TSDJ Manizales - SP2010 60118 03 J

2“. Instancia 2010 60118 03

Procesado: JosØ `lvaro L(cid:243)pez quintero Delito: Acceso carnal violento Asunto: Decide apelaci(cid:243)n auto

Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal

TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES

SALA DE DECISI(cid:211)N PENAL

Magistrado Ponente

JOS(cid:201) FERNANDO REYES CUARTAS

Aprobado Acta No.126 Manizales, Caldas, veinticuatro (24) de abril de dos mil quince (2015).

I. ASUNTO La Sala procede a resolver el recurso de apelaci(cid:243)n interpuesto por el seæor JOS(cid:201) `LVARO L(cid:211)PEZ QUINTERO – condenado por el delito de Acceso carnal violento en una persona menor de edad— contra la de decisi(cid:243)n del Juzgado de Ejecuci(cid:243)n de Penas y Medidas de Seguridad de Descongesti(cid:243)n de Manizales (C)-- de negarle el permiso administrativo permiso de 72 horas.

II. ANTECEDENTES 1 2“. Instancia 2010 60118 03

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Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Mediante sentencia del tres (03) de marzo de dos mil once (2011) el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales, conden(cid:243) al seæor JosØ `lvaro L(cid:243)pez Quintero a la pena principal de diecisØis

(16) aæos de prisi(cid:243)n, como Autor del delito Acceso carnal violento con circunstancias de agravaci(cid:243)n punitiva, siendo v(cid:237)ctima el menor

J.A.V.C.

El veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012)1 esta Colegiatura confirm(cid:243) el prove(cid:237)do de primer grado. El veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince (2015) el Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Manizales, remiti(cid:243) al Juzgado de Ejecuci(cid:243)n de Penas y Medidas de Seguridad de Descongesti(cid:243)n de Manizales, la documentaci(cid:243)n necesaria para el estudio de la concesi(cid:243)n del permiso administrativo de 72 horas del Seæor L(cid:243)pez Quintero. Incluy(cid:243) la Resoluci(cid:243)n nro. 0326 del veinte (20) de febrero de dos mil quince (2015), mediante la cual la autoridad mencionada, dio concepto desfavorable. En prove(cid:237)do del tres (03) de marzo de dos mil quince (2015) ese Despacho de ejecuci(cid:243)n de penas neg(cid:243) la petici(cid:243)n deprecada. 1 Mediante providencia aprobada por acta 121, con ponencia de quien ahora cumple igual funci(cid:243)n. 2 2“. Instancia 2010 60118 03

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Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Contra esa determinaci(cid:243)n el condenado interpuso los recursos de reposici(cid:243)n y –subsidiariamente-- el de apelaci(cid:243)n. El primero fue decidido –el veinticinco (25) de marzo de dos mil quince (2015)-- de forma negativa a los intereses del recurrente.

III. LA PROVIDENCIA RECURRIDA El a quo se refiri(cid:243) al beneficio deprecado por el seæor L(cid:243)pez Quintero, para indicar que por expresa prohibici(cid:243)n normativa – art(cid:237)culo 199 de la ley 1098 de 2006—era inviable la concesi(cid:243)n del mismo, pues se trat(cid:243) de un delito contra la libertad, integridad y formaci(cid:243)n sexuales de una persona menor de edad.

En soluci(cid:243)n del recurso de reposici(cid:243)n interpuesto, aclar(cid:243) el juez que la norma prohibitiva mencionada no contempla que su aplicaci(cid:243)n se limita a conductas cometidas en personas menores de 14 aæos; sino, en general, hace alusi(cid:243)n a la circunstancia de que el sujeto pasivo de las conductas all(cid:237) referidas, sean niæos, niæas o adolescentes; es decir, menores de dieciocho (18) aæos de edad. Anot(cid:243), ademÆs, que la constitucionalidad de la citada prohibici(cid:243)n, fue estudiada y aprobada por la H. Corte Constitucional 3 2“. Instancia 2010 60118 03

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Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal en Sentencia C 738 de 2008; y seæal(cid:243) que la aplicaci(cid:243)n de la misma, es obligatoria para los jueces.

