TSDJ MED SF - 05001311001020180058201-(28-08-2020)

TEMA: SOCIEDAD PATRIMONIAL - Lo contemplado en el artículo 2 de la Ley 54 de 1990, es una presunción legal que admite prueba en contrario . / CONDICION DE DISCAPACIDAD - Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jur ídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos.

La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume.

HECHOS: La accionante interpuso demanda , con el fin de que se declarara la existencia de la sociedad patrimonial, que se originó de la unión marital de hecho reconocida por las partes en escritura pública, desde el día 6 de octubre de 2012 hasta el día 15 de diciembre de 2017, fecha en la cual se separaron de cuerpos

TESIS: (…) se presume la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, cuando existe unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años y no tengan impedimento legal para contraer matrimonio o cuando teniéndolo, la sociedad o sociedades conyugales an teriores hayan sido disueltas antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho quedando definido su patrimonio. Del mismo modo, en su artículo 5º enumera cuatro hechos que dan lugar a su disolución, esto es, por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura pública ante notario, mediante acta suscrita ante un centro de conciliación legalmente reconocido, por sentencia judicial y por la muerte de uno o ambos compañeros. En este caso, dada la orientación de los cargo s, no controvierte el recurrente que convivió con la demandante, lo que discute en apelación es el tiempo de convivencia, el mismo que no es suficiente para predicar la existencia de

de los cargo s, no controvierte el recurrente que convivió con la demandante, lo que discute en apelación es el tiempo de convivencia, el mismo que no es suficiente para predicar la existencia de la sociedad patrimonial, hecho que, a su juicio, se pudo establecer a través del decreto y práctica de la prueba oficiosa. (…) el juez decretará pruebas en los términos de los artículos 169 y 170 de la Ley 1564 de 2012, siempre que lo considere conveniente para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos. (…) (no) se le puede exigir la inaplicación de las normas procesales que a la luz del artículo 13 del C.G.P., “son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”, bajo el pretexto de amparar los derechos de una persona en condición de discapacidad que cuenta con defensa técnica y la aplicación de la denominada discriminación positiva, puesto que ello af ectaría el debido proceso e implicaría desconocer los deberes que tienen las partes, así como de asumir las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, fruto de su propia incuria. (…) a las partes les corresponde acreditar l os supuestos que sustentan sus pretensiones u oposiciones y que los únicos casos en los que se releva de este imperativo del propio interés, es cuando los hechos que constituyen el tema de prueba son notorios o presumidos o cuando se trata de afirmaciones o negaciones indefinidas. (…) lo contemplado en el artículo 2 de la Ley 54 de 1990, es una presunción legal que admite prueba en contrario. (…) Aunque

o presumidos o cuando se trata de afirmaciones o negaciones indefinidas. (…) lo contemplado en el artículo 2 de la Ley 54 de 1990, es una presunción legal que admite prueba en contrario. (…) Aunque el demandado se opone a la prosperidad de las pretensiones, lo cierto es que aceptó que compartió con la demandante techo, lecho y mesa y ninguna prueba ofreció para desvirtuar el extremo inicial de la relación, plasmado en el mencionado acto escrit urario, elemento idóneo que se encuentra blindado por la presunción de veracidad, la misma que sólo puede destruirse por otros factores probatorios (…) no toda condición de discapacidad suprime la libre determinación de la voluntad y que conforme al artículo 8 de la Ley 1996 de 2019 que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad “Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume”

MP. EDINSON ANTONIO MÚNERA GARCÍAFECHA: 28/08/2020

PROVIDENCIA: SENTENCIA“Al servicio de la justicia y de la paz social”

Página 1 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318)

Medellín, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020)

Medellín, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020)

La SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE FAMILIA del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los Magistrados DARÍO HERNÁN NANCLARES VÉLEZ, FLOR ÁNGELA RUEDA ROJAS y EDINSON ANTONIO MÚNERA GARCÍA, sustanciador y ponente, procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia dictada el trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) por el Juez Décimo de Familia de Oralidad de Medellín, en el proceso verbal con pretensión de declaración de existencia y disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, promovido por Blanca Mónica Areiza Montoya contra Carlos Mario Machado Pareja , identificado con los radicados nacional N°. 05001-31-10-010-2018-00582-01 e interno 2019-318.

ANTECEDENTES

Proceso Verbal: Existencia de sociedad patrimonial Radicado 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318)

Demandante Demandado

Decisión

Acta N° Sentencia N° Ponente

Blanca Mónica Areiza Montoya Carlos Mario Machado Pareja Confirma y modifica 090 076 Edinson Antonio Múnera GarcíaPágina 2 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja

Blanca Mónica Areiza Montoya Carlos Mario Machado Pareja Confirma y modifica 090 076 Edinson Antonio Múnera GarcíaPágina 2 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318)

1. La citada accionante interp uso demanda en contra Carlos Mario Machado Pareja , con el fin de que se declarara la existencia de la sociedad patrimonial, que se originó de la unión marital de hecho reconocida por ellos en escritura pública, desde el día 6 de octubre de 2012 hasta el día 15 de diciembre de 2017, fecha en la cual se separaron de cuerpos.

Como consecuencia de la anterior declaración , solicitó que se ordenara la disolución de la sociedad patrimonial de hecho y la liquidación y partición, sin necesidad de nueva demanda.

Cimentó sus pretensiones en que convivió con el demandado, desde el día 6 de octubre de 2012 hasta mediados de diciembre de 2017 , no tuvieron descendencia y m ediante la escritura pública N ° 1065 de la Notaría 27 de Medellín, de común acuerdo, declararon la existencia de la unión marital de hecho.

Manifestó que en la escritura pública N ° 2465 del 20 de junio de 2014 de la Notaría 16 de Medellín, Carlos Mario Machado Pareja adquirió para la sociedad marital el inmueble con matrícula inmobiliaria No 01N-5269846 y a mediados de diciembre de 2017, abandonó el hogar desamparándola económica y moralmente.

adquirió para la sociedad marital el inmueble con matrícula inmobiliaria No 01N-5269846 y a mediados de diciembre de 2017, abandonó el hogar desamparándola económica y moralmente.

2. El auto que admite “ el trámite de DISOLUCIÓN y EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL, conforme a la petición formulada por el apoderado judicial de la señora BLANCA MÓNICA AREIZA MONTOYA en contra del señor CARLOS MARIO MACHADO PAREJA ”, se dictó el 1 de octubre de 2018, luego de que se diera cumplimiento a las exigencias que hizo el a quo1.

1 En proveído del 13 de agosto de 2018Página 3 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318)

3. Al dar contestación a la demanda, Carlos Mario Machado Pareja se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos, indicó que no se dio ninguna convivencia , dado que por el tiempo en que se conocieron como amigos (año 2012 finales) , la demandante sólo le prestaba servicios de alimentación a un precio convenido, tipo suministro de servicio de restaurante a domicilio o en su vivienda, y le colaboraba en citas médicas, acompañándolo o estando pendiente de estas por su situación de discapacidad sensorial absoluta: Es invidente total.

Relató que, durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 vivía solo, por épocas en la dirección Cra. 44 A No. 83 -38 en casa de la señora

Relató que, durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 vivía solo, por épocas en la dirección Cra. 44 A No. 83 -38 en casa de la señora Lucelly Muriel, a quien le tuvo arrendada dicha vivienda situada en el Barrio Manrique, mientras la demandante residía en la Carrera 45 por calle 83 - 84, distante a unas 3 a 4 cuadras, de forma independiente , también vivió por etapas entre las casas de la hermana Lina Machado en la Calle 110 No. 75 17 interior 301 y de otros familiares en Itagüí, Antioquia.

Sostuvo que en esos años sólo hubo una amistad y un sentimiento de colaboración porque él padecía epilepsia y estaba siendo tratado para procurarse una asistencia y recuperación en lo posible de una invalidez, ocasionada por una mina antipersonal, cuando se desempeñó como soldado del Ejército y por la cual perdió totalmente su visión.

Adujo que h ay constancias en las historias clínicas de finales del año 2013 y 2014 que se hallaba viviendo con su hermana Lina y con otros parientes y que desde cuando se retiró del servicio militar e inicióPágina 4 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318) su trasegar para la pensión de invalidez y los reconocimientos que a causa de ello derivaron, estuvo sólo, sin la ayuda o solidaridad de la demandante.

Dijo que la escritura pública 1065 se firmó tal como su

su trasegar para la pensión de invalidez y los reconocimientos que a causa de ello derivaron, estuvo sólo, sin la ayuda o solidaridad de la demandante.

Dijo que la escritura pública 1065 se firmó tal como su apariencia exterior lo indica, pero en lo que concierne con e l objeto y contenido de ella lo niega , debido a que cuando hizo presencia en la Notaría no lo hizo de forma consciente y libremente por su condición de discapacidad sensorial total , así que no consintió el acto , además de que no le leyeron la escritura, n o le explicaron su contenido y menos aún el de que "...comparecen con el propósito de declarar la unión marital de hecho existente entre ellos, como efectivamente lo hacen por medio de este instrumento público y reconocen los derechos y obligaciones que contraen...".

Expresó que e n ese acto notarial sólo le preguntaron si conocía a la señora Blanca, en qué año la conoció, señalando que había sido en el año 2012 , mas no le advirtieron que estaba declarando una convivencia con ella.

Mencionó que es cierto que adquirió un bien, pero que no lo hizo para la "sociedad marital", ya que no se compró con recursos provenientes de trabajo, socorro y ayuda mutuas como pretende la demandante.

Por último, aceptó que la única manifestación de convivencia con la demandante se dio en su inmueble entre el mes de octubre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017, lo que recuerda porque es el día de la infausta fecha de la celebración de la denominada "alborada mafiosa", interregno inferior a los dos (2) años exigi dos por ley, para que se

octubre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017, lo que recuerda porque es el día de la infausta fecha de la celebración de la denominada "alborada mafiosa", interregno inferior a los dos (2) años exigi dos por ley, para que se presuma la sociedad patrimonial que reclama.Página 5 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318)

Como excepciones de fondo, planteó las de inexistencia de la convivencia por el término exigido en la ley para que se presuma la sociedad patrimonial (artículo 2 de Ley 54 de 1990 modificado por el art. 1 Ley 979 de 2005), nulidad absoluta de las declaraciones contenidas en escritura pública No. 1065 del 13-05-2016 de la Notaría 27 de Medellín, la inexistencia de la unión marital de hecho y consecuencialmente la inexistencia de la sociedad patrimonial presunta, medios de defensa a las que se opuso la parte actora aseverando que convivieron como pareja en unión marital de hecho, compartiendo techo, lecho y mesa, desde el día 6 de octubre de 2012, tal cual lo plasmaron y admitieron ante el Notario 27 de Medellín, mediante escritura No 1065 del 13 de mayo de 2016, la cual otorgaron libre y espontáneamente, después de conocerla plenamente, como quiera que al demandado se le leyó y se le preguntó si entendía y comprendía lo que iba a firmar y contestó que sí.

4. El 18 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la

como quiera que al demandado se le leyó y se le preguntó si entendía y comprendía lo que iba a firmar y contestó que sí.

4. El 18 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso. Se declaró fallida la etapa procesal de la conciliación, se practicaron los interrogatorios de las partes, circunscribieron los límites del debate probatorio con la fijación del litigio y s e recepcionó el testimonio de Lina

Marcela Machado.

5. El 13 de noviembre de 2019 las partes alegaron de conclusión. La parte demandante abogó por la prosperidad de sus pretensiones, dado que quedó acreditada la unión marital de hecho y la Ley 54 de 1990 es clara al decir que, ante su existencia por más de dos años, se presume la sociedad patrimonial.Página 6 de 21

Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318) A su turno, el vocero judicial del demandado iteró su oposición a lo deprecado por la demandante, la misma que sustenta en el hecho de que no hay suficiente prueba del inicio y finalización de la presunta unión marital de hecho que existió entre las partes, como tampoco que ese patrimonio que fue informado, sea producto del trabajo, socorro y ayuda mutuas ; a lo que se suma el hecho de que tachó de inválida la escritura pública en la que presuntamente se hizo la declaración de unión marital, ya que le faltó el requisito del consentimiento de Carlos Mario, por

ayuda mutuas ; a lo que se suma el hecho de que tachó de inválida la escritura pública en la que presuntamente se hizo la declaración de unión marital, ya que le faltó el requisito del consentimiento de Carlos Mario, por lo que considera apresurado tomar de entrada como fecha de inicio la que allí se señala e insiste en la necesidad de decretar el testimonio de Lucelly Muriel, arrendadora del inmueble ubicad o en el barrio Manrique y que se garantice el derecho de igualdad, con discriminación positiva a favor de Carlos Mario.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

Dictada en la audiencia celebrada el 13 de noviembre de 2019 , en su parte resolutiva declaró no probadas las excepciones de inexistencia de la convivencia por el término decidido en la ley para que se presuma la sociedad patrimonial, nulidad absoluta de las declaraciones contenidas en la escritura pública N° 1065 del 13 de mayo del 2016 e inexistencia de la unión marital de hecho y consecuente sociedad patrimonial. También declaró que entre los compañeros permanentes se conformó sociedad patrimonial entre el 6 de octubre de 2012 hasta el 15 de diciembre del 2017 y advirtió que, disuelta la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes, su liquidación se someterá a las reglas vigentes, condenando en costas a la parte demandada y fijando como agencias en derecho la suma de un salario mínimo mensual legal vigente.Página 7 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318)

derecho la suma de un salario mínimo mensual legal vigente.Página 7 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318) Como fundamento de esa decisión, consideró el a quo, que la prueba testimonial fue arrimada al proceso legal y oportunamente y aunque trató de mostrarse parcializada, dicha situación no afectó en modo alguno lo probado en el proceso, esto es, con la escritura pública N° 1 065 del 13 de mayo de 2016 mediante la cual las partes en litigio declararon la unión marital de hecho, desde el 6 de octubre de 2012, tal como se indica en el numeral primero del artículo cuarto de la Ley 54 del 90, modificado por el artículo segundo de la Ley 979 de 2005.

Anunció que el inmueble con matrícula inmobiliaria 01N5269846 fue adquirido dentro de dicha convivencia, y que quedó probado que durante la unión marital de hecho entre los señores Blanca Mónica Areiza Montoya y Carlos Mario Machado Pareja, se conformó una sociedad patrimonial.

Explicó que , por ello, las excepciones no tiene n vocación de prosperidad, máxime cuando al sustentar o argumentar su posición incurre en varios aspectos vagos que no precisa, uno de ellos es que posiblemente hubiera podido probar un hecho que desvirtuara esa convivencia, si hubiera sido aceptada por el despacho una testigo que no se presentó, cuando como lo reconoce a cada una de las partes le corresponde probar los supuestos de hecho en que se basa para solicitar la

convivencia, si hubiera sido aceptada por el despacho una testigo que no se presentó, cuando como lo reconoce a cada una de las partes le corresponde probar los supuestos de hecho en que se basa para solicitar la aplicación de la norma ; además, la pretensión principal del proceso es la declaración de la sociedad patrimonial lo que no incluye la discusión sobre la existencia de la unión marital, pues ya está plenamente acreditad a con la escritura pública.

Para d escartar la nulidad del acto escriturario trajo a colación lo dispuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia N° 17154 del 2015 y concluyó que el apoderadoPágina 8 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318) opositor confunde los supuestos vicios de fondo y de forma que pudiese sustentar el citado instrumento.

LA IMPUGNACIÓN

Fue interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandada, manifestando que en este caso existen vacíos probatorios protuberantes que pudieron permear indefectiblemente la decisión, vacíos que el mismo despacho denotó al momento de fijar el litigio, pero que no coinciden finalmente en su forma de definir la instancia.

Alegó que se debió ahondar en el esclarecimiento de la unión marital y que se pudo haber aceptado la prueba insistida de la declarante Lucelly Muriel , pues es claro que la situación de l demandado frente a la acopiación o presentación de las pruebas es una situación más

unión marital y que se pudo haber aceptado la prueba insistida de la declarante Lucelly Muriel , pues es claro que la situación de l demandado frente a la acopiación o presentación de las pruebas es una situación más difícil por su estado de invalidez y que es un sujeto de especial protección y de unas consideraciones especiales frente a la ley, inclusive en el principio de igualdad con derecho a una discriminación positiva , razón por la cual, insiste en su decreto en la segunda instancia y en la ampliación del testimonio de la se ñora Lina Machado porque tendrá algunos puntos o detalles que ampliar , una vez que se tenga la declaración de la señora Lucelly Muriel.

Ahora bien, dentro de la oportunidad procesal concedida en el auto del 16 de junio de 2020 para sustentar la alzada, el extremo pasivo señaló que ha existido una equívoca interpretación de la demanda, de los autos de procedimiento, y que se dispuso darle tr ámite al proceso sin prestar la debida atención al hecho de que la partePágina 9 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318) demandada está en cabeza de una persona en condición de discapacidad por su situación de ser invidente total.

Estimó que no se interesó el despacho en considerar hechos y manifestaciones que se rebelaron por el demandado de que había sido un Servidor del Ejército y que los dineros con los que adquirió el bien que persigue en liquidación la demandante, habían sido producto de su pensión de invalidez o de auxilios o beneficios que por esa situación le otorgó el Estado.

bien que persigue en liquidación la demandante, habían sido producto de su pensión de invalidez o de auxilios o beneficios que por esa situación le otorgó el Estado.

Aseguró que se quiso hacer notar la manifiesta desigualdad probatoria en la que se hallaba, ya que una de las testigos , conocedora de la poca o inexistente convivencia que se dio entre las partes, la señora Lucelly Muriel no había querido o podido asistir a dar su declaración el día en que fue citada porque existían influencias negativas de la parte contraria, y al querer insistir ante la judicatura en su testimonio , se le requirió para que presentara la prueba del hecho, lo que es abiertamente injusto porque es deber del juez interpretar la demanda la respuesta y los hechos y propugnar por la igualdad de las partes y el debido proceso.

Cuestionó que ninguna prueba de oficio practicó el despacho a quo, ni siquiera para buscar establecer la veracidad de la excepción de nulidad o inexistencia que se propuso frente a la escritura, es decir, el juzgado pasó por alto su obligación de buscar la verdad real, de practicar prueba de oficio , de verificar la condición del demandado y ponerse en su lugar dentro de la discriminación positiva a que le obliga la constitución.Página 10 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318)

Al correr traslado del escrito de sustentación, el extremo activo pidió que se confirme la sentencia de primer grado , ya que no tiene

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Al correr traslado del escrito de sustentación, el extremo activo pidió que se confirme la sentencia de primer grado , ya que no tiene razón el apelante en sus reparos, siendo falso que se haya impedido la comparecencia de la testigo citada , o por lo menos prueba de ello no se llevó al proceso; además, con el mismo se pretendía acreditar que no se llenaba el requisito de convivencia y el despacho lo negó, con sobrada razón, aduciendo que con la demanda no se pretendía la de claración de la existencia de la unión marital, sino su liquidación patrimonial, en vista de que las partes, con antelación, voluntariamente la habían declarado existente mediante escritura pública.

Tampoco, afirmó, tiene razón cuando discute l a poca consideración del fallador para con el demandado por su discapacidad visual, por cuanto, en primer lugar, en el mismo cuerpo de la escritura se deja constancia de que las partes leyeron y aceptaron conocer y querer el contenido del instrumento que firmaban y, de otra parte, no se allegó prueba al proceso de que la accionante hubiese obligado arbitrariamente a firmar al demandado, sin olvidar que, si el instrumento en mención estaba viciado de nulidad, no era este proceso el apropiado legalmente para ventilar tal cuestión.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Según lo contemplado en el artículo 3 28 del Código General del Proceso, cuando el Tribunal conoce de una sentencia en virtud del recurso de apelación, sólo está facultado para pronunciarse frente a la inconformidad que presente la parte recurrente. Bajo ese contexto,

Según lo contemplado en el artículo 3 28 del Código General del Proceso, cuando el Tribunal conoce de una sentencia en virtud del recurso de apelación, sólo está facultado para pronunciarse frente a la inconformidad que presente la parte recurrente. Bajo ese contexto, corresponde a esta Corporación determinar:Página 11 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318)

1. Si el juez a quo olvidó su debe r de practicar pruebas de oficio, máxime cuando el demandado es una persona de especial protección constitucional,

1. Si resulta procedente la práctica de la prueba testimonial que se echa de menos en la segunda instancia y,

iii)Si la demandante ofre ció prueba suficiente para declarar la existencia y disolución de la sociedad patrimonial deprecada.

