TSDJ SANTA ROSA DE VITERBO - Auto 202500046

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO

_____________________ Relatoría

INCIDENTE DE DESACATO – RESPONSABILIDAD DEL GERENTE ZONAL, GERENTE REGIONAL Y AGENTE INTERVENTOR POR INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE TUTELA PARA ENTREGA DE MEDICAMENTO Y TRATAMIENTO INTEGRAL: Procede la sanción por desacato contra la Gerente Zonal Boyacá (quien tiene a su cargo el cumplimiento de las órdenes de tutela), el Gerente Regional Centro Oriente (quien cuenta con facultades de supervisión y medidas correctivas para lograr el efectivo cumplimiento) y el Agente Interventor (quien cuenta y dispone de los recursos necesarios para el cumplimiento), cuando no acreditan el cumplimiento del fallo de tutela que ordenó entregar el medicamento, así como garantizar el tratamiento integral . / INCIDENTE DE DESACATO – PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO: A pesar de los requerimientos efectuados por el juez de instancia, y omiten pronunciarse o guardan silencio a lo largo del trámite incidental, conducta que debe calificarse de negligente o renuente, resultando la sanción (multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y dos días de arresto) razonable en cuanto a tiempo, multa y modo, pues la sanción por desacato supone un compromiso subjetivo del transgresor y obedece al principio de culpabilidad.

En ese sentido y de acuerdo con la documental allegada, considera la Sala Mayoritaria que la decisión consultada debe confirmarse, por cuanto la Nueva EPS, a través de la Dra. Mariam Liliana Carrillo Peña en calidad de Gerente Zonal Boyacá, quien tiene a su cargo el cumplimiento de las ordenes de tutela, el Dr. Salvador

consultada debe confirmarse, por cuanto la Nueva EPS, a través de la Dra. Mariam Liliana Carrillo Peña en calidad de Gerente Zonal Boyacá, quien tiene a su cargo el cumplimiento de las ordenes de tutela, el Dr. Salvador José Berrocal Narvaes como Gerente Regional Centro Oriente, quien cuenta con facultades de supervisión y medidas correctivas para lograr el efectivo cumplimiento de la orden de tutela, y el Dr. Luis Óscar Galves Mateus, como Agente Interventor, quien cuenta y dispone de los recursos necesarios para el cumplimiento de las ordenes de tutela, no acreditaron el cumplimiento del fallo en cita, a pesar de los requerimientos efectuados por el Juez de instancia, y si bien emitieron pronunciamiento, lo cierto es que no acreditaron el cumplimento de la orden. De manera tal, resulta claro que a la fecha no se ha dado cumplimiento al fallo de tutela en los términos ordenados. Así las cosas, el actuar descrito debe calificarse de negligente o renuente frente a lo ordenado por el juez de tutela, circunstancia que, además de seguir afectando los derechos fundamentales de la accionante, conlleva a la imposición de la sanción por de sacato, la cual, a propósito del tiempo, multa y modo, resulta razonable.

Nota de Relatoría: El Tribunal confirmó la decisión del 16 de febrero de 2026 proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo, que sancionó por desacato a la Dra. Mariam Liliana Carrillo Peña (Gerente Zonal Boyacá de la Nueva EPS), al Dr. Salvado r José Berrocal Narváez (Gerente Regional

CÓRDOBA DE CALA el medicamento denominado “ANAGRELIDA 0.5 MG – CANTIDAD 300”, en conforme a lo indicado por el médico tratante …”, decisión que fue a dicionada el 1° d e diciembre de 2025 por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo en segunda instancia, así: “Ordenar a la Nueva EPS garantizar el tratamiento integral para la patología Trombocitosis Esencial que padece Edelmira Libia Córdoba de Cala, que comprende la entrega oportuna de medicamentos, autorización y programación de consultas, realización de exámenes, procedimientos y demás suministro de insumos ordenados por el médico tratante”, de donde se origina el incumplimiento objeto de desacato.

