TSDJ MZL SP - 2003-00415-01-(24-03-2015)

Página 1 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal

TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES

SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrada Ponente GLORIA LIGIA CASTAÑO DUQUE Aprobado Acta No. 113 de la fecha. H: 5:30 Manizales, veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015)

1. ASUNTO Resuelve la Corporación la apelación que frente al auto n° 737 del 04 de diciembre de 2014, proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, interpuso el señor JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ o WILMAR SALAZAR SALAZAR , en cuanto dicho proveído negó la rebaja de pena del 10% contemplada en la Ley 975 de 2005, al considerar que el condenado no cumplía con los requisitos para su procedencia.

2. ANTECEDENTES 2.1. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá condenó al señor WILMAR SALAZAR SALAZAR o JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ a la pena de cuarenta (40) años de prisión por los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego, por hechos ocurridos el veinticuatro (24) de marzo de dos mil (2000), decisión confirmadaPágina 2 de 14

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porte ilegal de armas de fuego, por hechos ocurridos el veinticuatro (24) de marzo de dos mil (2000), decisión confirmadaPágina 2 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal en segunda instancia el seis (06) de marzo de dos mil seis (2006) por el Tribunal Superior de Bogotá. Frente a esa sentencia la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de manera oficiosa rebajó la pena a veintisiete (27) años seis (06) meses veintiún (21) días de prisión. 2.2 Estando en sede de ejecución de penas, el condenado presentó solicitud por medio de la cual deprecó se le concediera la rebaja del 10% de la pena impuesta, prevista en el artículo 70 de la ley 975 de 2005, pues manifestó que es acreedor a dicha diminuente, indicando que derivado de la mora judicial en la resolución de su caso, la sentencia condenatoria no alcanzó a estar ejecutoriada, carga que no era posible endilgársele y por ende solicitó la aplicación del principio de favorabilidad para acceder a tal rebaja de pena.

3. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, resolvió negar la solicitud de

rebaja del 10% de la pena impuesta al señor JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ o WILMAR SALAZAR SALAZAR, contemplada en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, al considerar que el mismo no cumplía con los requisitos de procedencia para otorgar dicha diminuente lo cual ya había sido resuelto incluso en dos oportunidades por parte del JuzgadoPágina 3 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Segundo de Ejecución de Penas de Valledupar y Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Tunja. En esta oportunidad negó nuevamente la pretensión del sentenciado al verificarse que aquel para la época de la vigencia de la norma no se encontraba descontando pena en este proceso sino que se encontraba purgando pena de prisión por cuenta de otro proceso, lapso durante el cual tampoco presentó la referida petición.

3. LA IMPUGNACIÓN El recurrente manifestó que contrario a lo considerado por el Juez de primera instancia, sí solicitó para la época que estaba vigente el artículo la rebaja de pena ante el Tribunal Superior de Bogotá, mientras se desataba el recurso de apelación, pero que a partir de ese entonces se le ha negado reiterativamente bajo diferentes argumentos, sin atender los postulados

jurisprudenciales en la materia. Adujo que en muchos casos como el suyo se ha concedido la rebaja de pena bajo el argumento que la mora judicial no le puede ser imputada al procesado, situación que imponía aplicar por favorabilidad esa rebaja de pena. Igualmente, refirió que contrario a lo manifestado por el a quo, para la época de vigencia de la norma sí se encontraba privado de su libertad y al concederse la libertad provisional quedó por cuenta de otroPágina 4 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal proceso, pero ello no puede ser óbice para negar su derecho a la rebaja por favorabilidad. Expuso que considerar que aquellos que no se hallaban descontando la pena el veinticinco de julio de dos mil cinco (2005) no tienen derecho a la rebaja de pena a la cual aspira, contraviene mandatos constitucionales emitidos por la Corte Constitucional, haciendo alusión a la sentencia T-815 de 2008 de la cual reprodujo algunos apartes.

