en mención y el resto de miembros de esta Corporación, puedan pregonar respecto de la decisión en comento, tienen que ver con su condición de ciudadanos y con el rédito que da el hecho que las actividades que se desarrollan en la sociedad acaten la Carta de 1991. Si bien, como se dijo, ni los dos magistrados en cuestión ni otros magistrados de la Corte Constitucional, pueden despojarse de sí mismos

para decidir este caso o cualquier otro, no lo es menos que tienen bien marcadas las restricciones que les representa decidir conforme con unas normas vigentes y realmente existentes.

Referencia: expediente D-5919

Recusación formulada por Mónica Beltrán Espitia contra los Magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil.

Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO

SIERRA PORTO

Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil cinco (2005) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve la recusación formulada por Mónica Beltrán Espitia contra los Magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en el proceso de la referencia, mediante el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES Mónica Beltrán Espitia solicitó a esta Corporación “…declarar fundada la recusación [propuesta] en contra de los Señores Magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil…”, de acuerdo a los siguientes argumentos, “1. La demanda de la referencia, que pretende la declaratoria de inconstitucionalidad del Reglamento Nacional Taurino (Ley 916 de 2004) se encuentra para estudio en el Despacho del Señor Magistrado JAIME

CÓRDOBA TRIVIÑO.

2. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2067 de 1991, todos los Honorables Magistrados, además del Magistrado sustanciador, serán informados sobre los proyectos de fallos (art. 9), y participarán en las decisiones sobre la parte resolutiva de las sentencias (art. 14).

3. Los Señores Magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, miembros de la Honorable Corte Constitucional son acérrimos seguidores de las corridas de toros.

4. Bajo estas circunstancias, el examen de constitucionalidad puede verse viciado por creencias subjetivas e internas del juzgador.”

II. CONSIDERACIONES Regulación y trámite de las recusaciones de los magistrados de la

Corte Constitucional

1. Como lo ha señalado esta Corporación en el pasado1, dada la trascendencia de las decisiones de la Corte Constitucional en ejercicio de las atribuciones que a ella le confiere el artículo 241 de la Constitución Política, el Decreto 2067 de 1991 —“por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”—, reguló de manera integral lo atinente a las causales de impedimento y recusación de los Magistrados de la Corte Constitucional (Capítulo V, Decreto 2067 de 1991). En dicho sentido estableció que los restantes magistrados de la Corte decidirán si el impedimento es o no fundado2.

El Decreto establece además, la posibilidad de recusar a cualquier Magistrado de la Corte Constitucional cuando existiendo motivo de impedimento no fuere manifestado por él y, al efecto dispuso que en ese caso, el Magistrado o Conjuez “podrá ser recusado o por el Procurador General de la Nación o por el demandante”3. De tal suerte que son estas dos personas (el demandante o el Procurador) quienes legítimamente

pueden recusar a un Magistrado de la Corte Constitucional en un proceso de constitucionalidad4, salvo que se trate de un acto cuya constitucionalidad sea revisada de oficio5. Por ello, en primer término, cuando la Sala estudia las solicitudes de recusación verifica si el o la solicitante están legitimados para ello de conformidad con el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991. Así pues, teniendo en cuenta que la ciudadana Mónica Beltrán Espitia es la demandante dentro del proceso de la referencia, esta Corporación 1 Al respecto, ver: Corte Constitucional, Auto 047 de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra) En este caso se resolvió “[d]eclarar la falta de legitimación del ciudadano Christian Fernando Cardona Nieto para formular la recusación a que se ha hecho referencia en esta providencia contra el Magistrado doctor Jaime Araujo Rentería, la cual, además, no es pertinente.” 2 Artículo 27, Decreto 2067 de 1991. 3 Artículo 28, Decreto 2067 de 1991. 4 Corte Constitucional, Auto 056a de 1998 (MP Fabio Morón Díaz) En este caso se consideró con respecto al artículo 28 del Decreto 2067 de 1991 que, “el recto entendimiento de la norma citada indica que sólo debe dárseles curso a las (recusaciones) propuestas por el señor Procurador General de la Nación y por los actores”. 5 Corte Constitucional, Auto 069 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis). En este caso se reiteró la jurisprudencia citada anteriormente [Auto 056a de 1998 (MP Fabio Morón Díaz)], pero se hizo la

distinción entre los procesos de constitucionalidad iniciados por demanda ciudadana, y aquellos en los que se ejerce por la Corte un control oficioso sobre la exequibilidad de normas sujetas al mismo por disposición constitucional, caso este último en el cual si se encuentra legitimado para formular una recusación cualquier ciudadano y también el Procurador General de la Nación, pues resulta evidente que en tales procesos no existe ningún demandante. considera que está legitimada, en atención a lo expuesto anteriormente, para recusar a los Magistrados de la Corte Constitucional en el proceso citado.

