TSDJ MED SL - 05001310501620170039401-(14-06-2024)

TEMA: CONVENCIÓN COLECTIVA - La Convención Colectiva es fuente jurídica, por lo que para sus interpretaciones deben aplicarse las reglas de la hermenéutica jurídica y los principios rectores del derecho laboral consagrados en nuestra Carta Política/

HECHOS: La señora (RIGM), pretende, se declare que es titular de una pensión de jubilación y se ordene el reajuste de su mesada de forma anual con un porcentaje del 15%, las adicionales de junio y diciembre, se indexen los dineros, y se condene al pago de costas y agencias en derecho. El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín decidió negar las pretensiones declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar el incremento. Deberá determinar la Sala, si la interpr etación admisible de la cláusula consignada en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976 -1977 suscrita entre Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia, es considerar que el incremento pensional e statuido en la Ley 4ª de 1976 no debe aplicarse a la pensión que disfruta la activa.

TESIS: Es claro que la Convención Colectiva es fuente jurídica, por lo que para sus interpretaciones deben aplicarse las reglas de la hermenéutica jurídica y los principi os rectores del derecho laboral consagrados en nuestra Carta Política, aspecto ampliamente decantado de tiempo atrás en sentencias como la SL 3343 de 2020 . (…) La Ley 4 de 1976 contempla el incremento pensional sin que haya norma laboral que impida que entre el empleador y el sindicato reproduzcan el contenido

sentencias como la SL 3343 de 2020 . (…) La Ley 4 de 1976 contempla el incremento pensional sin que haya norma laboral que impida que entre el empleador y el sindicato reproduzcan el contenido de la Ley en el Convenio, obteniendo así vigencia como norma convencional y en c aso de que sea derogada la Ley, sus beneficios se mantienen como parte de los contratos de trabajo de quienes se les aplica la convención en los términos del artículo 476 del C.S.T. SL 1945 de 2022, que cita a su vez la SL 5108 de 2020. (…) Y resalta que al ser un asunto propio de la autonomía y voluntad de los contratantes así debe acogerse dado que “las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atente contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesión a la Constitución o la ley”. (SL 3820 de 2020, que cita la sentencia del 18 de mayo de 2005, radicado 23776) (…) En relación con la vigencia de las reglas pensionales contenidas en las convenciones colectivas que venían en curso al momento de la expedición de la reforma constitucional, las providencias CSJ SL2543-2020 y CSJ SL2798-2020 han explicado que tales estipulaciones se mantienen hasta el 31 de julio de 2010, sin que ello comporte el desconocimi ento de derechos adquiridos, como el del reclamante, o expectativas legítimas, ni mucho menos la vulneración del derecho de negociación colectiva o de la aplicación de

comporte el desconocimi ento de derechos adquiridos, como el del reclamante, o expectativas legítimas, ni mucho menos la vulneración del derecho de negociación colectiva o de la aplicación de los convenios internacionales del trabajo. SL 1696 de 2022. (…) En el caso concreto, no se discute en el proceso que la demandante era afiliada a la organizaci ón sindical siendo beneficiaria de la Convención Colectiva y revisada la del período 1976-1977, que es de la que se busca derivar el incremento pretendido se advierte que se trata de una copia simple, es un cuerpo normativo de 13 páginas y en la últim a de ellas aparecen DOS SELLOS, uno de ellos ilegible en el que aparece plasmada la fecha 6 de abril de 1976 – 2pm, y en el segundo sello se lee “ UNIDAD ESPECIAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO- (ILEGIBLE)- ES FIEL COPIA (ILEGIBLE) ORIGINALDEPOSITADA ABRIL 06 de 1976” y luego aparece una firma, siendo entonces esta última nota, la prueba del depósito de la convención colectiva el 6 de abril de 1976. (…) Así, teniendo en cuen ta que la convención es del 23 de marzo de 1976, los 15 días eran entre el 24 de marzo y el 13 de abril siguiente, por lo que es claro que fue depositada dentro del té rmino legal, cumpliendo con las exigencias consagradas en el artíc ulo 469 del C.S.T, prod uce efectos jurídicos y de ella pueden derivarse derechos y obligaciones. (…) Ahora bien, a la actora le fue reconocida la pensión de jubilación con fundamento en la Convención colectiva 1976 -1977 desde el 25 de septiembre de

