TSDJ NVA SCFL - 41001310500320200000801-(29-08-2022)

E D I C T O

EL SUSCRITO SECRETARIO DE

LA SALA CIVIL FAMILIA LABORAL

DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DEL DISTRITO JUDICIAL

DE NEIVA – HUILA

H A C E S A B E R:

Que con fecha cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se profirió sentencia en el proceso que a continuación se describe:

Naturaleza: ORDINARIO LABORAL

Demandante: TERESA COLLAZOS LAVAO

Demandado: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” Radicación: 41001-31-05-003-2020-00008-01

Resultado: PRIMERO. ADICIONAR EL NUMERAL TERCERO de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, el 30 de abril de 2021, en el sentido de

ORDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., la remisión de los gastos de administración debidamente indexados,

a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo restante la sentencia recurrida. TERCERO. NO CONDENAR en costas en esta instancia a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, por haberse surtido el grado jurisdiccional de consulta en su favor. CUARTO. DEVOLVER, ejecutoriada la presente decisión, el proceso al juzgado de origen.

COLPENSIONES, por haberse surtido el grado jurisdiccional de consulta en su favor. CUARTO. DEVOLVER, ejecutoriada la presente decisión, el proceso al juzgado de origen.

Para notificar legalmente a las partes el contenido de la referida sentencia, se fija el presente EDICTO en lugar público y visible de esta Secretaría, por el término de tres (3) días hábiles, siendo las 7:00 a.m. de hoy doce (12) de septiembre de 2022.

RAMON FELIPE GARCIA VASQUEZ

SecretarioRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL

LUZ DARY ORTEGA ORTIZ

Magistrada Ponente

Expediente 41001-31-05-003-2020-00008-01

Neiva, cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Aprobada en sesión de veintinueve (29) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de apelación instaurado por Colpensiones , contra la sentencia de 30 de abril de 2021, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, en el proceso ordinario laboral de TERESA COLLAZOS LAVAO contra la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” , al igual que el grado jurisdiccional de consulta en favor de ésta última.

ANTECEDENTES

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” , al igual que el grado jurisdiccional de consulta en favor de ésta última.

ANTECEDENTES

Pretende la demandante se declare la nulidad o ineficacia de la afiliación al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por PROTECCIÓN S.A., y como consecuencia se ordene su traslado al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES.

Como soporte de sus pretensiones, narró que nació el 15 de octubre de 1956 y que inició su vida laboral en el año 1985, fecha desde la cua l estuvo afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, efectuando aportes inicialmente al extinto Instituto de Seguros Sociales.

Relató que, para el mes de noviembre de 1995, encontrándose, en su puesto de trabajo, los asesores de Protección S.A., solicitaron un espacio de tiempo, para brindar información sobre el portafolio que ofrecían,República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

2 41001-31-05-003-2020-00008-01 asesorándola sobre las ventajas y beneficios del régimen de ahorro individual y como podría obtener mayor estabilidad y rentabilidad de sus aportes, inclusive, que si no quería pensionarse, le otorgarían la devolución de sus saldos, además de enfatizar la inminente liquidación del Instituto de Seguros Sociales; lo anterior la llevó a autorizar su traslado, suscribiendo formulario de vinculación el 25 de octubre de 1995.

Manifestó, que el 6 de septiembre de 2019 , la administradora del

Seguros Sociales; lo anterior la llevó a autorizar su traslado, suscribiendo formulario de vinculación el 25 de octubre de 1995.

Manifestó, que el 6 de septiembre de 2019 , la administradora del fondo privado, realizó simulación de la prestación, informándole que s u mesada pensional ascendería $ 828,116, al contar con un capital de $101.011.520 y bono pensional de $5.725.416; circunstancia que la hizo sentir engañada y defraudada pues de haber continuado en el régimen de prima media con prestación definida el IBL ascendería a $ 1.936.915, que con una tasa de reemplazo del 76.33 % le permitiría te ner una asignación mensual de $ 1.478.447, exponiendo que no se le advirtió sobre las consecuencia adversas de su traslado, pues la administradora demandada se limitó al diligenciamiento y suscripción del formulario de afiliación.

