TSDJ PEI SL - 66001310500220230020701-(29-01-2025)

El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría. SEGURIDAD SOCIAL / PENSIONES / DEBER DE INFROMACIÓN / INEFICACIA DE TRASLADO / CARGA DE PRUEBA INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN -Genera ineficacia del traslado. “El artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra como sanción por el incumplimiento al deber de información, al momento de afiliación o selección del régimen, entre otras, la ineficacia del traslado, con el propósito de que el trabajador recobre su vinculación al régimen anterior… Sobre este punto y en tanto la Corte Constitucional halló que la Sala de Casación Laboral “hace referencia a la nulidad e ineficacia del traslado como si se tratare de figuras similares o iguales”; en la sentencia SU-107/2024 aclaró “que la tesis correcta es la de la ineficacia del traslado no siendo posible aplicar o hacer referencia a la nulidad del traslado, ya que ello, de por sí, llevaría a la anulación de la sentencia por cuanto no existe una norma legal que contemple una causal expresa de nulidad tal y como

se vio en acápites previos (supra 220 y ss).”. CARGA DE PRUEBA – Reglas jurisprudenciales. … en los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado deberán tenerse en cuenta, de manera exclusiva,  las reglas contenidas en la Constitución Política, en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el Código General del Proceso, que se refieren al debido proceso. Esto supone que el juez, debe actuar como director del proceso judicial, con la autonomía e independencia que le son propios y, dentro de las muchas actuaciones dirigidas a formar su convencimiento para decidir lo que en derecho corresponda, puede:  “i)   Analizar si el afiliado conocía las consecuencias que tendría al trasladarse al RAIS, en el periodo 1993-2009; … (ii)   Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones… (iii)  Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediación, de manera individual y en su conjunto con las demás, luego de lo cual puede determinar el grado de convicción que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido… (iv)  En lo relativo a las pruebas documentales, el juez puede oficiar para que se aporte al expediente

determinar el grado de convicción que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido… (iv)  En lo relativo a las pruebas documentales, el juez puede oficiar para que se aporte al expediente ordinario,  por ejemplo, el formulario de afiliación…. (v)   Ahora, si se asume que, en este tipo de procesos, como se ha dicho, es muy complejo acudir a pruebas directas (v. gr.  los documentos), a partir de las cuales pueda sostenerse -más allá de toda dudaque la información realmente se entregó, corresponderá al juez acudir, por ejemplo, a los interrogatorios… (vi)  Igualmente, los testimonios pueden ser fundamentales…. (vii)  A su turno, el juez puede tener en cuenta diversas pruebas indiciarias que, en cualquier caso, también deberán analizarse en conjunto con los demás elementos probatorios aportados, en los términos de los artículos 176 y 242 del CGP.   … (viii)  Finalmente, el juez también podría, excepcionalmente, invertir la carga de la prueba, más no como único recurso. La inversión de la carga de la prueba  no puede ser una regla de obligatorio uso en este tipo de procesos  (como lo ordena la Corte Suprema de Justicia), pero, al mismo tiempo, tampoco

puede ser prohibida.Ordinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01 Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Magistrada Sustanciadora OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA Providencia Consulta y apelación sentencia Proceso Ordinario Laboral Radicación No 66001-31-05-002-2023-00207-01 Demandante Martha Cecilia Valencia Zabala Demandado Colpensiones y Protección S.A. Juzgado de origen Segundo Laboral del Circuito de Pereira. Tema a tratar Ineficacia de traslado Pereira, Risaralda, veintinueve (29) de enero de dos mil veinticinco (2025) (Aprobado en acta de discusión 09 del 24-01-2025) Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta y desatar le recurso de apelación formulado contra la sentencia proferida el 25 de octubre del 2024 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Martha Cecilia Valencia Zabala contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y Protección S.A. AUTO

