TSDJ MED SC - 05001220300020260002000-(28-01-2026)

TEMA: DEBIDO PROCESODesistimiento tácito en procesos de liquidación patrimonial. Idoneidad de las actuaciones procesales para interrumpir el término del desistimiento tácito y carga de actualización del inventario de bienes. / RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA AL APODERADO - El C.G.P. lo conserva únicamente para la notificación por conducta concluyente. /

HECHOS: La accionante manifestó que promovió un trámite de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante ante el juzgado accionado. Dentro de ese proceso se designó a la deudora y a un profesional del derecho como liquidadores de su patrimonio; no obstante, alegó que dicha designación no fue solicitada y que, para entonces, la deudora no contaba con apoderado con personería reconocida, pese a lo cual se le impusieron cargas y se le habilitó para adelantar actuaciones procesales. El 30 de septiembre de 2025 pidió el reconocimiento de personería de su apoderada judicial y el 1 de octubre realizó las notificaciones a sus acreedores. En auto notificado por estados el 6 de octubre de 2025, el juzgado reconoció personería, incorporó las notificaciones y requirió la actualización del inventario, para lo cual otorgó 30 días. El 2 de noviembre de 2025 logró publicación de aviso emplazatorio en El Colombiano, lo que consideró una actuación idónea. Expuso que el 4 de diciembre de 2025 el juzgado decretó el desistimiento tácito por inactivi dad procesal.

Contra esa decisión interpuso recurso de reposición; sin embargo, por auto del 18 de diciembre de 2025 se negó el recurso, consolidándose la terminación del proceso, lo que consideró vulneratorio

Contra esa decisión interpuso recurso de reposición; sin embargo, por auto del 18 de diciembre de 2025 se negó el recurso, consolidándose la terminación del proceso, lo que consideró vulneratorio del debido proceso y del acceso a la administración de justicia. Corresponde al tribunal determinar si de las decisiones emitidas por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, se desprende algún defecto o incorrección que las haga incompatibles con los preceptos constitucionales en el marco del proceso de liquidación patrimonial.

TESIS: (…) Sobre el desistimiento, este despacho ha venido compilando las siguientes reglas: a) el plazo es de dos años desde la última actuación (STC3836-2017 y STC14568-2025) […]; b) el término no se puede contar cuando el juzgado tenga pendiente la definición de un asunto relevante para el proceso o cuya carga de impulso le corresponde (STC152 -2023) […]; c) el plazo solamente se interrumpe por actuaciones aptas y apropiadas para la satisfacción de las pretensiones (STC111912020 y STC13560 2023) […]; d) al término se le deben aplicar las reglas sobre finalización del plazo en día inhábil o de vacancia judicial (art. 118 del C.G.P.) […]; y e) La terminación por desistimiento tácito no es automática y requiere de decisión judicial, por lo que puede interrumpirse hasta que se dicte auto declare la terminación (STC, 8 may. 2020, rad. 2020-00031y STC3837-2020). (…) Sobre los posibles defectos o incorrecciones atribuidos a las providencias emitidas el 415 y 1516 de diciembre

dicte auto declare la terminación (STC, 8 may. 2020, rad. 2020-00031y STC3837-2020). (…) Sobre los posibles defectos o incorrecciones atribuidos a las providencias emitidas el 415 y 1516 de diciembre de 2025 se anticipa que la solicitud de tutela carece de fundamento. Por consiguiente, no es posible invalidar aquellas decisiones, pues no se advierte la configuración de defectos procedimentales (…) las decisiones no obedecen a criterios subjetivos ni ajenos al ordenamiento jurídico, sino que se fundan en una valoración rigurosa y coherente del acervo probatorio, así como en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte S uprema de Justicia que ha desarrollado el desistimiento tácito, lo que coincide con la realidad consignada en el expediente digital. (…) En el trámite de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante ( …), el despacho accionado profirió auto el 21 de agosto de 2025, mediante el cual declaró la apertura del proceso a favor de YPCC y dispuso, entre otras medidas: a) su designación como propia liquidadora (numeral 1 del artículo 564 del C.G.P.) […]; y b) que dentro de los cinco días siguientes a su posesión, notificara a su cónyuge y a sus acreedores (numeral 2 del artículo 564 del C.G.P.) (…) con el fin de suplir el segundo mandato previsto en el numeral 2 del artículo 564 del C.G.P., relativo a que se «(...) publique un aviso en un periódico de amplia circulación nacional en el que se convoque a los acreedores del deudor (...)». En el caso concreto, dicha carga podía ser válidamente sustituida con