Con el fin de resolver el asunto que ahora llama la atención de la Sala, ha de rememorarse que la Ley 54 de 1990 por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes, no sólo establece cuándo se debe declarar judicialmente la existencia de la sociedad patrimonial, también contempla los eventos en los cuales aquella se disuelve y da lugar a su liquidación.

Y es que de conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, se presume la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, cuando existe unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años y no te ngan impedimento legal para contraer matrimonio o cuando teniéndolo, la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido

cuando existe unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años y no te ngan impedimento legal para contraer matrimonio o cuando teniéndolo, la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho quedando definido su patrimonio.

Del mismo modo, en su artículo 5º enumera cuatro hechos que dan lugar a su disolución, esto es, por mutuo consentimiento de losPágina 12 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318) compañeros permanentes elevado a escritura pública ante notario, mediante acta suscrita ante un centro de conciliación legalmente reconocido, por sentencia judicial y por la muerte de uno o ambos compañeros.

De manera que al acreditarse la unión marital de hecho y los presupuestos que prevé el artículo 2, no existiendo acuerdo entre los compañeros permanentes plasmado en escritura pública o en acta de conciliación, es claro que la disolución de la sociedad patrimonial que surgió entre ellos, requiere de pronunciamiento judicial.

En este caso, dada la orientación de los cargos, no controvierte el recurrente que convivió con la demandante, lo que discu te en apelación es el tiempo de convivencia, el mismo que no es suficiente para predicar la existencia de la sociedad patrimonial, hecho que, a su juicio, se pudo establecer a través del decreto y práctica de la prueba oficiosa.

Sin embargo, olvida el r ecurrente que, pese a que la jurisprudencia ha señalado que la práctica de pruebas de oficio “en materia

juicio, se pudo establecer a través del decreto y práctica de la prueba oficiosa.

Sin embargo, olvida el r ecurrente que, pese a que la jurisprudencia ha señalado que la práctica de pruebas de oficio “en materia civil, no es una atribución o facultad potestativa del Juez: es un verdadero deber legal” también ha precisado que “el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia (…)”2. Luego, el juez decretará pruebas en los términos de los artículos 169 y 170 de la Ley 1564 de 2012 , siempre que lo considere conveniente para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos.

2 Sentencia T-264 de 2009Página 13 de 21 Verbal Blanca Mónica Areiza Montoya/Carlos Mario Machado Pareja Radicado N° 05001-31-10-010-2018-00582-01 (2019-318) Y es que la misma codificación procesal civil le impone la obligación de analizar todas las pruebas legal y oportunamente allegadas y lo faculta a darle mayor valor a cualquiera de ellas; de ahí que, no puede ser criticado por estimar que las arrimadas en este juicio eran suficientes para clausurar la instancia.

Como tampoco se le puede exigir la inaplicación de las normas procesales que a la luz del artículo 13 del C.G.P., “son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning ún caso podrán ser derogadas,

Como tampoco se le puede exigir la inaplicación de las normas procesales que a la luz del artículo 13 del C.G.P., “son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning ún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley” , bajo el pretexto de amparar los derechos de una persona en condición de discapacidad que cuenta con defensa técnica y la aplicación de la denominada discriminación positiva, puesto que ello afectaría el debido proceso e implicaría desconocer los deberes que tienen las partes, así como de asumir las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, fruto de su propia incuria.

Por sabido se tiene que a las partes les corresponde acreditar los supuestos que sustentan sus pretensiones u oposiciones y que los únicos casos en los que se releva de este imperativo del propio interés, es cuando los hechos que constituyen el tema d e prueba son notorios o presumidos o cuando se trata de afirmaciones o negaciones indefinidas; así mismo, prevé el artículo 78 numeral 11 de la Ley 1564 de 2012 que les corresponde “Citar a los testigos cuya declaración haya sido decretada a instancia suya, por cualquier medio eficaz, y allegar al expediente la prueba de la citación” , lo que guarda total coincidencia con el mandato del artíc