6 Ver sentencia C-533 de 1993.Radicado No. 1569331070012025-00046-03

En ese sentido y de acuerdo con la documental allegada, considera la Sala Mayoritaria que la decisión consultada debe confirmarse, por cuanto la Nueva EPS, a través de la Dra. Mariam Liliana Carrillo Peña en calidad de Gerente Zonal Boyacá, quien tiene a su cargo el cumplimiento de las ordenes de tutela, el Dr. Salvador José Berrocal Narvaes como Gerente Regional Centro Oriente, quien cuenta con facultades de supervisión y medidas correctivas para lograr el efectivo cumplimiento de la orden de tutela, y el Dr. Luis Óscar Galves Mateus, como Agente Interventor, quien cuenta y dispone de los recursos necesarios para el cumplimiento de las ordenes de tutela, no acreditaron el cumplimiento del fallo en cita, a pesar de los requerimientos efectuados por el Juez de instancia, y si bien emitieron pronunciamiento, lo cierto es que no acreditaron el cumplimento de la orden. De

Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo, que sancionó por desacato a la Dra. Mariam Liliana Carrillo Peña (Gerente Zonal Boyacá de la Nueva EPS), al Dr. Salvado r José Berrocal Narváez (Gerente Regional Centro Oriente) y al Dr. Luis Óscar Galves Mateus (Agente Interventor), con multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y dos días de arresto, por el incumplimiento del fallo de tutela de primera instancia del 30 de octubre de 2025 (adicionado por el Tribunal el 1° de diciembre de 2025) que ordenó entregar el medicamento , así como garantizar el tratamiento integral para la patología TROMBOCITOSIS ESENCIAL (cáncer confirmado) que comprende la entrega oportuna de medicamentos, autorización y programación de consultas, realización de exámenes, procedimientos y demás suminist ro de insumos ordenados por el médico tratante. El Tribunal consideró que los funcionarios incidentados no acreditaron el cumplimiento del fallo a pesar de los requerimientos efectuados, y si bien emitieron pronunciamiento, no acreditaron el cumplimiento d e la orden, conducta calificada como negligente o renuente, resultando la sanción razonable. La decisión fue adoptada por la Sala Mayoritaria, con salvamento de voto del Magistrado Jorge Enrique Gómez Ángel. LA TITULACIÓN, CONTENIDA EN LOS DESCRIPTORES Y EN LA TESIS, ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, ESTO ES PARA FACILITAR LA BÚSQUEDA DE JURISPRUDENCIA; SE RECOMIENDA REVISAR DIRECTAMENTE LAS PROVIDENCIAS. SI TIENE

CONTENIDA EN LOS DESCRIPTORES Y EN LA TESIS, ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, ESTO ES PARA FACILITAR LA BÚSQUEDA DE JURISPRUDENCIA; SE RECOMIENDA REVISAR DIRECTAMENTE LAS PROVIDENCIAS. SI TIENE ALGÚN COMENTARIO U OBSERVACIÓN, POR FAVOR ENVIARLAS AL EMAIL: reltssrv@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Fuente Formal: Decreto 2591 de 1991, arts. 27, 52; Sentencias T-123/10, C-533 de 1993; CSJ SC, autos de 14 de septiembre de 2009 (exp. 2009-01417-00), de 18 de noviembre de 2010 (exp. 51390), ATC627 de 2016.

Número Proceso: 15693310700120250004603

Ponente: DRA. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA (Sala Mayoritaria) Incidentante: IVAN LEONARDO RODRIGUEZ OROZCO (agente oficioso de EDELMIRA CORDOBA DE CALA)

Incidentado: NUEVA EPS SALA: SALA ÚNICA (Sala 2a de Decisión) TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA FECHA: diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026) SALVAMENTO DE VOTO: Magistrado JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGELRadicado No. 1569331070012025-00046-03

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO

“PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA NACIÓN” Ley 1128 de 2007

SALA ÚNICA

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“PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA NACIÓN” Ley 1128 de 2007