Previamente, a desatar la controversia debe la Sala pronunciarse sobre el escrito presentado el 12/12/2024 por Protección S.A. con el propósito de que se ordene laOrdinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01 Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A. terminación del proceso (archivo 07, c. 2). No obstante, revisado en detalle tal memorial se advierte que fue suscrito por David Acosta Baena - que afirma ser el representante legal de la citada AFP. Al tenor del artículo 33 del C.P.L. y de la S.S. en el proceso ordinario laboral únicamente se podrá actuar sin la intervención del abogado – apoderado en los juicios de única instancia y en las audiencias de conciliación; por lo que, para los restantes procedimientos será indispensable la acreditación del derecho de postulación, del que ahora carece el citado David Acosta Baena, pues la legitimatio ad processum exige la adecuada representación en el proceso por conducto del abogado que tenta reconocida la representación judicial, que no es este el caso. En consecuencia, la ausencia de la citada legitimatio ad processum impide darle el trámite que fuere a la solicitud de terminación del proceso presentada por Protección S.A.

SENTENCIA

ANTECEDENTES

1. Síntesis de la demanda, su contestación y crónica procesal Martha Cecilia Valencia Zabala pretende que se declare la ineficacia y/o nulidad del traslado de régimen pensional del RPM al RAIS a través de Protección S.A., y, por ende, que su afiliación al RPM está vigente y válida; en consecuencia, se le ordene a la AFP que traslade l os saldos, cotizaciones y/o aportes, primas de

por ende, que su afiliación al RPM está vigente y válida; en consecuencia, se le ordene a la AFP que traslade l os saldos, cotizaciones y/o aportes, primas de servicios previsionales, aportes al fondo de garantía de pensión mínima de su propio peculio, bonos pensionales, sumas adicionales, junto con sus respectivosOrdinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01 Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A. frutos e intereses. Además, que se condene a la parte demandada al pago de las costas procesales. Fundamenta sus aspiraciones en que: i) empezó a cotizar al sistema de seguridad social en virtud del contrato de trabajo que suscribió con la empresa Nicole S.A. desde el 01/10/1990; ii) en agosto de 1990 fue trasladada al RAIS a través de Protección S.A.; iii) actualmente ha cotizado 1.070 semanas; iv) el traslado se dio por una inducción en error ya que se trató de u n traslado en masa de los trabajadores de la empresa, donde no se le dio información veraz, oportuna y completa sobre las implicaciones del cambio, sin explicación de riesgos y efectos y tampoco la existencia de un régimen de transición y su eventual pérdida; v) se les dijo que tendrían una mayor mesada pensional que la que hubieren tenido en el RPM. Colpensiones y Protección S.A., se opusieron a las pretensiones porque la actora firmó de manera libre y sin presiones el formulario de afiliación; además por ser improcedente su regreso al no ser beneficiaria del régimen de transición y estar a menos de 10 años para alcanzar la edad para pensionarse. Las demandadas propusieron similares excepciones de mérito, entre otras, la de

ser improcedente su regreso al no ser beneficiaria del régimen de transición y estar a menos de 10 años para alcanzar la edad para pensionarse. Las demandadas propusieron similares excepciones de mérito, entre otras, la de “prescripción”, Colpensiones las denominadas inexistencia del derecho y de la obligación por falta de reunir los requisitos legales, imposibilidad jurídica para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal y cobro de lo no debido; y Protección S.A. la de inexistencia de la Obligación y falta de causa para pedir y buena fe.

2. Síntesis de la sentencia apelada La Jueza Segundo Laboral del Circuito de Pereira declaró ineficaz el traslado de la señora Martha Cecilia Valencia Zabala del RPM al RAIS a través de ProtecciónOrdinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01

Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A. S.A. el 16/07/1999, efectivo el 01/09/1999; ordenó a la AFP a devolver a Colpensiones, la totalidad de recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual junto con sus rendimientos financieros, valores que deberán aparecer discriminados con sus respectivos montos, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y otros rendimientos relevantes. Finalmente, condenó en costas procesales a Protección S.A.

Como fundamento la a quo consideró que la AFP, pese a acercar el formulario de afiliación, no demostró que brindó información completa, veraz y oportuna a la demandante al momento de surtirse su traslado de régimen, sin que emergiera del interrogatorio confesión alguna.

3. Del recurso de apelación

afiliación, no demostró que brindó información completa, veraz y oportuna a la demandante al momento de surtirse su traslado de régimen, sin que emergiera del interrogatorio confesión alguna.

