TSDJ MED SED - 05001312000220230009201-(18-03-2025)

TEMA: CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO LEGAL - Es claro que, la fiscalía dejó vencer el término con que contaba para la presentación de la demanda extintiva, porque si bien lo hizo, fue por fuera del término, lo que viola ciertamente ese plazo, el debido proceso y los derechos del afectado, por lo cual co nsideramos que las medidas decretadas perdieron vigencia y, a este punto, se tornaron ilegales. /

HECHOS: De acuerdo con los actos de investigación adelantados dentro de la actuación penal SPOA, se identifican cuatro Grupos Delincuenciales Comunes Organizados (GDCO); las actividades ilícitas, le han permitido la consecución de bienes, bienes que en ocasiones figuran a nombre su núcleo familiar y de allegados de confianza y otros que son dest inados para la ejecución de actividades ilícitas. El 21 de marzo de 2023, la Fiscalía Sesenta y Cinco (65) Especializada ED decretó medidas cautelares sobre 41 bienes, dentro de los que se encuentra el inmueble al que se ordenó la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro; el 20 de octubre de 2023 Fiscalía presenta la demanda de extinción de dominio. El 29/02/2024 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia inadmite la demanda; el 08/03/2024 la fiscalía subsanó los errores y el 15/03/2024, el Juzgado admite la demanda. No obstante, desde el 21/11/2023 el apoderado judicial de la afectada presentó ante la fiscalía, solicitud de control de legalidad; el asunto correspondió al Juzgado Segundo Penal del Ci rcuito Especializado en Extinción

21/11/2023 el apoderado judicial de la afectada presentó ante la fiscalía, solicitud de control de legalidad; el asunto correspondió al Juzgado Segundo Penal del Ci rcuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia, que asumió el conocimiento; el 14/05/2024, en el cual se decidió por la autoridad judicial declarar legales las medidas cautelares en comento, decisión que fue apelada por el apoderado. El problema jurídico que debemos resolver se circunscribe a determinar si existen razones legales y fácticas para que las medidas cautelares decretadas por la fiscalía desde el 21/03/2023, en la fase inicial, que estén llamadas a continuar produciendo efectos jurídic os de acuerdo con las previsiones contempladas en el artículo 89 del C.E.D. De encontrarse superado lo anterior, corresponde determinar si se configura la causal primera del artículo 112 de la Ley 1708 de 2014 de a cara a los reparos formulados por el recurrente.

TESIS: La acción constitucional de extinción de dominio está regulada por un procedimiento propio y especial, mediante el cual el Estado puede perseguir bienes muebles o inmuebles que puedan ubicarse dentro de algunas de las causales que habilitan este trámite y, a su vez, también, es el escenario propio para que el afectado (propietario, acreed or, tenedor) demuestre la licitud de su derecho y con ello procurar la devolución del bien. (…) La Ley 1708 de 2014 define el marco normativo actual donde se estructuran no solo las causales extintivas, sino todo el procedimiento.

Y aunque es un procedimie nto autónomo, permite expresamente la remisión de algunas

normativo actual donde se estructuran no solo las causales extintivas, sino todo el procedimiento. Y aunque es un procedimie nto autónomo, permite expresamente la remisión de algunas actuaciones a otros estatutos, como las Leyes 600 de 2000, 906 de 2004 y1564 de 2012. (…) Para el especifico trámite de decreto de medidas cautelares que tienen naturaleza preventiva y no sancionatoria, se ha dispuesto, por regla general, que su decreto sea al momento de presentar la demanda, así lo consagró el artículo 87 de la Ley 1708 de 2014 cuando estableció: «Al momento de la presentación de la demanda de extinción de dominio, si no se han adoptado medidas cautelares en la fase inicial, el Fiscal, mediante providencia independiente y motivada, ordenará las mismas.” (…) no obstante, también en norma posterior, el artículo 89, se admitió la excepción a esa regla general, disponiendo la posibilidad de que fueran decretadas las medidas, antes de la presentación de la demanda, en la fase inicial. (…) «Medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio. Excepcionalmente, el Fiscal podrá decretar medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio, en casos de evidente urgencia o cuando existan serios motivos fundados que permitan considerar la medida como indispensable y necesaria para cumplir con alguno de los fines descritos en el artículo 87 de la presente ley. Estas medidas cautelares no podrán extenderse por más de seis (6) meses, término dentro del cual el Fiscal deberá definir si la acción debe archivarse osi por el contrario resulta procedente presentar demanda de extinción de dominio ante el juez de

conocimiento.» (…) Son entonces, seis meses, improrrogables, con los que cuenta la fiscalía, luego de decretar la excepcional medida cautelar en la fase inicial, para presentar la demanda extintiva si es que desea que las medidas continúen vigentes. (…) Y es que, consideramos, una vez presentada la demanda extintiva se suspende ese término de los seis meses hasta que surja un pronunciamiento positivo del juez, esto es la admisión de la demanda, porque, si, por el contrario, el juez decide inadmitir y luego rechazar por no haberse presentado una demanda apta, ese término se reactiva ante ese pronunciamiento y continúa corriendo hasta cumplir los seis meses. (…) Este no es un criterio interpretativo de cosecha nuestra, es la exégesis que desarrolla de mejor manera el querer del legislador y es lo que se extracta de la literalidad de la norma y, es razonable afirmar, que difícilmente se admiten interpretaciones disímiles. (…) Pese a que el fallador de primera instancia adujo que no se desconoció el canon 89 de CED en razón a que devino el fenómeno del plazo razonable y ese término se contabiliza desde la materialización de las medidas, advertimos que tales conclusiones, con el respeto que merecen, en nuestra opinión, no solo pervierten el debido proceso, sino que contrarían la norma en cuestión. (…) Así, el plazo razonable fue comprendido por el legislador como aquellos tiempos en qu e deben surtirse las actuaciones judiciales y de las partes, consagrando para ello lo atinente a los términos, como garantía que tiene, dentro del marco de un Estado de derecho, toda persona a que se actúe dentro de los plazos fijados, sin lugar a otras

consagrando para ello lo atinente a los términos, como garantía que tiene, dentro del marco de un Estado de derecho, toda persona a que se actúe dentro de los plazos fijados, sin lugar a otras consideraciones. (…) Desde ese momento en que se decretaron las medidas, tenía la fiscalía seis meses para presentar la demanda extintiva, el cual feneció el veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), y en el presente evento eso solo sucedió hasta el veinte (20) de octubre, cuando había transcurrido aproximadamente un mes más. (…) Aquí es claro, la fiscalía dejó vencer el término con que contaba para la presentación de la demanda extintiva, porque si bien lo hizo, fue por fuera del término, lo que viola ciertamente ese plazo, el debido proceso y los derechos del afectado, por lo cual consideramos que las medidas decretadas perdieron vigencia y, a este punto, se tornaron ilegales.

MP: RAFAEL MARÍA DELGADO ORTIZ

FECHA: 18/03/2025

PROVIDENCIA: AUTO ACLARACIÓN DE VOTO: JAIME JARAMILLO RODRÍGUEZSALA DE DECISIÓN ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

RADICADO: 05001-31-20-002-2023-00092-01

LEY: 1708 DE 2014

AFECTADOS: PROCEDENCIA: JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE

ANTIOQUIA

ASUNTO: APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA LEGALIDAD LAS MEDIDAS CAUTELARES

DECISIÓN: REVOCA

M. PONENTE: RAFAEL MARÍA DELGADO ORTIZ

INTERLOCUTORIO NRO. 017

ANTIOQUIA

ASUNTO: APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA LEGALIDAD LAS MEDIDAS CAUTELARES

DECISIÓN: REVOCA

M. PONENTE: RAFAEL MARÍA DELGADO ORTIZ

INTERLOCUTORIO NRO. 017

APROBADA ACTA NRO. 018

Medellín, dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

ASUNTO POR TRATAR

Se pronuncia la Sala frente al recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de , en contra del auto proferido del catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), en el que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia declaró la legalidad de las medidas cautelares decretadas mediante resolución del veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por la Fiscalía Sesenta y Cinco (65) Especializada ED, en relación con 41 bienes entre inmuebles, vehículos, establecimientos de comercio y cuentas bancarias. Entre esos afectados se encue ntra el inmueble de matrícula inmobiliaria No. propiedad dePROCESO: 05000-31-20-002-2023-00092-01

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ANTECEDENTES FÁCTICOS

Los hechos génesis de la presente acción, según lo relató la Fiscalía 65 Especializada de Extinción de Dominio en la resolución de medidas cautelares, fueron:

«En los municipios de El Peñol, Marinilla y San Carlos - Antioquia, desde el

Los hechos génesis de la presente acción, según lo relató la Fiscalía 65 Especializada de Extinción de Dominio en la resolución de medidas cautelares, fueron:

«En los municipios de El Peñol, Marinilla y San Carlos - Antioquia, desde el año 2016 hasta la fecha, de acuerdo con los actos de investigación adelantados dentro de la actuación penal SPOA 050016099154202000035 por la Fiscalía 152 EDA Antinarcóticos, se logró identificar la existencia de cuatro GDCO:

“La Peña”, liderada por alias “El Rayo”, que delinque en el municipio de El Peñol y Marinilla.

“Los Rayos o la L”, liderada por , en el municipio de El Peñol y Guatapé.

“La Invasión”, liderada por Campo , en el municipio de San Carlos.

“Alto de San José”, liderada por en el municipio de Marinilla.

Estos grupos de delincuencia común organizados GDCO se circunscriben en una especie de outsourcing a la GDO Clan del Oriente, organización de mayor jerarquía que delinque en la subregión del Oriente Antioqueño, la cual se encuentra liderada por , quien, desde antes del año 2015 fue integrante de la GDO La Terraza, que delinque en Medellín y en el Área Metropolitana.

Las actividades delictivas ejecutadas por estas GDCO les permiten su financiamiento y permanencia en el tiempo, ya que sus ingresos se derivan de las rentas criminales que le genera las diferentes actividades ilícitas ejecutadas, entre otras, monopolio de la distribución y comercialización de estupefacientes, extorsiones, desplazamientos,

financiamiento y permanencia en el tiempo, ya que sus ingresos se derivan de las rentas criminales que le genera las diferentes actividades ilícitas ejecutadas, entre otras, monopolio de la distribución y comercialización de estupefacientes, extorsiones, desplazamientos, homicidios selectivos, hurtos en las diferentes modalidades, que le permiten el control total en los municipios donde tienen injerencia.

Estas organizaciones delincuenciales aprovechan la ubicación estratégica de estos municipios que son turísticos, para instrumentalizar personas e incluso a menores de edad, para ponerlos a su servicio, creando una verdadera empresa criminal , ya que cuenta con una estructura debidamente conformada, donde existe un cabecilla, coordinadores, vendedores o jibaros e incluso cuenta con un ala sicarialPROCESO: 05000-31-20-002-2023-00092-01

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para el ajuste de cuentas y los desplazamientos de las personas que no cumplen con las exigencias de la organización.

Todas estas actividades ilícitas le han permitido la consecución de bienes a los integrantes de la organización, bienes que en ocasiones figuran a nombre su núcleo familiar y de allegados de confianza y otros bienes que son destinados para la ejecución de actividades ilícitas.»

INFORMACIÓN DE BIENES VINCULADOS

Son 41 bienes los que se involucran en la acción extintiva que concita la atención de la Sala, no obstante, la apelación se presentó únicamente en relación con el control de legalidad que se deprecó sobre el siguiente bien:

TIPO DE BIEN

acción extintiva que concita la atención de la Sala, no obstante, la apelación se presentó únicamente en relación con el control de legalidad que se deprecó sobre el siguiente bien:

TIPO DE BIEN

ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante resolución del veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), la Fiscalía Sesenta y Cinco (65) Especializada ED decretó medidas cautelares sobre 41 bienes, dentro de los que se encuentra el inmueble de matrícula inmobiliaria No. 018114006 frente a que ordenó la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.

La demanda de extinc ión de dominio fue presentada el veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023) y le correspondió por reparto al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia, asignándosele elPROCESO: 05000-31-20-002-2023-00092-01

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radicado 050003120001-2023-00082, siendo inadmitida el veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), subsanándose por la fiscalía el ocho (8) de marzo siguiente y admitiéndose por parte del juzgado el quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

No obstante, desde el veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), el apoderado judicial de la

juzgado el quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

No obstante, desde el veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), el apoderado judicial de la afectada presentó ante la fiscalía, solicitud de control de legalidad que fue radicado por la delegada, para reparto ante los jueces de extinción, el veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

El asunto correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia, que asumió el conocimiento en auto del doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), fecha en la que también corrió el traslado autorizado por el canon 113 del CED.

El catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se decidió por la autoridad judicial declarar legales las medidas cautelares en comento, decisión que fue apelada por el apoderado de

El recurso fue concedido por auto del cinco (5) de julio de dos mil veinticuatro (2024) y se dispuso la remisión de la actuación a esta Sala Especializada el ocho (8) de julio de dos mil veinticuatro (2024) correspondiéndole por reparto al Magistrado Ponente.

DE LA SOLICITUD DE CONTROL DE LEGALIDADPROCESO: 05000-31-20-002-2023-00092-01

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El apoderado judicial de solicitó el veintiuno (21) de noviembre de dos mil

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El apoderado judicial de solicitó el veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) ante la Fiscalía Sesenta y Cinco (65) Especializada ED el control de legalidad de las medidas cautelares, amparado en la causal primera del artículo 112 de la Ley 1708 de 2014 y la extemporaneidad para sostener las medidas cautelares sobre el bien inmueble de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 del canon.

Expuso que, la fiscalía construyó la hipótesis de que los bienes de su representada estaban siendo utilizados por miembros de los grupos delictivos organizados «Los Gavilanes» y «Alto de San José» para la comercialización de estupefacientes y otras a ctividades delictivas con base en argumentos falsos, porque, aunque reconoció que tiene conocimiento del actuar ilícito, no lo toleró. Indicó que se ejercieron los actos a su alcance para obtener la restitución del inmueble, pero se vio frustrado por la imposición de medidas cautelares.

Sostuvo que, el inmueble perseguido fue relacionado con el de matrícula No. como si fueran uno solo, cuando en realidad se trata de dos diferentes, separados por una distancia de doscientos metros, lo cual los hace diferenciables contrario al soporte probatorio aportado por la fiscalía.

Por otra parte, esgrimió que algunos de los integrantes del GDO fueron capturados en su inmueble y se les halló una ametralladora con cartucho, pero ese hecho no puede ser configurado en las causales extintivas, pues se trata de un abuso por

Por otra parte, esgrimió que algunos de los integrantes del GDO fueron capturados en su inmueble y se les halló una ametralladora con cartucho, pero ese hecho no puede ser configurado en las causales extintivas, pues se trata de un abuso por parte de los ocupantes del bien, a quienes legalmente se les arrendóPROCESO: 05000-31-20-002-2023-00092-01

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la vivienda siendo imposible ejercer un control o supervisión sobre ese aspecto.

Agregó que se destinó a una profesional del derecho para la custodia y arrendamiento del bien, entendiéndose que se desplegaron acciones diligentes para garantizar el fin social y ecológico de la propiedad. Adicionalmente, insistió que no hay elementos que vinculen a su prohijada con la estructura criminal.

Por último, afirmó que el bien perseguido no fue debidamente identificado y que las cautelas superaron la vigencia de los seis meses establecidos en el artículo 89 del Código de Extinción de Dominio, por lo que es imperativo el levantamiento de las medidas cautelares.

DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia declaró la legalidad formal y material de las medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro del inmueble de matrícula inmobiliaria No

Frente a la causal innominada de preclusividad ante la superación del término de seis meses para presentar la demanda de extinción, consideró que el plazo máximo se

inmobiliaria No

Frente a la causal innominada de preclusividad ante la superación del término de seis meses para presentar la demanda de extinción, consideró que el plazo máximo se superó por dieciocho días, pero se configuraron los presupuestos de mora justificada, en razón a que se reúnen los requisitos para considerar que la decisión se confeccionó en un plazo razonable, dePROCESO: 05000-31-20-002-2023-00092-01

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ahí que no sea procedente el levantamiento de las precautelativas por dicha causal. Para lo anterior, indicó que la contabilización del término de los seis meses inicia desde la materialización de las medidas cautelares.

Por otra parte, en relación con la causal primera adujo que los postulaciones efectuadas por el apoderado judicial no desvirtúan la existencia de elementos mínimos de juicio para la adecuación de las causales de extinción demandadas, dado que, la etapa para la discusión de estas es la de juicio.

Asimismo, afirmó que revisados los medios probatorios con los que se sustentó la resolución de medidas cautelares se infiere que, probablemente, el bien puede estar incurso en las causales de extinción por destinación ilícita.

Para ello, trajo a colación los actos investigativos realizados en el proceso penal 0500160991542020000035, concretamente, el acta de allanamiento y registro en el inmueble de la afectada el diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023) en la que

investigativos realizados en el proceso penal 0500160991542020000035, concretamente, el acta de allanamiento y registro en el inmueble de la afectada el diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023) en la que se halló una subametralladora apta para uso con cartuchos y declaración de una fuente no formal de idéntica fecha en la que se advierte que en esa vivienda se escondían armas de fuego.

Concluyó que, a partir de esos elementos, sin lugar a duda, hay el grado de conocimiento que exige la norma para considerar las medidas restrictivas del dominio legalmente decretadas.

DEL RECURSO DE APELACIÓNPROCESO: 05000-31-20-002-2023-00092-01

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El abogado de la afectada apeló la decisión de primera instancia con base en los argumentos expuestos en el control de legalidad.

Reiteró que el artículo 89 de la Ley de Extinción de Dominio expresamente señala que «estas medidas cautelares no podrán extenderse por más de seis meses, término dentro del cual el Fiscal deberá definir si la acción debe archivarse o si por el contrario resulta procedente presentar demanda de extinción de dominio ante el juez de conocimiento», premisa que no permite una interpretación diferente a la que, una vez superado ese lapso se ordene el levantamiento de medidas.

Igualmente, argumentó que, el juez de primer grado hizo referencia a unos requisitos para justificar que se superó el término legal, pero la fiscalía no ofreció excusa alguna, y no

ordene el levantamiento de medidas.

Igualmente, argumentó que, el juez de primer grado hizo referencia a unos requisitos para justificar que se superó el término legal, pero la fiscalía no ofreció excusa alguna, y no puede ser el a quo quien asuma esa carga, incurriendo en una violación directa a la norma.

Mostró su inconformidad con el conteo que efectuó el juez especializado frente a la superación del término legal ya que no tuvo en cuenta el verdadero tiempo que transcurrió.

Acerca de la causal primera del artículo 112 de la Ley 1708 de 2014, insistió en que obran pruebas que no fueron tenidas en cuenta y que acreditan que el bien no está incurso en las causales demandadas. En su parecer, la «inferencia razonable» se realizó a partir de hechos inciertos.PROCESO: 05000-31-20-002-2023-00092-01

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Concluyó afirmando que no existen motivos para la im posición de medidas cautelares; pidió se ordene el levantamiento de todas las impuestas en contra del bien de

CONSIDERACIONES

Es competente esta Sala de Decisión para pronunciarse en segunda instancia sobre la decisión emitida por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, de conformidad con el contenido de los artículos 38 numeral 3º, 51, 65.4 y 72, de la Ley 1708 de 2014 y el Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de 2023.

Hay, en nuestro criterio, motiv ación

artículos 38 numeral 3º, 51, 65.4 y 72, de la Ley 1708 de 2014 y el Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de 2023.

Hay, en nuestro criterio, motiv ación suficiente para decidir el recurso que interpuso el apoderado judicial de afectada dentro del presente proceso, frente al auto que declaró la legalidad las medidas cautelares decretadas por la fiscalía.

En este asunto, de cara a la limitación temática que nos fue impuesta por los argumentos de la apelación, el problema jurídico que debemos resolver se circunscribe a determinar si existen razones legales y fácticas para que las medidas cautelares decretadas por la fiscalía desde el veintiuno (21 ) de marzo de dos mil veintitrés (2023), en la fase inicial, estén llamadas a continuar produciendo efectos jurídicos de acuerdo con la previsiones contempladas en el artículo 89 del C.E.D.PROCESO: 05000-31-20-002-2023-00092-01

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De encontrarse superado lo anterior, corresponde determinar si se configura la causal primera del artículo 112 de la Ley 1708 de 2014 de a cara a los reparos formulados por el recurrente.

En ese orden, menester es hacer el análisis jurídico en torno al proc edimiento cautelar preventivo que establece el Código de Extinción de Dominio, las disposiciones legales, constitucionales y jurisprudenciales.

Empecemos, como en otras ocasiones, por señalar que es la acción constitucional de extinción de dominio está

Código de Extinción de Dominio, las disposiciones legales, constitucionales y jurisprudenciales.

Empecemos, como en otras ocasiones, por señalar que es la acción constitucional de extinción de dominio está regulada por un procedimiento propio y especial, mediante el cual el Estado puede perseguir bienes muebles o inmuebles que puedan ubicarse dentro de algunas de las causales que habilitan este trámite y, a su vez, también, es el escenario propio para q ue el afectado (propietario, acreedor, tenedor) demuestre la licitud de su derecho y con ello procurar la devolución del bien.

Es, sin duda, un proceso de índole patrimonial que se ejerce por el Estado y en su favor en procura de desarraigar la adquisición de bienes de origen ilícito a la par que se afianza la lucha contra la corrupción y se enfrenta el delito, principalmente el que pervive en estructuras organizadas.

