TSDJ MED SED - 05001312000120240008901-(12-03-2025)

TEMA: NULIDAD PROCESAL – El Juzgado de origen, al constatar que la Jueza de Garantías se había declarado incompetente, le correspondía seguir el trámite previsto en la Ley para trabar el conflicto negativo de competencia en caso de no asumirla, y remitir en consecuencia las diligencias al superior jerárquico de ambos, por ser la autoridad encargada de dirimir la cuestión, Sin embargo, de manera equivocada, avocó el conocimiento del asunto y rechazó de plano el supuesto control de legalidad.

En ese orden, la irregularidad contenida en el pronunciamiento de la primera instancia, solo se puede subsanar a través del instituto de la nulidad. /

HECHOS: El 29 de julio de 2024 , se presentó, vía correo electrónico, ante el Centro de Servi cios Judiciales de Medellín, solicitud de entrega definitiva de un vehículo que se encuentra involucrado en proceso penal, por los presuntos delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, violencia contra servidor público agravado y daño en bien ajeno agravado. El Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, el 26 de noviembre de la misma anualidad, rechazo de plano la solicitud impetrada por no cumplir los requisitos establecidos en el art. 112 de la ley 1708 de 2014. La Sala debe determinar si el rechazo de plano de la solicitud de devolución del vehículo objeto de comiso constituye una decisión jurídicamente acertada, tomando en cuenta que está pendiente por resolver la solicitud de la entrega material del vehículo presentada por el apoderado del titular del bien.

TESIS: La nulidad en materia de extinción de dominio solo puede ser declarada a partir de la

tomando en cuenta que está pendiente por resolver la solicitud de la entrega material del vehículo presentada por el apoderado del titular del bien.

TESIS: La nulidad en materia de extinción de dominio solo puede ser declarada a partir de la configuración de un vicio contenido en una causal prevista en la Ley, cuya trascendencia e importancia sea tal que no pueda subsanarse por otra vía. (…) el artículo 82 de la Ley 1708 del 2014 establece: ‘‘Serán objeto de nulidad las actuaciones procesales irregulares que ocasionen a los sujetos procesales o intervinientes un perjuicio que no pueda ser subsanado por otra vía o que impida el pleno ejercicio de las garantías y derechos recono cidos en la Constitución y esta ley. La declaratoria de nulidad no conlleva necesariamente la orden de retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, a menos que resulte indispensable. El funcionario competente, al declarar la nulidad, determinará concretamente cuáles son los actos que se ven afectados con la decisión y, de encontrarlo pertinente, ordenará que sean subsanados, corregidos o que se cumplan con los actos omitidos’’. (…) El artículo 83 consagra como causales de nulidad: i) la falta de competencia; ii) la falta de notificación; y iii) la violación del debido proceso, siempre y cuando las garantías vulneradas resulten compatibles con la naturaleza jurídica y el carácter patrimonial de la acción de Extinción de Dominio. (…) La noción de competencia es, por tanto, la base de todo derecho público, y en virtud de ella ningún organismo puede ejercer su actividad fuera del cuadro de la competencia jurídica que le haya sido otorgada. Así, opera como un instrumento necesario de la rectitud en la administración

de ella ningún organismo puede ejercer su actividad fuera del cuadro de la competencia jurídica que le haya sido otorgada. Así, opera como un instrumento necesario de la rectitud en la administración de justicia. (…) El abogado del afectado, solicitó la entrega definitiva del vehículo ante el Juez de Control de Garantías, en consonancia con el artículo 88 de la Ley 906 de 2004, que establece: “Devolución de bienes. Además de lo previsto en otras disposiciones de este código, antes de formularse la acusación y por orden del fiscal, y en un término que no puede exceder de seis meses, serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho a recibirlos cuando no sean necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en una circunstancia en la cual procede su comiso; sin embargo, en caso de requerirse para promover acción de extinción de dominio dispondrá lo pertinente para dicho fi n.” (…) dicha disposición no fue aplicada, ya que el Juzgado 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías manifestó su falta de competencia para conocer del asunto y remitió la actuación a los Juzgados Especializados de Extinción de Dominio, deja ndo su conocimiento al Juzgado 1º de esa especialidad de Medellín. (…) el Juzgado de origen rechazó de plano el control de legalidad, argumentando que no se presentó una solicitud motivada por parte del togado en la que se indicarade manera expresa cuál de las causales previstas en el artículo 112 del CED resultaba aplicable para dar trámite a la petición. (…) Este Despacho ofició a la Fiscalía 29 Especializada de Extinción de Dominio para que remitiera la resolución de medidas cautelares del vehículo, dado que no se

dar trámite a la petición. (…) Este Despacho ofició a la Fiscalía 29 Especializada de Extinción de Dominio para que remitiera la resolución de medidas cautelares del vehículo, dado que no se contaba con esa información dentro del expediente y era necesaria para efectuar el estudio de la apelación propuesta. (…) el Fiscal dio respuesta “…esta Delegada Fiscalía, está iniciando una investigación en este proceso; por lo t anto, NO ha ordenado mediante resolución Medidas Cautelares al vehículo que se investiga. No es por demás, Señoría que, Igualmente conllevara a este Fiscal 29 a tomar decisiones que en derecho corresponda, dada la incompatibilidad de la medida cautelar de COMISO vigente, con las medidas cautelares ordenadas por el Artículo 88 de la Ley 1708 de 2014, modificada por el artículo 20 de la Ley 1849 de 2017, para los procesos de Extinción de Dominio” (…) El Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín en lugar de rechazar de plano la solicitud de entrega del vehículo y en vista de la necesidad de dar respuesta a aquel requerimiento cuando le fue trasladada la actuación, debió valorar si era o no competente para conocerla y pronun ciarse al respecto. (…) Su competencia está reservada a la revisión de limitaciones adoptadas en el marco de la jurisdicción extintiva, no del proceso penal. (…) la falta de competencia resultaba evidente al constatar que el comiso no es una sanción prevista en la Ley de Extinción de Dominio, dado que esta figura está reservada exclusivamente al proceso administrativo y penal. (…) El artículo 39 de la Ley 1708 de 2014 estableció: “ARTÍCULO 39.

la Ley de Extinción de Dominio, dado que esta figura está reservada exclusivamente al proceso administrativo y penal. (…) El artículo 39 de la Ley 1708 de 2014 estableció: “ARTÍCULO 39. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Los Jueces de Ex tinción de Dominio conocerán: 1. En primera instancia, del juzgamiento de la extinción de dominio. 2. En primera instancia, de las solicitudes de control de legalidad dentro de los procesos de su competencia.” (…) En este caso, durante la audiencia de gara ntías celebrada el 28 de octubre de 2024, la Fiscalía 29 DEEDD advirtió de forma equivocada a la Jueza que ella no era la funcionaria competente para resolver sobre la solicitud, debido a que la Fiscalía 18 Gaula había compulsado copias a la Dirección Especializada de Extinción de Dominio para iniciar la investigación. (…) El asunto pasó a manos del Juez 1º Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín quien dejó de considerar si debía asumir o no el conocimiento del asunto para definir la competencia. Al constatar que la Jueza de Garantías se había declarado incompetente, le correspondía seguir el trámite previsto en la Ley para trabar el conflicto negativo de competencia en caso de no asumirla, y remitir en consecuencia las diligencias al superior jerárquico de ambos, por ser la autoridad encargada de dirimir la cuestión. (…) Sin embargo, de manera equivocada, avocó el conocimiento del asunto y rechazó de plano el supuesto control de legalidad artículo 113 CED. (…) La Sala considera prudente y necesario llamar la atención sobre los siguientes puntos a fin de que sean tenidos en cuenta por

rechazó de plano el supuesto control de legalidad artículo 113 CED. (…) La Sala considera prudente y necesario llamar la atención sobre los siguientes puntos a fin de que sean tenidos en cuenta por el a quo: i) la incautación con fines de comiso fue legalizada por un Juzgado de Control de Garantías de acuerdo con la información suministrada por el Fiscal del caso -; ii) se debe conocer el resultado del proceso penal y si allí se definió algo en relación con el rodante, ya que el juez de conocimiento que estuvo a cargo del asunto penal podría ser el competente en el evento de no haberse pronunciado sobre el bien. (…) En ese orden, la irregularidad, solo se puede subsanar a través del instituto de la nulidad, que se ordenará desde el auto del 26 de noviembre de 2024, por medio del cual rechazó de plano la solicitud de entrega material del vehículo, para que se profiera una nueva decisión donde se atiendan las observaciones realizadas en este auto respecto del conocimiento del trámite.

MP: JAIME JARAMILLO RODRÍGUEZ

FECHA: 12/03/2025

PROVIDENCIA: AUTORadicado: 050013120001202400089 01 (ED-093)

Afectados: Procedencia:

Asunto:

Decisión:

Aprobado: Fecha: Juzgado 01 de Extinción de Dominio de Medellín Apelación control de legalidad Decreta nulidad 014 12 de marzo de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA DE DECISIÓN ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Magistrado Ponente: Jaime Jaramillo Rodríguez

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA DE DECISIÓN ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Magistrado Ponente: Jaime Jaramillo Rodríguez

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado de , en contra del auto del 26 de noviembre de 2024, emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Medellín, que decidió rechazar de plano el control de legalidad propuesto.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES

No. Identificación Descripción Propietario/a

1

Automóvil, marca , línea

Spark, modelo , color .

3. ACTUACIÓN PROCESAL

El 29 de julio de 20241, el abogado de presentó, vía correo electrónico, ante el Centro de Servicios Judiciales de Medellín, solicitud de entrega definitiva del vehículo de placas que se encuentra involucrado en el proceso penal identificado con la radicación 050016000206202408468 por los presuntos delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravad o, violencia contra servidor público agravado y daño en bien ajeno agravado.

1 Folio 1 a 6. C01CuadernoJuzgadoGarantias. 003SolicitudAudienciaPreliminar.Radicado:

Afectada: Decisión: 050013120001202400089 01 (ED-093) Decreta nulidad

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Afectada: Decisión: 050013120001202400089 01 (ED-093) Decreta nulidad

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El 28 de octubre de 2024 2, fue llevada a cabo audiencia por el Juzgado 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que resolvió rechazar la solicitud de entrega de vehículo por falta de competencia, ordenando el envío de la diligencia a los Jueces con Especialidad de Extinción de Dominio para que se le diera trámite a la petición.

El 31 de octubre de 2024 3, el asunto fue asignado al Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, estrado judicial que, por auto del 26 de noviembre de la misma anualidad4, resolvió rechazar de plano la solicitud impetra da por no cumplir los requisitos establecidos en el art. 112 de la ley 1708 de 2014.

Posteriormente, el afectado interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra esta última providencia, a través del abogado que representa sus intereses 5. El Juzgado de primer grado, mediante auto del 12 de diciembre de 2024 6, decidió no reponer la decisión, reiterando las razones que tuvo para negar la devolución del rodante, y concedió la apelación en el efecto devolutivo.

Remitido el expediente a la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Medellín, y asignado por repar to al magistrado ponente, se dispuso, en proveído del 20 de enero de 2025 7, avocar el conocimiento para desatar la impugnación.

Tribunal Superior de Medellín, y asignado por repar to al magistrado ponente, se dispuso, en proveído del 20 de enero de 2025 7, avocar el conocimiento para desatar la impugnación.