Indicó que, el 18 de junio y 3 de julio de 2019 elevó, con copia a la Superintendencia Financiera de Colombia, derecho de petición ante las entidades accionad as, requiriendo declarar la nulidad o ineficacia de su afiliación, sin obtener respuesta positiva.

CONTESTACIÓN DE LOS DEMANDADOS

.- LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, contestó oponiéndose a las pretensiones, por considerarlas infundadas, contrarias a derecho y no encontrar respaldo en la realidad de los hechos, toda vez que la gestora aceptó su traslado de manera li bre y voluntaria, reconociendo las condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad, perdiendo la protección de la transición,

la realidad de los hechos, toda vez que la gestora aceptó su traslado de manera li bre y voluntaria, reconociendo las condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad, perdiendo la protección de la transición, debiendo cumplir con los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993.

Indicó, que la demandante, al no ser beneficiaria del régimen de transición, está imposibilitada para regresar al de prima media conRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público

3 41001-31-05-003-2020-00008-01 prestación definida, por enc ontrarse inmersa en la prohibición prevista en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, y según lo estableció precedente jurisprudencial en sentencias SU-062 de 2010 y SU -130 de 2013 ; asimismo, advirtió ser un tercero ajeno al negocio jurídico reprochado, que considera se encuentra vigente y es válido, y adicional señaló que la acción impulsada se encuentra prescrita por fenecer la oportunidad y el término legal para solicitar el traslado.

Propuso las excepciones que denominó «inexistencia del derecho y de la obligación, inoponibiliad de la responsabilidad de la AFP ante Col pensiones, en casos de ineficacia de traslado de régimen, buena fe de la demandada, presunción de legalidad del acto administrativo, prescripción de la acción que pretende atacar la nulidad de la afiliación, declaratoria de otras excepciones, aplicación de las normas legales».

.- LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

de legalidad del acto administrativo, prescripción de la acción que pretende atacar la nulidad de la afiliación, declaratoria de otras excepciones, aplicación de las normas legales».

.- LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., replicó la demanda , oponiéndose a las pretensiones, señalando que la actora suscribió el formulario de afiliación, bajo los parámetros de su voluntad y escogencia libre, además porque brindó la información necesaria de conformidad con los lineamientos legales dispuestos la época, sin que exista vicio de consentimiento que invalide el acto jurídico celebrado.

Señaló q ue la reclamante está en imposibilidad de trasladarse al régimen de prima media con prestación definida, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, al faltarle 10 o menos años para cumplir la edad para pensi onarse, debiendo probar en juicio la situación de engañó a la que aseguró fue sometida , además de considerar que no es procedente ordinar la devolución de las cuotas de administración al ser un emolumento autorizado por la Ley y cobrado con el propósito de gestionar los aportes que ingresan en la cuenta de ahorro individual del afiliado, para generar rendimientos financieros.

Propuso como excepciones las que denominó «inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declarara la nulidadRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público

4 41001-31-05-003-2020-00008-01 y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, imposibilidad de devolución de

Rama Judicial del Poder Público

4 41001-31-05-003-2020-00008-01 y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, imposibilidad de devolución de rendimientos y cuotas de administración, improcedencia de condena a Protección en favor de las pretensiones de la demanda, buen fe e improcedencia de condena en costas por parte de Protección, ausencia de pruebas que demuestren la ineficacia o nulidad del formulario de afiliación de la demandante a Protección S.A., improcedencia de nulidad y/o ineficacia por vicios en el consentimiento, prohibición de traslado de régimen de la demandante, debida asesoría de la AFP Protección, improcedencia de condena en costas, prescripción de la acción, compensación y la genérica o ecumédica».

