TSDJ NVA SCFL - 41001310300120230022301-(15-09-2023)

República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

Tutela 2ª. M.P. Edgar Robles Ramírez. Rad. 2023-00223-01 1

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

CIVIL FAMILIA LABORAL

M.P. Dr. EDGAR ROBLES RAMÍREZ

Proceso: TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Radicación 41001-31-03-001-2023-00223-01

Accionantes PEDRO GIL BONILLA GUTIÉRREZ y CAROLINA CRESPO

ESCOBAR

Accionados JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y

COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA Y COOPERATIVA

UTRAHUILCA

Discutido y aprobado mediante Acta No. 103 de 15 de septiembre de 2023

Neiva, quince (15) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

1. ASUNTO

Resuelve la Sala Quinta de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, la im pugnación al fallo de tutela de fecha 11 de agosto de 2023 , proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA (H), dentro de la acción de tutela de la referencia.

2. PRETENSIONES

PEDRO GIL BONILLA GUTI ÉRREZ y CAROLINA CRESPO ESCOBAR , solicit aron el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia de 09 de junio de 2023 proferida por el JUZGADO

amparo de su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia de 09 de junio de 2023 proferida por el JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA (H); enRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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consecuencia, se declare probada la excepción de cobro de lo no debido propuesta en las diligencias controvertidas en la presente acción.

3. HECHOS

Relataron, la COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CRÉDITO – UTRAHUILCA, mediante apoderada judicial, presentó el 29 de enero de 2021, demanda ejecutiva singular de mínima cuantía en contra de los accionantes, la cual correspondió al JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE NEIVA (H), bajo el número de radicación 41001-4189-005-2021-00096-00, cuyo capital demandado fue la suma de $7.459.275, vencido desde el 10 de agosto del 2020.

Explicaron, el crédito respaldado con el pagaré base de recaudo fue desembolsado el 10 de agosto de 2015, para ello se firmó un pagare en blanco con carta de instrucciones, cuyas copias fueron entregadas el 21 de octubre de 2019, estableciendo como tasa de liquidación DTF + 10 puntos, con pagos anuales.

Afirmaron, la fijada es diferente a la establecida para ese tipo de mutuo, y bajo

2019, estableciendo como tasa de liquidación DTF + 10 puntos, con pagos anuales.

Afirmaron, la fijada es diferente a la establecida para ese tipo de mutuo, y bajo la convicción de acceder a una más baja por ser afiliados a la Cooperativa, pues lo tomaron como medianos productores, como quiera que para la referida data FINAGRO había fijado para actividades rurales el DTF + 6.50, para un total sumado el DTF + 6.50 de 10.83 EA.

Señalaron, conforme lo anterior, su contadora aplicando los abonos efectuados a la obligación liquidados hasta el 31 de agosto del 2020, arroja un saldo de $3.330.685. Por lo anterior, el 09 de octubre del mismo año, pagaron la suma de $3.500.000, para quedar a paz y salvo; no obstante, el 31 de enero de 2021 la ejecutante UTRAHUILCA, de forma abusiva, tomó l os aportes del demandado por valor de $2.088.725 y los aplicó al crédito.República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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Sostuvieron, el 09 de junio de la presente anualidad, se llevó a cabo audiencia de fallo en la que el juez declaró no probadas las excepciones propuestas.

Destacaron, el togado despachó desfavorablemente la exceptiva de cobro de lo no debido, teniendo como argumento un oficio de fecha 22 de julio de 2021 de FINAGRO, que no debía tener en cuenta por cuanto fue aportado por fuera de los términos probatorios.

lo no debido, teniendo como argumento un oficio de fecha 22 de julio de 2021 de FINAGRO, que no debía tener en cuenta por cuanto fue aportado por fuera de los términos probatorios.

Argumentaron, el problema jurídico que debió abordar la autoridad judicial se circunscribía a determinar cuál era la tasa de intereses que se debía liquidar en el crédito, pues los de esa clase, para mediano productor, de acuerdo a lo probado dentro del proceso correspondía al DTF + 6.50, y no al DTF +10, en atención a la liquidación efectuada hasta el 31 de agosto del 2020, siendo el saldo a capital de $3.330.685 y no el aducido en el cobro coactivo; máxime si se tiene en cuenta que el 09 de octubre del 2020 pagaron la suma de $3.500.000, quedando más que cancelado, y además, la Cooperativa debitó de los aportes $2.088.725 el 15 de enero 2021 y los aplicó al mismo.

También, argumentaron en caso de que la tasa aplicable fuera DTF + 10, el saldo a capital, con los abonos realizados, corresponde a la suma de $ 4.297.990.28, conforme a la liquidación presentada al juzgado y que no se tuvo en cuenta.

Por otra parte, respecto del trámite surtido, manifestaron la fecha en la cual se admitió la demanda, fue el 25 de febrero de 2021; en consecuencia, incurrió la autoridad judicial accionada en defecto sustantivo y procedimental , pues según el art 121 del C.G.P, se superó ampliamente el plazo previsto por el legislador para proferir sentencia; además, como no los prorrogó, generó la

autoridad judicial accionada en defecto sustantivo y procedimental , pues según el art 121 del C.G.P, se superó ampliamente el plazo previsto por el legislador para proferir sentencia; además, como no los prorrogó, generó la pérdida de competencia y la nulidad de todo lo actuado.República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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Finalmente solicitaron se tutele s u derecho afectado, como quiera que se cumple con el principio de inmediatez, se trata de un asunto de única instancia y se incurrió en defectos que vulneran la Constitución Política.

4. RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS:

4.1 JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE

NEIVA

Se limitó únicamente a remitir link del expediente digital con número de radicado 41001-4189-005-2021-0096-00

4.2 COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CRÉDITOUTRAHUILCA

Señaló, efectivamente se presentó por la entidad, demanda ejecutiva para el recaudo de $7.459.275, por concepto de saldo a capital de la obligación contenida en el pagaré adosado para el cobro.

La Cooperativa demostró, los allí convocados, recibieron en calidad de préstamo la suma de $50.000.000 para ser cancelados en un plazo de 60 meses, a una tasa de interés remuneratorio de DTF +10 puntos efectivo anual, en

La Cooperativa demostró, los allí convocados, recibieron en calidad de préstamo la suma de $50.000.000 para ser cancelados en un plazo de 60 meses, a una tasa de interés remuneratorio de DTF +10 puntos efectivo anual, en respaldo suscribieron el pagaré No. 11225523, la carta de instrucciones para diligenciarlo que hace parte del mismo, y el comprobante de desembolso de 10 de agosto de 2015; en este último se verifica el monto del crédito, la tasa de interés pactada, el plazo, etc. Arguyó, todos esos documen tos se firmaron en señal de aceptación por parte de los demandados, razón por la que fueron aportados a las diligencias.

En su defensa, plantearon una seria de medios exceptivos que no fueron probados, respecto al cobro de lo no debido, de la literalidad del pagaré y su carta de instrucciones se puede verificar que la tasa de interés remuneratorioRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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pactado es de DTF +10, los interesados no allegaron certificado del DTF, la certificación de línea de crédito, tasa de redescuento y colocación de FINAGRO, es solo un recuadro que contiene información de enero de 2013 y el desembolso del controvertido, se realizó el 10 de agosto de 2015.

Expuso, el señor PEDRO GIL BONILLA hizo una solicitud de reliquidación, sin embargo; la Cooperativa le reiteró las condiciones del mismo y la tasa pactada, documentos que allegó con la contestación de la demanda, de fecha 17 de

Expuso, el señor PEDRO GIL BONILLA hizo una solicitud de reliquidación, sin embargo; la Cooperativa le reiteró las condiciones del mismo y la tasa pactada, documentos que allegó con la contestación de la demanda, de fecha 17 de febrero de 2020 y 23 de septiembre de igual anualidad.