derivarse derechos y obligaciones. (…) Ahora bien, a la actora le fue reconocida la pensión de jubilación con fundamento en la Convención colectiva 1976 -1977 desde el 25 de septiembre de 1995 de acuerdo con la Resolución 11556 del 22 de noviembre de 1995; sin que en su caso puedaafirmarse en manera alguna que la hubiese afectado el Acto Legislativo 1 de 2005 , debiéndose resaltar que el precedente analizado se encuentra jus tamente referido a casos en los que los derechos pensionales se consolidaron con anterioridad al 31 de julio de 2010 : SL 1597 de 2022. SL 1149 de 2022. SL 1945 de 2022. SL 1731 de 2022. SL 1696 de 2022. (…) Siendo, así las cosas, y a partir del análisis efectuado a lo largo de esta providencia esta corporación no acoge los argumentos presentados por la pasiva dado que la Ley 4 de 1976 sí hace parte de la Convención 1976-1977, y si bien la Ley 1 00 de 1993 estandarizó los reajustes pensionales en su artículo 14, este conflicto de legalidad de cara a esta Convención Colectiva se resuelve a pa rtir del respeto a los derechos fundamentales, el principio de favorabilidad de rango constitucional, la nat uraleza voluntaria, contractual y auto -regulatoria de las conven ciones, así como el espíritu de las disposicio nes, la intención y expectativas de los contratantes; por lo que se impone REVOCAR la providencia que se revisa, para en su lugar, acceder a lo pretendido (…) Siendo claro que a través de la Resolución 11556 del 22 de noviembre de 1995, el ente de educación superior reconoció la pensión de jubilación con

revisa, para en su lugar, acceder a lo pretendido (…) Siendo claro que a través de la Resolución 11556 del 22 de noviembre de 1995, el ente de educación superior reconoció la pensión de jubilación con efectividad desde el 25 de septiembre de 1995. Mediante petición del 30 de abril de 2012 se solicitó el incremento, lo que fue resuelto desfavorablemente en todas las instancias administrativas y el último recurso a través del acto administrativo Nro. 35283 de 2012 notificado el 24 de septiembre de 2012; de ahí que la actora tenía hasta el 24 de septiembre de 2015 para presentar la demanda de acuerdo con los artículos 6 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Habiéndose radicado el 08 de mayo de 2017 se encuentran prescritos los reajustes causados con anterioridad al 08 de mayo de 2014. (…) De acuerdo a lo anteri or, se efectuará el cálculo del retroactivo causado entre el 08 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2024. (…) Y como el cálculo en concreto solo se realiza hasta el 30 de abril de 2024, se ordenará a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA que reconozca a partir del 1 de mayo de 2024 la diferencia mensual. (…) Así en los años siguientes, con el incremento anual decretados por el Gobierno nacional o el convencional cuando la m esada se sitúe por debajo de los cinco (5) SMLMV; conforme el análisis efectuado a lo largo de esta providencia (…) Finalmente, se CONDENARÁ a la INDEXACIÓN del retroactivo reconocido porque los reajustes reconocidos y no pagados en su oportunidad legal se encuentran afectadas por la

providencia (…) Finalmente, se CONDENARÁ a la INDEXACIÓN del retroactivo reconocido porque los reajustes reconocidos y no pagados en su oportunidad legal se encuentran afectadas por la devaluación de la moneda derivada de una economía inflacionaria como la nuestra (…) Tampoco puede verse como como una sanción, ya que lejo s de castigar al deudor, lo que garantiza es que este crédito no pierda su valor real. Así, se impone proferir una condena que ponga al demandante en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 según el cual «dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales». Y la forma en que aquello se garantiza en el marco de la protección especial de los derechos laborales y de la seguridad social es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda SL 359 -2021.

MP: ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

FECHA: 14/06/2024

PROVIDENCIA: SENTENCIARAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

Pág. 1 Calle 14 N° 48 - 32, Edificio Horacio Montoya Gil, Telefax. 401 77 61 – 401 73 13, Medellín, Colombia

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL Medellín, catorce (14) de junio dos mil veinticuatro (2024)

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL Medellín, catorce (14) de junio dos mil veinticuatro (2024)

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL

ASUNTO: CONSULTA SENTENCIA

DEMANDANTE: ROSA INÉS GIRALDO DE MESA DEMANDADOS: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA RADICADO: 050013105 016 2017 00394 01

ACTA No 42

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín conformada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA en el proceso promovido por ROSA INÉS GIRALDO DE MESA en contra de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA , procede a decidir en virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA frente a la decisión proferida por el Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín.

