TSDJ MZL SCF - 17001-31-03-003-1989-08177-02-(28-09-2017)

República de Colombia Tribunal Superior del Distrito Judicial Manizales Sala Civil-Familia

Magistrado Sustanciador: Dr. ÁLVARO JOSÉ TREJOS BUENO.

Manizales, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

I. OBJETO DE DECISIÓN Se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, en auto del treinta (30) de mayo del año en curso por medio del cual decretó el desistimiento tácito del proceso ejecutivo singular instaurado por JOSÉ IGNACIO LLANO URIBE contra el BANCO POPULAR y la sociedad SAMUEL RIOS CORREA Y CIA. LTDA., con demanda acumulada del BANCO POPULAR contra la

sociedad SAMUEL RÍOS CORREA Y CIA. LTDA.

II. PRECEDENTES

1. El 27 de febrero de 1989, el señor JOSÉ IGNACIO LLANO URIBE promovió demanda ejecutiva en contra del BANCO POPULAR Sucursal Manizales y la sociedad SAMUEL RÍOS CORREA Y CIA. LIMITADA, aportando como base de la ejecución, cinco pagarés (cuatro por valores de un millón de pesos cada uno y uno por quinientos mil pesos).

2. El 9 de marzo de la misma anualidad, el Juzgado libró el mandamiento de pago solicitado; proveído notificado al Banco Popular por conducto de mandatario judicial el 17 de marzo de 1989 y a la sociedad codemandada el 8 de junio de 1989.

3. Con fecha 4 de agosto de 1989 se acumuló demanda ejecutiva

“con acción mixta” instaurada por la misma entidad bancaria contra la sociedad SAMUEL RIOS CORREA Y CIA LTDA., para lo cual se libró la correspondiente orden de pago el 10 de los mismos mes y año.

4. El 18 de septiembre de 1990 se profirió sentencia que declaró no probadas las excepciones formuladas por el Banco Popular, ordenó seguirTRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES

SALA CIVIL-FAMILIA AUTO 17001-31-03-003-1989-08177-02 2 adelante las ejecuciones y condenó en costas a los demandados en los procesos acumulados.

5. En Sala Civil de este Tribunal, con ponencia del H. Magistrado Abraham Zuluaga Giraldo, en sede de instancia, se revocó la sentencia en cuanto ordenó seguir adelante la ejecución contra el Banco y, en su lugar, se declaró probada la excepción de nulidad del aval y en consecuencia revocó la sentencia recurrida; adicionó la sentencia en el sentido de ordenar que con el valor del remate de los bienes se pagaran las acreencias en favor de la entidad bancaria y José Ignacio Llano Uribe, con las prelaciones legales.

6. Mediante auto del 27 de junio de 1991 se corrió traslado a las partes de la liquidación de la obligación, así como el 20 de marzo de 1992 se llevó a cabo diligencia de remate de lotes de terreno embargados, secuestrados y avaluados en el proceso.

7. Con fecha 8 de abril de 2015 se profirió auto autorizando la

expedición de copias auténticas de la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución con la constancia de ejecutoria, liquidación del crédito, auto que le dio traslado y del que le impartió aprobación; la de costas, auto que le dio traslado y del que le impartió aprobación; proveído notificado por anotación en estado N° 048 del 10/04/2015 (F. 491, C.1). A partir de este momento, el proceso permaneció inactivo sin que se realizara ninguna clase de solicitud o actuación de cualquiera de las partes, hasta el día 30 de mayo de 2017, fecha en la cual el Despacho Judicial, de oficio, declaró el desistimiento tácito; decisión que se profirió con sustento normativo en el literal b), numeral 2 del art. 317 del CGP.