IV. LA APELACI(cid:211)N El seæor L(cid:243)pez Quintero inici(cid:243) las argumentaciones sobre su disenso, seæalando que el juez a quo no tuvo en cuenta que se trataba de una persona mayor de 14 aæos, considerando que por ello, no le aplicaba la norma prohibitiva relacionada.

Indic(cid:243) que el fin de la pena es la resocializaci(cid:243)n del individuo, para anotar que en su caso, esa negaci(cid:243)n impide ese proceso; enfatizando en el buen comportamiento y el proceso de formaci(cid:243)n que ha presentado al interior del establecimiento penitenciario. Seæal(cid:243) que la disposici(cid:243)n del art(cid:237)culo 199 de la Ley 1098, es discriminatoria, y vulnera los postulados relacionados con la dignidad humana.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema Jur(cid:237)dico 4 2“. Instancia 2010 60118 03

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1. De conformidad con la discusi(cid:243)n agotada en primera

instancia, y en consonancia con las argumentaciones del recurrente, lo pertinente es estudiar si acert(cid:243) el a quo, al negar –por expresa prohibici(cid:243)n normativa—la concesi(cid:243)n del permiso administrativo de hasta 72 sin vigilancia, al condenado.

2. Para resolver el problema jur(cid:237)dico planteado se desarrollarÆn los siguientes (cid:237)tems: (i) La prohibici(cid:243)n contenida en La Ley 1098 de 2006 en su art(cid:237)culo 199 (ii) Caso concreto La Ley 1098 de 2006 y los beneficios administrativos

3. El art(cid:237)culo 199 del C(cid:243)digo de la Infancia y la Adolescencia dispone: “ARTÍCULO 199. BENEFICIOS Y MECANISMOS SUSTITUTIVOS. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formaci(cid:243)n sexuales, o secuestro, cometidos contra niæos, niæas y adolescentes, se aplicarÆn las

siguientes reglas:

1. Si hubiere mØrito para proferir medida de aseguramiento en los casos del art(cid:237)culo 306 de la Ley 906 de 2004, esta consistirÆ siempre en detenci(cid:243)n en establecimiento de reclusi(cid:243)n. No serÆn aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad previstas en los art(cid:237)culos 307, literal b), y 315 de la Ley 906

de 2004.

2. No se otorgarÆ el beneficio de sustituci(cid:243)n de la detenci(cid:243)n preventiva en establecimiento carcelario por la de detenci(cid:243)n en el lugar de residencia, previsto en los numerales 1 y 2 del art(cid:237)culo 314 de la Ley 906 de

2004.

3. No procederÆ la extinci(cid:243)n de la acci(cid:243)n penal en aplicaci(cid:243)n del principio de oportunidad previsto en el art(cid:237)culo 324, numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para los casos de reparaci(cid:243)n integral de los 4. No procederÆ el subrogado penal de Suspensi(cid:243)n Condicional de la Ejecuci(cid:243)n de la Pena, contemplado en el art(cid:237)culo 63 del C(cid:243)digo Penal.

5. No procederÆ el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto en el art(cid:237)culo 64 del C(cid:243)digo Penal.

6. En ningœn caso el juez de ejecuci(cid:243)n de penas concederÆ el beneficio de sustituci(cid:243)n de la ejecuci(cid:243)n de la pena, previsto en el art(cid:237)culo 461 de la Ley 906 de 2004. 5 2“. Instancia 2010 60118 03

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7. No procederán las rebajas de pena con base en los “preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el

imputado o acusado”, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004.

8. Tampoco procederÆ ningœn otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci(cid:243)n consagrados en el C(cid:243)digo de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.

PAR`GRAFO TRANSITORIO. En donde permanezca transitoriamente vigente la Ley 600 de 2000, cuando se trate de delitos a los que se refiere el inciso primero de este art(cid:237)culo no se concederÆn los beneficios de libertad provisional garantizada por cauci(cid:243)n, extinci(cid:243)n de la acci(cid:243)n penal por pago integral de perjuicios, suspensi(cid:243)n de la medida de aseguramiento por ser mayor de sesenta y cinco (65) aæos, rebajas de pena por sentencia anticipada y confesi(cid:243)n; ni se concederÆn los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecuci(cid:243)n condicional o suspensi(cid:243)n condicional de ejecuci(cid:243)n de pena, y libertad condicional. Tampoco procederÆ respecto de los mencionados delitos la prisi(cid:243)n domiciliaria como sustitutiva de la prisi(cid:243)n, ni habrÆ lugar a ningœn otro beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci(cid:243)n consagrados en el C(cid:243)digo de Procedimiento Penal siempre que esta sea efectiva”. (Negritas y subrayas de la Sala).