LA SENTENCIA

La Juez Tercera Laboral del Circuito de Neiva, declaró que el traslado de la señora Teresa Collazos Lavao del régimen de prima media con prestación definida, al de ahorro individual con solidaridad, es ineficaz y en consecuencia ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones aceptar el traslado de la actora desde la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.; ordenando a ésta última entidad, remitir el saldo total que posee la demandante en su cuenta de ahorro individual junto con las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales, los respectivos frutos e intereses y la información en los términos del Decreto 2995 de 2008.

Como soporte de su tesis, invocó las enseñanzas de la jurisprudencia

los respectivos frutos e intereses y la información en los términos del Decreto 2995 de 2008.

Como soporte de su tesis, invocó las enseñanzas de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en lo que tiene que ver con la información completa y precisa que d eben dar la s entidades administradoras de los fondos pensionales, considerando que su omisión desencadena en engaño al afiliado, sin poder pregonarse que una simple casilla afirmativa de ser un acto libre y voluntario, sea suficiente para determinar que el cambio de régimen fue realizado bajo total enteramiento de sus consecuencias; porque si bien es cierto, para la época de la afiliación no era obligación el doble asesoramiento, si lo era el deber de sostener, una asesoría particular que diera cuenta de los efectos del traslado.

Precisando que, analizadas las pruebas del asunto, se tiene que la administradora del fondo privado no probo, el haber brindado informaciónRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público

5 41001-31-05-003-2020-00008-01 clara, precisa y suficiente sobre las ventajas y desventajas del régimen, y por el contrario logro establecerse el perjuicio ocasionado a la gestora con el traslado, porque al absolver el interrogatorio de parte se estableció que la entidad suministró un exiguo asesoramiento, pues ésta depósito su confianza legítima en los asesores que dieron una charla generalizada, pero que solo hasta el día que comunicaron el monto a que ascendería su prestación dieron certeza de las consecuencias de su actuar.

Precisó que lo discutido, no consiste y ni siquiera fue reclamo de la

que solo hasta el día que comunicaron el monto a que ascendería su prestación dieron certeza de las consecuencias de su actuar.

Precisó que lo discutido, no consiste y ni siquiera fue reclamo de la actora, si es beneficiaria del régimen de transición, como quieren hacerlo ver las demandadas en sus argumentos de defensa; pues lo que se trata es de establecer la ineficacia del traslado, que de conformidad con el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, se produce cuando se viola el deber de información y el consentimiento libre del afiliado.

Sostuvo, que la carga de la prueba está en cabeza de la AFP, la cual no se suple con el hecho de aportar copia del formulario afiliación, al no ser suficiente para demostrar que brin dó una información completa y buen consejo a la señora Collazos Lavao, sobre de la alt eración de su mesada pensional; sin resultar relevante que éste próxima a pensionarse, porque lo importante es demostrar el respeto del derecho de selección de régimen, conforme el artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

LA APELACIÓN

Inconforme con la decisión LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, la apeló, asegurando que Protección S.A. dio una debida asesoría, regida para el momento en que se efectuó el traslado que lo fue 1995, y que no se tuvo en cuenta por el a quo que la simulación realizada por el fondo privado, fue posterior a que se le negara la solicitud de traslado, luego resulta incierto lo afirmado, acerca de que su motivo para incoar éste proceso sean los daños causados con el monto

simulación realizada por el fondo privado, fue posterior a que se le negara la solicitud de traslado, luego resulta incierto lo afirmado, acerca de que su motivo para incoar éste proceso sean los daños causados con el monto pensional y con ello, la actora falto a la verdad en lo relatado en la demanda.