publique un aviso en un periódico de amplia circulación nacional en el que se convoque a los acreedores del deudor (...)». En el caso concreto, dicha carga podía ser válidamente sustituida con fundamento en el parágrafo único del artículo 564 del C.G.P., que dispone que «(...) el requisito depublicación de la providencia de apertura se entenderá cumplido con la inscripción de la providencia en el Registro Nacional de Personas Emplazadas de que trata el artículo 108 del presente código (...)». (…) Seguidamente, a través de auto del 17 de septiembre de 2025 el despacho accionado requirió a la accionante, en los términos del artículo 317 del C.G.P., para que procediera a realizar la notificación a los acreedores, conforme a lo ordenado en el auto del 2 1 de agosto de 2025. Tal carga fue atendida por la interesada por medio de memorial del 1 de octubre de 2025, actuación que fue incorporada al expediente y tenida como cumplida por el despacho en auto del 2 de octubre de 2025. Sin embargo, en el auto del 2 de octubre de 2025 el despacho accionado decidió imponerle a la tutelante una nueva carga procesal, consistente en aportar la actualización de la relación de todos sus bienes, en los términos previstos en el numeral 4º del artículo 545 del C.G.P. (…) Vencido el término previsto en el artículo 317 del C.G.P. sin que se hubiese allegado lo requerido, el juzgado sustentó la decisión adoptada el 4 de diciembre de 2025 en los siguientes términos: «(…) 2. En el caso sub examine, el término otorgado feneció el 20 de noviembre del presente año, es decir, que

sustentó la decisión adoptada el 4 de diciembre de 2025 en los siguientes términos: «(…) 2. En el caso sub examine, el término otorgado feneció el 20 de noviembre del presente año, es decir, que a la fecha se encuentra superado, sin que la parte actora hubiera realizado manifestación alguna al respecto, ejecutado el acto procesal o desplegado las actividades ordenadas en dicha providencia a saber, realizar la actualización de todos los bienes de la deudora, actuación que se torna indispensable para el impulso del presente proceso.(…)”(…) En el caso concreto, la carga impositiva estaba encaminada al cumplimiento de una orden específica, esto es, aportar la actualización de la relación de todos los bienes, conforme lo exige el numeral 4º del artículo 545 del C.G.P. Ello, por cuanto la exigencia prevista en el numeral 2º del mismo artículo (la comunicación a los acreedores y el emplazamiento) ya se encontraba plenamente satisfecha, como resultado de un trámite articulado entre el despacho y la deudora. (…) En ese contexto, la única carga idónea para impulsar el proceso hacia su finalidad era aportar la actualización del inventario de bienes de la deudora. No resultaba exigible ni pertinente acudir al periódico para realizar una publicación que no le fue requerida a la accionante y que además ya se encontraba acreditada en el expediente electrónico. (…) Respecto del reconocimiento de personería al apoderado judicial, el tribunal estima pertinente precisar que, aunque el C.G.P. conserva un evento en que tal decisión es procedente, como lo es la notificación por conducta concluyente (art. 301), para las dem ás actuaciones no se requiere de un

precisar que, aunque el C.G.P. conserva un evento en que tal decisión es procedente, como lo es la notificación por conducta concluyente (art. 301), para las dem ás actuaciones no se requiere de un pronunciamiento expreso por parte del juez en dicho sentido, luego si este decide reconocer o no personería al abogado en actuación distinta de la señalada, tal acto no suma ni resta para la validez de lo actuado, ni de ello pende ninguna actuación subsiguiente, lo cual se desprende del artículo 77 del C.G.P.(…)

