TSDJ SJG - Auto 95001610000020220000301

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN

JOSÉ DEL GUAVIARE

SALA ÚNICA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente:

CÉSAR FERNANDO MERCADO DURÁN

Aprobado por Acta N°. 056

San José del Guaviare, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado 95001610000020220000301 Procesado Eugenio Guayavero Delito Homicidio Agravado Decisión Confirma.

I. ASUNTO POR DECIDIR

Procede resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado en contra de la sentencia condenatoria, proferida en virtud de preacuerdo, emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, el 15 de diciembre de 2 025, mediante la cual se condenó a Eugenio Guayavero por el delito de homicidio agravado, y se negó al sentenciado el mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria.

II. ANTECEDENTES

2.1. Fácticos1

1 Carpeta 01Primera Instancia, C02Conocimiento, Archivo 001, Expediente Digital.Radicado No. 95001610000020220000301 2 Fueron consignados en el escrito de acusación, de la siguiente manera:

“El día 3 de febrero de 2010 en resguardo indígena el Barrancón VEREDA BARRA NCON del municipio de San José del Guaviare, departamento de Guaviare, se encontraban en la celebración varias

siguiente manera:

“El día 3 de febrero de 2010 en resguardo indígena el Barrancón VEREDA BARRA NCON del municipio de San José del Guaviare, departamento de Guaviare, se encontraban en la celebración varias personas y familias pertenecientes al resguardo BARRA NCON entre ellas NORMA GUAYAVERO, DAVID CASTRO, EUGENIO GUAYAVERO, ANGELA GUAYAVERO, AMPARO VALENCIA CASTRO, BLANCA CASTRO DOCTOR, los hermanos JHONY Y JULIAM GAITAN, el señor EZEQUIEL entre otros, siendo las 20:00 horas se presentó discusión y agresiones de los hermanos JHONY Y JULIAN GAITAN con el señor Ezequiel, ante tal situación HARLEY RODRIGUEZ CASTRO sale de su habitac ión y se interpone para evitar más agresiones, en ese momento NORMA GUAYAVERO; EUGENIO GUAYAVERO junto con DAVID CASTRO acuerdan dar muerte a ARLEY RODRIGUEZ CASTRO con armas blancas aprovechando el estado de indefensión en que se encontraba, para lo cual actuaron de manera simultánea: DAVID CASTRO con arma blanca tipo machete lo agrede a la altura de la cabeza y espalda, a su turno NORMA GUAYAVERO lo golpeó con el filo de una pala en la espalda y EUGENIO GUAYAVERO lo agredió con un machete en miembro infer ior derecho desencadenando la muerte inmediata de HARLEY RODRIGUEZ CASTRO que se encontraba sin arma alguna para repeler el ataque de los victimarios”.

2.2. Procesales

derecho desencadenando la muerte inmediata de HARLEY RODRIGUEZ CASTRO que se encontraba sin arma alguna para repeler el ataque de los victimarios”.

2.2. Procesales

Por estos hechos, el 8 de marzo de 20222, ante el extinto Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San José del Guaviare, se llevaron a cabo las audiencias preliminares en las cuales se formuló imputación en contra de Eugenio Guayavero. En dicha diligencia, además se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Se le imputó en calidad de autor el delito de homicidio agravado, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 104 numeral 7° del Código Penal.

Posteriormente, la Fiscalía Gen eral de la Nación, el

2 Carpeta 01Primera Instancia, C01Preliminares, Archivo 004, Expediente Digital.Radicado No. 95001610000020220000301 3 procesado y su defensa suscribieron un acta de preacuerdo. El 7 de noviembre de 2024 3, ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, se adelantó la audiencia de verificación de preacuerdo. En esa vista, el procesado aceptó su responsabilidad penal en los términos de la imputación a cambio de que, como único beneficio punitivo, se variara su grado de participación procesal de autor a cómplice, a luz del artículo 30 inciso 2 del Código Penal.

El 4 de noviembre de 20254, el Juzgado de conocimiento impartió aprobación al preacuerdo al advertir que se

autor a cómplice, a luz del artículo 30 inciso 2 del Código Penal.

El 4 de noviembre de 20254, el Juzgado de conocimiento impartió aprobación al preacuerdo al advertir que se ajustaba al derecho y que existían elementos materiales probatorios que adecuaban la conducta. Acto seguido, concedió el uso de la palabra a las partes para agotar el traslado contemplado en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.

En este traslado, la fiscalía delegada precisó que el procesado se hallaba plenamente identificado, tenía su domicilio en el resguardo Barrancón, carecía de antecedentes penales y de stacó su voluntad de colaborar con la administración de justicia.