Señaló que se debe tener en cuenta las etapas que ha surtido el deberRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público

6 41001-31-05-003-2020-00008-01 de información, enlistando las normas que lo han desarrollado, para establecer que no es válido imponer a las administradoras de pensiones, soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico para momento del traslado, pues con ello se violenta el principio de confianza legítima; reiteró que la demandante no se encuentra en la categoría de los afiliados que puedan regresar al régimen de prima media con prestación definida en cualquier momento, al no ser b eneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

En los términos del Decreto 806 de 2020, acogido por la Sala Civil Familia Laboral en sesión extraordinaria de 11 de junio del mismo año y declarado exequible por la C orte Constitucional (vigente para la época) se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión; la demandante, reiteró sus argumentos para solicitar la ineficacia del traslado, cuales fueron la falta de asesoría por parte de las administradoras demandadas, que la conllevaron a tomar una decisión errad a, al trasladarse al RAIS, en donde ni siquiera le advirtieron sobre el monto de su prestación y como se vería

la falta de asesoría por parte de las administradoras demandadas, que la conllevaron a tomar una decisión errad a, al trasladarse al RAIS, en donde ni siquiera le advirtieron sobre el monto de su prestación y como se vería afectado a futuro, convirtiéndose la situación en un engaño.

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, reiteró el sustento de su apelación, respecto a la imposibilidad de la demandante a trasladarse por no ser beneficiaria del régimen de transición y encontrarse inmersa en la prohibición del artículo 2 de la Ley 797 d e 2003, no existir nulidad por vicio en el consentimiento y tampoco estar permitido un desequilibrio financiero para las entidades pensionales, cuando la información dada al momento de ejecutarse el traslado al RAIS fue la vigente para la época; finalizó s olicitando en caso de confir marse la sentencia de instancia otorgar las cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y los gastos de administración.

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., señaló que conforme a las pruebas practicadas en juicio, se demostró que la AFP cumplió con su deber de prestar a la gestora, información clara, cierta y veraz acerca de las características del RAIS, razón por la que no puede declararse invalida su afiliación al fondo privado, ni mucho menosRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público

7 41001-31-05-003-2020-00008-01 retribuir dinero, como se trata de las cuotas de administración, al no estar destinadas en favor de la entidad, sino de terceros para cubrir pensiones de

7 41001-31-05-003-2020-00008-01 retribuir dinero, como se trata de las cuotas de administración, al no estar destinadas en favor de la entidad, sino de terceros para cubrir pensiones de invalidez y sobrevivientes, solicitando tener en cuenta las exceptivas y alegatos presentados en primera instancia.

CONSIDERACIONES

Por ser esta Sala competente como superior funcional del Juez que profirió la sentencia, y hallarse cumplidos los presupuestos procesales, sin encontrar causal de nulidad que invalide todo lo actuado, se pronunc iará fallo de fondo.

Problema Jurídico

Establecer, si al momento de efectuarse el traslado de régimen, la demandante fue debidamente informada por parte de la administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad sobre las consecuencias que podía acarrearle frente a su futura pensión.

Solución al problema jurídico.

Sobre el particular, es preciso señalar que el literal b) del artícu lo 13 del Estatuto de la Seguridad Social y Pensiones dispone que la elección de cualquiera de los dos regímenes debe ser libre y voluntaria, de lo que resulta que la asesoría o información para tomar tal decisión no debe ser abstracta sino precisa y veraz , con el fin que permita el ejercicio de la libertad informada; pues de no ser así, la misma normativa castiga las consecuencias en la infracción de la información veraz cual es, que «La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador». (Inciso 1 del precepto 271 ibídem)

consecuencias en la infracción de la información veraz cual es, que «La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador». (Inciso 1 del precepto 271 ibídem)

Así las cosas, véase que es la propia ley la que sanciona, el incumplimiento íntegro de los deberes de información que atañe a las administradoras, e incluso, tal como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo ha enseñado, «la simple manifestación genérica deRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público

8 41001-31-05-003-2020-00008-01 aceptar las condiciones, no era suficiente, y de otro, correspondía dar cuenta de que se actuó diligentemente, no solo por la propia imposición que trae consigo la referida norma, sino porque en los términos del artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo, y en este específico caso ellas no se agotan solo con traer a colación los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada era suficiente para la persona, y esto no se satisfacía únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada correspondiera a la realidad y atendiera las pautas para que se adoptara una decisión completamente libre, en las voces del referido artículo 13 de la Ley 100 de 1993.» (SL4964-2018).