SALA ÚNICA

RADICACIÓN: 1569331070012025-00046-03

PROCESO: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO INCIDENTANTE: IVAN LEONARDO RODRIGUEZ OROZCO en calidad de agente

oficioso de EDELMIRA LIBIA CORDOBA DE CALA

INCIDENTADO: NUEVA EPS

JUZGADO DE ORIGEN: UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE

SANTA ROSA DE VITERBO

DECISIÓN: CONFIRMA MAGISTRADO PONENTE: DRA. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA Sala 2a de Decisión

Santa Rosa de Viterbo, diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

I.- ASUNTO

Procede la Sala Mayoritaria a resolver la sanción impuesta por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo dentro del trámite del incidente de desacato de la acción de tutela interpuesta por Iván Leonardo Rodríguez Orozco, personero municipal del municipio de Santa Rosa de Viterbo, en calidad de agente oficioso de Edelmira Libia Córdoba De Cala contra la NUEVA EPS por incumplimiento al fallo de tutela proferido el 30 de octubre de 2025, y adicionado el 1° de diciembre de 2025 del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo en segunda instancia.

II.- ANTECEDENTES

fallo de tutela proferido el 30 de octubre de 2025, y adicionado el 1° de diciembre de 2025 del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo en segunda instancia.

II.- ANTECEDENTES

2.1.- El señor Iván Leonardo Rodríguez Orozco, en calidad de agente oficioso de Edelmira Libia Córdoba De Cala, interpuso acción de tutela contra la NUEVA EPS, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud y vida digna de la agenciada; pretensión que le fue resuelta mediante fallo proferido el 30 de octubre de 2025 por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo , en el que dispuso:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de la señora EDELMIRA LIBIA CÓRDOBA DE CALA respecto de la NUEVARadicado No. 1569331070012025-00046-03

E.P.S y DISCOLMETS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Gerente Zonal de Boyacá de la NUEVA E.P.S., o, quien haga sus veces, para que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, sin ahondarse en disputas administrativas, a través de DISCOLMETS o del GESTOR FARMACÉUTICO que tenga en su red de prestadores, entregar a la tutelante EDELMIRA LIBIA CÓRDOBA DE CALA el medicamento denominado “ANAGRELIDA 0.5

MG – CANTIDAD 300”, en conforme a lo indicado por el médico tratante.

EDELMIRA LIBIA CÓRDOBA DE CALA el medicamento denominado “ANAGRELIDA 0.5 MG – CANTIDAD 300”, en conforme a lo indicado por el médico tratante.

TERCERO: ORDENAR a la Gerente Zonal de Boyacá de la NUEVA E.P.S., o, quien haga sus veces, PROPORCIONAR los costos de trasporte a la paciente EDELMIRA LIBIA CÓRDOBA DE CALA, derivados del traslado desde su lugar de residencia hasta los lugares donde se autorice la prestac ión de los servicios de salud fuera de su domicilio, como consecuencia del tratamiento que deba realizársele de cara a su patología “TROMBOCITOSIS ESENCIAL” …”

2.2.- Posteriormente, mediante fallo de segunda instancia proferido el 1° de diciembre del mismo año, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo lo adicionó así:

“Ordenar a la Nueva EPS garantizar el tratamiento integral para la patología Trombocitosis Esencial que padece Edelmira Libia Córdoba de Cala, que comprende la entrega oportuna de medicamentos, autorización y programación de consultas, realización de exáme nes, procedimientos y demás suministro de insumos ordenados por el médico tratante” y confirmarse en todo lo demás por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.”

2.3.- Luego, el agente oficioso promovió incidente de desacato, indicando que a la fecha no ha sido entregado el medicamento ANAGRELIDA 0.5MG C -100 CAPSULAGRALIDEX – CANTIDAD 300, marcado como pendiente el 22 de diciembre de 2025 . Tampoco, se ha brindado el tratamiento integral en relación a su patología de cáncer

GRALIDEX – CANTIDAD 300, marcado como pendiente el 22 de diciembre de 2025 . Tampoco, se ha brindado el tratamiento integral en relación a su patología de cáncer confirmado “D752 TROMBOCITOSIS ESENCIAL”.

