TSDJ PSO SCF - 2016-00072-01 (163-01)-(22-02-2022)

Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 1 de 17 PROCESO REIVINDICATORIO – REQUISITOS: Los presupuestos de la acción de dominio deben reunirse en su totalidad para que lo incoado pueda prosperar, pues la ausencia de cualquiera de ellos conduce inexorablemente al fracaso de las pretensiones. PROCESO REIVINDICATORIO – Al no ser la propiedad un derecho absoluto, este puede ser controvertido por un particular o, inclusive, por el Estado en defensa de su territorio. PROCESO REIVINDICATORIO – NATURALEZA JURÍDICA DEL BIEN PERSEGUIDO: Al ventilarse un litigio donde se discute un eventual derecho de propiedad privada de un particular versus la titularidad estatal sobre un bien fiscal, se deben decretar pruebas, incluso de oficio, en procura de esclarecer la naturaleza jurídica del bien perseguido en reivindicación. BIENES DE USO PÚBLICO – CARACTERÍSTICAS: Son inalienables, imprescriptibles e inembargables. BIENES DE USO PÚBLICO – Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público, por ende, intransferibles a cualquier título a los particulares.

PROCESO REIVINDICATORIO – REQUISITOS: No se configuran.

Del análisis conjunto del material probatorio obrante en el proceso, se determina que no hay lugar a la prosperidad de las pretensiones, siendo que no se logró acreditar que el bien

pretendido en reivindicación es de propiedad del demandante; estableciéndose por el contrario que gran parte del bien es de uso público, y no obstante, (…) se acreditó que el folio de matrícula inmobiliaria se abrió con fundamento en una resolución de adjudicación de dominio emitida por un ente gubernamental, empero ese acto jurídico ha de reputarse absolutamente ineficaz, por cuanto, tratándose de un bien de uso público de carácter natural, al ser terreno costero, ninguna persona pudo haber adquirido el dominio del mismo; de hecho, se itera, obra suficiente material en el plenario para colegir que ese acto administrativo fue declarado nulo por una autoridad judicial. (…) (…) la irregular situación del lote de terreno reclamado en reivindicación debe ser enmendada por las vías legales pertinentes, sin que pueda la judicatura en esta oportunidad legitimar el derecho del señor RICARDO REINEL SANTACRUZ, toda vez que, por el solo hecho de haberse inscrito en el Registro de Instrumentos Públicos una escritura pública de compraventa en tradición posterior a una resolución de adjudicación, no lo convierte per se en propietario de un inmueble, más aún cuando el acto originario del folio de matrícula inmobiliaria fue declarado nulo por tratarse, al parecer y con alto grado de probabilidad, de un bien de uso público.(…) ______________________________________________________________ SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA San Juan de Pasto, veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022).

Radicación: 2016-00072-01 (163-01) Asunto: Apelación de sentencia en proceso reivindicatorio

Demandante: Ricardo Reynel Santacruz

Demandado: Felipe Pinzón Ortiz y Otros

Procedencia: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco

Magistrada Ponente: AIDA MÓNICA ROSERO GARCÍATribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 2 de 17

Una vez agotado el trámite previsto en el art. 14 del Decreto Legislativo N° 806 de 2020 y, de conformidad con lo ahí dispuesto, procede la Sala a dictar por escrito sentencia de segunda instancia dentro del presente asunto.

I. ANTECEDENTES LA DEMANDA.- El señor RICARDO REINEL SANTACRUZ presentó demanda reivindicatoria en contra de los señores FELIPE PINZÓN ORTIZ, GINA PAOLA FORERO VALENCIA, FERNANDO WALTER PINZÓN PÉREZ, ERNESTO PINZÓN ORTIZ y PERSONAS INDETERMINADAS, con el fin de que, previo el trámite del proceso verbal, se declare que le pertenece el dominio pleno y absoluto de un bien inmueble ubicado en el barrio 20 de julio, sector El Morro del municipio de Tumaco (N), cuya es extensión es de 1.374 metros cuadrados, ubicado dentro de un predio de mayor extensión cuya área superficiaria es de 20 Hectáreas más 8750 metros cuadrados. Como