3. Del recurso de apelación Colpensiones solicitó revocar la decisión y para ello argumentó en primer lugar que, el derecho a trasladarse entre regímenes pensionales está limitado a las personas que les faltare menos de 10 años para alcanzar la edad para pensionarse, además manifestó que la posición de la Corte afecta la sostenibilidad financiera, pues cuando se declara la nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional la jurisprudencia pacífica de la Corte ha indicado que se debe retornar a Colpensiones la totalidad de la cotizaci ón, esto es junto con lo destinado a GPM, cuotas de administración, rendimientos y lo que se pagó por seguros previsionales.

4. Grado jurisdiccional de consultaOrdinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01

Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A. Como la anterior decisión, resultó adversa a los intereses de Colpensiones, de la que es garante la Nación, se admitió el grado jurisdiccional de consulta ordenado por la a quo.

5. Alegatos Las partes no presentaron alegatos de conclusión.

CONSIDERACIONES

1. Del problema jurídico

Visto el recuento anterior se formula el siguiente,

¿Se probaron los supuestos fácticos para declarar la ineficacia de afiliación contemplada en el literal b) del artículo 13 y 271 de la Ley 100/1993, pretendida por

Visto el recuento anterior se formula el siguiente,

¿Se probaron los supuestos fácticos para declarar la ineficacia de afiliación contemplada en el literal b) del artículo 13 y 271 de la Ley 100/1993, pretendida por la parte activa de la litis, con las consecuencias que ella apareja?

2. Solución al problema jurídico

En adelante y con ocasión a la sentencia SU107 de 2024 proferida por la Corte Constitucional, que tiene efectos inter pares para los traslados de régimen pensional efectuados en el periodo 1993 a 2009, esta sala aplicará las reglas allí expuestas, tanto las que ratifica las ya diseñadas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como las que flexibiliza, en especial la atinente a la carga probatoria, entre otros tópicos.

2.1. Fundamento jurídico

2.1.1.   De la acción de ineficaciaOrdinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01 Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A.

2.1.1.1. Cumplimiento del deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones:

Desde la creación de las administradoras de fondos de pensiones (Ley 100 de 1993), están obligadas a dar a sus futuros afiliados, antes de elegir el nuevo

régimen pensional y con un lenguaje simple y comprensible, la información necesaria sobre las características esenciales del RAIS, sus condiciones, beneficios, riesgos, o lo que es lo mismo, ventajas y desventajas, así como las consecuencias del cambio de régimen pensional, (SL 1452 de 2019); solo así se cumplirá el contenido del literal b) del artículo 13 ib. que hace referencia al derecho a la libre y voluntaria selección del régimen, lo que implica adoptar una decisión con conocimiento de causa. Derecho que se garantiza también con el retracto y la normativa que permitió retornar al RPM luego de cambiar de régimen (art. 3 Decreto 1161 de 1994, art. 2 Decreto 1642 de 1995, art. 2 de la ley 797 que modificó el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, declarada su constitucionalidad de manera condicionada C-789 de 2002).

Deber de información que está también contenido en el artículo 97 numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 797 de 2003, pues al ser un servicio público el que prestan las AFP, en un modelo económico de mercado, debe garantizarse que no se aprovechen de la falta de conocimiento del consumidor final, por lo que con esta obligación se disminuye la asimetría de la información.

Esta obligación, posteriormente se hizo más exigente a las AFP, pues pasó a la asesoría y buen consejo para el año 2010 hasta el 2014 (literal c) artículo 3 de la

ley 1328 de 2009 y Decreto 2241 de 2010 derogado por el decreto 2555 de 2010) y, finalmente a partir de 2015 se implementó la doble asesoría (ley 1748 de 2014 yOrdinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01 Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A. artículo 3 del Decreto 2071 de 2015, circular externa de la Superfinanciera 016 de 2016).

Entonces, el juez debe analizar este deber de información dependiendo de la época del traslado de régimen (SL 3134 de 2023).

2.1.1.2 Del incumplimiento al deber de información

El artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra como sanción por el incumplimiento al deber de información, al momento de afiliación o selección del régimen, entre otras, la ineficacia del traslado, con el propósito de que el trabajador recobre su vinculación al régimen anterior.