A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el acta 42 de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. LA DEMANDA1

Con este proceso se pretende se declare que es titular de una pensión de jubilación y se ordene el reajuste de su mesada de forma anual a partir del año 2000 con un porcentaje del 15%, las adicionales de junio y diciembre , se indexen los dineros, y se condene al pago de costas y agencias en derecho. Como sustento de sus pretensiones afirmó que estuvo vinculada a la UNIVERSIDAD DE

porcentaje del 15%, las adicionales de junio y diciembre , se indexen los dineros, y se condene al pago de costas y agencias en derecho. Como sustento de sus pretensiones afirmó que estuvo vinculada a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA en calidad de trabajadora oficial desde el 2 de junio de 197 5 al 24 de septiembre de 1995, cuando egresó para disfrutar de la pensión de jubilación otorgada mediante Resolución 11556 del 22 de noviembre de 1995 con venero en el artículo 14 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976 -1977 suscrita con el Sindicato de

1 CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 02RADICADO 050013105 016 2017 00394 01

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Trabajadores Oficiales de la Universidad de Antioquia, instrumento colectivo que dispuso en el artículo décimo quinto algunas prestaciones extralegales para pensionados y remite a la Ley 4 de 197 6. Esta última en su artículo 1 otorgó el reajuste anual de pensiones en un porcentaje mínimo del 15%, no obstante, la Universidad lo viene incumpliendo desde el año 2000.

2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA aceptó que la pensión otorgada se fundamenta en el artículo 14 de la Convención colectiva del 23 de marzo de 1976, que contempla lo estipulado en la Ley 4 de 1976 específicamente lo relacionado con el incremento anual

artículo 14 de la Convención colectiva del 23 de marzo de 1976, que contempla lo estipulado en la Ley 4 de 1976 específicamente lo relacionado con el incremento anual solicitado del 15%, sin embargo, frente a este punto la Universidad quería establecer que daría cumplimiento a dicha ley más no se comprometió indefinidamente a darle aplicación a esa disposición cuando perdiera vigencia, asimismo resaltó que esta fue sustituida por la Ley 71 de 1988 y luego por la Ley 100 de 1993. Así, argumenta que los incrementos de la prestación se han efectuado de conformidad con la Ley y admitir el incremento de la Ley 4 de 1976 desborda el sistema de pensiones, resulta contrario a los principios de unidad, solidaridad, eficiencia y sostenibilidad.

Propuso las siguientes excepciones de mérito: ADECUADA INTERPRETACIÓN DE LA CONVENCIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE INCREMENTOS DEL 15% A CARGO DE LA UNIVER SIDAD, BUENA FE DE LA UNIVERSIDAD y

PRESCRIPCIÓN.

3. LA SENTENCIA Con providencia del 21 de septiembre de 20223 el juez decidió negar la totalidad de las pretensiones elevadas declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar el incremento del 15%; condenó en costas a la parte demandante y fijo como agencias en derecho la suma de $1.000.000.

4. TRAMITE EN ESTA INSTANCIA Con auto del 27 de junio de 202 3 se avocó conocimiento del proceso en el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandante y se corri ó traslado a las partes4, todos intervinieron.

Con auto del 27 de junio de 202 3 se avocó conocimiento del proceso en el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandante y se corri ó traslado a las partes4, todos intervinieron.

2 CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 26 3 CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 34 4 CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – ARCHIVO 02RADICADO 050013105 016 2017 00394 01

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La apoderada de la DEMANDANTE5 señala que se trata de un asunto de puro derecho, que se centra en la verificación no sólo de las normas sino de su alcance e interpretación, que encuentran respaldo en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Advierte que el artículo 15 de la convención no ha sido derogado, modificado, anulado o sustituido y en dicha norma se dispuso adoptar como norma convencional la Ley 4 de 1976, siendo vigente y aplicable a la actora6.