4. DECISIÓN RECURRIDA

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Extinció n de Dominio de Medellín, en decisión del 26 de noviembre de 2024, resolvió rechazar de plano el que calificó como aparente control de legalidad, por medio del cual se solicitaba la entrega definitiva de un vehículo.

2 Folio 1. Ibidem. 044ActaAudiencia. 3 Folio 1 a 5. C02CuadernoJuzgadoExtincion. 001CorreoRemisorioJuzgadoPenalMunicipalGarantias. 4 Folio 1 a 6. Ibidem. 003AutoRechazaSolicitduLevantamientoMedida. 5 Folio 3 a 5. Ibidem. 007RecursoReposicionYApelacionAbogadoDoessa. 6 Folio 1 a 7. Ibidem. 017AutoRechazaReposicionConcedeApelacion. 7 Folio 1. 02SegundaInstancia. 002AutoAvocaProceso.Radicado:

Afectada: Decisión: 050013120001202400089 01 (ED-093) Decreta nulidad

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El A quo expuso que la figura del control de legalidad no tenía el propósito de levantar las medidas cautelares consistentes en la incautación con fines de comiso, contemplada únicamente en la jurisdicción penal y, en cons ecuencia, no era procedente ordenar la entrega, como era la pretensión del defensor.

propósito de levantar las medidas cautelares consistentes en la incautación con fines de comiso, contemplada únicamente en la jurisdicción penal y, en cons ecuencia, no era procedente ordenar la entrega, como era la pretensión del defensor.

Señaló que el trámite carecía de objeto, pues el control de legalidad estaba reglado por el artículo 113 del Código de Extinción de Dominio, cuyos requisitos específicos no se habían cumplido por el peticionario. En particular, debido a que no se había señalado expresamente cuáles de las causales previstas en el artículo 112 ibidem resultaban aplicables para justificar el control.

Asimismo, el Juzgado primigenio advirtió que, como no se cumplían los presupuestos procesales necesarios e indispensables para emitir un pronunciamiento, era preciso rechazar de plano lo solicitado, entendiendo que se trataba de un “aparente” control de legalidad sobre las medidas cautelares impuestas al vehículo de propiedad del afectado.

5. LA IMPUGNACIÓN

El abogado presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra el auto interlocutorio del 26 de noviembre de 2024. Como pretensión solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia y, en su lugar, la entrega material del vehículo de placas , basado en los mismos argumentos con los cuales inicialmente elevó la solicitud.

Advirtió que se había probado la vulneración del debido proceso en contra de su mandante, al negársele la protección efectiva y la defensa de su derecho de propiedad sobre el automóvil involucrado en la causa penal, pues según lo establecido en el estatuto de procedimiento penal,

contra de su mandante, al negársele la protección efectiva y la defensa de su derecho de propiedad sobre el automóvil involucrado en la causa penal, pues según lo establecido en el estatuto de procedimiento penal, corresponde a lo s Jueces de Control de Garantías decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por el ente investigador respecto de bienes involucrados en delitos, como ocurría en este caso.

Sin embargo, para el togado, a pesar de que la Fiscalía tenía la obligación de proteger a los terceros de buena fe, no citó, ni convocó a su defendido a la audiencia que tramitó ante el Juez de Control de Garantías,Radicado:

Afectada: Decisión: 050013120001202400089 01 (ED-093) Decreta nulidad

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impidiéndole al titular del rodante resguardar y demostrar sus derechos respecto de la orden de comiso.

Además, subrayó que los Jueces ordinarios de Control de Garantías en procesos penales no eran competentes para intervenir en las actuaciones de Extinción de Dominio. Según él, ante este vacío legal, debía acudirse a la interpretación de las normas que regulan la materia.

