TSDJ Manizales - AP222AP-2002

Auto 222A/02 DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Aplicación Referencia: expediente ICC - 523 Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 46 Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá en la acción de tutela promovida por la ciudadana Diana Convers Lozano contra Datacredito. Magistrado Sustanciador

Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dos (2002). Provee la Corte en relación con el aparente Conflicto de Competencia suscitado entre el Juzgado 46 Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá en la acción de tutela promovida por la ciudadana Diana Convers Lozano contra Datacredito.

I. ANTECEDENTES.

1. La ciudadana Diana Convers Lozano interpuso acción de tutela ante el Juzgado Civil del Circuito de Bogotá (reparto) para que se proteja sus derechos fundamentales a la igualdad y al buen nombre, los cuales encuentra vulnerados con el hecho de que no obstante esta a paz y salvo por todo concepto con las entidades crediticias, su nombre aparece reportado como deudor moroso por una obligación que ya canceló.

2. El Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto del 18 de julio del año 2002, declaró su incompetencia para dar trámite a la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000, según el cual,

no le corresponde conocer de las acciones instauradas contra particulares y en tal virtud, ordenó remitir el expediente a la Oficina Judicial de la ciudad, para que se efectuara el correspondiente reparto entre los Jueces Civiles Municipales. (fl.48)

3. El Juzgado 46 Civil Municipal de Bogotá, en auto del 23 de julio de 2002, consideró que el Juez competente para conocer del asunto era aquel, ante el cual la demandante había presentado la tutela y en ese orden de ideas resuelve plantear el conflicto negativo de competencia y ordena enviar la actuación a la Corte Constitucional, para que sea ella, la que dirima el conflicto planteado.

II. CONSIDERACIONES.

1. Ha de recordarse por la Corte Constitucional que luego de expedido el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, proferido por el Presidente de la República y según el cual se “establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación mediante auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, reiterado en numerosas oportunidades, lo inaplicó en virtud de la primacía que al ordenamiento Superior ha de darse sobre las normas de rango inferior y además, por la manifiesta incompatibilidad de las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado con la Constitución Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma.

2. El Gobierno Nacional mediante Decreto 404 de 14 de marzo de 2001, decidió suspender por un (1) año la vigencia del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, “en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo.”

3. Transcurrido el término de un año a que hacía referencia el artículo 1º del Decreto 404 de 2001, sin que para entonces existiera sentencia del Consejo de Estado en relación con las demandas de nulidad incoadas contra el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, este de nuevo entró en vigor, razón por la cual al conocer de los conflictos de competencia suscitados entre distintos despachos judiciales para el conocimiento de acciones de tutela, la Corte Constitucional aplicó en todos los casos, la excepción de inconstitucionalidad y decidió en consecuencia.

4. El Consejo de Estado, en sentencia de 18 de julio de 2002, proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con dos salvamentos de voto, declaró la nulidad del “inciso cuarto del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000” y la del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo Decreto y denegó las demás súplicas de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa Corporación bajo los números 6414 y acumulados.

5. Así las cosas, la Corte Constitucional,1 en virtud de las circunstancias actuales, en acatamiento a lo resuelto en la sentencia aludida, ahora dará aplicación a lo dispuesto por el inciso tercero del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000, según el cual a los del Jueces Municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia,

1 Ver ICC-388 y ICC-397/02 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

las acciones de tutela que se interpongan contra “cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra los particulares” y, por ello dispondrá que esta acción de tutela se tramite por el Juzgado 62 Civil Municipal de Bogotá.

III. DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala Plena RESUELVE: Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por la ciudadana Diana Convers Lozano contra Datacredito al Juzgado 46 Civil Municipal de Bogotá, para que la trámite y decida en forma inmediata.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Presidente

JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Magistrado

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Magistrado

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Magistrado

ÁLVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Magistrada MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ Secretaria General Salvamento de voto al Auto 222A/02 REF. Expediente ICC523

Peticionario: Diana Convers Lozan Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las

distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito. Fecha ut supra,

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado