TSDJ MED SL - 05001310500320170022502-(22-03-2024)

TEMA: FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. / FECHA DE DECLARATORIA DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL - Es la data en la que se emite una calificación sobre el porcentaje d e la pérdida de capacidad laboral u ocupacional. /

HECHOS: Pretende la demandante que se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de invalidez desde el 19 de marzo de 2016, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso. Posteriormente el apoderado de la demandante puso en conocimiento del juez la Resolución SUB273750 del 19 de octubre de 2018, a través de la cual la entidad reconoció la pensión aquí deprecada. Bajo este contexto solicitó continuar el trámite del proceso respecto del retroactivo pensional causado entre el 19 de marzo de 2016 y el 3 de julio de 20 18 y los intereses moratorios.

Controvirtió Colpensiones el derecho pretendido e indicó que el dictamen allegado carecía de validez en la medida que no fue realizado por una entidad competente conforme lo preceptuado en el art. 41 de la Ley 100 de 1993. En noviembre de 2019 la demandante falleció. El Juez A quo condenó a Colpensiones a reconocer y pagar en favor de la masa sucesoral de la accionante, la suma de $6.978.727 por concepto de retroactivo de la pensión de invalidez correspondiente a las mesadas

a Colpensiones a reconocer y pagar en favor de la masa sucesoral de la accionante, la suma de $6.978.727 por concepto de retroactivo de la pensión de invalidez correspondiente a las mesadas causadas desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 3 de julio de 2018, suma que debía ser indexada al momento del pago; y absolvió a Colpensiones del pago de los intereses deprecados. Dentro del término concedido por la ley, ambas partes interpusieron y sustentaron recurso de apelación. Le compete a la Sala determinar si es procedente acoger el dictamen realizado por la IPS Universitaria, examinando los errores que se le endilgan, para efectos de establecer si con base en dicha experticia, que determinó una fecha de estructura ción disímil a la de Colpensiones, es dable reconocer el retroactivo de la pensión de invalidez en los términos concedidos por el despacho.

TESIS: Para determinar la fecha a partir de la cual se debe reconocer la pensión de invalidez se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, donde se estipuló que ésta comenzaría a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produjo el estado de invalidez, panorama bajo el cual es la fecha de estructuración la determinante para establecer la efectividad del derecho. (…) Ahora, no desconoce esta Magistratura lo que reguló el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, según el cual mientras una persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez. Norma que posteriormente fue derogada por el Decreto 1507 de 2014, la cual no estipuló tal restricción. No obstante, es importante precisar que a

percibir las prestaciones derivadas de la invalidez. Norma que posteriormente fue derogada por el Decreto 1507 de 2014, la cual no estipuló tal restricción. No obstante, es importante precisar que a la luz de principio de integralidad del sistema de seguridad social, si bien la aludida fe cha de la estructuración es la que determina la causación del derecho a la pensión, no es posible reconocer mesadas pensionales mientras un afiliado recibió subsidio por incapacidad temporal, ya sea por la EPS o por el fondo de pensiones, pues con aquellos dineros recibidos se presume que logró cubrir las necesidades básicas para su subsistencia, de manera que carecería de sustento fáctico reconocerle las mesadas pensionales que reclama por el mismo lapso y con fundamento en el mismo hecho, en tanto ambas llevan implícitas igual finalidad económica. En sintonía con lo expuesto por la Sala de Casación Laboral, esta Magistratura ha concluido que lo procedente es deducir del retroactivo llamado a concederse el valor recibido por concepto de s ubsidio por incapacidad después de la fecha de estructuración de la invalidez. (…) (…) En el escenario judicial, a diferencia del administrativo, se permite realizar cualquier debate en torno a la viabilidad de acoger o no lo que frente a un asunto especializado preceptúe quien para el caso funge como perito a voces de lo normado en el art. 227 del Código General del Proceso, disposición que permite a la parte que pretenda valerse de un dictamen, aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Es porello que Colpensiones o las juntas de calificación, no son los únicos facultados para emitir

dictámenes válidos al interior de un proceso judicial. (…) En el presente caso, se edificó la discusión en el esclarecimiento de la fecha de estructuración , pues Colpensiones consideró que era el 4 de julio de 2018, porque ese día realizó la experticia, aspecto absolutamente reprochable desde cualquier punto de vista, no sólo médico, sino además legal, al contrariar lo que determinó el art. 3 del Decreto 1507 de 2014, cuyo tenor es: Fecha de estructuración: Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad labor al u ocupacional. (…) Cosa diferente es la fecha de declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral, que a voces del mismo estatuto es la data en la que se emite una calificación sobre el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral u ocupacional. (…) Teniendo en cuenta los dictámenes practicados, si bien el juez de primera instancia, con base en lo dispuesto por el art. 61 del CPT y la SS, en esa libre apreciación de la p rueba, se inclinó por los hallazgos del dictamen de la IPS Universitaria, nada se opone a que la Sala no comparta su criterio restándole peso probatorio a la experticia, al no resultar atendible la explicación del perito en torno a la inclusión de la depre sión como una deficiencia, sumado a la ausencia de concepto de especialista

peso probatorio a la experticia, al no resultar atendible la explicación del perito en torno a la inclusión de la depre sión como una deficiencia, sumado a la ausencia de concepto de especialista del área que documente la enfermedad. (…) En consecuencia, habrá de revocarse la decisión objeto del recurso de alzada, y en su lugar se absolverá a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra. Las pretensiones accesorias, correrán la misma suerte de la principal.

M.P. ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

FECHA: 22/03/2024

PROVIDENCIA: SENTENCIASALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

22-160

Proceso: ORDINARIO LABORAL apelación sentencia

Demandante: MARGARITA MARIA ARBOLEDA DE SARRIAS

Demandado: COLPENSIONES

Radicado No.: 05001-31-05-003-2017-00225-02

Tema: Retroactivo pensión de invalidez

Decisión: REVOCA CONDENA

Link: 05001310500320170022502 expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, LUZ AMPARO G ÓMEZ ARISTIZABAL y como ponente ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA , procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes en el proceso de la referencia.

En atención al contenido de los memoriales allegados, se reconoce personería a la JOHANNA

ponente ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA , procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes en el proceso de la referencia.

En atención al contenido de los memoriales allegados, se reconoce personería a la JOHANNA ANDREA LONDOÑO HERNANDEZ quien se identifica con cé dula de ciudadanía No. 1.047.994.157 y portadora de la Tarjeta Profesional No. 201.985 del C. S. de la J., para representar los intereses de Colpensiones conforme sustitución de poder que hiciere el representante legal de la firma UNIÓN TEMPORAL LITUS UT 2023 apoderada general de dicha entidad.

El Magistrado de conocimiento, doctor ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA , en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante ACTA 10 de discusión, que se adop ta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende la demandante que se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la PENSIÓN DE INVALIDEZ desde el 19 de marzo de 2016 , junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre,Radicado nacional: 05001-31-05-003-2017-00225-02

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los intereses moratorios regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 , la indexación y las costas del proceso.

Posteriormente el apoderado de la demandante puso en conocimiento del juez la Resolución

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los intereses moratorios regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 , la indexación y las costas del proceso.

Posteriormente el apoderado de la demandante puso en conocimiento del juez la Resolución SUB273750 del 19 de octubr e de 2018, a través de la cual la entidad reconoció la pensión aquí deprecada (fl. 14 archivo 09 de la carpeta 01). Bajo este contexto s olicitó continuar el trámite del proceso respecto del RETROACTIVO PENSIONAL causado entre el 19 de marzo de 2016 y el 3 de julio de 2018) y los intereses moratorios.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS SIGUIENTES

HECHOS:

 Que se afilió al régimen de prima media donde cotiz ó más de 50 semanas en los tres años anteriores al 19 de marzo de 2016.  Que según dictamen médico laboral expedido el 11 de julio de 2016 por la IPS Universitaria, presenta una pérdida de capacidad laboral d el 54.60% con fecha de estructuración del 19 de marzo de 2016  Que el 10 de febr ero de 2017 solicitó a C olpensiones el reconocimi ento de la pensión de invalidez, sin que a la fecha haya emitido respuesta.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió Colpensiones el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que únicamente era cierto el relativo a la calidad de afiliada de la dem andante. Adujo que el dictamen allegado carecía de validez en la medida que no fue realizado por una entidad competente conforme lo preceptuado

cierto el relativo a la calidad de afiliada de la dem andante. Adujo que el dictamen allegado carecía de validez en la medida que no fue realizado por una entidad competente conforme lo preceptuado en el art. 41 de la Ley 100 de 1993. Igualmente destacó que el documento a través del cual supuestamente se agotó la reclamación administrativa, no contenía el sello de recibido por parte de la entidad, razón por la cual no le constaba tal hecho.

Valga aclarar en este punto que, en el trámite del proceso, en cumplimiento de la orden del despacho, Colpensiones calif icó a la demandante, determinando un PCL del 58.84% de origen común y como fecha de estructuración el 4 de julio de 2018 fecha de la valoración por parte del área de medicina laboral.

En noviembre de 2019 la demandante falleció (archivo 12).Radicado nacional: 05001-31-05-003-2017-00225-02

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1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 17 de junio de 2022 , el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín CONDENÓ a Colpensiones a reconocer y pagar en favor de la masa sucesoral de la accionante, la suma de $6.978.727 por concepto de re troactivo de la pensión de invalidez correspondiente a las mesadas causadas desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 3 de julio de 2018, suma que debía ser indexada al momento del pago.

ABSOLVIÓ a Colpensiones del pago de los intereses deprecados. Condenó en costas a la entidad,

2018, suma que debía ser indexada al momento del pago.

ABSOLVIÓ a Colpensiones del pago de los intereses deprecados. Condenó en costas a la entidad, fijando como agencias en derecho la suma de $1.000.000.

Dentro del término concedido por la ley , ambas partes interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ AL DECIDIR

Tras realizar ciertas precisiones e n torno a la definición de fecha de estructuración, y rememorar algunos hallazgos de la historia clínica, decidió acoger el dictamen anexado con la demanda, proferido por la IPS Universitaria, y que fuese sustentado en audiencia por el Dr. José William Vargas Arenas que determinó que la PCL se presentaba desde 19 de marzo de 2016, pues para esa data la accionante tenía consolidada la patología de artritis rematoidea y depresión severa ocasionada por una aneurisma, punto en el que destacó la omisión de Colpe nsiones de no haber cumplido con la obligación estatuida en el Código General del Proceso pues no compareció a la diligencia

Como la demandante laboró hasta el mes de octubre de 2017, concedió el retroactivo deprecado a partir del día siguiente, pues con sideró que, aun tratándose de una pensión de invalidez, era necesario acreditar el retiro, pues la mesada no sólo resultaba incompatible con el subsidio por incapacidad, sino además con el salario.

Estimó que no es procedente el reconocimiento de los inte reses moratorios al considerar que, al momento de elevar la reclamación de la pensión de invalide z, la actora todavía se encontraba

incapacidad, sino además con el salario.

Estimó que no es procedente el reconocimiento de los inte reses moratorios al considerar que, al momento de elevar la reclamación de la pensión de invalide z, la actora todavía se encontraba laborando, incluso recibió incapacidad médica, ello sumado a que la peticionaria había fallecido yRadicado nacional: 05001-31-05-003-2017-00225-02

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dichos intereses NO estab an dirigidos a la masa sucesoral, pasando de ser un derecho de carácter fundamental a patrimonial.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN

2.2.1. FORMULADO POR LA PARTE DEMANDANTE

Centró su inconformidad en la fecha a partir de la cual se debió conceder el retroactivo pensional, esto es, 19 de marzo de 2016.

Refiere que las cotizaciones al sistema general de pensiones, no inciden en la data de concesión de la prestación, de ahí que no tuviera soporte legal el fundamento esbozado por el a quo. Que bastaba con tener un estado de i nvalidez y las semanas cotizadas para causar el derecho, cuyo disfrut e, contrario a lo que sucedía en las pensiones de vejez, si estaba supeditado al cese de aportes.

Citó el art. 3 del Decreto 917 de 1999 relativo a la noción de fecha de estructuración, según el cual la prestación por invalidez NO se podía percibir mientras un individuo recibiera subsidio por incapacidad. Señaló que, frente a ese punto, en reiteradas ocasiones la Corte Suprema de J usticia

prestación por invalidez NO se podía percibir mientras un individuo recibiera subsidio por incapacidad. Señaló que, frente a ese punto, en reiteradas ocasiones la Corte Suprema de J usticia elaboró una doctrina probable según la cual aquel NO era un condicionamiento para acceder a la prestación por invalidez, que se debía pagar desde la fecha de estructuración sin tener en consideración el cese de cotizaciones, si acaso ordenaba compensar los períodos pagados a título de incapacidades, preci samente para no atentar contra el derecho, ni negarse un retroactivo solamente porque unos días atrás (concretamente 12), recibió un exiguo subsidio, como sucedía en este caso, de ahí que lo viable sería optar por tal solución.