La liquidación aportada por contadora de los ejecutados, no corresponde a las condiciones estipuladas por las partes, corolario, no podía tenerse como prueba en el plenario enrostrado.

En lo concerniente a , la perdida de competencia y nulidad alegada en el escrito de tutela, adujo que en los términos de los artículos 132,135 y 136 del C.G.P, e n cada etapa procesal los ejecutados tuv ieron la oportunidad de invocarla, y al no haberlo hecho, ésta se tiene por saneada.

En concordancia con lo descrito, concluyó, el JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA (H), no vulneró el derecho al debido proceso, pues hizo una valoración adecuada de cada prueba allegada.

Por último, solicitó se deniegue el amparo constitucional peticionado.República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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5. DECISIÓN IMPUGNADA

El JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA (H) , en sentencia de 11 de agosto de 2023, resolvió negar la tutela invocada.

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5. DECISIÓN IMPUGNADA

El JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA (H) , en sentencia de 11 de agosto de 2023, resolvió negar la tutela invocada.

En argumento de su decisión, sostuvo que , revisado el expediente compartido por el despacho accionado, así como el fallo censurado, no observó defecto alguno; por el contrario, pro firió decisión de fondo conforme el debido análisis probatorio, pues se demostró se pactó una tasa de DTF +10 puntos, así se lo aclaró en varias oportunidades la ejecutante; además, en el plan de pagos también se registró dicho acuerdo.

Finalmente, resaltó existe un robusto material probatorio que da cuenta de la tasa de interés aplicable al crédito de los accionantes, coligiendo, aunque no compartan la decisión de instancia, la misma es razonable y está fundada en pruebas debidamente recaudadas, que le impiden al juez de tutela inmiscuirse si la misma luce razonable; inclusive, no es una segunda instancia y solo se abre paso cuando se configura un defecto protuberante en ésta.

6. IMPUGNACIÓN

Inconformes con la decisión de primera instancia, reiteraron los accionantes se debe proteger el debido proceso y declarar probada la excepción de cobro de lo no debido, pues las tasas para los crédito de FINAGRO son regladas y por consiguiente no pueden ser contrarios a la ley, que para el caso concreto debió de liquidarse al DTF+ 6.50 ; por lo que, para el 31 de agosto del 2021, se había

consiguiente no pueden ser contrarios a la ley, que para el caso concreto debió de liquidarse al DTF+ 6.50 ; por lo que, para el 31 de agosto del 2021, se había efectuado el pago $61.167.655, quedando un saldo de $3.331.685, habiéndose cancelado la suma de $3.500.000, quedado a paz y salvo.

Añadieron, si la tasa de interés a liquidar fuera del DTF + 10, teniendo en cuenta los abonos de $$61.167.655, más los $3,500.000 , más la suma de 2.0088.725,República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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correspondiente a los aportes, resulta un saldo de $4.297.990.28, valor muy diferente al mandamiento de pago que fue La suma de $7.459.275. por consiguiente; en la sentencia incurr ió en defecto procedimental , pues debió declarar la nulidad de todo lo actuado, desde el mandamiento de pago, en virtud a que el capital ejecutado debió ser $ 4.297.990.28, y no $7.459.275.

Por último, insistieron también se generó un defecto sustantivo, como quiera que no dio aplicación al artículo 121 del C.G.P, pues se sobrexcedió el término para emitir sentencia sin que el juez prorrogara términos, situación que generó la pérdida de competencia y nulidad de todo lo actuado.

Conforme lo anterior, solicitó se revoque el fallo de tutela, y en consecuencia, se declare la nulidad de todo lo actuado en instancia, desde el mandamiento

pérdida de competencia y nulidad de todo lo actuado.