consecuencia de lo anterior solicitó que se condene a los demandados a la restitución de dicho inmueble, así como el pago de los frutos civiles correspondientes, por tratarse de poseedores de mala fe. Los hechos en los que se fundamenta la acción, se redujeron a afirmar: (i) Que el señor RICARDO REINEL SANTACRUZ adquirió el inmueble de mayor extensión denominado “Cecilia”, ubicado en el municipio de Tumaco, sector El Morro, mediante Escritura Pública No. 809 de 29 de noviembre de 1995 de la Notaría Única del Círculo de Tumaco, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No. 252-00091 e identificado con código catastral No. 52-83-501-02-000-38-000-16-000. (ii) Que la tradición del bien inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria No. 252-00091 inició y se consolidó con la adjudicación efectuada por la Gobernación de Nariño al señor ALFONSO CORTES CAJIAO en el año 1962; adjudicación que se protocolizó mediante Escritura Pública No. 6 de 3 de enero de 1963 y, luego, el señor CORTES CAJIAO, mediante escritura pública No, 380 de 1976 enajenó el bien al señor NECTARIO LÓPEZ BURBANO, quien, a su vez, en el año 1995 vendió el predio al hoy demandante.Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 3 de 17 (iii) Que desde el año 2014 los señores FELIPE PINZÓN ORTIZ, GINA PAOLA

Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 3 de 17 (iii) Que desde el año 2014 los señores FELIPE PINZÓN ORTIZ, GINA PAOLA FORERO VALENCIA, FERNANDO WALTER PINZÓN PÉREZ y ERNESTO PINZÓN ORTIZ empezaron a poseer de forma irregular, arbitraria y violenta una parte del terreno de mayor extensión, concretamente un área de 1.374 metros cuadrados; procediendo, sin autorización del propietario y de la alcaldía municipal, a construir en dicho terreno una casa de dos plantas en ferro concreto, con un área aproximada de 194 metros cuadrados. (iv) Que a raíz de lo narrado en el hecho anterior, el demandante se encuentra privado de la posesión material del bien objeto de reivindicación, situación que lo conllevó a adelantar acciones policivas ante la Inspección de Policía de Tumaco y judiciales ante Fiscalía General de la Nación, con el fin de recuperar la posesión de su inmueble; sin embargo, los demandados han omitido el cumplimiento de las medidas ordenadas al interior de dichos trámites. Resulta importante señalar que, de oficio, se dispuso la vinculación al trámite de la FUNDACIÓN CANAL TELEFARO DE TUMACO, así como de la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO. De otro lado, la parte demandante decidió desistir de las pretensiones de la demanda encausadas

en contra de GINA PAOLA FORERO VALENCIA, FERNANDO WALTER PINZÓN

MARÍTIMA – CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO. De otro lado, la parte demandante decidió desistir de las pretensiones de la demanda encausadas

en contra de GINA PAOLA FORERO VALENCIA, FERNANDO WALTER PINZÓN

PÉREZ, ERNESTO PINZÓN ORTIZ y PERSONAS INDETERMINADAS.

POSICIÓN DE LOS DEMANDADOS. – El señor FELIPE PINZÓN ORTIZ manifestó no constarle la mayoría de los hechos descritos en la demanda, sin embargo, se opuso a las pretensiones propuestas tras señalar que no es posible inferir con grado de certeza que el bien descrito en las escrituras públicas aportadas por el actor corresponda al inmueble perseguido en reivindicación, toda vez que este último pertenece a los bienes denominados de uso público, los cuales ostentan las características de inajenables e imprescriptibles, perteneciéndole concretamente su dominio a la Nación, bajo la jurisdicción de la Dirección Marítima de Tumaco. Los señores GINA PAOLA FORERO VALENCIA, FERNANDO WALTER PINZÓN PÉREZ y ERNESTO PINZÓN ORTIZ pese a haber sido desvinculados del trámite en razón del desistimiento de las pretensiones encausadas en suTribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 4 de 17 contra, expresaron que la Escritura Pública No. 809 de 29 de noviembre de

1995 no es válida toda vez que los derechos allí contenidos encuentran su origen en una resolución de adjudicación de un bien baldío, la cual fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Nariño mediante proveído de 23 de julio de 1968, registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tumaco el 17 de septiembre de esa misma anualidad. Refirieron también los entonces demandados que el bien inmueble que se reclama es un bien baldío, de uso público, por lo que el mismo no puede ser objeto de posesión o apropiación privada y que la ocupación del inmueble se encuentra en cabeza de la Fundación Canal Telefaro de Tumaco, quien ha adelantado algunos trámites ante la Dirección Marítima de Tumaco – DIMAR – para su concesión, en atención a que el bien se encuentra bajo su jurisdicción. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado adujo que su participación ha sido prevista por el legislador de forma facultativa en aquellos procesos donde una entidad pública de orden nacional sea parte, cumpliendo con algunos criterios de intervención con el propósito de contribuir en la defensa de los intereses patrimoniales del Estado y que, en este caso, no realizaría ninguna intervención ni se pronunciaría sobre la actuación, solicitando así su desvinculación. Finalmente, la Fundación Canal Telefaro de Tumaco, encontrándose debidamente notificada no contestó la demanda, al igual que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL –;no obstante, esta última