6. LA REPOSICIÓN

El 12 de diciembre de 2024, el Juzgado resolvió el recurso de reposición, concluyendo que el mismo no era procedente. Según el A quo, no se presentaron elementos que justificaran una modificación del criterio expuesto en el auto del 26 de noviembre del 202 4; al estimar que el defensor, en lugar de refutar los argumentos consignados en dicha decisión, reiteró los mismos planteamientos que respaldaban su

expuesto en el auto del 26 de noviembre del 202 4; al estimar que el defensor, en lugar de refutar los argumentos consignados en dicha decisión, reiteró los mismos planteamientos que respaldaban su pretensión inicial.

El Juzgado primigenio advirtió que el argumento para rechazar de plano la solicitud no se fundamentó en una ausencia de competencia para resolverlo, dado que la legislación de Extinción permite la aplicación del control de legalidad a las medidas cautelares, pero exige la demostración de que: i) no existen elementos mínimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan vínculo con alguna causal de extinción de dominio; ii) la medida cautelar no se muestra como necesaria, razonable y proporcional para el cumplimiento de sus fines; iii) la decisión de imponer la medida cautelar no ha sido motivada; y iv) cuando la decisión de imponer la medida cautelar este fundamentada en pruebas ilícitamente obtenidas

Condiciones estas con las cuales el abogado no cumplió.Radicado:

Afectada: Decisión: 050013120001202400089 01 (ED-093) Decreta nulidad

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En consecuencia, confirmó la decisión recurrida del 26 de noviembre de 2024, que rechazó de plano la presunta solicitud de control de legalidad y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

7. CONSIDERACIONES

Competencia

Conforme con lo estipulado en el artículo 228 de la Constitución

y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

7. CONSIDERACIONES

Competencia

Conforme con lo estipulado en el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 38.2, 65.4 y 113 de la Ley 1708 de 2014, el artículo 1º y el parágrafo primero del acuerdo PCSJA23 - 12124 de 19 de diciembre de 2023, esta Sala de decis ión es competente para proferir el fallo.

Problema jurídico

La cuestión por resolver consiste en analizar el auto del 26 de noviembre de 2024, emitido por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, para determinar si el rechazo de plano de la solicitud de devolución del vehículo objeto de comiso constituye una decisión jurídicamente acertada, tomando en cuenta que está pendiente por resolver la solicitud de la entrega material del vehículo presentada por el apoderado del titular del bien.

Fundamentos jurídicos

Previo a resolver el problema planteado, la Sala abordará el estudio del fenómeno jurídico que subyace en la decisión de la primera instancia en razón a la falta de competencia, lo que configura una violación al debido proceso que comporta inevitablemente la declaratoria de nulidad.

Nulidad

La nulidad en materia de extinción de dominio solo puede ser declarada a partir de la configuración de un vicio contenido en una causal prevista en la Ley, cuya trascendencia e importancia sea tal que no pueda subsanarse por otra vía. No debe entenderse como una sanción, sino

declarada a partir de la configuración de un vicio contenido en una causal prevista en la Ley, cuya trascendencia e importancia sea tal que no pueda subsanarse por otra vía. No debe entenderse como una sanción, sino como un acto tendiente a corregir aquellas actuaciones que desconocieronRadicado:

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el debido proceso. A efecto el artículo 82 de la Ley 1708 del 2014 establece:

‘‘Serán objeto de nulidad las actuaciones procesales irregulares que ocasionen a los sujetos procesales o intervinientes un perjuicio que no pueda ser subsanado por otra vía o que impida el pleno ejercicio de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución y esta ley.

La declaratoria de nulidad no conlleva necesariamente la orden de retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, a menos que re sulte indispensable. El funcionario competente, al declarar la nulidad, determinará concretamente cuáles son los actos que se ven afectados con la decisión y, de encontrarlo pertinente, ordenará que sean subsanados, corregidos o que se cumplan con los actos omitidos’’

El artículo 83 ibidem consagra como causales de nulidad: i) la falta de competencia; ii) la falta de notificación; y iii) la v iolación del debido proceso, siempre y cuando las garantías vulneradas resulten compatibles con la naturaleza jurídica y el carácter patrimonial de la acción de Extinción de Dominio.