8. Frente al proveído anterior la parte demandante (Banco Popular), por intermedio de su vocera judicial, interpuso el recurso de reposición y subsidiario de apelación. Sustentó, en sinopsis, que la antigüedad del proceso lo ha hecho tan complejo, al punto que a pesar de las múltiples solicitudes, el Juzgado no ha encontrado como acceder a decretar el remate de unos lotes de terreno, a pesar de obtener la nomenclatura por parte de la Secretaría de Planeación del Municipio; en el terreno intentó localizarlos sin lograr encontrarlos porque se habían levantado construcciones que no corresponden con las direcciones reportadas por Planeación Municipal. Por tal razón, a su juicio, a pesar de que fuera procedente solicitar el relevo o nombramiento de un

nuevo secuestre, no se podrían identificar físicamente para su aprehensión. Solicitó se reconsidere la decisión de terminación por desistimiento tácito, “ya que se ha exigido un imposible jurídico” para localizar los supuestos inmuebles embargados, los cuales “no aparecen físicamente”. Sostuvo y reprochó que si bien es cierto, “la carga procesal corresponde a la parteTRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES SALA CIVIL-FAMILIA AUTO 17001-31-03-003-1989-08177-02 3 demandante”, también en el supuesto de la existencia de los bienes que aparentemente quedaron, “es deber de la Secretaría del Juzgado el requerimiento de los informes mensuales del secuestre, o su relevo”, para tener certeza de la existencia o no de los mismos, “cosa que a la fecha tampoco realizó el juzgado, a pesar de advertir sobre las situaciones que se presentaron”.

9. En proveído del 25 de agosto del año en curso se mantuvo la decisión, concedió la apelación en el efecto suspensivo y otorgó el término al recurrente para agregar nuevos argumentos a su impugnación.

IV. CONSIDERACIONES

1. El objeto del recurso de apelación, al igual que el de reposición, es revocar o reformar la providencia apelada. Luego, el objeto es que el superior revise la providencia, la cuestión decidida, y como consecuencia de ese estudio, revoque o reforme, si es del caso, solo que con arreglo a lo dispuesto en el art. 320 del CGP el superior únicamente examina la cuestión decidida, en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,

En tal virtud, estudiados el escrito de impugnación y la decisión que

320 del CGP el superior únicamente examina la cuestión decidida, en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,

En tal virtud, estudiados el escrito de impugnación y la decisión que por esta vía se confuta, en aquiescencia con lo reglado en el artículo 328 del Código General del Proceso, compete a este Magistrado Sustanciador estudiar única y exclusivamente los reparos concretos, advirtiendo que la inconformidad presentada por la censura, solo puede circunscribirse a la aplicación objetiva del sustento normativo utilizado para declarar el desistimiento tácito, acorde con la circunstancia fáctica del inexorable transcurso del tiempo mínimo para que opere la figura jurídica, en este caso en frente a la actuación “condicionada” que pone de presente la parte como obstáculo para actuar y mover el proceso. Sin hesitación alguna se entiende entonces que lo pretendido por la apelante se contrae a que se revoque la decisión emitida por el a quo y, en su lugar, se requiera al secuestre para que presente informes, “para conocer el estado de los bienes supuestamente incautados y así poder continuar, si es que a ello daba lugar, con el remate de los que quedaban”.

2. En busca del horizonte que permita poner fin a la polémica planteada por la parte demandante, es preciso indicar en primer lugar que, la figura jurídica se encuentra regulada en el artículo 317 de la codificación procesal vigente; norma que encierra varias hipótesis. Por un lado, dispone que e

decreta la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo si un proceso o actuación, en cualquiera de sus etapas, permanece inactivo en la secretaría del Despacho, “ porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el díaTRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES SALA CIVIL-FAMILIA AUTO 17001-31-03-003-1989-08177-02 4 siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación”. Empero, (…) b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años”. La norma citada es más que clara al indicar que si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto (para declarar el desistimiento tácito por inactivad) será de dos (2) años; lapso que se contará conforme al calendario. Por tanto el Despacho Judicial al decretar el desistimiento tácito, en auto del 30 de mayo de 2017 no incurrió en yerros, pues como se avizora en el dosier a folio 491, la última actuación procesal antes del auto recurrido, data del 8 de abril de 2015, es decir, trascurrieron más de dos (2) años a partir de la última actuación, tiempo más que suficiente para haber decretado la terminación del proceso al

tenor del artículo 317 de Código General del Proceso. Sobre esa segunda hipótesis, se memora lo dicho por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC-5402-2017, en el proceso radicado N° 11001-02-03-000-2017-00830-00: “ Tal precepto ha sido objeto de análisis doctrinal, en el cual se hace énfasis en la real intención del legislador en cuanto a la segunda situación planteada en la norma que se analiza, esto es, cuando el proceso se deja inactivo sea por el lapso de uno o dos años, pues en estos eventos, como se desprende del contenido de la misma, es la total inactividad la que se sanciona, dado que, como se expone en el literal c), “Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo.”, o sea, que provenga de la parte o del mismo juez, hecho que interrumpe dicho plazo.