Sobre este punto y en tanto la Corte Constitucional halló que la Sala de Casación Laboral “hace referencia a la nulidad e ineficacia del traslado como si se tratare de figuras similares o iguales”; en la sentencia SU-107/2024 aclaró “que la tesis correcta es la de la ineficacia del traslado no siendo posible aplicar o hacer referencia a la nulidad del traslado, ya que ello, de por sí, llevaría a la anulación de

la sentencia por cuanto no existe una norma legal que contemple una causal expresa de nulidad tal y como se vio en acápites previos (supra 220 y ss).”.

2.1.1.3 Reglas frente a la tesis de la ineficacia de traslado entre regímenes pensionales contenidas en el precedente de la Sala de Casación laboral y moduladas, algunas, por la Corte Constitucional en la sentencia SU107/2024.

Adicionalmente, a las reglas referidas en los párrafos anteriores, deben tenerse en cuenta las siguientes:Ordinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01 Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A.

1. Imprescriptibilidad de la acción de ineficacia: la que tiene su razón de ser, de un lado, en su propósito, que es comprobar la manera en que ocurrió un hecho, esto es, la ausencia de información por parte de la AFP al momento del traslado, que constituye una pretensión declarativa (sl 1004 de 2022), y de otro, por el ser la afiliación un componente de la pensión, esta que es irrenunciable por orden constitucional – art. 48 de la C.N. - (SL 795 de 2013, citada en la SL 2929 de

2022).

Entonces, los interesados pueden solicitar en cualquier tiempo que se declare la ineficacia del traslado de régimen pensional, por cuanto el paso del tiempo en modo alguno elimina la posibilidad de acudir a la vía judicial . Regla que se reafirmó en la SL 3179 de 2023

2. Posibilidad de declararse la ineficacia del traslado aun cuando el

reafirmó en la SL 3179 de 2023

2. Posibilidad de declararse la ineficacia del traslado aun cuando el solicitante no hubiere estado amparado por el régimen de transición

Al punto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia adujo que el deber de información es exigible téngase o no un derecho consolidado, un beneficio transicional, se esté próximo o no a pensionarse; todo ello, por tratarse de un derecho mínimo que se consagra a favor de los afiliados (sentencias Rad. No. 31989 de 2008, SL4964-2018, SL1421-2019, SL1452-2019, SL1688-2019 y SL1689-2019).

3. Frente a los actos de relacionamientotraslados horizontales:  La Sala Permanente de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL1055-2022 explicó que la teoría de los actos de relacionamiento, para efectos de una afiliación, no es aplicable en los casos de ineficacia de traslado de régimen pensional por cuanto “l os actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se trasladó entre fondos privados o no retornó a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera laOrdinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01

Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A. ineficacia del acto jurídico del traslado de régimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jurídico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad”.

4. Imposibilidad de declarar ineficacia de un traslado al RAIS en favor de una persona que esté pensionada en ese régimen: La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL373-2021 varió la postura que sostenía desde el 09/09/2008 (rad. 31989), para establecer que la calidad de  pensionado, en tanto constituye una situación jurídica consolidada, no resulta razonable revertirla y, por ende, la acción de ineficacia de la afiliación al RAIS no puede salir avante para los demandantes que ostenten dicha condición. Tesis reiterada entre otras en la SL1113 de 2022, SL 1718 de 2022.

Para la Sala de Casación Laboral tal imposibilidad – retrotraer el estado de pensionado a afiliado -, más que una trasgresión a la norma se contempla desde las consecuencias que acarrearía tal conversión, es decir, por el “ efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones”. Al punto, la jurisprudencia señaló argumentos en orden a las consecuencias para demostrar tal imposibilidad que denominó “ disfuncionalidades” en torno a las personas, entidades, terceros, actos, relaciones jurídicas y todo el sistema pensional en general (SL 3491 de 2022).

Sin embargo, la Corte señaló que, si bien el pensionado en el RAIS carece de la

actos, relaciones jurídicas y todo el sistema pensional en general (SL 3491 de 2022).

Sin embargo, la Corte señaló que, si bien el pensionado en el RAIS carece de la acción de ineficacia de la afiliación, mantiene la posibilidad de obtener la reparación a los perjuicios que le hubiesen causado bajo el artículo 2341 del Código Civil y la reparación integral contemplada en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 (SL373 de 2021, sl 2924 de 2023).