MP: NATTAN NISIMBLAT MURILLO

FECHA: 28/01/2026

PROVIDENCIA: SENTENCIA DE TUTELAM e d e l l í n “Al servicio de la Justicia y de la Paz Social”

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

SALA TERCERA CIVIL DE DECISIÓN

Lugar y fecha Medellín, 28 de enero de 2026 Proceso Acción de tutela Radicado 05001220300020260002000 Accionante Yina Paola Carrillo Castillo Accionada Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín Vinculada Banco Itaú, Banco BBVA y Banco de Occidente Providencia Sentencia de primera instancia nro. 0032026 Temas Debido proceso. Desistimiento tácito en procesos de liquidación patrimonial. Idoneidad de las actuaciones procesales para interrumpir el término del desistimiento tácito y carga de actualización del inventario de bienes. Reconocimiento de personería al apoderado. El C.G.P. l o conserva únicamente para la

interrumpir el término del desistimiento tácito y carga de actualización del inventario de bienes. Reconocimiento de personería al apoderado. El C.G.P. l o conserva únicamente para la notificación por conducta concluyente.1 Decisión Deniega solicitud. Ponente Nattan Nisimblat Murillo

1 Declaración de transparencia: Conforme lo ordenado en la Sentencia T -323 de 2024 y lo regulado en el Acuerdo PCSJA24 -12243, Expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, esta nota de relatoría fue elaborada con asistencia de M365 Copilot, versión GPT-5.2 Razonamiento Profundo, bajo licencia adquirida por el Consejo Superior de la Judicatura. Se usó el 14 de enero de 2026, luego de finalizar la redacción de la sentencia y antes de ponerla a consideración de la Sala de Decisión, se emitió la instrucción de obtener conceptos y palabras clave de la decisión terminada (art. 4.2.e Acuerdo PCSJA24-12243), evitar usar materiales externos o diferentes al texto del proyecto, así como instrucciones para limitar las alucinaciones y otros defectos de actividad reportados en el uso de IA. Con base en los productos obtenidos se hizo la redacción humana de la nota de relatoría. Ninguna otra sección de esta sentencia fue elaborada o generada con asistencia de IA.Proceso Acción de tutela Radicado 05001220300020260002000

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ASUNTO POR RESOLVER

El tribunal 2 decide en sede constitucional la acción de tutela instaurada por Yina Paola Carrillo Castillo 3 contra el Juzgado

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ASUNTO POR RESOLVER

El tribunal 2 decide en sede constitucional la acción de tutela instaurada por Yina Paola Carrillo Castillo 3 contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín , en la cual se dispuso la vinculación del Banco Itaú, Banco BBVA y Banco de Occidente.

ANTECEDENTES

1. Hechos que motivan la solicitud de tutela: Manifestó que promovió un trámite de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante ante el juzgado accionado. Dentro de ese proceso se designó a la deudora y a un profesional del derecho como liquidadores de su patrimonio; no obstante, alegó que dicha designación no fue solicitada y que, para entonces, la deudora no contaba con apoderado con personería reconocida, pese a lo cual se le impusieron cargas y se le habilitó para adelantar actuaciones procesales.

2. Afirmó que sí existió impulso proc esal, pues el 30 de septiembre de 2025 pidió el reconocimiento de personería de su apoderada judicial y el 1 de octubre realizó las notificaciones a sus acreedores. En auto notificado por estados el 6 de octubre de 2025, el juzgado reconoció personería , in corporó las notificaciones y requirió la actualización del inventario, para lo cual otorgó 30 días, lo que evidenció la vigencia del trámite.

2 El expediente digital se encuentra disponible en SIUGJ-SGDE. 3 SGDE Carpeta 01PrimeraInstancia Carpeta C01Principal Archivo 003_EscritoTutela.pdf.Proceso Acción de tutela

2 El expediente digital se encuentra disponible en SIUGJ-SGDE. 3 SGDE Carpeta 01PrimeraInstancia Carpeta C01Principal Archivo 003_EscritoTutela.pdf.Proceso Acción de tutela Radicado 05001220300020260002000

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3. Además, el 29 de octubre solicitó al diario «El Colombiano» la publicación del aviso emplazatorio, la cual se realizó el 2 de noviembre de 2025 , actuación que adujo como idónea para garantizar la defensa de los acreedores y la regularidad del trámite dentro del término concedido.