entidad de manera extemporánea allegó una documentación tendiente a demostrar que el predio en litigio pertenece a la Nación, de conformidad con los dispuesto en el Decreto 2164 de 10 de septiembre de 1952, protocolizado mediante escritura pública No. 06 de 6 de febrero de 1953 de la Notaría Única de Tumaco, registrada en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 252-0018009; documentos que fueron incorporados de oficio al expediente por parte del Juez de primera instancia. Finalmente, el señor ALFONSO CORTEZ CAJIAO a través de apoderado judicial solicitó su reconocimiento como tercero interviniente en el presente asunto, aduciendo que existe una organización criminal conocida como “Los Pastores Reinel”, quienes mediante engaños y sobornos a funcionarios públicos y con el uso de documentos públicos falsos registrados en el folio de matrícula inmobiliaria No. 252-000991 de la ORIP de Tumaco, pretenden legitimar susTribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 5 de 17 delitos para apropiarse y despojarle de su propiedad sobre el predio denominado “Cecilia”, ubicado en el barrio 20 de julio, en la Isla del Morro del municipio de Tumaco, matriculado bajo folio No. 252-0023117; predio que aseguró jamás haber enajenado luego de haber sido adjudicado por la Gobernación de Nariño. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco dictó sentencia de primera instancia en la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda de reivindicación por no haberse

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco dictó sentencia de primera instancia en la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda de reivindicación por no haberse demostrado los presupuestos faticos de la acción reivindicatoria; condenó al demandante a pagar las costas del proceso a favor de la parte demandada y compulsó copias del expediente a la Procuraduría General de la Nación para que investigue posibles faltas disciplinarias en la protección de intereses públicos que debe asumir la Dirección General Marítima y el Ministerio de Defensa Nacional. El A quo sustentó su decisión argumentando, en primer lugar, que de acuerdo con los elementos de prueba allegados al proceso no es factible concluir que el demandante es el propietario del bien reclamado en reivindicación, pues a pesar de que allegó copia de la Escritura Pública por medio de la cual presuntamente adquirió el derecho de dominio, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No. 252-00091, lo cierto es que dicho folio se originó con la inscripción de la resolución de adjudicación No. 357 del 17 de octubre de 1962, misma que fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia proferida en el año 1968 y registrada en el libro correspondiente, en la partida 324, según la documentación obrante en el expediente. Señaló que, pese a que no se contó con documentos originales o copias auténticas de estos últimos, existe suficiente evidencia para concluir que el fallo de nulidad sí existió y que la matrícula en cuestión se canceló por parte del Registrador de turno. Refirió que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tumaco falló

que el fallo de nulidad sí existió y que la matrícula en cuestión se canceló por parte del Registrador de turno. Refirió que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tumaco falló en su labor de dar fe pública de la integridad de los registros y los actos registrados en tanto evidentemente existió un cercenamiento de los actos registrales sobre el predio en cuestión, en particular de la partida 324, sin que ello generara consecuencia alguna. Así concluyó que, al no existir certeza de que el registro fue llevado de manera adecuada, imposible es colegir que laTribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 6 de 17 adquisición originaria del bien inmueble es válida y, en consecuencia, las tradiciones derivadas de ella. En segundo lugar, sobre la identidad del bien poseído por los demandados y el pretendido por el demandante, aseveró que no pudo ser identificado de forma inequívoca, ya que, si bien existe una ubicación aproximada del inmueble de mayor extensión, no es posible determinar que el predio de menos extensión reclamado sea parte o no del mismo; esto en razón a que no se logró ubicar el inmueble conforme lo establecido en el acto de adjudicación de 1967 y las escrituras públicas, si no tan solo partiendo de la ubicación in situ del mismo; de ahí que no sea posible determinar que el bien visitado, sea el mismo que se adjudicó en 1967 y presuntamente adquirió