4. Se lee entonces que el C(cid:243)digo de la Infancia y la

Adolescencia, proh(cid:237)be la concesi(cid:243)n de ciertos beneficios y subrogados penales a quienes hayan sido condenados por los delitos de Homicidio o lesiones personales –modalidad dolosa--; o aquellos que atenten contra la Libertad, Integridad y Formaci(cid:243)n sexuales o secuestro, cuando se cometen contra niæos, niæas o adolescentes. Caso concreto

5. Tal como se vio, por hechos acaecidos el treinta y uno (31) de agosto de dos mil diez (2010), el Seæor L(cid:243)pez Quintero fue condenado por el delito de Acceso carnal violento agravado, contra un menor de 18 aæos de edad. 6 2“. Instancia 2010 60118 03

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Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal M(cid:237)rese pues como, sin que sea necesario ahondar en razones se mira la imposibilidad de acceder a lo pedido, pues se evidencia que el legislador prohibi(cid:243) expresamente la posibilidad de conceder cualquier clase de beneficios administrativos o judiciales, a las personas que hayan sido condenadas, por delitos dolosos contra – entre otros—la Libertad, integridad y formaci(cid:243)n sexuales, en los que sean v(cid:237)ctimas niæos, niæas o adolescentes; es decir, personas menores de edad, esto es, que no hayan cumplido dieciocho (18)

aæos.

6. El recurrente depreca la concesi(cid:243)n del permiso administrativo de hasta setenta y dos (72) horas, que de conformidad con lo establecido en el art(cid:237)culo 146 de la Ley 65 de 1993, es un beneficio administrativo.

El art(cid:237)culo 147 de la citada disposici(cid:243)n enlista los supuestos requeridos para la concesi(cid:243)n del aludido beneficio; sin embargo, de cara a la prohibici(cid:243)n legal que palmariamente cobija al Seæor L(cid:243)pez Quintero, inocuo resulta el estudio del cumplimiento de los mismos.

7. A pesar de las opiniones que le merezcan al condenado, las disposiciones del C(cid:243)digo de la Infancia y la Adolescencia, es pertinente referir que esa Ley estÆ vigente, y que su aplicaci(cid:243)n –tal como lo acot(cid:243) el juez de instancia-- es obligatoria para los jueces. 7 2“. Instancia 2010 60118 03

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8. Finalmente es procedente referir que la concesi(cid:243)n de ese beneficio estÆ dado primigeniamente a las autoridades penitenciarias, pero que, as(cid:237) mismo requieren la determinaci(cid:243)n final del juez, pues es quien debe velar por la vigencia de la Constituci(cid:243)n Pol(cid:237)tica y de la Ley en actuaciones como la estudiada.

En esa medida, se reserva a la judicatura la decisi(cid:243)n final sobre la viabilidad de concesi(cid:243)n del citado beneficio2. En este evento la autoridad penitenciaria hab(cid:237)a conceptuado igualmente en desfavor de la concesi(cid:243)n de lo solicitado por el Seæor L(cid:243)pez Quintero, y bÆsicamente por las razones tra(cid:237)das a colaci(cid:243)n por el a quo, y reiteradas ahora por esta Sala de decisi(cid:243)n.

9. Conforme lo anterior, la sala confirmarÆ en su integridad la decisi(cid:243)n deprecada.  En raz(cid:243)n y mØrito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, SALA DE DECISI(cid:211)N 2 Cfr. C-312 de 2002. 8 2“. Instancia 2010 60118 03

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Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal PENAL, CONFIRMA la providencia que por v(cid:237)a de apelaci(cid:243)n se ha revisado. Se ordena la devoluci(cid:243)n al Juzgado de origen.

NOTIF˝QUESE Y C(cid:218)MPLASE

Los Magistrados,

JOS(cid:201) FERNANDO REYES CUARTAS

ANTONIO TORO RUIZ

GLORIA LIGIA CASTA(cid:209)O DUQUE

`ngela Mar(cid:237)a Pinz(cid:243)n Medina Secretaria (e) 9