La Ley 1708 de 2014 define el marco normativo actual donde se estructuran no solo las causales extintivas, sino todo el procedimiento que sigue ajustando reglas claras y precisas, tanto sustantivas como procedimentales, para encausar la labor de las autoridades judiciales y las partes vinculadas en el proceso.PROCESO: 05000-31-20-002-2023-00092-01

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Y, aunque es un procedimiento autónomo, permite expresamente la remisión de algunas actuaciones a otros estatutos, como las Leyes 600 de 2000, 906 de 2004 y1564 de 2012.

Para el especifico trámite de decreto de

Y, aunque es un procedimiento autónomo, permite expresamente la remisión de algunas actuaciones a otros estatutos, como las Leyes 600 de 2000, 906 de 2004 y1564 de 2012.

Para el especifico trámite de decreto de medidas cautelares que tienen naturaleza preventiva y no sancionatoria, se ha dispuesto, por regla general, que su decreto sea al momento de presentar la demanda, así lo consagró el artículo 87 de la Ley 1708 de 2014 cuando estableció: «Al momento de la presentación de la demanda de extinción de dominio, si no se han adoptado medidas cautelares en la fase inicial, el Fiscal, mediante providencia independiente y motivada, ordenará las mismas (…)».

Es, pues, ese el querer del legislador, que sea la presentación de la demanda el momento justo para que se decreten las medidas que afectarán los bienes inmersos en el proceso extintivo, no obstante, también en norma posterior, el artículo 89 ídem, se admitió la excepción a esa regla general, disponiendo la posibilidad de que fueran decretadas las medidas, antes de la presentación de la demanda, en la fase inicial.

Así lo dispuso en el canon citado:

«Medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio. Excepcionalmente, el Fiscal podrá decretar medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio, en casos de evidente urgencia o cuando existan serios m otivos fundados que permitan considerar la medida como indispensable y necesaria para cumplir con alguno de los fines descritos en el artículo 87 de la presente ley. Estas medidas cautelares no podrán extenderse por más

de evidente urgencia o cuando existan serios m otivos fundados que permitan considerar la medida como indispensable y necesaria para cumplir con alguno de los fines descritos en el artículo 87 de la presente ley. Estas medidas cautelares no podrán extenderse por más de seis (6) meses, término dentro del cual el Fiscal deberá definir si la acción debe archivarse o si por el contrario resulta procedente presentar demanda de extinción de dominio ante el juez de conocimiento.»PROCESO: 05000-31-20-002-2023-00092-01

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Esa facultad excepcional está dada a la fiscalía siempre y cuando se evidencie y se ponga de presente que los fines de la medida superan las ya consagrados y se está ante una evidente necesidad y urgencia de protegerlos, porque lo ideal o lo esperado es que las medidas cautelares se den al momento de presentar la demanda extintiva.

Entonces, conforme al contenido del artículo 89 antes transcrito, las medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio están sometidas a criterios de excepcionalidad, evidente urgencia, además de un límite temporal, teniendo en cuenta que estas implican una injerencia más invasiva del Estado en los derechos de los afectados, a quienes se les priva de sus bienes cuando apenas comienza una investigación, siendo esta la razón para que su decreto sea excepcionalísimo, aunado también a que tienen únicamente carácter preventivo y por eso su decreto excepcional está íntimamente ligado al criterio de urgencia que, sin duda, debe ser adecuadamente sustentado por la fiscalía al

que tienen únicamente carácter preventivo y por eso su decreto excepcional está íntimamente ligado al criterio de urgencia que, sin duda, debe ser adecuadamente sustentado por la fiscalía al momento de decretarlas.

La Real Academia de la Lengua ha considerado la palabra urgencia bajo acepciones tales como: « que necesita ser solucionado de inmediato», situación que conlleva a concluir que para decretar la medida cautelar en la fase inicial, se requiere que la fiscalía cuente con la evidencia demostrativa de la urgencia, es decir que aporte elementos contrastables y evidentes que permitan deducir que de manera inmediata deben ser apresados los bienes para proteger los fines del proceso extintivo, sin que sea razonable esperar hasta la presentación de la demanda.PROCESO: 05000-31-20-002-2023-00092-01

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Lo anterior nos aclara el panorama respecto de las veces que la fiscalía puede acudir a la medida cautelar excepciona l, la cual, también por permearse de esa característica, tiene bien delimitado por el legislador el tiempo que debe transcurrir entre su decreto y la acción positiva de la fiscalía.

La norma antes transcrita, que permite a la fiscalía echar mano de ese máximo poder estatal al disponer de unos bienes sobre los cuales el Estado aún no tiene la propiedad, le establece como limitante u