TSDJ Manizales - SP2011-00356-00 E

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ELIZABETH VALLEJO D˝AZ

PRESIDENCIA Y OTROS

Declara Improcedente Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal

TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES

SALA DE DECISI(cid:211)N PENAL

Magistrada Ponente GLORIA LIGIA CASTA(cid:209)O DUQUE Aprobado Acta No. 016 de la fecha. H: 5:30 p.m. Manizales, veintitrØs (23) de enero de dos mil doce (2012).

1. ASUNTO Procede la Sala a decidir en primera instancia la acci(cid:243)n de tutela interpuesta por la seæora ELIZABETH VALLEJO D˝AZ en

contra de la PRESIDENCIA DE LA REP(cid:218)BLICA, EL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CR(cid:201)DITO P(cid:218)BLICO, EL

MINISTERIO DE EDUCACI(cid:211)N y EL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCI(cid:211)N P(cid:218)BLICA.

2. ANTECEDENTES 2.1. La accionante manifest(cid:243) que mediante la Ley 715 de 2001, el Congreso reglament(cid:243) la prestaci(cid:243)n del servicio a la educaci(cid:243)n y en su art(cid:237)culo 111.2 dispuso la concesi(cid:243)n de facultades extraordinarias al Presidente de la Repœblica para

expedir un nuevo rØgimen de carrera docente, directivos docentes y personal administrativo que ingresaran a partir de ese aæo, PÆgina 2 de 12

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Declara Improcedente Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal acorde con la nueva distribuci(cid:243)n de recursos y competencias, para lo que se deb(cid:237)a expedir el Estatuto de Profesionalizaci(cid:243)n Docente, el cual deb(cid:237)a tomar en cuenta el mejor salario. Seæal(cid:243) que, a travØs del Decreto 1278 de 2002, se expidi(cid:243) el Estatuto de Profesionalizaci(cid:243)n Docente en donde se estableci(cid:243) que el Gobierno Nacional deb(cid:237)a reglamentar la escala œnica nacional de salarios y rØgimen prestacional para los docentes escalafonados de conformidad con el grado y nivel que acreditaran. As(cid:237) fue como en el debate de control pol(cid:237)tico efectuado por el Congreso en el 2008, el Gobierno Nacional se comprometi(cid:243) a decretar un aumento salarial adicional del 8% sobre la inflaci(cid:243)n en cada uno de los aæos 2008, 2009 y 2010 para los docentes y directivos docentes regidos por el Estatuto antes descrito, lo que segœn la accionante, han cumplido de manera parcial. Adujo que segœn los Decretos 624 y 714 de 2008, el Gobierno Nacional modific(cid:243) la remuneraci(cid:243)n de los servidores pœblicos docentes y directivos docentes para el aæo 2008, dando

cumplimiento al aumento que se hab(cid:237)a pactado con antelaci(cid:243)n. De igual manera se efectu(cid:243) la modificaci(cid:243)n salarial para el aæo 2009 mediante los Decretos 702 y 1238 de ese aæo. Relat(cid:243) que a pesar de ello, a travØs de los Decretos 1367 y 2940 de 2010, al modificar nuevamente la remuneraci(cid:243)n de los PÆgina 3 de 12 Tutela 1“ Instancia, Rad 2011-00356-00

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Declara Improcedente Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal servidores pœblicos del sector docente, no se efectu(cid:243) el incremento salarial pactado del 8% sobre la inflaci(cid:243)n del aæo 2009 y, por el contrario, lo redujo en un 5.5%, teniendo tan solo un aumento del 2.5% para los docentes en nivel 1 y 2, y un porcentaje superior para los de nivel 3, con lo cual se transgredi(cid:243) la buena fe que regula las actuaciones de la administraci(cid:243)n. Derivado de lo anterior, la actora solicit(cid:243) se tutelaran sus derechos a la buena fe, al debido proceso y a la igualdad vulnerados por el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 2940 de 2010, sin tener en cuenta los compromisos adquiridos en aæos anteriores respecto del aumento del 8% del salario para los docentes y directivos docentes regidos por el Estatuto de Profesionalizaci(cid:243)n Docente.