Solicitó que se revoque tal decisión y en su lugar se le reconozca la rebaja de pena pretendida la cual lo acerca a la libertad y además permite la aplicación de la igualdad de acceso a la administración de justicia.

4. CONSIDERACIONES

4.1. Como primera medida y consideración más importante, se encuentra que las condiciones establecidas para otorgar el beneficio de la rebaja del 10% de la pena en virtud del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 son de orden público, lo que significa que no pueden entrar a debatirse, relativizarse o interpretarse, sino que su aplicación debe darse tal como la misma ley lo ha dispuesto. Así las cosas, cuando el artículo 70 de la mencionada norma establece que el beneficio sería concedido a las personas quePágina 5 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal estuvieran purgando una pena ejecutoriada al momento de entrar en vigencia la Ley 975 de 2005, claro resulta que no se trata de un requisito ambiguo o debatible, se trata del supuesto de hecho de la norma, en virtud del cual para proceder a conceder la rebaja es requisito sine qua non que la persona estuviera en efecto purgando su sanción penal, por una sentencia debidamente ejecutoriada. En el pasado aparecían para este Tribunal como desprovistas de justicia aquellas decisiones que, de tajo, negaban la rebaja del 10% de la pena, entorpeciéndose la concesión de un beneficio por la negligencia o las omisiones estatales, lo que condujo a realizar una reinterpretación del artículo 70 de la Ley 975 y a morigerar la exigencia de sentencia ejecutoriada para la entrada en vigor de la Ley de Justicia y Paz. Comenzaron a resolverse peticiones de tal jaez, no

condujo a realizar una reinterpretación del artículo 70 de la Ley 975 y a morigerar la exigencia de sentencia ejecutoriada para la entrada en vigor de la Ley de Justicia y Paz. Comenzaron a resolverse peticiones de tal jaez, no atendiendo a la postura exegética de interpretación de la norma, sino que, en cada caso concreto, se comenzó a analizar la causa por la que se había retardado la firmeza del fallo condenatorio, concediéndose en consecuencia la gracia punitiva a todos aquellos que para el 25 de julio de 2005 no contaban con sentencia condenatoria ejecutoriada, pero por razones de inoperatividad estatal para resolver con prontitud el asunto. Eso sí, siempre y cuando los hechos hubieran acaecido antes de la referida fecha.Página 6 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal En estas condiciones, muchos internos comenzaron a beneficiarse de la innovadora postura del Tribunal, la cual se mantuvo por un considerable lapso; sin embargo, no pudo mantenerse en el tiempo y debió ser replanteada, en tanto el Máximo Órgano de la Jurisdicción Ordinaria, en su Sala de Casación Penal, al conocer de la fórmula que se venía aplicando desde el Tribunal Superior de Manizales Sala Penal, sentenció:

[…] La Ley 975 de 2005 disponía en su artículo 70 una rebaja de la pena en una décima parte de la impuesta a aquellas personas que al momento de entrar en vigencia se hallaran cumpliendo pena por sentencia ejecutoriada con excepción de las condenadas por delitos contra libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico. […] “En este sentido (…) ningún juez está autorizado para conceder la rebaja de la décima parte de la pena a quienes no se hallaran cumpliendo pena por sentencia ejecutoriada a la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, por tanto si a alguna persona le fue concedido ilegalmente dicho beneficio, ese acto contrario a derecho no sirve de fundamento para reclamar el mismo tratamiento […].1 Así, atendiendo al criterio de nuestro Superior Funcional, no le es dable al juez ejecutor de la pena, ni a las Corporaciones en segunda instancia, reconocer rebaja a aquellos que no estuvieran purgando la sanción intramural, esto es, que NO se hallaran privados de la libertad con ocasión de sentencia cuya ejecutoria haya tenido lugar antes del 25 de julio de 2005, sin que pueda haber lugar a interpretaciones extensivas o valoraciones específicas, lo que condujo a que en providencia de esta Sala, se cambiara la postura.