2. Por otro lado, la Corte Constitucional ha señalado que los argumentos presentados en una recusación deben ser ‘pertinentes’6. Concretamente ha considerado que la recusación no resulta pertinente al menos en dos eventos: (i) ‘cuando se invoca una causal inexistente en el ordenamiento jurídico’ y (ii) ‘cuando a pesar de invocarse una causal válida, no existe una relación de correspondencia entre el hecho invocado por el recusante y el supuesto fáctico descrito en la norma que regula lo propio’.7 Con base en esto, en segundo término la Corte debe verificar que la pertinencia de la justificación a la que ha hecho mención la recusante, atienda a los criterios enunciados.

Para esto, la Sala hará algunas consideraciones previas referidas a (i) la idea de la imparcialidad del juez como principio fundamental del derecho procesal en un Estado Constitucional de Derecho, (ii) a la crítica persistente a dicha imparcialidad en términos de la supuesta imposibilidad de los jueces de aplicar el derecho de manera neutral y (iii)

a la dinámica actual de aceptar la alternativa consistente en que los jueces pueden tomar decisiones en derecho. Para luego, (iv) estudiar si los hechos a los que se hace referencia en la solicitud de recusación a la luz de las causales que impiden a los magistrados de la Corte participar en las decisiones que la Corporación adopta. Ello con el fin de determinar si lo alegado encuentra sustento normativo para que la Sala recuse a los magistrados referenciados. 3.- No ha sido común en los pronunciamientos de la Corte Constitucional que resuelven solicitudes de recusación dirigidas a sus magistrados, el desarrollo del tipo de temas que se acaba de exponer. Recientemente, no obstante, este tópico ha sido muy recurrente en las discusiones de la Sala, con ocasión del desarrollo de debates en procesos de control de constitucionalidad de enorme relevancia para la sociedad colombiana. Frente a los cuales todos los ciudadanos acompañan atentos el quehacer de este Tribunal Constitucional. En dichos procesos ha sido igualmente recurrente, la legítima intervención de algunos ciudadanos, para plantear a la Sala Plena la supuesta incapacidad para decidir de algunos de los jueces de esta Corte. Esto se ha justificado a partir de diversas razones que se pueden resumir así: el (los) magistrado(s) en cuestión tiene(n) interés en la decisión. La mayoría de estas manifestaciones pretenden 6 Esta Corporación tiene por sentado que con cuestión previa a la apertura del trámite incidental para decidir sobre una recusación a Magistrados de la Corte Constitucional, se debe determinar la pertinencia de la misma y que, si ella no se demuestra, procederá su rechazo. En Auto 078 de 2003

(MP Eduardo Montealegre Lynett) la Corte señaló que “esa facultad de rechazar el trámite del incidente se explica ante la necesidad de que el análisis encomendado a la Corte recaiga sobre asuntos que efectivamente encuadren dentro de las causales de recusación que sean relevantes para el control que la Constitución le encomendó”. 7 Corte Constitucional, Auto 047 de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra) En este caso se reiteran decisiones de la Sala Plena adoptadas en Autos de 2003. hacer visibles, simpatías o aversiones ideológicas, políticas y hasta académicas y religiosas de los jueces que conforman este Tribunal Constitucional, con el fin sustentar una supuesta carencia de imparcialidad para decidir algunos asuntos. Entre los varios estudios de constitucionalidad en que esto se ha ventilado se cuentan las demandas contra la norma del Código Penal que penaliza la práctica del aborto8 y contra el acto legislativo que permite la reelección inmediata de los funcionarios de elección popular9. Como se ve, la relevancia de las discusiones sobre dichos asuntos en el seno de la Corte Constitucional, reclama de la misma un intento por aclarar y revelar a la sociedad en general, el ámbito en el que se deben entender las posturas ideológicas y/o políticas - e incluso personalesde quienes tienen la misión de ser guardianes de la Constitución. Principio fundamental de imparcialidad judicial. 4.- Dentro de los principios fundamentales que rigen los procedimientos judiciales se encuentra el principio de imparcialidad del juez. Las ideas que a lo largo de la tradición jurídica de la humanidad han sustentado