Aclarado lo anterior, desciende la Sala a resolve r los reparos realizados por Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta surtido en su favor.

Aclarado lo anterior, desciende la Sala a resolve r los reparos realizados por Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta surtido en su favor.

Respecto de la carga de la prueba, frente al tema puntual de a quién corresponde demostrarla, véase que, en reciente jurisprudencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL581 -2021, SL5872022), reiteró que si el afiliado alega que no recibió la infor mación debida cuando se vinculó, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede acreditarse materialmente por quien lo invoca. En consecuencia, «[…] si se arguye que, a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.»

Ahora, en virtud del artículo 1604 del CC, que establece que «la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo », por lo que es al fondo de pensiones al que corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones necesarias para que el afiliado conociera las implica ciones del traslado de régimen pensional.República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

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actuaciones necesarias para que el afiliado conociera las implica ciones del traslado de régimen pensional.República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

9 41001-31-05-003-2020-00008-01 Y finalmente, no resulta razonable invertir la carga de la prueba contra la parte débil de la relación contractual, «[…] toda vez que, las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia frente al afiliado lego. A tal grado es lo anterior, que incluso la legislación (art. 11, literal b), L. 1328/2009), considera una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en di sfavor de los consumidores financieros».

Para concluir, y citando la regla jurisprudencial determinada en las sentencias CSJ SL4989-2018, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL584-2022, entre otras, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor de aquella.

Claro lo anterior, y descendiendo a las pruebas del plenario, véase que a folio 9 del C1 (expediente digitalizado), obra formulario de vinculación o traslado, efectuado el 25 de octubre de 1995, lo que no correspo nde a un registro o constancia de que la AFP Protección S.A., hubiese dado información, por el contrario, contienen sólo datos que el afiliado

traslado, efectuado el 25 de octubre de 1995, lo que no correspo nde a un registro o constancia de que la AFP Protección S.A., hubiese dado información, por el contrario, contienen sólo datos que el afiliado suministró, registrándose información general de su vinculación laboral. En ellos se observa una casilla denominada «voluntad de selección y afiliación», en la que hace constar que la selección del RAIS ha sido materializada en «forma libre, espontánea y sin presiones» ; no obstante, brilla por su ausencia que se hayan informado todos los datos relevantes que conduzcan a dar por satisfecho el deber de suministrar información objetiva, necesaria y transparente, es decir, dar a conocer las características, ventajas y desventajas de estar en el régimen público o privado de pensiones.

En estos términos, no era suficiente el diligenciamiento de los formularios de traslado para acreditar que se trató de un acto voluntario y libre, pues ello no es excusa para omitir información amplia e ilustración de las consecuencias a futuro del cambio de régimen, recayendo en cabeza de las administradoras, como ya se indicó, el deber de forjar en la demandanteRepública de Colombia Rama Judicial del Poder Público

10 41001-31-05-003-2020-00008-01 un moderado entendimiento del acto jurídico de traslado de régimen, situación que en el asunto se extraña.

Para reforzar lo anterior, valga aclarar que no es como lo afirma la entidad recurrente, cuando indica que se deben probar las pretensiones en que se fundó la d emanda, por lo que corresponde a la actora acreditar en

Para reforzar lo anterior, valga aclarar que no es como lo afirma la entidad recurrente, cuando indica que se deben probar las pretensiones en que se fundó la d emanda, por lo que corresponde a la actora acreditar en que consistió el engaño que alegó haber sufrido, y es que precisamente, lo que allí se invocó fue el artificio basado en la omisión del deber de información por parte de la administradora de pensiones, correspondiéndole entonces a esta, acreditar que cumplió con el deber de asesoría e información a quienes tienen la intención de ser sus nuevos afiliados, la que debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la dete rminación de las condiciones para el disfrute pensional, tal y como lo sostuvo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989 «Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad».