Por su parte el delegado del Ministerio Público indic ó que concurrían circunstancias de menor punibilidad y propuso que se estudiara la posibilidad que el procesado cumpliera la condena en su resguardo , atendiendo a su pertenencia a una comunidad indígena.

3 Carpeta 01Primera Instancia, C03ActuaciónJuzgadoTercero, Archivo 016, Expediente Digital. 4 Carpeta 01Primera Instancia, C03ActuaciónJuzgadoTercero, Archivo 047, Expediente Digital.Radicado No. 95001610000020220000301 4 La defensa técnica, a su turno, enfatiz ó que el encausado es el sustento económico de su familia, carece de antecedentes y solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria en el resguardo5.

Surtido el trámite, el 15 de diciembre de 2025 6, el

encausado es el sustento económico de su familia, carece de antecedentes y solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria en el resguardo5.

Surtido el trámite, el 15 de diciembre de 2025 6, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare profirió sentencia condenatoria, imponiéndole a Eugenio Guayavero la pen a principal de 200 meses de prisión. En dicha providencia, el fallador negó la concesión de los subrogados y sustitutivos penales específicamente la prisión domiciliaria y ordenó expedir boleta de traslado a la cárcel municipal de San José del Guaviare.

Inconforme con la decisión, el 13 de enero de 2026 7, la defensa técnica interpuso recurso de apelación. Su disenso y única pretensión se enfocó en que se revoque el numeral tercero de la resolutiva del fallo, a fin de que se conceda la sustitución del lugar de residencia del encausado dentro del resguardo indígena Barrancón, bajo la custodia y el control comunitario de sus autoridades tradicionales.

III. DECISIÓN APELADA8

El Juez Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, luego de trasliterar los hechos, dar una descripción del procesado y realizar un recuento procesal desde la formulación de imputación hasta la audiencia de

5 Carpeta 01Primera Instancia, C03ActuaciónJuzgadoTercero, Archivo 047, Expediente Digital. 6 Carpeta 01Primera Instancia, C03ActuaciónJuzgadoTercero, Archivo 053, Expediente Digital.

5 Carpeta 01Primera Instancia, C03ActuaciónJuzgadoTercero, Archivo 047, Expediente Digital. 6 Carpeta 01Primera Instancia, C03ActuaciónJuzgadoTercero, Archivo 053, Expediente Digital. 7 Carpeta 01Primera Instancia, C03ActuaciónJuzgadoTercero, Archivo 054, Expediente Digital. 8 Carpeta 01Primera Instancia, C03ActuaciónJuzgadoTercero, Archivo 053, Expediente Digital.Radicado No. 95001610000020220000301 5 verificación de preacuerdo, consideró que e l despacho era competente para proferir sentencia condenatoria en virtud de lo establecido en el artículo 36 numeral 2° del Código de Procedimiento Penal.

Frente a la calificación jurídica y responsabilidad de Eugenio Guayavero, señaló que fue hallado re sponsable por el delito de homicidio agravado, al tenor de lo normado en los artículos 103 y 104 numeral 7° del Código Penal, por haber colocado a la víctima en situación de indefensión o aprovechándose de esta situación.

En lo que respecta a la materialidad de la conducta, el a quo expresó que aquella se encontraba sustentada y acreditada con los EMP y evidencia física aportados por la Fiscalía, resaltando el acta de inspección técnica a cadáver, las entrevistas rendidas por Amparo Valencia Castro, Felipe Castro Guayavero, Blanca Castro, así como el informe pericial de necropsia.

Concluyó que dicho acervo probatorio, sumado a la asunción voluntaria del cargo mediante el mecanismo de preacuerdo revelaban que el procesado actuó con dolo, era

pericial de necropsia.

Concluyó que dicho acervo probatorio, sumado a la asunción voluntaria del cargo mediante el mecanismo de preacuerdo revelaban que el procesado actuó con dolo, era mayor de edad, no presentaba ningún trastorno mental y, por ende, ostentaba la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de determinarse de acuerdo con esa compresión, siendo plenamente imputable y merecedor del reproche legal.

En consecuencia, al hallarse satisfechos los requisitos previstos en los artículos 372 y 381 del Código de Procedimiento Penal, procede a emitir sentencia condenatoria contra de Eugenio Guayavero.Radicado No. 95001610000020220000301 6 En punto de la dosificación punitiva, manifestó que debía iniciar con los linderos previstos para el homicidio agravado según lo presupuestado en los Art. 103 y 104 numeral 7º del CP, los cuales oscilaban entre los 400 y 600 meses de prisión.