4. Expuso que el 4 de diciembre de 2025 el juzgado decretó el desistimiento tácito por inactividad procesal. Contra esa decisión interpuso recurso de reposición; sin embargo, por auto del 18 de diciembre de 2025 se negó el recurso , consolidándose la terminación del proceso, lo que consideró vulneratorio del debido proceso y del acceso a la administración de justicia por aplicación automática y desproporcionada de una medida sancionatoria.

5. La pretensión constitucional: Solicitó dejar sin efectos los proveídos dictados el 4 y 18 de diciembre de 2025.

RESPUESTAS DE LAS CONVOCADAS

6. El juzgado accionado 4 informó que designó a la deudora como liquidadora y que , tras reconocer la personería mediante decisión del 2 de octubre de 2025 , la requirió y a su apoderada, para que en 30 días presentaran la actualización del inventario de bienes, so pena de lo dispuesto en el artículo 317 del C.G.P.

decisión del 2 de octubre de 2025 , la requirió y a su apoderada, para que en 30 días presentaran la actualización del inventario de bienes, so pena de lo dispuesto en el artículo 317 del C.G.P. Dijo que no se realizó la actuación idónea para cumplir la carga y que la publicación en un peri ódico de amplia circulación se entendía suplida con la inscripción en el Registro Nacional de Personas Emplazadas.

4 SGDE Carpeta 01PrimeraInstancia Carpeta C01Principal Archivo MemorialRespuestaJuzgadocctom7.pdf.Proceso Acción de tutela Radicado 05001220300020260002000

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7. Aunque el Banco Itaú, Banco BBVA y Banco de Occidente fueron debidamente notificados 5 no realizaron ningún pronunciamiento respecto de los motivos de la tutela.

CONSIDERACIONES

8. Competencia. Es competente este tribunal para conocer de la presente solicitud de tutela, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 333 de 2021, que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de

2015.

9. Problema jurídico por resolver: Corresponde al tribunal determinar si de las decisiones emitidas el 4 de diciembre de 20256 (termina por desistimiento tácito ) y 15 de diciembre de 2025 (no repone decisión) 7 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín , se desprende algún defecto o incorrección que la s haga incompatible s con los preceptos

2025 (no repone decisión) 7 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín , se desprende algún defecto o incorrección que la s haga incompatible s con los preceptos constitucionales en el marco del proceso de liquidación patrimonial identificado con el radicado nro. 05001310300720250034700.

5 SGDE Carpeta 01PrimeraInstancia Carpeta C01Principal Carpeta Expediente20250034700 Carpeta PrimeraInstancia Archivo 022_22AutoTerminaDesistimientoTacito202500347IA.pdf. 6 SGDE Carpeta 01PrimeraInstancia Carpeta C01Principal Archivo 007_NotificacionTutela.pdf. 7 SGDE Carpeta 01PrimeraInstancia Carpeta C01Principal Archivo 024_24AutoNoRepone202500347IA.pdf.Proceso Acción de tutela Radicado 05001220300020260002000

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10. Acción de tutela contra providencia judicial: En las sentencias C-590 de 2005,8 SU-128 de 2021,9 SU-566 de 2019,10

SU-215 de 2022 11 y SU-022 de 2023, 12 la Corte Constitucional señaló que «(…) Las acciones de tutela en contra de provi dencias judiciales deben satisfacer los siguientes requisitos generales de procedibilidad: a) Legitimación en la causa por activa y por pasiva […]; b) Relevancia constitucional […]; c) Inmediatez […]; d) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho […]; e) Efecto decisivo de la irregularidad procesal […]; f) Subsidiariedad […]; y g) Que la tutela no se dirija contra un fallo

Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho […]; e) Efecto decisivo de la irregularidad procesal […]; f) Subsidiariedad […]; y g) Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela o de constitucionalidad (…)».