Ahora, esta regla no se aplica a los pensionados en el RPM que solicitan la ineficacia de un traslado que efectuaron en el pasado al RAIS porque están enOrdinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01 Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A. una situación diferente, en tanto la ineficacia del inicial traslado al RAIS no genera tensiones ni apareja complejidades propias del RAIS.

Tampoco se aplica la regla en mención a quienes hayan recibido en el RAIS devolución de saldos como se dijo recientemente en la SL 2929 de 2022, por no ser una situación jurídicamente consolidada, sino una prestación subsidiaria. Ineficacia condicionada a la restitución de los dineros recibidos, como se apuntó en la SL 2520 de 2023, que cita a la SL 1423 de 2023.

5.Frente al formulario de afiliación:  El simple consentimiento vertido en el

formulario de afiliación es insuficiente para darle eficacia al acto del traslado, pues ello no da cuenta de que haya sido, como se requiere en estos eventos, precedido de un “consentimiento informado”.

Así, en palabras de la corte “ la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado”  (SL1688-2019, reiterada SL 2685 de 2023).

Criterio al que le haya razón la Corte Constitucional, pero agrega “ Con todo, en criterio de esta Corte, dicho formulario debe ser una prueba más en el expediente que deberá ser estudiado en su conjunto con las demás que se alleguen.”

6. Ineficacia y multiafiliación: En el evento de solicitarse la ineficacia del traslado de régimen y estar de por medio una multivinculación; contrario, a lo sostenido porOrdinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01

Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A. la Sala de Casación laboral (SL2833 de 2021), dice la Corte constitucional en la

SU 107 de 2024, que reitera el criterio plasmado en la T191 de 2020, que primero debe decidirse la ineficacia y de no existir, revisar las reglas de multivinculación (decreto 692 de 1994, decreto 3995 de 2008) para determinar a qué fondo pertenece el afiliado; pues si el traslado es ineficaz no se incurrió en multivinculación. Agrega, que abordar primero el estudio de la multivinculación podría convalidar un traslado sin información, lo que comprometería seriamente el derecho a la libertad de elección con el que cuentan los usuarios.

7. Dineros que la administradora del RAIS debe devolver al RPM si se declara una ineficacia de traslado:  Para la Corte Constitucional, en la SU 107 de 2024, solo es viable trasladar “ el ahorro de la cuenta individual, los rendimientos y si se ha pagado el valor de un bono pensional, pues no toda la cotización es apta de traslado toda vez que el aporte se desglosa entre otros, en primas de seguros, gastos de administración, el porcentaje para el fondo de garantía mínimo. Incluso, tampoco sería posible devolver los aportes voluntarios realizados por el afiliado mientras estuvo en el RAIS y que implicaron beneficios tributarios a efectos de la declaración de renta, la compra de acciones u otro tipo de inversiones, pues se trata de una serie de situaciones que consolidaron.”.

En este sentido concluye la Corte Constitucional: “ En suma, ni las primas de

seguros, los gastos de administración, o el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ya sea de forma individual, combinada o indexada son susceptibles de devolución o traslado al configurar situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional”.Ordinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01 Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A.

8. Carga probatoria

Al respecto dice la Corte Constitucional:

“(...) La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que siempre que se indique, en la demanda, que una AFP no informó sobre las consecuencias de un cambio de régimen pensional, corresponde a la AFP demostrar que sí brindó dicha información.”

Planteamiento que apoyó la Sala de Casación Laboral en el artículo 1604 del CC (SL19447-2017[220] y SL17595-2017); en la inversión de la carga de la prueba por la facilidad de la AFP de demostrar que dio la información (SL4296-2018); o por tratarse de una negación indefinida del actor que no está obligado a probar (SL1452-2019).

Tesis que encontró la Corte Constitucional necesario flexibilizar y fijar reglas probatorias; decisión que sustentó en la función de la prueba en el proceso judicial y responsables de aportarla, para lo cual indicó:

“(...) La carga de la prueba es un principio neurálgico dentro de la estructura del modelo dispositivo que rige al procedimiento laboral. [251] Por remisión normativa, son aplicables al proceso laboral los artículos 1757[252] del Código Civil y 167 del Código General del Proceso (que reemplazó al 177[253] del Código de Procedimiento Civil). Lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso -primer incisoilustra este principio: “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.Ordinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01 Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A. Entones, le corresponde al demandante en principio probar el supuesto de hecho para hacerse merecedor de la consecuencia jurídica establecida en la norma; de lo contrario no saldrá avante su pretensión.