el señor Ricardo Reynel en 1995. Así como tampoco se logró determinar de manera inequívoca si este pertenece a la jurisdicción de la DIMAR representada por el Ministerio de Defensa Nacional. EL RECURSO DE APELACIÓN. - Actuando dentro de término, la parte demandante apeló la sentencia; recurso que fue concedido en el efecto suspensivo por el a quo y, admitido por la presente instancia. La apodera judicial del señor RICARDO REINEL SANTACRUZ indicó que el Juez de primera instancia restó valor probatorio a las pruebas documentales aportadas, en particular a la Escritura Pública No. 809 de 29 de noviembre de 1995 de la Notaria Única de Tumaco y el Certificado de Tradición con matrícula inmobiliaria No. 252-00091, para en su lugar afirmar que la tradición del inmueble desde un inicio no es válida dado que no hay certeza sobre el derecho de dominio en tanto la partida 324 del libro de registro se encuentra cercenada; dejando a un lado la presunción de legalidad que reviste a los documentos públicos registrados ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Afirmó que la Resolución No. 357 de 17 de diciembre de 1962 expedida por la Gobernación de Nariño tiene completa validez, por cuanto ningún sujeto procesal demostró que esta haya perdido vigencia y que, por el contrario, el Secretario General de la Agencia Nacional de Tierras expidió con destino a este proceso copias autenticadas de dicho acto, demostrando con ello que la decisión se encuentra vigente.Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 7 de 17 Refirió que el Juzgado de primera instancia basó su decisión en copias simples,

decisión se encuentra vigente.Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 7 de 17 Refirió que el Juzgado de primera instancia basó su decisión en copias simples, borrosas e ilegibles aportadas por la Dirección Marítima, aduciendo que existió una sentencia de nulidad proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño por medio de la cual se dejó sin efectos la mentada Resolución No. 357; cuando dichos documentos no debieron ser valorados, por estar completamente deteriorados. Con ello concluyó que no hay ningún elemento de convicción que respalde la existencia de la supuesta sentencia de nulidad. Por otra parte afirmó que el A Quo erró al atribuir valor probatorio al informe pericial presentado por el señor Jairo Peter Cabezas, por cuanto su concepto adolece de defectos de fondo y forma; así como falta de experiencia, preparación y conocimiento requerido para llevar a cabo la labor encomendada. Seguidamente manifestó que el fallador debió tener en cuenta los conceptos periciales presentados por Cristina Revelo, José Luis Montenegro y Hernando Wiest López, mediante los cuales se logró identificar plenamente el bien inmueble y el área que se pretende reivindicar, determinando que este hace parte del predio denominado “Cecilia”, adquirido por el señor Ricardo Reynel mediante Escritura Pública No. 809 de 1995. Adicionalmente expuso que los testigos BONNY PATRICIA REYNEL, BALVINO GUTIÉRREZ y RAMÓN REYNEL no son técnicos, ni expertos, pero que debió

tenerse en cuenta su declaración a efectos de determinar la identificación del predio, ya que aquellos manifestaron conocer su ubicación según lo establecido en la referida Escritura Pública 809. Por último sostuvo que se encuentran acreditados todos los elementos de la acción propuesta, solicitando la revocatoria del fallo de primera instancia, para que en su lugar se accedan a las pretensiones de la demanda. Reseñados los aspectos relevantes de la litis, se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES LA SANIDAD PROCESAL.- No se advierte que en la tramitación del proceso se haya incurrido en una causal de nulidad insanable o, en una de aquellas que deban ser puestas en conocimiento de las partes.Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 8 de 17

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES.- Concurren a plenitud en el presente caso, veamos: tenía el A quo competencia para avocar conocimiento en primera instancia en virtud de la naturaleza del asunto (art. 20 num. 1° del

C. G. del P.), así como por el domicilio de la parte demandada (art. 28 num. 1°ibídem) y el lugar de ubicación del inmueble; mientras que esta Corporación tiene competencia funcional para desatar el recurso de alzada interpuesto (art. 31 num. 1° del C. G. del P.).