11. En la Sentencia SU -034 de 2018 13 se estableció que debe comprobarse la configuración de al menos uno de los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales están relacionados con graves defectos que las hacen incompatibles con los p receptos constitucionales: a) Defecto material o sustantivo […]; b) Defecto fáctico […]; c) Defecto procedimental […]; d) Decisión sin motivación […]; e) Desconocimiento del precedente […]; f) Defecto orgánico […]; g) Error inducido […]; h) Violación directa de la

Constitución […].

8 Corte Constitucional, Sala Plena. (8 de junio de 2005). Sentencia C -590 de 2005 [M.P: Córdoba Triviño, J.]. 9 Corte Constitucional, Sala Plena. (6 de mayo d e 2021). Sentencia SU -128 de 2021 [M.P: Pardo Schlesinger, C.]. 10 Corte Constitucional, Sala Plena. (27 de noviembre de 2019). Sentencia SU-566 de 2019 [M.P: Lizarazo Ocampo, A.]. 11 Corte Constitucional, Sala Plena. (16 de junio de 2022). Sentencia SU-215 de 2022 [M.P: Ángel Cabo, N.]. 12 Corte Constitucional, Sala Plena. (27 de noviembre de 2019). Sentencia SU-566 de 2019

Ángel Cabo, N.]. 12 Corte Constitucional, Sala Plena. (27 de noviembre de 2019). Sentencia SU-566 de 2019 [M.P: Lizarazo Ocampo, A.]. 13 Corte Constitucional, Sala Plena. (3 de mayo de 2018). Sentencia SU -034 de 2018 [M.P: Rojas Ríos, A.].Proceso Acción de tutela Radicado 05001220300020260002000

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12. Reglas para decretar el desistimiento tácito. Sobre el desistimiento, este despacho ha venido compilando las siguientes reglas: a) el plazo es de dos años desde la última actuación

(STC3836-2017 y STC14568-2025) […]; b) el término no se puede contar cuando el juzgado tenga pendiente la definición de un asunto relevante para el proceso o cuya carga de impulso le corresponde (STC152 -2023) […]; c) el plazo solamente se interrumpe por actuaciones aptas y apropiadas para la satisfacción de las pretensiones (STC11191 -2020 y STC13560 2023) […]; d) al término se le deben aplicar las reglas sobre finalización del plazo en día inhábil o de vacancia judicial (art. 118 del C.G.P.) […]; y e) La terminación por desistimiento tácito no es automática y requiere de decisión judicial, por lo que puede interrumpirse hasta que se dicte auto declare la terminación (STC, 8 may. 2020, rad. 2020-00031y STC3837-2020). […].14

13. Sobre los posibles defectos o incorrecciones atribuidos a las

interrumpirse hasta que se dicte auto declare la terminación (STC, 8 may. 2020, rad. 2020-00031y STC3837-2020). […].14

13. Sobre los posibles defectos o incorrecciones atribuidos a las providencias emitidas el 415 y 15 16 de diciembre de 2025 se anticipa que la solicitud de tutela carece de fundamento. Por consiguiente, no es posible invalidar aquellas decisiones, pues no se advierte la configuración de defe ctos procedimentales, la vulneración de las garantías fundamentales invocadas ni la existencia de una interpretación irrazonable por parte de la juzgadora.

14 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín. Sala Civil. (9 de octubre de 2023). Auto 05001310301620080057801 [M.P. Nisimblat Murillo, N.] […]; Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín. Sala Civil. (26 de febrero de 2024). Auto 05001310300220190003301 [M.P. Nisimblat Murillo, N.] […]; y Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín. Sala Civil. (25 de marzo de 2025). Auto 05001310301720200017202 [M.P. Nisimblat Murillo, N.]. 15 SGDE Carpeta 01PrimeraInstancia Carpeta C01Principal Archi vo 007_NotificacionTutela.pdf. 16 SGDE Carpeta 01PrimeraInstancia Carpeta C01Principal Archivo 024_24AutoNoRepone202500347IA.pdf.Proceso Acción de tutela Radicado 05001220300020260002000

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14. Por el contrario, las decisiones no obedecen a criterios

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14. Por el contrario, las decisiones no obedecen a criterios subjetivos ni ajenos al ordenamiento jurídico, sino que se fundan en una valoración rigurosa y coherente del acervo probatorio, así como en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia que ha desarrollado el desistimiento tácito, lo que coinc ide con la realidad consignada en el expediente digital.