Sin embargo, en virtud del preacuerdo en él se le reconoció al proce sado la variación de su grado de participación de autor a cómplice según el artículo 30 inciso 2° del Código Penal, la pena debía disminuirse de una sexta parte a la mitad, quedando los extremos punitivos entre 200 y 500 meses de prisión.

Razonó que, como en el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado no se acordó una pena específica, corresponde aplicar el sistema de cuartos, conforme a lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, el cuarto mínimo se fija entre 200 y 275 meses; el

corresponde aplicar el sistema de cuartos, conforme a lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, el cuarto mínimo se fija entre 200 y 275 meses; el primer cuarto medio, entre 275 y 350 meses; el segundo cuarto medio, entre 350 y 425 meses; y el cuarto máximo, entre 425 y 500 meses de prisión.

Expuso que, al no imputarse circunstancias de mayor punibilidad y sí de menor punibilidad p or la carencia de antecedentes penales. El despacho debía moverse dentro del primer cuarto, esto es, entre 200 y 275 meses de prisión. Atiendo a la gravedad y reproche de la conducta, le impuso a Eugenio Guayavero la pena definitiva de 200 meses de prisión.

Por su parte, lo condenó a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual a la pena principal, es decir,Radicado No. 95001610000020220000301 7 200 meses.

El a quo, no concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria. Frente a esta última, argumentó de manera taxativa que el artículo 38B del Código penal exige que el delito por el cual se condena tenga una pena mínima prevista en la ley de 8 años o menos; requisito que no se cumple en este caso, pues el homicidio agravado parte de un mínimo de 400 meses (33.3 años).

Aclaró, apoyado en jurisprudencia de la Corte Suprema, que la procedencia de los subrogados debe analizarse respecto de la pena fijada en el tipo penal y no sobre la pena dosificada tras el preacuerdo.

Aclaró, apoyado en jurisprudencia de la Corte Suprema, que la procedencia de los subrogados debe analizarse respecto de la pena fijada en el tipo penal y no sobre la pena dosificada tras el preacuerdo.

Asimismo, negó la solicitud de que el procesado cumpliera la pena intramural en el resguardo indígena Barrancón, al estimar que dicha petición resulta improcedente porque no se acreditó en el proceso que el resguardo contara con un centro de armonización, ni con la infraestructura o las normas de seguridad pertinentes para garantizar la reclusión.

Por último, advirtiendo que el sentenciado se encontraba en detención domiciliaria preventiva, orden ó librar la correspondiente boleta de traslado dirigida a la cárcel municipal de San José del Guaviare para el cumplimiento intramural de la pena impuesta.

IV. RECURSO DE ALZADA

4.1. Defensa como recurrenteRadicado No. 95001610000020220000301 8 Pretende la defensa que se revoque el numeral tercero de la sentencia impugnada. Los puntos de disenso del recurrente se ci rcunscriben única y exclusivamente a la decisión mediante la cual el juzgado negó la sustitución del lugar de cumplimiento de la pena (en el resguardo indígena Barrancón), y son los siguientes:

1. Prevalencia del artículo 4 de la Constitución Política: Argumentó la defensa que el juzgado de primera instancia resolvió la solicitud de prisión domiciliara exclusivamente desde la óptica estricta del Código Penal, sin realizar una interpretación conforme a la diversidad étnica y

Política: Argumentó la defensa que el juzgado de primera instancia resolvió la solicitud de prisión domiciliara exclusivamente desde la óptica estricta del Código Penal, sin realizar una interpretación conforme a la diversidad étnica y cultural ordenada por el artículo 4 de la Constitución Política. Señal ó que esta omisión constituye un defecto sustantivo y de interpretación, según la jurisprudencia constitucional. ii) Enfoque diferencial por pertenencia a comunidad indígena: Resaltó que está plenamente acreditado que Eugenio Guayavero es miembro activo de la etnia JIW, reside permanente en el resguardo Barrancón hace 47 años, q ue los hechos ocurrieron dentro del resguardo y que la víctima también pertenecía a la misma comunidad. Estos elementos impiden al juez el deber de analizar el caso desde una perspectiva diferenciada para la ejecución de la pena. iii) Inaplicabilidad rígida del artículo 38B del código penal: El recurrente sostuvo que el razonamiento del fallador para negar al subrogado por el requisito objetivo (pena mínima superior a 8 años) parte de una premisa incorrecta. Afirmó que elRadicado No. 95001610000020220000301 9 artículo 38B no puede interpretarse como una norma de cierre para comunidades indígenas, pues la Corte Constitucional ha establecido que las restricciones legales deben ceder frente a mandatos constitucionales superiores cuando hay regímenes especiales de protección, cuando están en juego derech os fundamentales y regímenes especiales de protección. iv) Cuestionó el argumento del juez sobre la falta de