Conforme lo anterior, solicitó se revoque el fallo de tutela, y en consecuencia, se declare la nulidad de todo lo actuado en instancia, desde el mandamiento de pago.

7. CONSIDERACIONES

7.1 PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico que acomete la Sala en esta oportunidad consiste en determinar si es procedente la acción de tutela, y en caso de serlo, establecer si el JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA (H), incurrió en erro r procesal al no declarar probada la excepción de cobro de lo no debido; así mismo, si se configuró un defecto orgánico , tras perder competencia para dictar sentencia, conforme lo dispuesto en el artículo 121 del C.G.P., como lo pregonan los accionantes.

7.2 RESPUESTA AL PROBLEMA JURÍDICO

Sea lo primero destacar que la acción de tutela contemplada por la Constitución Política de Colombia en su artículo 86, está concebida como un mecanismo constitucional a través del cual las personas naturales o jurídicas enRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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ejercicio de un derecho preferencial tienen la facultad de exigir ante cualquier Juez de la República, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos sean vulnerados o se presente amenaza de vio lación por medio de actos, omisiones y operaciones de cualquier autoridad pública o de un particular en ciertas y determinadas circunstancias.

derechos fundamentales, cuando quiera que estos sean vulnerados o se presente amenaza de vio lación por medio de actos, omisiones y operaciones de cualquier autoridad pública o de un particular en ciertas y determinadas circunstancias.

Caracteriza la acción de tutela el principio de subsidiariedad, inmediatez, especialidad, eficacia e informalidad.

En cuanto a los requisitos especiales redefinidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, estos no son otros que el hecho de que el funcionario que profirió la decisión carezca de competencia ( defecto orgánico ); la violación de la Constitución y la afectación de los derechos fundamentales como consecuencia del desconocimiento de normas de procedimiento (defecto procedimental); la violación de los derechos fundamentales por parte del funcionario judicial como consecuencia de la inducción en error de que es víctima por una circunstancia estructural del aparato de administración de justicia denominada como vía de hecho por consecuencia 1 ; cuando la providencia judicial presenta graves e injustificados problemas en lo que se refiere a la decisión misma y que no se encuentra debidamente motivada y sustentada; cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión ( defecto material o sustan tivo) ( Error inducido, Decisión sin motivación); el desconocimiento del precedente, que es un poco más complejo dado el principio de autonomía e independencia de los jueces (Desconocimiento del precedente) (Violación directa de la constitución).

Recordemos que cuando se trate de casos en los cuales se invoca la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala ha señalado, con fundamento

(Desconocimiento del precedente) (Violación directa de la constitución).

Recordemos que cuando se trate de casos en los cuales se invoca la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala ha señalado, con fundamento

1 sentencia SU-014 de 2001República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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en la sentencia C-543 de 1992 emitida por la H. Corte Constitucional, que ella en sí misma es inaceptable como medio para controvertir la validez de las decisiones que ellas contienen, pues sería tanto como invadir el ámbito de autonomía de los jueces, que la Constitución ha consagrado como fundamento de la independencia judicial, artículos 228 y 230.

Sin embargo, dicha regla general tiene su excepción y entonces se ha aceptado que la acción de tutela procede contra vías de hecho judiciales que no son más que expresiones de ilegalidad ostensible, flagrante y manifiesta, que a lo sumo aparenta ser una decisión judicial, sin que real y materialmente lo sea; de manera que la intervención del juez constitucional se hace necesaria para atenuar los efectos de una decisión que ha ocasionado una violación o perjuicio grave de los derechos fundamentales de la persona.

Conforme lo anterior, advierte la Sala el cumplimento de los requisitos de legitimación en la causa por activa como por pasiva, habida cuenta que se demostró la relación sustancial y procesal entre las partes intervinientes en el trámite judicial atacado.

Igualmente se cumple con el de inmediatez, ya que la providencia

legitimación en la causa por activa como por pasiva, habida cuenta que se demostró la relación sustancial y procesal entre las partes intervinientes en el trámite judicial atacado.