1 Ver sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia, dictada en el trámite radicado bajo el No. 48110, con fecha de 18 de mayo de 2010.Página 7 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal

JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Así pues, esta Corporación ha modificado la interpretación que otrora realizaba para establecer quién era destinatario de la rebaja del 10% de la pena, alterando así su precedente horizontal, lo cual es totalmente válido, siempre y cuando los motivos para “mudar de aires” estén sustentados en razones justificadas que para este asunto estriban en el acatamiento al sentido exegético del artículo 70 de la Ley 975 de 2005. En respaldo del criterio adoptado a la fecha, la Corte Suprema de Justicia, fungiendo como juez constitucional, en la providencia T59113 del 08 de marzo de 2012 MP: Sigifredo Espinosa Pérez, concluyó: “(…) Debe tenerse en cuenta también que las expresiones “sentencias ejecutoriadas” y “condenado”, utilizadas en la redacción de la norma y conforme al lenguaje jurídico propio -ha dicho la Corporación-, no dejan duda alguna en torno a que la rebaja de la pena prevista en el artículo 70 procede únicamente para las personas que al 25 de julio de 2005 –fecha en que empezó a regir la leyse hallaban descontando pena en virtud de una sentencia que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada material. “Cualquier otra interpretación que se haga para extender la rebaja de pena mencionada, como es la pretensión del accionante, sería contraria al texto legal, que no ofrece oscuridad alguna en relación a sus eventuales beneficiados. “En síntesis, si la disposición refiere “Las personas que al momento de entrar en

mencionada, como es la pretensión del accionante, sería contraria al texto legal, que no ofrece oscuridad alguna en relación a sus eventuales beneficiados. “En síntesis, si la disposición refiere “Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas”, su campo de aplicación no puede cobijar a los procesados por delitos cometidos antes de la vigencia de la Ley 975 de 2005, respecto de los cuales no existía un fallo en firme que los declarara penalmente responsables de tales comportamientos y que no estaban cumpliendo físicamente la pena para esa época” (resaltado fuera del texto.) Tal como acaba de exponerse, si la ley es clara en lo que tiene que ver con el requisito conforme al cual, el procesado debía estar purgando su pena para el momento en que entró a regir laPágina 8 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Ley 975 de 2005, no pueden realizarse interpretaciones adicionales que procuren analizar las razones por las cuales la persona no estuviera cumpliendo su pena para dicha calenda. No, por el contrario, lo que debe hacer el juzgador es aplicar a rajatabla, en aquellas situaciones en que no existen oscuridades, como dice la Corte, los dictámenes legales.

En este punto es necesario resaltar que la constatación de esta exigencia es previa y su no cumplimiento genera que la rebaja no pueda ser reconocida siquiera de manera parcial, es pues el presupuesto que le abre la puerta al estudio de los demás requisitos, luego, si el mismo no es satisfecho, ello implica que el sentenciado no hace parte del grupo de personas para quienes fue pensada la gracia punitiva en comento. 4.2. Lo anterior sirve como una base explicativa para que el condenado interiorice los matices que se han presentado a la hora de aplicar el beneficio de la rebaja solicitada, advirtiendo esta Sala que en todo caso erró el a quo al resolver de fondo la pretensión, porque debía haberse abstenido de generar pronunciamiento alguno frente al tema, puesto que el asunto ya había sido objeto de decisión en anteriores oportunidades, tal y como él mismo lo señaló en el auto interlocutorio. Así las cosas, la solicitud del beneficio deprecado por el condenado, ya fue resuelta en diferentes ocasiones, decisiones en las cuales los Jueces Unipersonales determinaron negarle la aplicación del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, debido a que elPágina 9 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales

Sala Penal interno ni siquiera se encuentra entre los destinatarios de la norma, en tanto no se encontraba cumpliendo la pena impuesta cuando entró en vigencia la mencionada ley , lo cual puede observarse en el Auto del 30 de septiembre de 2009 proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar 2 , o el Auto Nº 92 del 14 de febrero de 2014 proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Tunja3 . En efecto, obrar de manera diferente y analizar la petición del condenado sería ir en contravía del principio de la cosa juzgada, que como lo pasaremos a ver, se pregona igualmente de algunas de las actuaciones desplegadas ante al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. 4.3. Del principio de la cosa juzgada en materia de ejecución de penas 4.3.1. Como manifestación de principios superiores, dígase que en nuestro ordenamiento jurídico se prevé, entre otros, la seguridad jurídica, y de manera especial en materia penal, el principio de la cosa juzgada, el cual tiene como norte evitar que el aparato jurisdiccional altere situaciones que ya fueron decididas y respecto de las cuales el ciudadano ya tiene certeza.

2 Folio 3 del Cuaderno Nº 11. 3 Folio 43 del Cuaderno Nº 14.Página 10 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Pero, ese principio además de ser una garantía para el

O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Pero, ese principio además de ser una garantía para el asociado, también lo es para el sistema judicial y para el resto de estamentos que de manera alterna con él se relacionan, de tal suerte que, se itera, otras entidades: Fiscalía, Ministerio Público, víctima e incluso la misma comunidad, pueden contar con que una decisión que ya ha sido sometida al estudio de un juez, que ha cobrado ejecutoria material bien, porque Jueces Superiores la han confirmado, ora porque contra la misma no se interpusieron los recursos ordinarios, no sea variada posteriormente de manera repentina. Al respecto la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-462 de 2013, con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo, señaló que: “2.2.1. La cosa juzgada constituye una cualidad 4 que se predica de una determinada hipótesis fáctica o normativa. La expresión “cosa juzgada” caracteriza un determinado conjunto de hechos o de normas que han sido objeto de un juicio por parte de un tribunal con competencia para ello y en aplicación de las normas procedimentales y sustantivas pertinentes. La cosa juzgada encuentra fundamento (i) en la necesidad de preservar la seguridad jurídica que se anuda a la consideración de Colombia como un Estado Social de Derecho (art. 1), (ii) en la obligación de proteger la buena fe al

promover la predictibilidad de las decisiones judiciales (art. 83), (iii) en el deber de garantizar la autonomía judicial impidiendo que luego de examinado un asunto por el juez competente y según las reglas vigentes, pueda reabrirse un debate (art. 228) y (iv) en el deber de asegurar la supremacía de la Constitución (art. 4) 5 . A este fundamento se adscribe el carácter intangible, inmutable, definitivo, indiscutible y obligatorio que acompaña a la cosa juzgada6 . (Subrayado y negrilla fuera de texto.). 4.3.2. En materia de ejecución de penas pareciera que dicho principio no tendría aplicación, dado que las decisiones que se

4 Pueden confrontarse en ese sentido las sentencia C-153 de 2002 y C-1034 de 2003. 5 Así por ejemplo lo ha indicado, entre otras, la sentencia C-600 de 2010. 6 Entre muchas otras providencias en esa dirección se encuentran la C-798 de 2003, la C-1034 de 2003, la C-244 de 2006 y la C-716 de 2008.Página 11 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal adoptan en esta sede responden a una situación que es dinámica, y lo es porque depende de múltiples eventualidades que se

pueden presentar durante el internamiento del sentenciado, así como del vaivén legislativo, el cual resulta impredecible. Lo expuesto en torno del principio de cosa juzgada no es absoluto, en tanto no es factible repeler la idea de que, respecto de algunos tópicos, sí sea posible oponerle al sentenciado el principio de la cosa juzgada. Tal será el caso de figuras como la acumulación jurídica de penas o del estudio de la aplicación del principio de favorabilidad cuando en razón de tránsito legislativo a él haya lugar. 4.3.3. Con todo, avizora esta Colegiatura que el caso sometido a estudio está supeditado a la aplicación del principio constitucional de la cosa juzgada, pues se pudo evidenciar cómo el señor JOSÉ HELMER GIRALDO NARVÁEZ o WILMAR SALAZAR SALAZAR elevó peticiones con igual motivación e idéntica finalidad, sin que existieran en las mismas elementos de juicio diferentes que demandaran un nuevo análisis. En razón de lo anterior, se advierte que este Órgano Colegiado tiene entonces vedado referirse a la petición presentada por el interno, en tanto el asunto ya fue ventilado y resuelto por otras células ejecutoras de la pena del interno, motivo por el cual ahora se predica la existencia de cosa juzgada.Página 12 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Con relación a la aplicación de dicho principio, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado la improcedencia de retomar

Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal Con relación a la aplicación de dicho principio, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado la improcedencia de retomar indefinidamente temas que han sido abordados de fondo por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, y lo ha realizado de la siguiente manera: “2. Efectivamente la solicitud deprecada por el actor ante el Juzgado accionado, ya fue resuelta en la fecha atrás mencionada mediante providencia contra la cual éste, no obstante haber sido debidamente notificado el 4 de enero de 2010, no expresó desacuerdo alguno a través de los recursos ordinarios.

“En este orden de ideas, es necesario recordar que la doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que la inconformidad de las partes con las actuaciones de los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en su debida oportunidad y al interior del escenario natural, acudiendo para ello a los medios de impugnación instituidos en la ley, es decir, en el presente caso el desacuerdo con la negación de la rebaja punitiva de la décima parte de la pena impuesta, el actor debió debatirla mediante los recursos de reposición y apelación que procedían en contra de la providencia dictada el 2 de agosto de 2009 por el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá.

“3. Resulta entonces ajustado al Ordenamiento el auto atacado por cuanto, se

reitera, lo solicitado ya había sido resuelto y no es viable plantear reiteradamente asuntos jurídicamente consolidados, en particular cuando sobre las temáticas decididas, se insiste sin introducir variante alguna, caso en el cual habrá de sujetarse a lo dispuesto en aplicación de los principios de economía procesal, eficiencia y cosa juzgada , puesto que, de lo contrario, podrían debatirse perennemente las cuestiones judiciales, situación que implicaría no solamente una limitación injustificada de la seguridad jurídica, sino un desgaste inoficioso de la administración de  justicia.7   (Resaltó y subrayó la Sala) En este orden de ideas, fácil se advierte que el atributo de inmutabilidad de la decisión impugnada al hacer tránsito a cosa juzgada, imposibilita a la Sala para reabrir un debate superado,

7 CSJ STP 26 abr. 2011, rad. 53402. M.P. José Leonidas Bustos Martínez.Página 13 de 14 Ley 600 de 2000. Radicado: 2003-00415-01 JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ O WILMAR SALAZAR SALAZAR Homicidio Agravado y otros Revoca y se abstiene de conocer República de Colombia Tribunal Superior de Manizales Sala Penal pues se itera que lo solicitado por el recurrente ha sido resuelto en otras oportunidades. Es por todo que esta Corporación, al obrar ahora como Juez de Ejecución de Penas de segunda instancia en el asunto de marras, debe abstenerse de realizar disquisiciones al respecto, tal y como debió decretarlo en la parte resolutiva el a quo, puesto que dichas peticiones ya habían sido resueltas por otros jueces, como se expuso a lo largo de este auto. Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del

y como debió decretarlo en la parte resolutiva el a quo, puesto que dichas peticiones ya habían sido resueltas por otros jueces, como se expuso a lo largo de este auto. Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Caldas , en Sala de Decisión Penal,

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el auto n° 737 del cuatro (04) de diciembre de dos mil catorce (2014), proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La

Dorada, Caldas.

SEGUNDO: En su lugar, ABSTENERSE de realizar pronunciamientos sobre la petición elevada por el señor JOSÉ HELMAN GIRALDO NARVÁEZ tendiente a que se le conceda la rebaja de la pena que le fue impuesta, en virtud del artículo 70 de la Ley 975 de 2005.Página 14 de 14

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GLORIA LIGIA CASTAÑO DUQUE

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

DENNYS MARINA GARZÓN ORDUÑA

Yolanda Laverde Jaramillo Secretaria