De otro lado, las partes son personas naturales mayores de edad, y, la persona jurídica que fue vinculada al trámite compareció a través de su representante legal, por lo que tienen capacidad para ser parte y comparecer al proceso. Continuando con el análisis de los presupuestos procesales encontramos que las partes fueron asistidas por profesionales del Derecho de su escogencia y, finalmente, se observa que la demanda presentada se allanó a cumplir con las mínimas exigencias que permiten decidir de fondo el asunto. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA.- El señor RICARDO REINEL SANTACRUZ solicitó la reivindicación de un lote de terreno afirmando que este hace parte de un predio de mayor extensión el cual aduce es de su propiedad tras haberlo adquirido mediante escritura pública de compraventa debidamente registrada en la oficina de instrumentos públicos , por lo que tiene, en principio, pleno interés jurídico para promover la acción invocada en procura de recuperar dicho inmueble –legitimación en la causa por activa-. Por otra parte, la personería sustantiva en relación con el demandado FELIPE PINZÓN ORTIZ y la FUNDACIÓN CANAL TELEFARO DE TUMACO –legitimación en la causa por pasiva–, encuentra sustento en ser quienes se reputan poseedores del bien reclamado en reivindicación. DEL CASO CONCRETO.- Reseñados los aspectos relevantes de la litis, se procede a resolver el recurso de apelación propuesto. Para ello, la Sala se ceñirá a los reparos concretos formulados por la parte

apelante contra la sentencia de primer grado, los cuales delimitan la competencia de esta segunda instancia de acuerdo a los arts. 320 inc. 1° y 328 inc. 1° del C. G. del P.Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 9 de 17 Así entonces, el problema jurídico gravita inicialmente en determinar si el bien pretendido en reivindicación es de propiedad del señor RICARDO REINEL SANTACRUZ y, solamente si la respuesta a dicho planteamiento es afirmativa, habrá lugar a estudiar si dicho inmueble se encuentra debidamente singularizado y determinado. Lo anterior, porque de antaño la Corte Suprema de Justicia ha forjado una línea jurisprudencial construyendo una doctrina probable en punto de los elementos o presupuestos de la acción de dominio para su prosperidad, a saber: (i) el derecho de dominio en el demandante, (ii) la posesión actual del demandado, (iii) la existencia de una cosa singular o cuota determinada proindiviso reivindicable, y (iv) la identidad entre el bien perseguido por el reivindicante y el poseído por el convocado; advirtiendo que tales requisitos deben reunirse en su totalidad para que lo incoado pueda prosperar, pues la ausencia de cualquiera de ellos conduce inexorablemente al fracaso de las pretensiones. Bien, decantado lo anterior se pasa a señalar que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia dispone: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”. El Código Civil, por su parte, define el concepto de dominio en su artículo 669, así: “El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno”; y, la forma de adquirir los derechos reales en Colombia, entre ellos el derecho de dominio, según lo dispuesto en el artículo 673 ibídem, son: la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Tratándose de tradición, conforme al artículo 745 de la citada codificación civil, ésta requiere una doble formalidad: el título y el modo. El título, es un acto de voluntad generador de obligaciones, o, puede suceder que la sola ley sea la que faculte para adquirir el derecho real de manera directa; verbigracia: una sentencia judicial o una resolución de adjudicación. Y, elTribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 10 de 17 modo, es la denominada tradición que, en caso de bienes inmuebles se perfecciona con la entrega del bien y la respectiva inscripción en la Oficina de Registro de Instrumento Públicos. Ahora, debe tenerse en cuenta que la Ley 160 de 1994 en su artículo 48 establece las formas de acreditar la propiedad privada, así: “A partir de la vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad privada sobre la

Registro de Instrumento Públicos. Ahora, debe tenerse en cuenta que la Ley 160 de 1994 en su artículo 48 establece las formas de acreditar la propiedad privada, así: “A partir de la vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial, se requiere como prueba el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.” En el caso bajo estudio se tiene que el inmueble solicitado en reivindicación presuntamente hace parte de un lote de mayor extensión cuya dimensión es de 20 Hectáreas 8750 metros cuadrados, ubicado en el barrio 20 de julio, sector El Morro del municipio de Tumaco, inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria No. 252-00091, el cual, según se afirma en la demanda, fue adquirido por el señor RICARDO REINEL SANTACRUZ, mediante contrato de compraventa. Para acreditar su derecho de dominio, el actor aportó con su escrito demandatorio copia de la Escritura Pública de Compraventa No. 809 de 29 de noviembre de 1995 de la Notaría Única del Círculo de Tumaco, suscrita con el señor NECTARIO LÓPEZ BURBANO, así como el certificado de tradición del