3. Observado el cartulario, refulge diáfano para esta Magistratura que es dable determinar que la fecha a partir de la cual se dio inicio al término de los dos (02) años, data del 11 de abril de 2015 (siguiente a la notificación por anotación en estado del auto que ordenó copias auténticas; fl. 491, C. 1); de allí en

adelante hasta el día en que se profirió el proveído con el cual se declaró el desistimiento tácito (30 de mayo de 2017), se advierte total inacción del demandante. Mírese que el literal c) del art. 317 CGP, preceptúa que cualquier actuación de las partes u oficiosa, cuenta con la potencialidad de interrumpir el término necesario para la configuración del desistimiento. La parte no presentó ninguna solicitud durante el bienio.

4. La parte recurrente reprocha que su actuación estaba “condicionada” a que por el despacho se obtuvieran los informes del secuestre,TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES

SALA CIVIL-FAMILIA AUTO 17001-31-03-003-1989-08177-02 5 para conocer el estado de los bienes “supuestamente incautados” y así poder continuar con el remate de los que quedaban. Revisada la foliatura no se encuentra el prementado condicionamiento ni constancia secretarial alguna sobre tal aspecto. Tampoco de los cánones procesales resulta condicionante de la ejecución la actividad del depositario judicial para motivar o justificar un proceder de la parte actora. Por el contrario, un ejecutante debe realizar todas aquellas actuaciones que se impongan a efecto de lograr la materialización de las medidas compulsivas, al punto que la almoneda solo procede a petición de parte, según la regla establecida en el artículo 448 del CGP. La parte actora manifestó igualmente que si bien es cierto la carga procesal le correspondía, tampoco se le podía exigir un imposible jurídico, respecto

a la localización de unos bienes que “no se podían identificar físicamente para su aprehensión”; como si dicha actividad fuera la única alternativa para mover el proceso en procura de sus intereses. Al respecto es necesario precisar que si bien es cierto el Despacho Judicial también pudo activar el proceso, también lo es que en este caso, como lo acepta la parte demandante, soportaba la carga procesal en la localización de los bienes perseguidos, actividad que venía desplegando desde el año 2010 (fl. 465, C.1), hasta hace más de dos (2) años que presentó su última petición (copias auténticas que ni siquiera retiró) y desde entonces se desentendió sin llevar a cabo ninguna acción encaminada a efectivizar la cautela sobre esos restantes bienes.

5. Siendo el asunto puesto a consideración de esta Magistratura, acorde con lo concluido por el a quo, el proveído confutado entonces, debe ser convalidado. Es que, se reitera, lo resuelto tuvo soporte normativo aplicable al caso en consonancia con la circunstancia de hecho (inacción) que se evidenció en los precedentes del asunto y no existe ningún condicionamiento, como mal pretende hacerlo ver el impugnante.

Eso sí, por esta sede no habrá imposición en costas por cuanto no se generó su causación.

VI. DECISIÓN Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Manizales, Sala Civil Familia, RESUELVE: Primero: CONFIRMAR la decisión adoptada el 30 de mayo del

año en curso por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, dentro del cual se declaró el desistimiento tácito y dispuso la terminación del procesoTRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES SALA CIVIL-FAMILIA AUTO 17001-31-03-003-1989-08177-02 6 ejecutivo singular instaurado por JOSÉ IGNACIO LLANO URIBE contra el BANCO POPULAR y la sociedad SAMUEL RIOS CORREA Y CIA. LTDA., con demanda acumulada del BANCO POPULAR contra la sociedad SAMUEL

RÍOS CORREA Y CIA. LTDA.

Segundo: NO CONDENAR EN COSTAS en esta sede.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

ÁLVARO JOSÉ TREJOS BUENO Magistrado Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. Sala Civil-Familia. Auto 17001-31-03-003-1989-08177-02