2.2.2. RECURSO DE APELACIÓN COLPENSIONES

Su oposición se centró en fecha de estructuración, el pago del retroactivo y el valor de las costas procesales.

Para ello comenzó por atacar el dictamen elaborado y emitido por el doctor José William, aduciendo que incurrió en un error técnico que le restaba eficacia y solidez, pues NO tuvo en cuenta el historial de incapacidades remitido por la EPS SURA, que reflejaba un acumulado de 88 días entre el 17 de marzo de 2006 y el 27 de diciembre de 2016 . Que además, si se revisaba el historial clínico de la paciente, se percibía que estaba en curso su recuperación , no había un diagnóstico definitivo, ni unRadicado nacional: 05001-31-05-003-2017-00225-02

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concepto desfavorable de la EPS, siendo este uno de los requisitos indispensables para proceder a

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concepto desfavorable de la EPS, siendo este uno de los requisitos indispensables para proceder a calificar un afiliado, es decir, haber culminado el tratamiento de rehabilitación

Es ahí donde destaca que el perito NO tuvo en cuenta lo ordenado en el D ecreto 1507 de 2014 , atinente a los documentos idóneos para elaborar la calificación, error técnico que implica NO acoger la fecha de estructuración fijada para el 19 de marzo de 2016 , sino la estimada p or Colpensiones, pues tras un estudio severo de la historia clínica, de los roles ocupacionales, interconsultas, exámenes médicos, estudios clínicos y pruebas objetivas, indicó que si bien la persona ven ía con un diagnóstico desde el 2007, su enfermedad se aseveró en el año 201 7, empero, para esa época la señora seguía cotizando.

De otro lado, asegura que tampoco sería procedente el retroactivo, toda vez que la última cotización al sistema general en pen siones, con retiro efectivo, se realizó el 30 de junio de 2018 , precisamente por ello administrativamente la entidad reconoció el retroactivo a partir del mes siguiente.

Finalmente, respecto de las costas, adujo que actuó bajo los parámetros legales y efectuó un dictamen bajo los lineamientos del Decreto 1507, y aunado a ello, el perito NO contaba con una especialización en reumatología , es decir, NO era un profesional idóneo para dictaminar la pérdida de capacidad laboral , estudio del que sí gozaban los m édicos de Colpensiones, entre los que se encontraba un especialista en neurología , precisamente porque era un equipo interdisciplinario,

de capacidad laboral , estudio del que sí gozaban los m édicos de Colpensiones, entre los que se encontraba un especialista en neurología , precisamente porque era un equipo interdisciplinario, diferente a lo que acontecía con un único médico externo.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Únicamente se pronunció Colpensiones solicitando se revocara el fallo. Expresamente indicó que:

“(…) si bien es cierto la señora MARGARITA MARIA ARBOLEDA DE SARRIAS fue beneficiaria de la pensión de Invalidez, no obstante el medico José William Vargas Arenas: Médico Cirujano con especialid ad, en salud ocupacional y de medicina laboral, que al momento de realizar la calificación laboral para la IPS de la Universidad de Antioquia, efectuó la calificación sin que hubiere existido un concepto desfavorable de rehabilitación, lo cual es necesario para dar inicio a la calificación de la perdida de calificación laboral, dado que la EPS es la de da ese concepto, una vez se haya realizado todos los procedimientos pertinentes para su recuperación los cuales pueden dar resultados positivos o negativos Decreto 1507 de 2014.

El medico José William Vargas Arenas, para la calificación tuvo en cuenta los soportes de Historia Clínica y valoración física, aquí hay que tener en cuenta que Colpensiones realizo lo mismo revisaron la Historia Clínica , no obstante el médico calificante José William Vargas Arenas no cuenta con equipo interdisciplinario para hacer dicha valoración y tampoco cuenta la especialidad correspondiente para la patología que padece la señora MARGARITA MARIA ARBOLEDA DE SARRIAS, por cuanto pa ra dar un concepto se

Vargas Arenas no cuenta con equipo interdisciplinario para hacer dicha valoración y tampoco cuenta la especialidad correspondiente para la patología que padece la señora MARGARITA MARIA ARBOLEDA DE SARRIAS, por cuanto pa ra dar un concepto se requiere que el medico sea especialista en Reumatología, como también en neurología, especialidades que son necesarias para emitir un concepto de fondo, lo cual se haceRadicado nacional: 05001-31-05-003-2017-00225-02

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necesario que este calificación sea realizada por un equipo inter disciplinario, con experticia en el caso de estudio, por cuento como es bien sabido un médico solo puede ser cabeza de una especialidad dado el estudio que aquella requiere (…)

Por las razones antes expuestas no es posible considerar que el dictamen emiti do por la IPS de la Universidad de Antioquia es el apropiado o el que debe de tomar el Juez para tomar su decisión, por cuento esta Institución a sus pacientes en su gran mayoría califica a las personas con un PCL superior al 50%, así mismo la fecha de estructuración en su gran mayoría son convenientes para el recurrente, sin contar con médicos especialistas en la materia para el caso en concreto, Reumatología y Neurocirugía, como tampoco el apoyo o conceptos de médicos expertos en el área de estudio para calificar a un paciente.

AHORA BIEN, REFERENTE A LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN

Se entiende como la fecha en que la persona pierde un grado o un porcentaje de Pérdida de Capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen como consecuencia de una enfermedad o accidente y que se determina con base en la evolución de las secuelas que

Se entiende como la fecha en que la persona pierde un grado o un porcentaje de Pérdida de Capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen como consecuencia de una enfermedad o accidente y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos, el medico José William Vargas Arenas al valorar al señor le otorgo fecha de estructuración 02 de abril de 2010, Colpensiones le otorgo el día 01 de noviembre de 2017 y Colpensiones como fecha de estructuración fue del 04 de julio de 2018, fecha esta última en la cual ya la persona había perdido toda capacidad para ejercer cualquier tipo de actividad y una prueba fundamental es la Historia Laboral, en donde se evi dencia que estuvo cotizando hasta el 30 de junio de 2018 Asi las cosas, la calificación otorgada por la Entidad que representó goza de plena validez y el Juez de Primera Instancia no considero dicha posición con más fuerza dado que fue una orden expresa da do por su Despacho, en este sentido el Juez opto por la forma más conveniente desconociendo los principios legales y médicos aplicables al caso en estudio por cuanto la valoración médica realizada por Colpensiones otorgo un porcentaje superior al 50%, a lo cual llego también a conclusión el Médico José William Vargas Arenas, estudios que se basaron la Historia Clínica del paciente.

INEXISTENCIA DE PAGAR RETROACTIVO

Solicito de manera respetuosa Honorable Magistrados se revoque el retroactivo desde el 01 de noviembre de 2017 hasta el 03 de julio de, toda vez que su última cotización fue hasta 30 de junio de 2018, fecha esta que tuvo retiro definitivo del Sistema General en Pensiones,

01 de noviembre de 2017 hasta el 03 de julio de, toda vez que su última cotización fue hasta 30 de junio de 2018, fecha esta que tuvo retiro definitivo del Sistema General en Pensiones,

DETRIMENTO A LA FINANZAS DEL ESTADO

Al revisar la Historia Laboral l a demandante señora MARGARITA MARIA ARBOLEDA DE SARRIAS se evidencia que aquella tiene cotizadas al Sistema General en Pensiones 699 semanas, donde se evidencia como ultima cotización el 30 de junio de 2018, como trabajador dependiente, así las cosas se co ncluye que al otorgar este tipo de beneficio o prestación sería un grave detrimento al sistema pensional del Régimen Prima Media, toda vez que la calificación otorgada por Colpensiones, se realizó con base en la Historia Clínica y valoración de un equipo i nterdisciplinario con expertos en la patología presentada por demandante q.e.p.d., no obstante la valoración realizada por la IPS fue realizada por un solo médico sin contar con la especialidad como tampoco sin contar con el concepto o apoyo de un médico e xperto en la Radiología , neurología, enfermedad de la aquí demandante, razón por la cual al equiparar las calificaciones es por ello que la Ley exige que las entidades encargadas de realizar estos dictámenes cuenten con personería jurídica, carácter inter disciplinario, y sujetas a revisoría fiscal, y como se manifestó anteriormente, esta IPS califica a las personas con un porcentaje superior al 50% en la mayoría de los casos. Aquí hay algo que llama la atención Honorable Magistrado, si los dictámenes fueron emitidos bajo el mismo decreto 1507 de 2014 los manuales exigen se