A su vez, el canon 84 de la misma codificación prescribe: ‘‘Cuando

proceso, siempre y cuando las garantías vulneradas resulten compatibles con la naturaleza jurídica y el carácter patrimonial de la acción de Extinción de Dominio.

A su vez, el canon 84 de la misma codificación prescribe: ‘‘Cuando el funcionario judicial advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad de lo actuado desde que se presentó la causal, y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto’’.

Del anterior resumen normativo se traduce que el operador judicial está facultado para pronunciarse frente a posibles nulidades por quebrantamiento del debido proceso, en tratándose de irregularidades tales que vulneren en forma grave la garantía de que el asunto sea decidido por un juez competente. En otras palabras, corresponde a un acto jurisdiccional que está atribuido en la Ley a un funcionario en particular, ya que la asignación de competencia hace par te, tanto de la estructura del debido proceso (artículo 29 C.P), conforme al cual un asunto debe ser juzgado por la instancia competente, y que se integra al principio de legalidad, por cuya virtud los funcionarios públicos solo están autorizados para realizar las actividades expresamente establecidas en el ordenamiento.

Esto quiere decir que la finalidad perseguida con la garantía de que el asunto sea sometido ante un juez competente es la de evitar laRadicado:

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arbitrariedad del Estado a través de la acción de Jueces, ya que estos tienen el deber de ofrecer garantías al resolver los asuntos conforme al

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arbitrariedad del Estado a través de la acción de Jueces, ya que estos tienen el deber de ofrecer garantías al resolver los asuntos conforme al principio de igualdad. La noción de competencia es, por tanto, la base de todo derecho público, y en virtud de ella ningún organismo puede ejercer su actividad fuera del cuadro de la competencia jurídica que le haya sido otorgada8. Así, opera como un instrumento necesario de la rectitud en la administración de justicia.

Caso concreto

Sería el caso que el Despacho entrara a pronunciarse respecto de la apelación propuesta sobre la presunta solicitud de control de legalidad formulada por el apoderado, si no fuera porque se advierte la ausencia de competencia del Juzgado de primera instanc ia para tramitar la entrega material y real del vehículo de placas .

En efecto, se tiene que el automóvil de propiedad de fue incautado por su vinculación en un proceso penal por los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado, entre otros.

Dicha actuación fue sometida a control judicial en audiencia preliminar celebrada el 6 de abril de 2024 ante el J uzgado 29 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, el cual legalizó la incautación con fines de comiso.

El 29 de agosto de 2024, la Fiscalía 18 Especializada – Gaula – Medellín compulsó copias a la Dirección Especializada de Extinc ión del Derecho de Dominio, asignándole el caso al Fiscal 29 DEEDD de Pereira, bajo el radicado 110016099068202400474.

Medellín compulsó copias a la Dirección Especializada de Extinc ión del Derecho de Dominio, asignándole el caso al Fiscal 29 DEEDD de Pereira, bajo el radicado 110016099068202400474.

Posteriormente, el abogado de López Orozco solicitó una audiencia para la entrega definitiva del vehículo ante el Juez de Control de Garantías y el 28 de octubre de 2024, en consonancia con el artículo 88 de la Ley 906 de 2004, que establece:

“Artículo 88. Devolución de bienes. Además de lo previsto en otras disposiciones de este código, antes de formularse la acusación y por

8 Consejo de Estado. Exp. 5497Radicado:

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orden del fiscal, y en un término que no puede exceder de seis meses, serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho a recibirlos cuando no sean necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en una circunstancia en la cual procede su comiso; sin embargo, en caso de requerirse para promover acción de extinción de dominio dispondrá lo pertinente para dicho fin.