Aduce que en el caso de los pensionados de la Universidad de Antioquia, la Corte Suprema de justicia en su Sala de Casación Laboral ha adoptado una postura sobre la cláusula 15 de la convención aquí debatida, acogiendo las pretensiones sobre el reajuste del 15% cuando se trata de pensiones inferiores a 5 salarios mínimos en SL 3431 de 2021, pues se ha entendido que la voluntad contractual de las partes acogió el

reajuste del 15% cuando se trata de pensiones inferiores a 5 salarios mínimos en SL 3431 de 2021, pues se ha entendido que la voluntad contractual de las partes acogió el reajuste pensional y para ello se refirió a SL 3820 de 2020 sobre la autonomía de la voluntad de las partes y esta convención. La cláusula no ha sido denunciada por las partes y por tanto sigue vigente, citando precedentes que pretenden se apliquen en este caso7. Finalmente, expone que no son aceptables los argumentos de sostenibilidad financiera, teniendo en cuenta que conforme a la ley no es dable invocar este principio para el menoscabo de derechos fundamentales, restricción de su alcance o de su protección efectiva. Solicita entonces se revo que la sentencia y se aco jan los pedimentos de la demanda.

La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA intervino solicitando se confirme la sentencia de primera instancia y para ello desarrolló cinco argumentos8: En el primero r eiteró la defensa plasmada en la contestación de la demanda sobre la no incorporación de la Ley 4 de 1976 en la Convención Colectiva y señaló que la Corte Suprema de Justicia ha permitido que se aplique pese a su derogatoria, cuando así fue la voluntad de las partes9. Mientras que, en el caso de esta convención, la Universidad se comprometió a dar cumplimiento a la Ley, más no a incorporar o a doptar el contenido; que además debe tenerse en cuenta que la Convención se celebró apenas dos meses después de la promulgación

5 CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – ARCHIVO 04 6 Cito Sentencias del 25 de octubre de 2011, Rad. 40551, SL 4555 de 2020, SL 2845 de 2021 y sobre

5 CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – ARCHIVO 04 6 Cito Sentencias del 25 de octubre de 2011, Rad. 40551, SL 4555 de 2020, SL 2845 de 2021 y sobre la aplicación de normas en los convenios colectivos. 7 Los de: LIBARDO DE J ESÚS QUIROZ FLÓREZ, MARÍA HERLINDA ARBOLEDA COSSIO, CARLOS ALBERTO MORALES FONNEGRA, JAIME ALBERTO GOEZ CADAVID, MARIA AURORA ARBOLEDA DE MARULANDA, OMAR DE JESÚS GRAJALES, ORFA DE JESÚS BEDOYA SALDARRIAGA. 8 CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – ARCHIVO 06 9 Cita SL 13242 de 2014, SL3343 de 2020 y SL4105 de 2020.RADICADO 050013105 016 2017 00394 01

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de la Ley 4 de 1976, que en su momento fue una novedad y en esa oportunidad se hizo remisión a esa ley de manera ilustrativa.

Después de enero de 1989 las pensiones comenzaron a reajustarse conforme a lo establecido en la Ley 71 de 1988 y posteriormente con la Ley 100 de 1993. La U DE A interpretó de la manera más favorable el texto de la convención pues la inflación superaba el 15% por lo que de haber ajustado las pensiones con base a la Ley 4 de 1976 habría sido desfavorable para los pensionados. Por tanto, la Universidad actuó conforme a derecho.

superaba el 15% por lo que de haber ajustado las pensiones con base a la Ley 4 de 1976 habría sido desfavorable para los pensionados. Por tanto, la Universidad actuó conforme a derecho.

El artículo 48 de la Constitución establece el principio de sostenibilidad financiera, lo que implica considerar un balance entre cargas, derechos y principios al interpretar la normativa. La interpretación no debe limitarse solo a la favorabilidad, sino también considerar la sostenibilidad financiera, el fin normativo de los reajuste s pensionales, el contexto socioeconómico y la seguridad jurídica. Es necesario garantizar el beneficio del pensionado a largo plazo, teniendo en cuenta el avance normativo.