bien identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 252-00091 donde se evidencia, en la anotación No. 04, el registro del mentado título. Adicionalmente, en la anotación 01 folio de matrícula inmobiliaria registra la Resolución No. 357 de 17 de diciembre de 1962, mediante la cual la Gobernación de Nariño adjudicó el bien allí descrito al señor ALFONSO CORTES CAJIAO. En ese sentido, el primer antecedente registral del bien de mayor extensión que, a su vez presuntamente comprende el perseguido en reivindicación, corresponde a un título otorgado por el Estado; situación que, en principio, como lo coligió el Juez de primera instancia, permitiría concluir que se trata de un bien de propiedad privada, según la premisa incorporada en el artículo 48 de la citada Ley 160 de 1994.Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 11 de 17 No obstante, al no ser la propiedad un derecho absoluto, este puede ser controvertido por un particular o, inclusive, por el Estado en defensa de su territorio. Encuentra el Tribunal que en este asunto la parte convocada a juicio anunció que el bien perseguido por el demandante no era de su propiedad, sino que se trataba de un bien de uso público cuya jurisdicción es ejercida por la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR); ello tras aseverar que la

resolución de adjudicación que dio origen al folio de matrícula inmobiliaria No. 252-00091 fue declarada nula mediante sentencia emitida por el Tribunal de Nariño el 23 de julio de 1968; lo que a la postre generó su cancelación. Para soportar lo dicho, los demandados aportaron entre otros documentos: (i) el CONCEPTO TÉCNICO DE JURISDICCIÓN de fecha 20 de febrero de 20161 , donde le indican a la Representante Legal de la Fundación Canal Telefaro, que de acuerdo con el estudio de las coordenadas aportadas respecto del terreno ubicado en el barrio 20 de julio, con un polígono de 1.423,25 metros cuadrados, este se encuentra localizado totalmente en terrenos con características técnicas de zona de aguas marítimas, playas y/o baja mar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 del Decreto 2324 de 1984; siendo por tanto un bien de uso público intransferible a un particular a cualquier título; haciendo la salvedad que los permisos o licencias no confieren título sobre el suelo o el subsuelo. (ii) Certificado de uso de suelos expedido el 4 de febrero de 2015 por la Alcaldía Municipal de Tumaco2 sobre un lote de terreno de 1428 m2 donde se ubica la construcción de la Fundación Canal Telefaro, advirtiendo que se trata de un bien con distinción de uso público, cuyo suelo corresponde a la zonificación de protección de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial vigente para esa época. Y (iii) copia de la partida No.

324 del libro donde se registró la resolución de adjudicación No. 357 de 17 de diciembre de 1962 en favor el señor ALFONSO CORTES CAJIAO, donde se observa una nota en el costado izquierdo, suscrita a mano y firmada por el Registrador de Instrumentos Públicos el 17 de septiembre de 1968 que reza: “ cancelado según fallo del Tribunal Administrativo de Nariño de 23 de julio de 1968 (…)”.

1 Cuaderno 1 – PDF 03 “Contestaciones” Fl. 111. 2 Cuaderno 1 – PDF 03 “Contestaciones” Fl. 117.Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto Apelación sentencia en proceso verbal 2016-00072-00 (163-01) Página 12 de 17 Esta circunstancia conllevó a que se informara de la situación a la DIMAR y se vinculara formalmente al trámite reivindicatorio al Ministerio de Defensa Nacional; entidades que, en conjunto, sostuvieron formalmente que el predio objeto de reivindicación era un bien de uso público. La Dirección Marítima puntualizó3 que en anteriores oportunidades ya había emitido conceptos técnicos indicándole inclusive al mismo señor REINEL SANTACRUZ la naturaleza pública del predio “La Cecilia”, en tanto 17.740,125 metros cuadrados de dicho terreno tienen características técnicas de zona de baja mar y playa marina. Por su parte, El Ministerio de Defensa – Armada Nacional4 aportó copia del Decreto No. 2164 de 10 de septiembre de 1952 por

medio del cual se realizó la destinación de un bien nacional, de la reserva territorial del Estado al Ministerio de GuerraArmada Nacional, así como de la Escritura Pública No. 6 del 6 de febrero de 1953 otorgada en la Notaría Única de Tumaco, mediante la cual se protocolizó el citado Decreto 2164 y el registro de la misma en la matrícula inmobiliaria No. 252-0018009. En este punto válido es mencionar que acertó el Juez de primera instancia al disponer de manera oficiosa la vinculación al trámite de estas entidades, así como el abundante decreto de pruebas en procura de esclarecer la naturaleza jurídica del bien perseguido en reivindicación, pues la misma jurisprudencia de l