Pero, el juez cuenta con poderes y facultades para garantizar los derechos fundamentales de las partes y su equilibrio; de tal manera que tiene como herramientas, cuando se presente una imposibilidad material de la parte para aportar la prueba: i) el decreto y práctica de pruebas de manera oficiosa (art. 54 C.P.T.S.S.), sin que pueda llegar a desplazar en ningún caso la iniciativa de la parte ni reemplazar las tareas procesales o ii) el uso de la carga dinámica de la prueba para invertir la carga probatoria, para que sea la contraparte que está en

mejor condición de hacerlo quien pruebe, rebata o desvirtúe de manera contundente el hecho afirmado (art. 167 del C.G.P); facultad que es excepcional y no regla general.

De tal manera que cuando la Corte Suprema de Justicia aplicó dicha inversión de manera genérica en todos los asuntos de ineficacia en aras de proteger a la persona, la Corte Constitucional considera que ello de un lado libera al accionante de cualquier acción dirigida a probar el derecho reclamado y de otro exime al juez de decretar y practicar pruebas de manera oficiosa, con lo que se desconoce el principio dispositivo del sistema judicial colombiano y modifica las reglas relativas a la carga probatoria.

Por lo que en la sentencia SU107 de 2024 se expresa que: “En consecuencia, la Corte Constitucional reitera que solo las circunstancias que rodean a las partes, en cada caso concreto, pueden permitir al juez evaluar la posibilidad excepcional de invertir dicha carga o de distribuirla. Y esta debe ser una decisión del juez ordinario laboral, en su calidad de director del proceso y que además tiene repercusiones en la autonomía e independencia judicial.”Ordinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01 Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A. De otro lado, para flexibilizar la regla de la carga probatoria, también tuvo en cuenta las implicaciones del precedente de la Sala de Casación Laboral sobre la

sostenibilidad financiera del sistema pensional y el criterio de sostenibilidad fiscal (artículos 48 y 334 de la Constitución Política), siendo enfática la Corte Constitucional en decir que los jueces de la República también están vinculados por estos principios. Se reitera, el Órgano Constitucional en la sentencia SU-107/2024 flexibilizó el precedente de la Sala de Casación Laboral y fijó reglas probatorias que a continuación se transcriben in extenso por la importancia y el llamado que se le hace al juez:

“(...), se reconoce que la Constitución y la ley procesal no permiten imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes (ni al afiliado, ni a la AFP). Para esta Corte es sumamente importante no despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes para analizar las pretensiones o las excepciones propuestas y de su facultad para, conforme a las reglas de la sana crítica, valorar las pruebas con el objeto de resolver los casos de ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS.

Por ello, en contraste con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, se dispondrá que en los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado deberán tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constitución Política, en el Código Procesal del Trabajo y

de la Seguridad Social y en el Código General del Proceso, que se refieren al debido proceso. Esto supone que el juez, debe actuar como director del proceso judicial, con la autonomía e independencia que le son propios y,Ordinario Laboral Rad. 66001-31-05-002-2023-00207-01 Martha Cecilia Valencia Zabala vs. Colpensiones y Protección S.A. dentro de las muchas actuaciones dirigidas a formar su convencimiento para decidir lo que en derecho corresponda, puede:

“i) Analizar si el afiliado conocía las consecuencias que tendría al trasladarse al RAIS, en el periodo 1993-2009. De manera más precisa, el juez debe identificar si, en los términos del artículo 13, literal b, de la Ley 100 de 1993 y del artículo 97numeral 1del Decreto 663 de 1993, los asesores de las AFP comunicaron sobre: a) los riesgos que se reconocen en el RAIS; a) las posibilidades de efectuar cotizaciones adicionales; c) las consecuencias que tendría el no reunir el capital mínimo exigido para pensionarse por vejez; d) la garantía de la pensión mínima; o, e) la devolución de saldos,