Ahora bien, con providencia del 8 de abril de 202410 esta corporación reabrió el debate probatorio requiriendo a la UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA para que certificara en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio desde el 1º de enero de l 2001 y en relación con la demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año. La Pasiva aportó la información solicitada11. También se requirió a COLPENSIONES y a la demandante para indicarán si la actora ha sido pensionada por el AFP, habiéndose informado por la activa12 que la prestación se encuentra a cargo de la U DE A en su totalidad 13. De lo anterior, se corrió traslado, sin que las partes hubiesen efectuado intervención alguna14

Pues bien, la competencia de la Sala está dada en virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de la demandante, por lo que se examinará a la luz de la

que las partes hubiesen efectuado intervención alguna14

Pues bien, la competencia de la Sala está dada en virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de la demandante, por lo que se examinará a la luz de la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Laboral en casos semejantes al que hoy

10 SEGUNDA INSTANCIA – Archivo 07 11 SEGUNDA INSTANCIA – archivo 12 12 SEGUNDA INSTANCIA – archivo 15 13 SEGUNDA INSTANCIA – archivo 15 14 SEGUNDA INSTANCIA – archivo 17 y 19RADICADO 050013105 016 2017 00394 01

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ocupa la atención de la Sala, si la interpretación admisible de la cláusula consignada en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia, es considerar que el incremento pensional estatuido en la Ley 4ª de 1976 no debe aplicarse a la pensión que disfruta la a ctiva; o en otras pala bras, si tal acuerdo convencional incorporó el sistema de reajuste pensional de que trata la Ley

5. LA ACTIVA TIENE DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO CONSAGRADO EN LA LEY 4

DE 1976 Pues bien, según los antecedentes de esta providencia la señora ROSA INÉS GIRALDO DE MESA pretende el incremento del 15% de las mesadas pensionales desde el año 2000,

DE 1976 Pues bien, según los antecedentes de esta providencia la señora ROSA INÉS GIRALDO DE MESA pretende el incremento del 15% de las mesadas pensionales desde el año 2000, con fundamento en el artícul o 15 de la Convención Colectiva que hace remisión a la ley 4 de 1976.

La Universidad de Antioquia se opone a las pretensiones, argume ntando básicamente que no se puede aplicar una norma derogada, la Ley 4 de 1976 es inaplicable en el caso concreto por lo que el pago de la prestación debe sujetarse a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, tesis en la que insiste en sus alegatos en esta instancia.

En la sentencia que se revisa, la decisión absolutoria se sustenta básicamente en que no es aplicable lo consagrado en el artículo 1º de la Ley 4 de 1976, ya que, dicha normativa se creó en su momento para suplir un vacío en el ordenamiento que existía con respecto al incremento de las mesadas pensionales. Entonces, debido a la existencia de normativas posteriores que regulan esta materia y que tienen efecto inmediato en materia laboral , no es posible aplicar una norma dero gada, aunque se encuentre pactada en la convención colectiva.

La pretensión de la demanda se sustenta en la aplicación del artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, lo que impone partir de las siguientes disposiciones convencionales: Artículo décimo cuarto. Pensionados por jubilación.

A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad de Antioquia reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o

disposiciones convencionales: Artículo décimo cuarto. Pensionados por jubilación.

A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad de Antioquia reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o hubieren cumplido veinte (20) años de servici os a la Universidad, continuos o discontinuos, y que lleguen a una edad de cuarenta y cinco (45) años.

PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad pagará a todos los trabajadores jubilados actualmente y que lleguen a jubil arse, una pensión de jubilación del 100% de su salario.RADICADO 050013105 016 2017 00394 01

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Artículo décimo quinto. Prestaciones extralegales para pensionados.

A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad reconocerá y pagará a los trabajadores pensionados por invalid ez y jubilación el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navid ad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación.

PARÁGRAFO. La mensualidad de que trata el art ículo quinto de la Ley 4ª de 1976,

4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación.

PARÁGRAFO. La mensualidad de que trata el art ículo quinto de la Ley 4ª de 1976, corresponde a la prima de navidad que paga la Universidad. (Negrillas propias).