2.4.- En ese orden, mediante auto del 3 de febrero y previo a iniciar el trámite incidental de desacato, el Juzgado requirió a la Dra. Mariam Liliana Carrillo Peña, en calidad de Gerente Zonal de la Nueva EPS , Salvador José Berrocal Narváez, en su condición de Gerente Regional Centro Oriente y Luis Carlos Galves en su calidad de Interventor de La Nueva EPS, concediéndoles el término de un (1) día para que dieran cumplimiento al fallo e informaran acerca de las actuaciones realizadas para tal fin.

2.5.- En providencia del 5 de febrero dio apertura al incidente de desacato contra los mismos funcionarios, corriéndoles traslado por el término de tres (3) días para que se pronunciaran y aportaran o solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes.Radicado No. 1569331070012025-00046-03

2.6.- A través de auto de apertura de pruebas del 11 de febrero, decretó para la parte incidentante las documentales obrantes en el escrito incidental , y p ara la parte incidentada las aportadas en la contestación de la tutela.

Como pruebas de oficio, requirió a la incidentante para que informara cuáles actuaciones ha recibido por parte de la entidad accionada de cara a dar cumplimiento a las órdenes de tutela proferidas. De igual manera, requirió a los Dres. Mariam Liliana Carri llo Peña,

ha recibido por parte de la entidad accionada de cara a dar cumplimiento a las órdenes de tutela proferidas. De igual manera, requirió a los Dres. Mariam Liliana Carri llo Peña, Salvador José Berrocal Narváez y Luis Oscar Galvis Mateus para que informaran sobre la entrega del medicamento denominado: ANAGRELIDA 0.5 MG C -100 CÁPSULASGRALIDEX – CANTIDAD PENDIENTE 300, de acuerdo con “Reporte de Pendientes de Medicamentos e Insumos Médicos” del 22/12/2025.

2.7.- Finalmente, mediante proveído del 16 de febrero resolvió el incidente propuesto, sancionando por desacato a los Dres. Mariam Liliana Carrillo Peña, como Gerente Regional - Director Zonal, Salvador José Berrocal Narvaez en su calidad de Gerente Regional, y Luis Oscar Galves Mateus como Agente Interventor de la NUEVA EPS, por el incumplimiento del fallo de tutela ; en consecuencia, les impuso multa de dos (2) s.m.l.m.v. y dos (2) días de arresto.

2.8.- Encontrándose en trámite ante esta instancia, el agente oficioso informa que además del pendiente del 22 de diciembre de 2025, se suma una nueva orden médica expedida el 19 de febrero de 2026, mediante la cual el médico tratante prescribe 360 cápsulas para tratamiento por tres (3) meses, con indicación de administración cada seis (6) horas, orden que igualmente fue radicada el 25 de febrero de 2026 y nuevamente se generó reporte de medicamentos pendientes , lo que evidencia que no fue entregado el medicamento, registrándose 300 unidades pendientes.

III.- ACTUACIÓN SEGUNDA INSTANCIA

generó reporte de medicamentos pendientes , lo que evidencia que no fue entregado el medicamento, registrándose 300 unidades pendientes.

III.- ACTUACIÓN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante Sala de Discusión del 24 de febrero de 2026, se derrotó el proyecto de decisión presentado por el Magistrado Ponente Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL, razón por la que el expediente se remitió al Magistrado que sigue de turno, para efectos de fundamentar una nueva decisión, siendo allegado para lo propio el pasado 16 de marzo.

IV.- CONSIDERACIONES

4.1.- CompetenciaRadicado No. 1569331070012025-00046-03

De entrada, cabe precisar que acorde con lo previsto en el inciso 2ª del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, «la sanción por desacato será impuesta por el mismo juez» que profirió la orden, mediante trámite incidental; en razón a lo cual no existe duda de la competencia de esta Sala para desatar el grado de consulta respecto de la sanción impuesta por el Juez Constitucional de instancia.