2.2. Esta Corporaci(cid:243)n admiti(cid:243) la demanda tutelar el d(cid:237)a 19 de diciembre de 2011, integrando el contradictorio con las Secretar(cid:237)as de Educaci(cid:243)n Municipal y Departamental de Caldas; as(cid:237) mismo se corri(cid:243) traslado a las entidades accionadas y vinculadas para que se pronunciaran sobre los hechos expuestos en el escrito tutelar. 2.3. Una vez fue llevada a cabo la notificaci(cid:243)n, tanto de entes accionados como vinculados, se obtuvo respuesta oportuna de la Presidencia de la Repœblica, del Ministerio de Hacienda y CrØdito Pœblico, del Ministerio de Educaci(cid:243)n y de la Secretar(cid:237)a de Educaci(cid:243)n de la Gobernaci(cid:243)n de Caldas. PÆgina 4 de 12 Tutela 1“ Instancia, Rad 2011-00356-00

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Declara Improcedente Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal 2.3.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repœblica, indic(cid:243) que la acci(cid:243)n constitucional carece de legitimidad en la causa por pasiva, en tanto no es la Presidencia de la Repœblica o el Departamento Administrativo adscrito a la misma quienes tienen injerencia alguna en el rØgimen prestacional que en este momento demanda la accionante se solucione por v(cid:237)a tutelar.

Manifest(cid:243) que la actora estÆ atacando el Decreto 2940 de 2010, un acto administrativo de carÆcter general, impersonal y abstracto, circunstancia por la cual es improcedente el mecanismo constitucional de la tutela a la luz de lo consagrado en el Decreto 2591 de 1991; ademÆs, porque la demandante cuenta con otros medios judiciales ante la jurisdicci(cid:243)n de lo contencioso administrativo para atacar la legalidad del acto. 2.3.2. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y CrØdito Pœblico seæal(cid:243) que la presente demanda tutelar deviene improcedente, por cuanto la accionante tiene a su alcance otros mecanismos jur(cid:237)dicos id(cid:243)neos para pretender controvertir los actos administrativos demandados. Seæal(cid:243) que la acci(cid:243)n de tutela no es un mecanismo supletorio de los medios ordinarios, atendiendo al principio de la subsidiariedad que la reglamenta. Ratific(cid:243) que para demandar los decretos mencionados, la demandante cuenta con la v(cid:237)a contencioso administrativa, ello aunado a que frente a dicha entidad, no se encuentra acreditada PÆgina 5 de 12 Tutela 1“ Instancia, Rad 2011-00356-00

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Declara Improcedente Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal la legitimaci(cid:243)n en la causa por pasiva, razones por las cuales

solicit(cid:243) la declaratoria de improcedencia de la demanda tutelar. 2.3.3. La Secretar(cid:237)a de Educaci(cid:243)n Departamental de Caldas, alleg(cid:243) respuesta en la cual seæal(cid:243) que la accionante se encuentra adscrita a dicha secretar(cid:237)a desde el 19 de enero de 2007 por nombramiento en propiedad con grado de escalaf(cid:243)n 2A, prestando sus servicios en la institución educativa “Francisco de Paula” de Chinchiná. 2.3.4. Finalmente, el Ministerio de Educaci(cid:243)n Nacional, adujo que no era de su competencia determinar el incremento salarial de los docentes, ademÆs de que la presente tutela se tornaba improcedente por tratarse de un acto administrativo de carÆcter general, susceptible de su ataque por la v(cid:237)a contencioso administrativa. Expres(cid:243) que la tutela se constituye en mecanismo subsidiario que s(cid:243)lo procede cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, que en el presente asunto no estÆ acreditado.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia. PÆgina 6 de 12 Tutela 1“ Instancia, Rad 2011-00356-00

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Declara Improcedente Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Segœn los parÆmetros del Decreto 1382 de 2000 en su

art(cid:237)culo 1(cid:176) numeral 1(cid:176), esta Colegiatura es competente para resolver la presente acci(cid:243)n de tutela, por cuanto las partes que fungen como accionadas son entidades del orden nacional. 3.2. Problema Jur(cid:237)dico. De conformidad con el proleg(cid:243)meno efectuado, deberÆ determinar esta Colegiatura si es procedente mediante este mecanismo constitucional, disponer la modificaci(cid:243)n del rØgimen salarial docente establecido por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2940 de 2010, dando aplicaci(cid:243)n a lo pactado desde el aæo 2008 por el Ejecutivo Nacional, siendo representado por la Ministra de Educaci(cid:243)n de la Øpoca y que presuntamente no estÆ siendo cumplido en la actualidad. Para ello, es necesario examinar la regulaci(cid:243)n existente en materia salarial de los docentes al servicio del Estado, para acudir finalmente a los requisitos establecidos por el Decreto 2591 de 1991 respecto de la procedencia de la acci(cid:243)n de tutela y definir si en este caso concreto es viable un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional. 3.3. Regulaci(cid:243)n en materia salarial de los docentes, directivos docentes y personal administrativo. PÆgina 7 de 12 Tutela 1“ Instancia, Rad 2011-00356-00