Y tal como se plantea por la activa en las alegaciones en esta instancia, el problema jurídico que en esta oportunidad se analiza ha sido objeto de estudio en múltiples oportunidades por la Sala de Casación laboral, partiendo de las siguientes premisas: En primer lugar, es claro que la Convención Colectiva es fuente jurídica, por lo que para su interpretación deben aplicarse las reglas de la hermenéutica jurídica y los principios rectores del derecho laboral consagrados en nuestra Carta Política 15, aspecto ampliamente decantado de tiempo atrás en sentencias como la SL 3343 de 202016 en la que se expuso: Es necesario precisar que las convenciones colectivas de trabajo son fuente formal del derecho y, por tanto, sus enunciados normativos deben interpretarse a la luz de los principios y métodos de la hermenéutica jurídica laboral, dentro de los cuales se encuentra la favorabilidad, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política. Por este motivo, la interpretación de las disposiciones convencionales de índole pensional debe realizarse de acuerdo con sus características y su finalidad, tal como lo adoctrinó la Sala en sentencia C SJ SL16811-2017, en la que dispuso que los textos normativos, dentro de ellos, los acuerdos convencionales, deben ser comprendidos como «un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes», lo que naturalmente excluye

normativos, dentro de ellos, los acuerdos convencionales, deben ser comprendidos como «un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes», lo que naturalmente excluye interpretaciones textualistas, focalizadas en frases, palabras o expresiones elaboradas al margen de los sujetos y los contextos. Es así como, al advertir la existencia de un eventual dilema interpretativo en la norma convencional, acoge el inveterado principio de favorabilidad ante la existencia de dos o más interpretaciones sólidas contrapuestas. Así, a partir de lo consagrado en disposiciones convenc ionales previamente transcritas la Alta Corporación ha

15 Sentencia SL 1945 de 2022, que cita las sentencias CSJ SL1149-2022, CSJ SL131-2022. Sentencias SL 1731 de 2022 que se remite a la SL 4934 de 2017; reiterada en sentencia SL 1696 de 2022 –Sala de descongestión segunda de la Sala de Casación Laboral-; SL 1149 de 2022. 16 Citada en sentencia SL 1696 de 2022 –Sala de descongestión segunda de la Sala de Casación Laboral. 16 SL 1731 de 2022RADICADO 050013105 016 2017 00394 01

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adoctrinado que deben interpretarse en atención a la teología propia de la negociación colectiva en la que se busca el mejoramiento de las condiciones de los

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adoctrinado que deben interpretarse en atención a la teología propia de la negociación colectiva en la que se busca el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, para concluir el acceso a las prerrogativas de la Ley 4 de 1976 para los pensionados de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y para quienes lleguen a pensionarse17. Destaca el órgano de cierre, que , contrario a lo planteado por la pasiva, la intención de los contratantes no era supeditar el disfrute de los beneficios de la norma a su vigencia, pues al incluir la Ley 4 de 1976 en la Convención se le dio una connotación de derecho extralegal con carácter autónomo frente a las normas legales; destacando que la remisión a la referida ley se hizo para incorporarla en el acuerdo colectivo 18; “además, no puede perderse de vista que “la certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal”, conforme a lo orientado en la sentencia CSJ SL1052202119.Así se explicó en la sentencia SL 1149 de 2022: Se dice lo anterior porque de la norma extralegal fluye razonable que las partes firmantes, haciendo uso de su poder de negociación, hubieren incorporado de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la con vención, con el propósito de darles una connotación de derecho extralegal nuevo y autónomo frente a las normas legales.

De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisión a la Ley 4ª de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garantía legal,

legales.

De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisión a la Ley 4ª de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garantía legal, pero para efectos de incorporarla a éste, tal como sucede con los demás derechos que allí se enlistan conforme la denominación dada por el legislador. En consonancia con lo anterior, se advierte que la Ley 4 de 1976 contempla e l incremento pensional sin que haya norma laboral que impida que entre el empleador y el sindicato reproduzcan el contenido de la Ley en el Convenio, obteniendo así vigencia como norma convencional y en caso de que sea derogada la Ley, sus beneficios se mantienen como parte de los contratos de trabajo de quie nes se les aplica la convención en los términos del artículo 476 del C.S.T20. Y resalta que al ser un asunto propio de la autonomía y voluntad de los contratantes así debe acogerse21, dado que “las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y

17 SL 1731 de 2022 , reiterado además en sentencia SL 1696 de 2022 –Sala de descongestión segunda de la Sala de Casación Laboral-; SL 1149 de 2022. 18 SL 1731 de 2022; 19 Sentencias SL 1149 de 2022 y SL 1696 de 2022 de la Sala de desc