Igualmente se cumple con el de inmediatez, ya que la providencia presuntamente vulneradora data de 09 de junio de 2023, y la acción de tutela fue presentada el 08 de agosto de igual año, esto es dentro de los 6 meses establecidos por la Guardiana de la Constitución y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia2.

2 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil Sentencia STC10864 -2020 “(…) el censor no puede acudir a este medio residual para invocar el desconocimiento de sus prerrogativas supralegales, pues, aunque no existe término de caducidad para interponerlo, se impone ejercerlo dentro de un «plazo razonablemente prudencial» a efectos de que no se desnaturalice su objeto que no es otro que la «protección inmediata de los derechos funda mentales» de la persona. Así acontece porque aunque la ley no prevé un límite temporal en el cual debe operar el decaimiento del empeño frente al quehacer jurisdiccional por falta del comentado elemento, «sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción y, menos aún, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados», adoptándose aquél en «seis meses» contados a partir de que se dictó la «providencia» batallada en procura de que la aspiración ius fundamental «no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente, en un instrumento que genereRepública de Colombia

se dictó la «providencia» batallada en procura de que la aspiración ius fundamental «no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente, en un instrumento que genereRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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Ahora frente al requisito de subsidiariedad, advierte la Sala, la necesidad de resumir el iter procesal adelantado ante autoridad judicial accionada.

La COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CRÉDITO – UTRAHUILCA, radicó demandan ejecutiva singular de mínima cuantía en contra de PEDRO GIL BONILLA GUTIÉRREZ y CAROLINA CRESPO ESCOBAR, el 29 de enero de 2021, la que correspondió por reparto al JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA (H) 3, con el fin de cobrar el saldo insoluto adeudado por los deudores en la suma de $7.459.275, correspondiente al saldo de capital de la cuota No. 5, vencido el 10 de agosto de 2020, conforme el comprobante de desembolso y plan de pag os, parte integral del pagaré base de recaudo No. 112255234.

Calificada la demanda, el 25 de febrero de 2021 se libró mandamiento de pago5, el 02 de junio de 2021 se notificaron los ejecutados y allegaron escrito de excepciones6.

Como pruebas, entre otros, se allegó recibo de “ COMPROBANTE DE VALIDACIÓN 5150154” por medio del cual el señor PEDRO GIL BONILLA GUTIÉREZ

excepciones6.

Como pruebas, entre otros, se allegó recibo de “ COMPROBANTE DE VALIDACIÓN 5150154” por medio del cual el señor PEDRO GIL BONILLA GUTIÉREZ hizo una transferencia de $3.500.0007; una liquidación del crédito con una tasa DTF + 6.50%8; copia de un oficio de fecha 23 de septiembre de 20209, en el que la Cooperativa ejecutante le responde petición al demandado, reiterando que la tasa del crédito No. 11225523 es FINAGRO DTF + 10 puntos, razón por la que le negaron reliquidación del mismo ; en términos similares oficio del 17 de febrer o

incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y legítimos intereses de terceros» (STC31562019, citada en STC5611-2020) 3 Archivo PDF01, proceso electrónico 41001-41-89-005-2021-00096-00, compartido por el juzgado accionado. 4 Archivo PDF02, ibídem. 5 Archivo PDF03, ibídem. 6 Archivo PDF07, ibídem. 7 Archivo PDF07 fl. 32, ibídem. 8 Archivo PDF07 fls. 34-36, ibídem. 9 Archivo PDF07 fl.37, ibídem.República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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del mismo año 10; comprobante de desembolso con plan de pagos en el que obra que el interés pactado es DFT + 10, suscrito con su firma por los aquí

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del mismo año 10; comprobante de desembolso con plan de pagos en el que obra que el interés pactado es DFT + 10, suscrito con su firma por los aquí accionantes y en el que reza textualmente “ESTE PLAN DE PAGOS HACE PARTE INTEGRAL DEL PAGARÉ No. 11225523”11; por último, copia del título adosado para el cobro12, con espacios en blanco y carta de instrucciones, todas éstas constan de manera mecanográfica en el documento, lo que indica que al momento de suscripción por parte del demandado éstas ya se encontraban allí.