este principio, hacen referencia primero, a la manera universalmente adoptada de resolver conflictos mediante la intervención de un tercero, ajeno al conflicto; y segundo, a la manera, también universalmente adoptada – aunque con algunas excepcionesde resolver conflictos de la manera ofrecida por el Estado mediante su función jurisdiccional; esto es, mediante la implementación de un proceso adelantado por un juez y con la potestad de hacer cumplir la solución que se impartió al conflicto. 5.- A partir de estos elementos fundamentales para el desarrollo de función jurisdiccional, surgen las distintas modalidades de protección de los principios que los inspiran. Dentro de éstos, está el principio de imparcialidad judicial, que es presupuesto de la función de los jueces. Por esto, se establece la posibilidad de que se controvierta la imparcialidad de juez, mediante los impedimentos y las recusaciones, procurando que su función se ejerza adecuadamente. Esto es, se contempla la posibilidad jurídica de solicitar el apartamiento de un determinado juez en un determinado caso, si se dan ciertas circunstancias. Es especialmente relevante la circunstancia o causal descrita como interés directo o indirecto, no sólo con respecto al juez sino al grupo más cercano de sus familiares, en el resultado del proceso. Esto supone el 8 En este proceso se propuso la recusación contra el Magistrado Ponente, con base en que éste había participado en trabajos académicos sobre el tema y por vínculos con instituciones educativas de tradición confesional. Ver Expediente D-5764 9 En este proceso se propusieron varias recusaciones; entre otras, una propuso que ninguno de los Magistrados podía decidir sobre el asunto porque éste afectaba a los Congresistas, quienes a su vez son

los competentes para investigar la conducta de los mismos Magistrados. En otra solicitud, se planteó que un Magistrado que había emitido unas declaraciones, cuyo contenido se interpretó como contrario a la persona del Presidente de la República, no estaría habilitado para votar sobre el tema. Ver Expedientes D-5631, D-5645, D-5632, D-5656 y D-5657 reporte de un beneficio directo y personal para el juez o su familia, a partir del fallo judicial. Este beneficio puede ser material o inmaterial, según si el interés es económico o existe alguna animadversión o enemistad de éste frente a las partes. Todas estas posibilidades son concretadas jurídicamente como causales de impedimento de los jueces, quienes en estos casos pierden la aptitud esencial para la función de juzgar, que es la imparcialidad. 6.- Nuestro orden constitucional no es ajeno lo anterior. En la sentencia C-037 de 1996, mediante la que se revisó la conformidad constitucional del proyecto de ley estatutaria de la justicia, se dijo sobre el particular: “Como es sabido, el propósito fundamental de la función judicial dentro de un Estado de derecho, es el de impartir justicia a través de diferentes medios, como son la resolución de los conflictos que se susciten entre particulares, o entre éstos y el Estado, el castigo a las infracciones a la ley penal y la defensa del principio de legalidad. Para ello, la administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos que, a su vez, se tornan esenciales: la independencia y la imparcialidad de los jueces. (…) Por su parte, la imparcialidad se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.),

garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial. El logro de estos cometidos requiere que tanto los jueces como los demás profesionales del derecho se comprometan en los ideales y el valor de la justicia, para lo cual no basta el simple conocimiento de la ley y del procedimiento, sino que es indispensable el demostrar en todas las actuaciones judiciales los valores de la rectitud, la honestidad y la moralidad”. [Subrayas fuera de texto] 7.- La imparcialidad de los jueces, generalmente asumida en ocasiones como un reclamo y también como un presupuesto, en un Estado organizado constitucionalmente, es no obstante, objeto de críticas implacables referidas a su real aptitud para cobrar vigencia efectiva en la práctica judicial. Estas objeciones, forman parte también de la mayoría de la tradición jurídica de las sociedades que se han conformado como estados constitucionales de derecho. Han hecho entonces alusión tajante a la inviabilidad que los jueces apliquen de manera neutral (imparcial) las reglas jurídicas, y se ha alegado más bien que los jueces deciden con base en razones políticas, religiosas, personales - entre otras -, es decir a partir de fundamentos extrajurídicos. Algunas críticas a la imparcialidad en la aplicación del derecho. 8.- La noción de la práctica jurídica llevada a cabo por los jueces en