mayoría de los casos. Aquí hay algo que llama la atención Honorable Magistrado, si los dictámenes fueron emitidos bajo el mismo decreto 1507 de 2014 los manuales exigen se califiquen con el manual vigente al momento de la calificación, razón por la cual es incoherente que el médico de la IPS de la Universidad de Antioquia califique con una fecha de estructu ración diferente, sabiendo que los valores tomados fueron los mismos, la Historia Clínica fue la misma, la misma patología, para todos aquellos que participaron en la calificación, esto conlleva a la conclusión que se calificó bajo criterio personales y médicos dado como él lo manifestó en el interrogatorio no conto el apoyo de otros médicos expertos en la materia y para la patología que tiene la demandante, debe ser valorado y calificado por un Radiólogo, especialidad que si se presentó en los dictámenes r ealizados por Colpensiones.Radicado nacional: 05001-31-05-003-2017-00225-02

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Amén de lo anterior, no es plausible el pago de costas procesales, por cuanto la Entidad que representó actuó de buena fe, bajo los parámetros legales, en ningún momento desconoció la invalidez de la señora MARGARITA MARIA ARBO LEDA DE SARRIAS, tan es asi que la misma prestación fue reconocida una vez ella la solicito, y fue en base al dictamen de calificación de Invalidez realizado por Colpensiones el cual no fue objeto de recurso alguno.

3. PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determi nar si es procedente acoger el dictamen realizado por la IPS Universitaria, examinando los errores que se le endilgan, para efectos de establecer si con base en dicha

3. PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determi nar si es procedente acoger el dictamen realizado por la IPS Universitaria, examinando los errores que se le endilgan, para efectos de establecer si con base en dicha experticia, que determinó una fecha de estructuración disímil a la de Colpensiones, es da ble reconocer el retroactivo de la pensión de invalidez en los términos concedidos por el despacho.

Recuérdese en este punto que conforme lo dispuesto en el art. 69 del CPT y la SS, debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad t oda vez que el Estado es garante de Colpensiones, lo que consecuencialmente implica, para este caso, analizar la totalidad de la condena.

4. CONSIDERACIONES

Para determinar la fecha a partir de la cual se debe reconocer la pensión de invalidez se debe acud ir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, donde se estipuló que está comenzaría a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produjo el estado de invalidez, panorama bajo el cual es la fecha de estructuración la determinante p ara establ ecer la efectividad del derecho.

Ahora, no desconoce esta Magistratura lo que reguló el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, según el cual mientras una persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez. Norma que posteriormente fue derogada por el Decreto 1507 de 2014, la cual no estipuló tal restricción.

No obstante, es importante precisar que a la luz de principio de integralidad del sistema de seguridad

prestaciones derivadas de la invalidez. Norma que posteriormente fue derogada por el Decreto 1507 de 2014, la cual no estipuló tal restricción.

No obstante, es importante precisar que a la luz de principio de integralidad del sistema de seguridad social, si bien la aludida fecha de la estructuración es la que determina la causación del derecho a la pensión, no es posibl e reconocer mesadas pensionales mientras un afiliado recibió subsidio por incapacidad temporal, ya sea por la EPS o por el fondo de pensiones, pues con aquellos dineros recibidos se presume que logró cubrir las necesidades básicas para su subsistencia, de manera queRadicado nacional: 05001-31-05-003-2017-00225-02

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carecería de sustento fáctico reconocerle las mesadas pensionales que reclama por el mismo lapso y con fundamento en el mismo hecho, en tanto ambas llevan implícitas igual finalidad económica.

En sintonía con lo expuesto por la Sala de Casación Laboral, esta Magistratura a concluido que lo procedente es deducir del retroactivo llamado a concederse el valor recibido por concepto de subsidio por incapacidad después de la fecha de estructuración de la invalidez.

Sin embargo, inoportuno se torna auscultar los pensamientos de nuestro órgano de cierre en dicho aspecto, toda vez aquel asunto comporta un foco de distracción, por cuanto lo realmente i mportante es establecer si es dable acoger los hallazgos de la experticia allegada con la demanda.

Y es que por razones que desconoce la Sala, la demandante NO optó por el camino que demarca el

es establecer si es dable acoger los hallazgos de la experticia allegada con la demanda.

Y es que por razones que desconoce la Sala, la demandante NO optó por el camino que demarca el art. 411 de la Ley 100 de 1993 para efectos de calificar su p érdida de capacidad laboral por alguno de los estamentos que establece la ley. Dichos conceptos, en principio, so