4.2.- Problema Jurídico

Ahora, de conformidad con la norma en cita, el ámbito de esta decisión atañe en determinar si debe mantenerse, modularse o modificarse la sanción impuesta por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo, circunstancia que impone verificar el destinatario de la orden, el término temporal para ejecutarla, y, el alcance de la misma, con el fin de examinar si efectivamente se cumplió la orden impartida mediante la sentencia; de este modo, entonces, que si de dicho análisis se

que impone verificar el destinatario de la orden, el término temporal para ejecutarla, y, el alcance de la misma, con el fin de examinar si efectivamente se cumplió la orden impartida mediante la sentencia; de este modo, entonces, que si de dicho análisis se concluye la inobservancia de lo ordenado constitucionalmente, habrá que determinarse si éste fue total o parcial, y las razones por las cuales se produjo, e igualmente si hubo o no responsabilidad subjetiva del sujeto obligado.

4.3.- El Incidente de desacato y la consulta

En principio ha de entenderse que la acción de tutela se encuentra orientada a la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, de tal modo que, verificada su vulneración o amenaza, las órdenes que los jueces impartan para ampararlos deben ser íntegramente acatadas.

En ese orden de ideas, el cumplimiento del fallo es la respuesta que normalmente se espera de la autoridad accionada; sin embargo, excepcionalmente, puede presentarse que su ejecución no se ajuste ceñidamente a los parámetros que se le han indicado, caso en el cual, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, prevé el procedimiento que debe agotarse para obtener su acatamiento1.

Aunado a lo anterior, con el propósito de evitar que los fallos de tutela quedaran en vanas esperanzas de protección para los derechos fundamentales, el legislador previó una herramienta coercitiva, la cual se encuentra contenida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que determina la sanción de desacato para quien incumpliere un fallo judicial en donde se ampare un derecho fundamental, así : “La persona que incumpliere una orden

de 1991, que determina la sanción de desacato para quien incumpliere un fallo judicial en donde se ampare un derecho fundamental, así : “La persona que incumpliere una orden

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil - Sentencia del 19 de junio de 2012, Exp. No. 410012213000 2012 00080

-01M.P.: Dra. MARGARITA CABELLO BLANCO.Radicado No. 1569331070012025-00046-03

de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”

Entonces, la finalidad de estas medidas correccionales es, obtener a ultranza la efectividad de la tutela que ha sido concedida, colocando en manos del accionante mecanismo expeditos que conduzcan al goce y disfrute efectivo del derecho básico que le ha sido conculcado.

Ahora bien, es necesario precisar que tanto el incumplimiento del fallo como el desacato tocan el tema de la responsabilidad jurídica, pero el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 ha sido claro en establecer que el desobedecimiento al fallo en los términos de esa norma, comporta una responsabilidad objetiva, mientras que la sanción por desacato supone un compromiso subjetivo del transgresor o la responsabilidad personal de los

ha sido claro en establecer que el desobedecimiento al fallo en los términos de esa norma, comporta una responsabilidad objetiva, mientras que la sanción por desacato supone un compromiso subjetivo del transgresor o la responsabilidad personal de los servidores públicos y obedece al principio de culpabilidad, en la medida que es imperativo apreciar de manera tangible, no sólo el incumplimiento de lo resuelto en la sentencia de tutela, sino, también, las condiciones en las que éste se produjo, es decir, el descuido o negligencia que le sean imputables al actor a través de juicios valorativos que den cuenta de su ánimo caprichoso de sustraerse a la orden suministrada o sencillamente lograr establecer cuáles son los factores o circunstancias ajenas al actor que le impiden cumplir a cabalidad el amparo del derecho por la vía constitucional.

Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha señalado que:

“(…) la sanción por desacato deriva de un propósito inequívoco del accionado de eludir las ordenes dimanantes del amparo concedido; en otros términos, el solo incumplimiento per se no comporta una evidente afrenta a la decisión del juez constitucional, pue s se requiere una manifiesta desatención a la orden emitida, lo que exige corroborar la exteriorización de conductas dirigidas a evitar de alguna manera acatar el fallo de tutela, lo que haría surgir, claramente, un ánimo eminentemente subjetivo que el juz gador competente debe valorar en cada caso en particular, sopesando, itérase, si aflora en el funcionario acusado ese interés interno para apartarse de la decisión protectora”2

competente debe valorar en cada caso en particular, sopesando, itérase, si aflora en el funcionario acusado ese interés interno para apartarse de la decisión protectora”2

También ha sostenido que “ el desacato objeto de sanción no se predica de la entidad accionada, sino del individuo a cuyo cargo se encuentra el acatamiento de la sentencia de tutela, siempre y cuando se demuestre que con el incumplimiento concurre la negligencia o el capricho (elemento subjetivo del desacato) de dicho individuo3.

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil. Auto de 14 de septiembre de 2009, exp. 2009-01417-00. 3 Ibíd.Radicado No. 1569331070012025-00046-03

“Por consiguiente tratándose, de un trámite de naturaleza sancionadora, el incidente de desacato de tutela exige que el individuo investigado, y no la entidad accionada, se encuentre debidamente notificado de la existencia de ese procedimiento en su contra, y que la sanción haya sido precedida por un riguroso apego a las ritualidades y al procedimiento previsto en el Decreto 2591 de 1991 y desarrollado por la jurisprudencia constitucional, acorde con los parámetros ya reseñados, en aras de garantizar el debido proceso que le asiste al funcionario implicado…”4

De lo anterior se colige que la imposición de la correspondiente sanción no puede ser arbitraria, sino que por el contrario debe estar precedida de un trámite incidental con las garantías del debido proceso, de ahí que resulte de vital importancia que el j uez que conozca del desacato deberá adelantar un procedimiento en el que se “(i) comunique al

garantías del debido proceso, de ahí que resulte de vital importancia que el j uez que conozca del desacato deberá adelantar un procedimiento en el que se “(i) comunique al incumplido sobre la iniciación del incidente de desacato, con el fin de darle la oportunidad para que informe la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa. En dicho informe el responsable podrá alegar dificultad grave para cumplir la orden, pero solo en el evento en que esta sea de imposible cumplimiento, lo cual debe demostrar por cualquier medio probatorio; (ii) practiquen las pruebas que se le soliciten al juez de conocimiento, al igual que aquellas considere conducentes y pertinentes para adoptar la decisión; (iii) notifique la providencia que resuelva; y, en caso de que haya lugar a ello, (iv) remita el expediente en consulta ante el superior”5.

Ello con el propósito de que el juez de tutela no presuma la responsabilidad por el mero incumplimiento del fallo, sino que se encuentra compelido a indagar cuales fueron los elementos que dieron origen a la inobservancia, para que con ello el juzgador pue da determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado, cuál debe ser la sanción adecuada, proporcionada y razonable acorde con los hechos acaecidos.

No obstante, lo anterior, debe agregarse que la exigencia de responsabilidad subjetiva para la declaratoria del desacato significa, del mismo modo, que el juez constitucional deberá abstenerse de imponer la sanción cuando se demuestre que la obligación derivada de la orden de tutela no ha sido determinada o que a la autoridad responsable

para la declaratoria del desacato significa, del mismo modo, que el juez constitucional deberá abstenerse de imponer la sanción cuando se demuestre que la obligación derivada de la orden de tutela no ha sido determinada o que a la autoridad responsable no se le ha dado la oportunidad de cumplirla, a pesar de actuar de buena fe.

Finalmente, debe señalarse que la consulta de la decisión al incidente de desacato es considerada como un mecanismo automático que conduce al superior a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público o para proteger a una de las partes dentro del mencionado procedimiento. De tal forma que, su estudio está limitado a la primera providencia, sin que pueda

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil. Auto de 18 de noviembre de 2010, exp. No. 51.390. 5 Corte Constitucional - Sentencia T-123/10 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.Radicado No. 1569331070012025-00046-03

extenderse al análisis de la legalidad de la sentencia de tutela en la cual se dio la orden que se alega como incumplida6.