nuestro orden constitucional, está definida como presupuesto esencial del Estado colombiano10. Los artículos 228 (administración de justicia) y 229 (acceso a la justicia) de la Carta de 1991, son dos lados de una misma moneda, la que representa el carácter indispensable de la labor de los jueces en nuestra sociedad11. En general en los Estados Constitucionales de Derecho, la preocupación por el fenómeno de la aplicación del derecho por parte de los jueces radica en la mencionada relevancia de las decisiones judiciales, y por ello se traslada a indagar insistentemente por el camino que los jueces recorren para llegar a ellas. Respecto de esto, está la idea de que el derecho se aplica mediante una operación lógica ajena a cualquier tipo de valoración externa a él, lo que convierte dicha práctica en neutral y por ello imparcial. Así como también, la idea del agotamiento de las reglas de derecho para dar cuenta de todas las cuestiones que se presentan para ser resueltas jurídicamente; por lo que se hace necesario, tanto acudir a criterios no-jurídicos, como a “…ejercer la prerrogativa soberana de la elección”12 para emitir una decisión. En dicho sentido, se ha considerado, por un lado que “…cuando, como corresponde a la Corte, se hace una interpretación de las normas constitucionales para establecer su verdadero sentido, ha de emplearse un método objetivo, que implique la consideración general y abstracta de la preceptiva analizada en sus alcances generales y abstractos. No puede partirse del casuismo, que utiliza la formulación de eventos extremos y excepcionales.”13 Mientras que por otro se ha sostenido que bajo el nuevo 10 Ver C-037 de 1996: “[u]no de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado

social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados. Se trata, como bien lo anota la disposición que se revisa, del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica, de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, económico y social justo” 11Ibídem: “[a]sí, en lo que atañe a la administración de justicia, cada vez se reclama con mayor ahínco una justicia seria, eficiente y eficaz en la que el juez abandone su papel estático, como simple observador y mediador dentro del tráfico jurídico, y se convierta en un partícipe más de las relaciones diarias de forma tal que sus fallos no sólo sean debidamente sustentados desde una perspectiva jurídica, sino que, además, respondan a un conocimiento real de las situaciones que le corresponde resolver. Las consideraciones precedentes implican, en últimas, una tarea que requiere, como consecuencia de haber sido nuestro país consagrado en la Carta Política como un Estado social de derecho, un mayor dinamismo judicial, pues sin lugar a dudas es el juez el primer llamado a hacer valer el imperio de la Constitución y de la ley en beneficio de quienes, con razones justificadas, reclaman su protección”. [Subrayas fuera de texto] 12 HOLMES Oliver Wendell. Law in Science and Science in law [El Derecho en la Ciencia y la Ciencia en el Derecho]. 12 Harv. Law Review. 1899. Pág 443. [Citado en SÁNCHEZ DÍAZ Felix

Francisco. La decisión judicial y la ciencia jurídica. Ed Comares. Granada. 2002. Pág 19.] 13 C-543 de 1992 [Énfasis fuera dentro del texto] orden constitucional se ha dado una “…pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos.”14 Según una u otra forma de ver las cosas será distinta la forma en que asuma el análisis previo a la decisión. 9.- Con todo, en la práctica jurídica subyace la aceptación, al menos en un sector mayoritario no sólo de la comunidad jurídica15 sino de la sociedad en general, que el derecho no goza de una completud y una coherencia supremas, y que las decisiones judiciales deben ser justas - o por lo menos no pueden ser injustas -. Y respecto de esto, los análisis descritos han generado que ante el interrogante de cómo es que los jueces satisfacen semejantes exigencias (llenar vacíos y procurar la justicia) en el proceso que lleva a la decisión, se establezca la errónea creencia de que los pronunciamientos judiciales se enmarcan necesariamente en uno u otro. Por eso, de un lado se asevera que en el proceso de decisión, los jueces deben hacer caso omiso de las particularidades de cada asunto y evitar acudir a criterios que superen el contenido de las normas jurídicas. Y de otro, que el juez es un actor político en defensa de todo tipo de intereses y completamente alejado de las reglas jurídicas al momento de decidir. 10.- Esta Sala, considera que las anteriores son descripciones incompletas

del fenómeno de la aplicación del derecho. La razón para ello es en gran medida de orden práctico. El despliegue que hacen los jueces para decidir un caso, hace poco plausible que la aplicación del derecho pueda ser tomada como un ejercicio mecánico consistente en encajar o hacer encajar hechos en supuestos normativos. O por el contrario, que pueda ser tomada como una tarea completamente desligada de las reglas jurídicas y su contenido. Ambas opciones son en realidad poco plausibles. De ahí, que la forma de entender al operador jurídico que toma decisiones judiciales, se asuma dentro de los parámetros de su condición como persona y de las normas como su medio para lograr un fallo judicial. Esta forma de comprender la práctica judicial incide directamente en la forma de comprender el principio de imparcialidad judicial y las garantías que éste brinda en un Estado Constitucional. La experiencia personal del Juez (Constitucional) y las decisiones judiciales en derecho o en justicia. 14 T-406 de 1992. [Énfasis dentro del texto] 15 Incluso, en la misma sentencia C-543 de 1992 citada, en la que la Corte adoptó una postura muy cercana al formalismo, se dijo que el proceso mediante el que el juez llega a la sentencia definitiva “…no encierra únicamente el desarrollo de una operación lógica sino que requiere, para alcanzar el nivel de lo justo, como exigen los fines del Derecho, de una interpretación sobre el contenido de las normas aplicables y de una valoración consciente de las pruebas llevadas al proceso para definir la solución que, en el sentir del juez, se acomoda a las exigencias de la Constitución y de la ley.”