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Sala Penal Ciertamente, de la demanda y su contestaci(cid:243)n, as(cid:237) como del anÆlisis de las piezas procesales que componen el expediente, se infiere que a travØs de la Ley 715 de 2001 por medio de la cual se dictaron normas orgÆnicas en materia de recursos y competencias para la prestaci(cid:243)n de los servicios de educaci(cid:243)n, salud, entre otros, el Gobierno Nacional qued(cid:243) facultado para reglamentar el rØgimen de carrera docente y administrativa para docentes, directivos docentes y administrativos, que ingresaran a partir del 2001, acorde con el nuevo sistema de recursos y participaciones designados por el Legislador. Fue as(cid:237) como, por medio del Decreto 1278 de 2002, el Gobierno Nacional expidi(cid:243) el Estatuto de Profesionalizaci(cid:243)n Docente, mediante el cual se regul(cid:243) la relaci(cid:243)n existente entre el Estado y los educadores a su servicio. En lo referente al tema salarial, en su art(cid:237)culo 46 estableci(cid:243): “ART˝CULO 46. SALARIOS Y PRESTACIONES. El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4a. de 1992, establecerÆ la escala œnica nacional de salarios y el rØgimen prestacional para los docentes escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalaf(cid:243)n Docente de conformidad con el presente decreto; lo mismo que las remuneraciones adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaæo de la instituci(cid:243)n educativa que dirijan.

“El salario de ingreso a la carrera docente debe ser superior al que devengan actualmente los educadores regidos por el Decreto-ley 2277 de 1979.” De esta manera, queda plenamente decantado que es el Ejecutivo Nacional el competente para fijar la remuneraci(cid:243)n por la prestaci(cid:243)n del servicio de educaci(cid:243)n de cada uno de los docentes vinculados a nivel municipal, departamental o nacional, PÆgina 8 de 12 Tutela 1“ Instancia, Rad 2011-00356-00

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Declara Improcedente Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal atendiendo a los criterios ya establecidos en la mencionada Ley 715 de 2001 en cuanto a: (i) mejor salario de ingreso a la carrera docente; (ii) escala œnica salarial y grados de escalaf(cid:243)n, entre otros1. En consecuencia, a travØs del Decreto 2940 de 2010, el Gobierno Nacional por expresa facultad conferida por la Ley 715 de 2001 y lo seæalado en el art(cid:237)culo 46 del Estatuto de Profesionalizaci(cid:243)n Docente, modific(cid:243) la remuneraci(cid:243)n de los servidores pœblicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles preescolar, bÆsica y media, estableciendo la asignaci(cid:243)n bÆsica mensual y el valor de la hora extra que devengar(cid:237)an a partir del 01 de enero del aæo 2010. Y es precisamente esta asignaci(cid:243)n salarial la que se pretende

modificar mediante el mecanismo constitucional, por no haberse aumentado en un porcentaje mayor al decretado por el Gobierno Nacional, atendiendo al pacto que se ten(cid:237)a desde el 2008 del 8% sobre la inflaci(cid:243)n de los aæos 2008, 2009 y 2010 respectivamente. No obstante lo anterior, esta Sala advierte que la tutela no es el mecanismo expedito para lograr lo pretendido por la demandante, atendiendo a las normatividad que regula la acci(cid:243)n de tutela, esto es, el Decreto 2591 de 1991. 3.4. Caso Concreto. Improcedencia de la acci(cid:243)n de tutela. 1 Art(cid:237)culo 111 numeral 2 Ley 715 de 2001. PÆgina 9 de 12 Tutela 1“ Instancia, Rad 2011-00356-00

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Declara Improcedente Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal En efecto, luego de un examen de las pretensiones de la libelista y al confrontar la respuesta de las accionadas con la normatividad que rige esta acci(cid:243)n constitucional, encuentra la Corporaci(cid:243)n que existe una causal de improcedencia de la Acci(cid:243)n de Tutela enmarcada en el Decreto 2591 de 1991 en su art(cid:237)culo 6, el cual reza: “La acci(cid:243)n de tutela no procederÆ:

5. Cuando se trate de actos de carÆcter general, impersonal y abstracto

…” En el caso que centra la atenci(cid:243)n de esta Magistratura, fÆcil se advierte que lo que pretende la seæora VALLEJO D˝AZ, a travØs de este mecanismo constitucional, es atacar un Decreto expedido por el Gobierno Nacional en cuanto a la regulaci(cid:243)n del nivel salarial de los docentes, directivos docentes y personal administrativo regido por el Estatuto de Profesionalizaci(cid:243)n Docente, un acto administrativo de carÆcter general, impersonal y abstracto, circunstancia que de entrada torna improcedente el amparo deprecado, como de manera reiterada lo ha puntualizado el (cid:211)rgano de Cierre Constitucional: “En estas circunstancias, cabe hacer referencia a que el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 -Causales de improcedencia de la tutela-, dispone en forma expresa que la acci(cid:243)n de tutela no procederÆ cuando se trate de actos de carÆcter general, impersonal y abstracto. Esta restricci(cid:243)n se explica en la necesidad de que la tutela conserve la naturaleza de ser un mecanismo de defensa judicial de naturaleza subsidiaria y residual, en atenci(cid:243)n al hecho de que para controvertir este tipo de actos, el sistema jur(cid:237)dico ha previsto las acciones respectivas en la jurisdicci(cid:243)n de lo contencioso administrativo, cuales son, la acci(cid:243)n de nulidad, as(cid:237) como la de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante las cuales bien podr(cid:237)a evaluarse la procedencia de las pretensiones formuladas por el accionante.

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Declara Improcedente Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal “As(cid:237) mismo, en la medida en que las decisiones que se adoptan con ocasi(cid:243)n de un proceso de tutela involucran en forma exclusiva a las partes y a los terceros con interØs leg(cid:237)timo sobre el proceso, no resultar(cid:237)a congruente que las personas vinculadas al contenido de un acto administrativo de carÆcter general, vieran modificada su situaci(cid:243)n por cuenta de la decisi(cid:243)n adoptada en un proceso en el que se decide un amparo constitucional, cuando: i) existe un procedimiento previsto para controvertir este tipo de actos en la jurisdicci(cid:243)n de lo contencioso administrativo, ii) existe una norma expresa que prevØ la improcedencia de la tutela para estos prop(cid:243)sitos y, iii) no son parte del proceso que se surte ante el juez de tutela.”2 DiÆfano resulta entonces concluir que la accionante, en este caso, cuenta con los mecanismos ordinarios expeditos para atacar un decreto expedido por el Gobierno Nacional, acto que se reputa de carÆcter general, impersonal y abstracto, lo que de entrada torna inviable que el juez de tutela se pronuncie de fondo sobre este asunto, al quedar imposibilitado para invadir (cid:243)rbitas de

otras jurisdicciones, so pena de conculcar el debido proceso y el derecho al juez natural, salvo que se estuviese causando un perjuicio irremediable. Aun as(cid:237), si en gracia de discusi(cid:243)n se aceptara que la acci(cid:243)n de tutela es el mecanismo adecuado en esta oportunidad para atacar el Decreto antes mencionado en virtud de haberse causado un perjuicio irremediable, lo cierto es que, de conformidad con los anexos del expediente de tutela, no se advierte en parte alguna que la accionante argumente que estÆ viendo socavado su m(cid:237)nimo vital por la asignaci(cid:243)n salarial devengada, mÆs aœn, cuando de la evidencia obrante en el cartulario, se logra inferir que Øste cuenta en la actualidad con una remuneraci(cid:243)n fija por 2 Sentencia T – 1098 de 2004. PÆgina 11 de 12 Tutela 1“ Instancia, Rad 2011-00356-00

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Declara Improcedente Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal estar desempeæando sus servicios en la instituci(cid:243)n educativa “Francisco de Paula” de ChinchinÆ. Derivado de lo anterior, no encuentran eco en esta Sala las pretensiones de la demandante y decantado como estÆ, que el asunto que centra la atenci(cid:243)n de la Sala escapa a la competencia del Juez de tutela, se negarÆ por improcedente el amparo

deprecado, que no puede concederse ni como mecanismo definitivo ni como mecanismo transitorio. En mØrito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, en Sala de Decisi(cid:243)n Penal, administrando justicia en nombre de la Repœblica de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la Acci(cid:243)n de Tutela promovida por la seæora ELIZABETH VALLEJO D˝AZ,

contra la PRESIDENCIA DE LA REP(cid:218)BLICA, EL MINISTERIO

DE HACIENDA Y CR(cid:201)DITO P(cid:218)BLICO, EL MINISTERIO DE

EDUCACI(cid:211)N y LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCI(cid:211)N P(cid:218)BLICA, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: DISPONER la remisi(cid:243)n de la actuaci(cid:243)n ante la Corte Constitucional para su eventual revisi(cid:243)n, en caso de que PÆgina 12 de 12

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Declara Improcedente Repœblica de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal esta decisi(cid:243)n no sea impugnada dentro de los tres d(cid:237)as siguientes a su notificaci(cid:243)n. Comun(cid:237)quese y Cœmplase: Los Magistrados,

GLORIA LIGIA CASTA(cid:209)O DUQUE

JOS(cid:201) FERNANDO REYES CUARTAS

H(cid:201)CTOR SALAS MEJ˝A

M(cid:243)nica Johana Giraldo Castaæeda Secretaria