En proveído de 27 de mayo de 2022 13 del medio exceptivo propuesto se corrió traslado a la demandante ; y el 06 de octubre de la misma anualidad 14 se decretaron pruebas; así mismo, se fijó fecha para la audiencia d ellos artículos 443 y 392 del C.G.P., el 02 de diciembre del igual año.

En decisión de 23 de marzo de 2023, nuevamente la autoridad judicial accionada fija fecha para la realización del acto público el 09 de junio del presente año, en ese interregno y revisadas las diligencias, se echa de me nos por la Sala, solicitud alguna de nulidad presentada por la parte ejecutada en relación con la pérdida de competencia prevista en el art. 121 del C.G.P. Tampoco se observa que, decretadas las pruebas y notificada dicha decisión, los afectados interpusie ran recurso alguno al respecto o alegaran en ese momento procesal el referido defecto.

Adicionalmente, en la audiencia de fallo tampoco se alegó la irregularidad, solo a través de la presente acción se solicita la nulidad de lo actuado por exceder

momento procesal el referido defecto.

Adicionalmente, en la audiencia de fallo tampoco se alegó la irregularidad, solo a través de la presente acción se solicita la nulidad de lo actuado por exceder los términos de dicha normativa.

Al respecto, la jurisprudencia ha sentado un sólido precedente en torno a la pérdida de competencia prevista en el citado art. 121, pues de no ser alegada

10 Archivo PDF07 fl. 38, ibídem. 11 Archivo PDF07 fl. 39, ibídem. 12 Archivo PDF07 fl. 43, ibídem. 13 Archivo PDF09, ibídem. 14 Archivo PDF11, ibídem.República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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oportunamente, la misma queda saneada y , por ende; no haya lugar a su reconocimiento. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado:

“8. Frente al nuevo texto legal, la Corte Suprema de Justicia admitió que después de conocido «que la Corte Constitucional declaró inexeq uible la expresión de ‘pleno derecho’ contenida en el inciso sexto del artículo 121 del CGP,… significa que la nulidad no opera de pleno derecho, por tanto, debe ser alegada por las partes antes de proferirse la correspondiente sentencia, y esta puede sanearse de conformidad con la normatividad procesal civil (art. 132 y subsiguientes del CGP)» (AC5149, 4 dic. 2019, rad. n.° 201100299-01).

Poco tiempo después reiteró:

esta puede sanearse de conformidad con la normatividad procesal civil (art. 132 y subsiguientes del CGP)» (AC5149, 4 dic. 2019, rad. n.° 201100299-01).

Poco tiempo después reiteró:

La Sala en la providencia AC5139 -2019 de fecha 3 de diciembre del año que avanza, al reexaminar la temática concerniente a si la nulidad por falta de competencia por vencimiento del plazo para adoptar la providencia pertinente es o no saneable, estando en sede de casación, y ante la posibilidad que solo se utilice dicha herramienta jurídica como última carta para quebrar la sentencia cuya decisión le resultó contraria al impugnante extraordinario, como ocurrió en el sub examine, no obstante de haber tenido el recurrente la oportunidad para invocarla oportunamente, se apartó de la doctrina expuesta como juez constitucional en el sentido de que dicha nulidad debe formularse tempestivamente, so pena que quede saneada, y, por tanto, no hay lugar a su reconocimiento, doctrina que se encuentra orientada significativamente a realizar los derechos, principios y valores constitucionales… (AC791, 6 mar. 2020, rad. n.° 2014-00033-01).