15. En el trámite de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante (radicado bajo el nro. 05001310300720250034700), el despacho accionado profirió auto el 21 de agosto de 2025, mediante el cual declaró la apertura del proceso a favor de Yina Paola Carrillo Castillo y dispuso, entre otras medidas: a) su designación como propia liquidadora

(numeral 1 del artículo 564 del C.G.P.) […]; y b) que dentro de los cinco días siguientes a su posesión, notificara a su cónyuge y a sus acreedores (numeral 2 del artículo 564 del C.G.P.) […].

16. El referido auto también ordenó expresamente: «(…) CUARTO: Se ordena incluir la presente providencia en el registro nacional de emplazados, notificando la existencia del proceso y convocando a todos los acreedores a nivel nacional del deudor, para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación, hagan valer sus acreencias, sean o no exigibles, aportando los respectivos títulos ejecutivos, y especificando naturaleza del

convocando a todos los acreedores a nivel nacional del deudor, para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación, hagan valer sus acreencias, sean o no exigibles, aportando los respectivos títulos ejecutivos, y especificando naturaleza del crédito, la cuantía de la obligación y el nombre del liquidador. (…)».

17. Esto es, con el fin de suplir el segundo mandato previsto en el numeral 2 del artículo 564 del C.G.P., relativo a que se «(...)Proceso Acción de tutela Radicado 05001220300020260002000

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publique un aviso en un periódico de amp lia circulación nacional en el que se convoque a los acreedores del deudor (...)». En el caso concreto, dicha carga podía ser válidamente sustituida con fundamento en el parágrafo único del artículo 564 del C.G.P., que dispone que «(...) el requisito de pu blicación de la providencia de apertura se entenderá cumplido con la inscripción de la providencia en el Registro Nacional de Personas Emplazadas de que trata el artículo 108 del presente código (...)».

18. A lo anterior se suma lo previsto en el artículo 10 de la Ley 2213 de 2022, de modo que para ese momento era razonable concluir que el trámite de liquidación se venía adelantando con sujeción al debido proceso. En efecto, en el expediente reposan las constancias de inscripción en el Registro realizadas el 2 5 de agosto de 2025, las cuales acreditan el cumplimiento del requisito en los términos del régimen aplicable.

19. Adicionalmente, si por cualquier motivo la accionante

las constancias de inscripción en el Registro realizadas el 2 5 de agosto de 2025, las cuales acreditan el cumplimiento del requisito en los términos del régimen aplicable.

19. Adicionalmente, si por cualquier motivo la accionante consideraba improcedente que el juzgado asumiera la referida carga, lo cierto es que el au to del 21 de agosto de 2025 quedó ejecutoriado sin que se hubiese interpuesto algún recurso contra las determinaciones allí adoptadas , obteniendo como resultado que tales decisiones hayan adquirido firmeza.

20. Seguidamente, a través de auto del 17 de septiembre de 2025 el despacho accionado requirió a la accionante, en los términos del artículo 317 del C.G.P., para que procediera a realizar la notificación a los acreedores, conforme a lo ordenado en el auto del 21 de agosto de 2025. Tal carga fue atendida por la interesada por medio de memorial del 1 de octubre de 2025,Proceso Acción de tutela Radicado 05001220300020260002000

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actuación que fue incorporada al expediente y tenida como cumplida por el despacho en auto del 2 de octubre de 2025.

21. Sin embargo, en el auto del 2 de octubre de 2025 el despacho accionado decidió imponerle a la tutelante una nueva carga procesal, consistente en aportar la actualización de la relación de todos sus bienes, en los términos previstos en el numeral 4º del artículo 545 del C.G.P. En esa misma providencia, el ju zgado reconoció personería a la apoderada judicial de la deudora.

relación de todos sus bienes, en los términos previstos en el numeral 4º del artículo 545 del C.G.P. En esa misma providencia, el ju zgado reconoció personería a la apoderada judicial de la deudora.