4.4.- Del Caso Concreto

En el presente caso, conforme a lo expuesto, la responsabilidad personal de la obligada en materia de desacato es subjetiva y obedece al principio de culpabilidad, esto es, que para sancionar se requiere no solo constatación objetiva del incumplimiento de la orden sino además establecer que ese incumplimiento se origina en causa injustificada, negligencia, descuido o rebeldía frente a la orden judicial. Es por ello, que la Sala debe

para sancionar se requiere no solo constatación objetiva del incumplimiento de la orden sino además establecer que ese incumplimiento se origina en causa injustificada, negligencia, descuido o rebeldía frente a la orden judicial. Es por ello, que la Sala debe determinar si hubo incumplimiento de la orden constitucional proferida y, e n caso afirmativo, si este es el resultado de un actuar caprichoso o negligente de los funcionarios encargados de cumplir la orden.

Establecido lo anterior, la actividad que esta Corporación debe realizar se ciñe a efectuar un ejercicio de comparación entre lo dispuesto en la decisión emitida dentro del memorado proceso constitucional, y la conducta calificada como indiferente, neglige nte o insuficiente que se reprocha.

Así, para determinar si existió incumplimiento del fallo, es necesario en primer lugar tener en cuenta la propia orden impartida en la parte resolutiva de la sentencia de tutela, pues es su confrontación con las actuaciones realizadas por la funcionaria incidentada, la que permite establecer si se cumplió o no con el mandato constitucional.

Así las cosas, tenemos en este evento, que mediante el fallo de tutela de primera instancia proferido el 30 de octubre del 2025 , el Juzgado Único Penal Del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo amparó los derechos en favor de Edelmira Libia Córdoba De Cala , y ordenó a la Nueva EPS : “…entregar a la tutelante EDELMIRA LIBIA CÓRDOBA DE CALA el medicamento denominado “ANAGRELIDA 0.5 MG – CANTIDAD 300”, en conforme a lo indicado por el médico tratante …”, decisión que fue a dicionada el 1° d e

del fallo en cita, a pesar de los requerimientos efectuados por el Juez de instancia, y si bien emitieron pronunciamiento, lo cierto es que no acreditaron el cumplimento de la orden. De manera tal, resulta claro que a la fecha no se ha dado cumplimiento al fallo de tutela en los términos ordenados.

Así las cosas, el actuar descrito debe calificarse de negligente o renuente frente a lo ordenado por el juez de tutel a, circunstancia que, además de seguir afectando los derechos fundamentales de la accionante , conlleva a la imposición de la sanción por desacato, la cual, a propósito del tiempo, multa y modo, resulta razonable.

Respecto de la imposición de la sanción, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado:7

“Por consiguiente, si no se demostró que lo ordenado por el Juez Constitucional se haya materializado, puesto que ni siquiera se atendieron los requerimientos hechos en el trámite incidental, se desprende un comportamiento negligente o un ánimo renuente de la funcionaria incidentada, principal destinataria de la orden y representante legal de la entidad accionada, dado que transcurridos varios meses desde la expedición del fallo de tutela, no hay prueba de que haya emitido algún tipo de respuesta a las peti ciones radicadas por la actora…”

En esas circunstancias, se confirmará la providencia consultada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto LA SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE LA SALA ÚNICA DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO,

RESUELVE:

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto LA SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE LA SALA ÚNICA DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión consultada, proferida el 16 de febrero de 2026 por el Juzgado Penal Del Circuito Especializado Santa Rosa de Viterbo, por lo expuesto en la parte considerativa.

7 Auto ATC627 de 10 de febrero de 2016, rad. 2015-00085-01Radicado No. 1569331070012025-00046-03

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes la presente providencia en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En su oportunidad, DEVOLVER la actuación al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE, DEVUÉLVASE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL

Magistrado Con Salvamento de Voto