Recientemente se dijo: República de Colombia

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Al respecto es necesario aclarar que el aludido motivo de invalidación no es de aquellos insubsanables, como así lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C -443 de 25 de septiembre de 2019, al declarar la

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Al respecto es necesario aclarar que el aludido motivo de invalidación no es de aquellos insubsanables, como así lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C -443 de 25 de septiembre de 2019, al declarar la exequibilidad condicionada del inciso se xto de la citada norma salvo la expresión “de pleno derecho”, precisando que la irregularidad procesal allí establecida «debe ser alegada antes de proferirse la sentencia» y «es saneable en los términos del artículo 132 y subsiguientes del Código General del Proceso». Y si bien esta Sala, en sede de tutela, en algunas oportunidades señaló que tal irregularidad era insubsanable, dicha postura fue recogida en el escenario de casación (AC2199, 9 jun. 2021, rad. n.° 2016-00370-01).

9. Precisado el anterior estado del arte, brota que el único cargo propuesto en casación debe rehusarse, pues la nulidad invocada como fundamento del recurso fue saneada dentro del trámite procesal.”15

Consecuentes con lo discurrido, como el aludido defecto no fue alegado por los afectados oportunamente en el proceso de ejecución aquí controvertido, no hay lugar a conceder el amparo deprecado, pues no observa la Corporación que el Juzgador de instancia haya incurrido en yerro al respecto.

Sobre este punto , la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional tiene dicho que:

“bajo ningún motivo, puede considerarse la acción de tutela como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los

dicho que:

“bajo ningún motivo, puede considerarse la acción de tutela como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especi ales y, menos aún, desconocer los mecanismos

15 Sentencia SC3377 -2021 de 01 de septiembre de 2021, Radicación N.° 15001 -31-10-002-201400082-01, M.P. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO.República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”16.

En ese sentido y visto que la tutela no fue creada para sustituir los mecanismos de defensa ordinarios, pues su carácter es excepc ional en la medida que únicamente responde a las deficiencias de los medios de defensa judicial, sin desplazarlos ni sustituirlos; debiendo el actor en primera medida agotarlos ante el juzgado de conocimiento, circunstancia que no ocurrió, tal y como se pu do verificar al revisar detenidamente el expediente digital de la ejecución.

Ahora bien, respecto del defecto procesal endilgado a la autoridad judicial, al despachar desfavorablemente la exceptiva de cobro de lo no debido, cimentan los accionantes su de fensa en que , en el crédito respaldado con el pagaré base de recaudo No. 11225523 , se pactó una tasa DTF+ 6.50 pues afirman, éstos eran los intereses que se debían liquidar para mediano productor

pagaré base de recaudo No. 11225523 , se pactó una tasa DTF+ 6.50 pues afirman, éstos eran los intereses que se debían liquidar para mediano productor FINAGRO y no de DTF + 10.

Conforme lo anterior, aunque, los actores dejan entrever que el título valor base de recaudo fue llenado rebasando la carta de instrucciones, pues el crédito otorgado era un crédito para mediano productor con una la tasa del DTF + 6.50, para la Sala es claro que el pagaré fue completado siguiendo estrictamente la carta de instrucciones que se cita:

“CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR PAGARÉ

CARTA DE INSTRUCCIONES DEL PAGARÉ No. 11225523

Señores

COOPERATIVA UTRAHUILCA

16 Corte Constitucional, Sentencia T 001 de 2017República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

Tutela 2ª. M.P. Edgar Robles Ramírez. Rad. 2023-00223-01 15

YO (NOSOTROS) BONILLA GUTIERREZ PEDRO GIL CRESPO ESCOBAR CAROLINA

(sic)

Identificado(s) como aparece el pie de mi (nuestras) respectiva(s) firma(s), hábil(es) para contratar, actuando en mi (nuestro) propio nombre(s) por el presente documento y de conformidad con lo establecido en el artículo 622 del Código del Comercio para todos los efectos allí