En las mismas circunstancias, a petición del fiscal o de quien tenga interés legítimo en la pretensión, el juez que ejerce las funciones de control de garantías dispondrá el levantamiento de la medida de suspensión del poder dispositivo.” (subrayado fuera de texto)

Sin embargo, en el presente caso, dicha disposición no fue aplicada, ya que el Juzgado 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías

suspensión del poder dispositivo.” (subrayado fuera de texto)

Sin embargo, en el presente caso, dicha disposición no fue aplicada, ya que el Juzgado 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías manifestó su falta de competencia para conocer del asunto y remitió la actuación a los Juzgados Especializados de Extinción de Dominio, dejando su conocimiento al Juzgado 1º de esa especialidad de Medellín.

Al resolver la postulación, el Juzgado de origen rechazó de plano el control de legalidad, argumentando que no se presentó una solicitud motivada por parte del togado en la que se ind icara de manera expresa cuál de las causales previstas en el artículo 112 del CED resultaba aplicable para dar trámite a la petición.

De lo anterior se desprende que el bien mueble sigue vinculado al proceso penal desde la fecha de su incautación, medida avalada por un Juez de Control de Garantías, quien declaró su legalidad, sin que hasta el momento se haya definido su situación jurídica.

Por otro lado, el 6 de febrero de 2025 9, este Despacho ofició a la Fiscalía 29 Especializada de Extinción de Dominio para que remitiera la resolución de medidas cautelares del vehículo, dado que no se contaba con esa información dentro del expediente y era necesaria para efectuar el estudio de la apelación propuesta.

Ese mismo día, el Fiscal dio respuesta al requerimiento hecho por el Magistrado Ponente10, indicando:

“…esta Delegada Fiscalía 29 Especializada de Extinción de Dominio, destacada en la ciudad de Pereira, está iniciando una investigación en este proceso; por lo tanto, NO ha ordenado mediante resolución Medidas

“…esta Delegada Fiscalía 29 Especializada de Extinción de Dominio, destacada en la ciudad de Pereira, está iniciando una investigación en este proceso; por lo tanto, NO ha ordenado mediante resolución Medidas

9 Folio 1. 02SegundaInstancia. 007AutoSolicitaPiezasProcesales. 10 Folio 1 a 3. Ibidem. 010RespuestaFiscalia29.Radicado:

Afectada: Decisión: 050013120001202400089 01 (ED-093) Decreta nulidad

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Cautelares al vehículo que se investiga. No es por demás, Señoría que, Igualmente conllevara a este Fiscal 29 a tomar decisiones que en derecho corresponda, dada la incompatibilidad de la medida cautelar de COMISO vigente, con las medidas cautelares ordenadas por el Artículo 88 de la Ley 1708 de 2014, modificada por el artículo 20 de la Ley 1849 de 2017, para los procesos de Extinción de Dominio”

A la luz de lo anterior, se hace necesario diferenciar la acción de extinción de dominio del comiso propiamente dicho:

COMISO (Ley 906 de 2004) EXTINCIÓN DE DOMINIO (Ley 1708 de 2014) De carácter penal De carácter patrimonial

DEFINICIÓN Sanción penal en donde el autor o copartícipe de un hecho punible pierde en favor del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los cuales se cometió la infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la ejecución del delito11. Institución autónoma, constitucional, de carácter patrimonial, que permite al

bienes, objetos o instrumentos con los cuales se cometió la infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la ejecución del delito11. Institución autónoma, constitucional, de carácter patrimonial, que permite al Estado mediante un proceso judicial que no es de carácter penal, desvirtuar el derecho de propiedad de quien dice ostentarlo debido a que nunca lo ha adquirido en razón al origen ilegítimo y espurio de su adquisición o destinación12.

MEDIDAS CAUTELARES La incautación, ocupación y la suspensión del poder dispositivo. Suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y la toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica.

PROCEDENCIA

DE LAS MEDIDAS Las medidas procederán cuando se tengan motivos fundados para inferir que los bienes o recursos son producto directo o indirecto de un delito doloso,