Es decir, no basta, como lo replic ó el apoderado judicial de la accionada, que la Administradora, informe solamente las ventajas del RAIS, pues es necesario que la afiliada también sepa, la diferencia entre uno y otro régimen, y como afecta positiva o negativamente su prestación p ensional; sin que cómo lo quiere hacer ver el recurrente, sea suficiente para demostrar que no existió engañó, el hecho de que la señora Teresa Collazos Lavao hubiera manifestado en su demanda que la simulación realizada por

sin que cómo lo quiere hacer ver el recurrente, sea suficiente para demostrar que no existió engañó, el hecho de que la señora Teresa Collazos Lavao hubiera manifestado en su demanda que la simulación realizada por Protección S.A. fue posterior a la solicitud de traslado ante la entidad; pues véase que en su declaración de parte fue consistente en afirmar que la asesoría suministrada por el fondo privado consistió en una reunión masiva en el auditorio de la Universidad Surcolombiana, donde labora, y que le comunicaron que el ISS hoy C olpensiones, se acabaría y perdería sus aportes a pensión, exponiendo un NO cuando se le preguntó si le habían informado sobre en qué condiciones se podría pensionar y cuáles eran los requisitos para acceder a la prestación en el RAIS, además que por tener confianza en lo que le dijeron para la época, nunca le asistió preocupación,República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

11 41001-31-05-003-2020-00008-01 y se vino a enterar de su verdadera circunstancia cuando se acercó a Protección S.A. para el año 2019.

Debiendo precisarse, en torno al argumento de encontrarse la gestora en imposibilidad de tras ladarse, al no ser beneficiaria del régimen de transición y encontrarse incursa en la prohibición del artículo 2 de la L ey 797 de 2003, en palabras de la Sala de Casación Laboral que «tampoco resulta necesario exigirle a la actora al m omento del cambio de régimen, que contara un derecho adquirido o expectativa legítima para exigir la ineficacia del acto, pues lo

necesario exigirle a la actora al m omento del cambio de régimen, que contara un derecho adquirido o expectativa legítima para exigir la ineficacia del acto, pues lo relevante para ello, como quedó establecido, es la falta de la debida información y asesoría sobre las consecuencias del cambio de régimen pensional»1; y de otro lado, que las determinaciones adoptadas, frente al tema estudiado, son precedidas no solo del análisis, de los hechos, pretensiones, fundamentos de derecho y pruebas, de cada situación particular, sino también de argumentos jurídicos y jurisprudenciales, desarrollados y cimentados por nuestro órgano de cierre.

Frente a la inconformidad, según la cual, para la época de la afiliación de la demandante, la única exigencia legal frente al asesoramiento, era la suscripción del formulario de vinculación, siendo a juicio de la administradora suficiente elemento para demostrar el consentimiento informado, la voluntad de la parte y la asesoría en f orma correcta, porque no era obligación legal dejar constancias o cualquier otro documentos sobre la asesoría dada, basta recordar que «Lo que exigían las normas vigentes a esa fecha era dar a conocer «la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado» (numeral 1, artículo 97 Decreto 663 de 1993), mandato que implica una descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones; pero también la obligación de dar a

características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones; pero también la obligación de dar a conocer toda la verdad o bjetiva de los regímenes, en un lenguaje claro, simple y comprensible, que aluda tanto a las ventajas como a las desventajas de los regímenes pensionales»2.

1 Sentencia SL1349-2022 Radicación n.°86036 2 Sentencia SL2232-2022República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

12 41001-31-05-003-2020-00008-01

 Sobre la prescripción

Ahora, sobre la prescripción alegada por la apelante, véase que su afectación con base en lo reglado en el C.P.T. y de la S.S.,