22. Vencido el término previsto en el artículo 317 del C.G.P. sin que se hubie se allegado lo requerido, el juzgado sustentó la decisión adoptada el 4 de diciembre de 2025 en los siguientes

términos:

«(…) 2. En el caso sub examine, el término otorgado feneció el 20 de noviembre del presente año, es decir, que a la fecha se encuentra superado, sin que la parte actora hubiera realizado manifestación alguna al respecto, ejecutado el acto procesal o desplegado las actividades ordenadas en dicha providencia a saber, realizar la actualización de todos los bienes de la deudora, actuación que se torna indispensable para el impulso del presente proceso.

Bajo ese contexto, queda demostrado el desinterés de la parte interesada en el cumplimie nto de la carga impuesta para el adelantamiento del proceso, por lo que resulta procedente decretar la terminación del proceso, en vista de que se cumplen los presupuestos consagrados en el artículo 317 del C.G.P. Atendiendo que dentro del presente trámite no se practicó ninguna clase de medida cautelar atendiendo a la inexistencia de bienes en cabeza de la deudora, no habrá lugar a su levantamiento, sin lugar a condena en costas, toda vez que, conforme lo prevé el numeral 8° del artículo 365 del C.G.P, en el expediente no se observa que se hayan causado. (…)».Proceso Acción de tutela

habrá lugar a su levantamiento, sin lugar a condena en costas, toda vez que, conforme lo prevé el numeral 8° del artículo 365 del C.G.P, en el expediente no se observa que se hayan causado. (…)».Proceso Acción de tutela Radicado 05001220300020260002000

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23. Y posteriormente al resolver el recurso de reposición precisó

lo siguiente:

«(…) Ahora bien, si la apoderada judicial de la deudora allegó prueba de la publicación del aviso efectuado en el periódico El Colombiano el 02 de noviembre de 2025, lo cierto es que dicha actuación carece de la entidad jurídica necesaria para interrumpir el término del desistimiento tácito. Ello, por cuanto la carga procesal relativa al emplazamiento ya había sido cu mplida oportunamente por el Despacho y, además, la apoderada de la parte actora tenía pleno conocimiento de ello, en tanto cuenta con acceso al expediente digital, en el cual reposan las actuaciones correspondientes (archivos 06 y 07). (…)».

24. Tal como se expuso en la parte considerativa de este fallo, la Corte Suprema de Justicia en las providencias STC11191202017 y STC13560-202318 ha precisado que el término solo se interrumpe mediante actuaciones idóneas y conducentes, esto es, aptas y apropiadas para la satisfacción efectiva de las

pretensiones:

«(…) En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derecho s de

«(…) En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derecho s de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha» (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020) (…)».

25. En el caso concreto, la carga impositiva estaba encaminada al cumplimiento de una orden específica , esto es, aportar la actualización de la relación de todos los bienes, conforme lo exige el numeral 4º del artículo 545 del C.G.P. Ello, por cuanto la exigencia prevista en el numeral 2º del mismo artículo (la comunicación a los acreedores y el emplazamiento ) ya se

17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (Hoy Civil, Agraria y Rural). (9 de diciembre de 2020). Sentencia STC11191-2020 [M.P: Tejeiro Duque, O.]. 18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. (6 de diciembre de 2023). Sentencia STC13560-2023 [M.P: Tejeiro Duque, O.].Proceso Acción de tutela Radicado 05001220300020260002000

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encontraba plenamente satisfecha, como resultado de un trámite articulado entre el despacho y la deudora.

26. De este modo, la parte accionante no estaba habilitada para condicionar el orden ni la forma en que el despacho debía agotar

encontraba plenamente satisfecha, como resultado de un trámite articulado entre el despacho y la deudora.

26. De este modo, la parte accionante no estaba habilitada para condicionar el orden ni la forma en que el despacho debía agotar las actuaciones propias del trámite de liquidación patrimonial. Si una determinada etapa ya se encontraba cumplida, la actuación posterior debía adecuarse a ese estado procesal. Reitér ese que cuando el juzgado decidió asumir la carga de publicar el emplazamiento, la accionante guardó silencio y permitió q