[Énfasis fuera de texto] 11.- La configuración de un sistema jurídico cuya fuente normativa son no sólo reglas exactas sino reglas y principios amplios y generales, así como la variedad de situaciones distintas y particulares que se someten a análisis jurídicos, igualmente la obligación de fundamentación de las decisiones de las autoridades y la procura de justicia a partir de dichas decisiones, hacen del fenómeno de aplicación del derecho por parte de los jueces un proceso no tan simple como se expone más arriba. En efecto, “[l]a decisión, en cuanto singular, es el resultado de un procesoformal, intelectual y volitivo – también singular y la norma general se limita a indicar a quien ha de resolver cómo ha de hacerlo”16. Frente a esto, la Sala encuentra que la complejidad en la aplicación de las reglas jurídicas para dictar fallos judiciales y su correspondiente incidencia en el principio de imparcialidad judicial, puede deberse a que la práctica jurídica en general sugiere por definición las defensa de intereses determinados. La defensa estratégica de intereses mediante la práctica del derecho es parte esencial de la estructura de éste.17 Sin embargo, la posición de los jueces frente a lo anterior, es diferente. Estos toman decisiones que tienen que atender a la concreta justicia para el caso; además, tales decisiones deben estar conformes al derecho vigente. De igual manera, esta restricción se extiende a la motivación de sus fallos y al procedimiento que condujo a ellos.18 Lo que constituye razones suficientes para que el juez no pueda ser visto como un robot programado por la ley ni como un sujeto trascendental y libre que puede

hacer lo que quiere en la tarea de dictar sentencias.19 12.- A juicio de esta Sala, el juez constitucional merece una consideración especial respecto de lo anterior. En tanto su misión es proteger la supremacía de la Constitución debe “…tutelar la supremacía normativa (…), y la supremacía ideológica, ya que las sentencias del juez constitucional deben afirmar los principios, los valores y la doctrina política de aquélla (…)”20. En el caso de los magistrados de esta Corporación, hay que tener en cuenta que la actividad de la Corte Constitucional tiene por objeto decidir sobre hechos o circunstancias que afectan a todos los ciudadanos. De ahí, que tales decisiones tengan en la 16 NIETO Alejandro. El Arbitrio Judicial. Ed Ariel. Barcelona 2000. Pág. 397. 17Incluso, al nivel de la acción pública de inconstitucionalidad, la Corte ha explicado que “…el control abstracto no es un ámbito propio para discutir peticiones de carácter individual, para las cuales el ordenamiento prevé otras vías procesales. Esto obviamente no significa que el demandante deba carecer de todo interés particular en los resultados de la demanda, pues puede ser legítimo que intente obtener un provecho propio de la decisión constitucional.” Sentencia C-447 de 1997 Fundamento 3. [Énfasis fuera de texto]. En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias C-568 de 1995 y C-1052 de 2001. 18 SÁNCHEZ DÍAZ …. La decisión judicial y la ciencia jurídica… op cit. Pág. 24. En una explicación de la Teoría de la Decisión Judicial de Roscoe Pound, que entiende la labor de los jueces como

contribución “…al control social por medio de la satisfacción de intereses sociales comprobados”. Ibídem. Pág. Ib. 19 KENNEDY Duncan. Libertad y Restricción en la Decisión Judicial. Ed, Siglo del Hombre, Uniandes y Javeriana. Colombia. 1999. Pág. 121. 20 SAGÚEZ Néstor Pedro. “La interpretación constitucional, instrumento y límite del juez constitucional”. En: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Ed Konrad Adenauer Stiftung, Dike…. Medellín Colombia. 1996. Pág. 36. [Énfasis dentro del texto] mayoría de las ocasiones algún tipo de relación con los Magistrados como ciudadanos. Es de la naturaleza de los Tribunales Constitucionales que sus integrant