mandatos constitucionales superiores cuando hay regímenes especiales de protección, cuando están en juego derech os fundamentales y regímenes especiales de protección. iv) Cuestionó el argumento del juez sobre la falta de un “centro de armonización” o infraestructura de seguridad en el resguardo, tildándolo de jurídicamente insostenible. Explicó que la justicia indígena replica el modelo penitenciario occidental, sino que se fundamenta en el control comunitario, por lo que exigir infraestructura carcelaria equivale a desconocer la autonomía cultural. v) Acreditación del control comunitario: puso de presente que aportó una certificación suscrita por el Consejero Mayor de la etnia JIW, Ángel Franco Castro, donde se acredita el arraigo del sentenciado, su liderazgo y, lo más importante, el compromiso formal de la autoridad tradicional de ejercer seguimiento permanente y control comunitario en coordinación con las autoridades estatales.

Señaló que este documento constituía prueba idónea y no podía ser desestimado sin una motivación reforzada. Esto constituye prueba idónea y suficiente de control efectivo.

1. Finalidad resocializadora de la pena y principio deRadicado No. 95001610000020220000301 10 humanidad: Finalmente, argumento que, para los indígenas, la resocialización no se logra en cárceles ordinarias, sino en su comunidad y asumiendo responsabilidad frente a su colectivo.

Advirtió que la reclusión i ntramural generaría desarraigo cultural, afectación grave al núcleo familiar y perjuicio directo a las dos hijas menores

asumiendo responsabilidad frente a su colectivo.

Advirtió que la reclusión i ntramural generaría desarraigo cultural, afectación grave al núcleo familiar y perjuicio directo a las dos hijas menores de edad del procesado.

Con todo, pidió a esta Corporación que se revoque parcialmente la sentencia en lo relativo a la negativa de la prisión domiciliaria, para en su lugar, conceder la sustitución del lugar de cumplimiento de la pena en el resguardo indígena disponiendo que la misma se ejecute bajo el seguimiento y control de las autoridades tradicionales JIW, en coordinación con el Jue z de Ejecución de Penas y el INPEC.

4.2. La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia

Es competente esta Corporación para conocer de la apelación presentada por la defensa en contra de una sentencia emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, Guaviare, en virtud de lo establecido en los artículos 34 -1 y 42 del Código deRadicado No. 95001610000020220000301 11 Procedimiento Penal9.

En consonancia con el principio de limitación, el estudio a realizar se condicionará a los puntos esbozadas en el recurso de alzada y a aquellos inescindibles a estos10.

5.2. Problema Jurídico

Acorde con los reparos formulados por la defensa técnica, el problema jurídico que concita la atención de esta Colegiatura se contrae a determinar si hay lugar a revocar el

5.2. Problema Jurídico

Acorde con los reparos formulados por la defensa técnica, el problema jurídico que concita la atención de esta Colegiatura se contrae a determinar si hay lugar a revocar el numeral tercero de la providencia de primer grado emitida como producto de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de establecer si la negativa del a quo de sustituir el lugar de cumplimiento de la pena privativa de la libertad para que esta se ejecutara en el resguardo indígena Barrancón, vulneró las prerrogativas constitucionales de enfoque diferencial e identidad cult ural que le asisten al sentenciado Eugenio Guayavero.

Con ese propósito, la Sala: (i) puntualizará los términos del preacuerdo celebrado entre el ente acusador y el procesado; (ii) analizará el argumento expuesto por el juzgado de primera instancia al negar la sustitución del lugar de ejecución de la pena intramural en territorio ancestral; y (iii) abordará la resolución del caso concreto.

1. Del preacuerdo celebrado entre el ente acusador y el procesado.

9 Mediante el artículo 1° del Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura creó el Distrito Judicial de San José del Guaviare, conformado por los circuitos judiciales de San José del Guaviare, Inírida y Mitú. Los artículos 3° y 4° ejusdem crearon el Tribunal Superior de San José del Guaviare y su Sala Única. 10 SP3419-2021.Radicado No. 95001610000020220000301 12

crearon el Tribunal Superior de San José del Guaviare y su Sala Única. 10 SP3419-2021.Radicado No. 95001610000020220000301 12 Los preacuerdos se encuentran reglamentados en los artículos 348 a 354 de la Ley 906 de 2004, como mecanismo que tiene por finalidad la terminación anticipada de la causa penal, con el ánimo de propender por la resolución del conflicto social subyacente a la ejecución de la conducta punible que afectó determinados bienes jurídicos tutelados, con observancia de las garantías debidas a los intervinientes en el proceso penal.

Lo anterior, mediante un consenso entre la Fiscalía General de la Nación y el imputado o acusado.

Ahora bien, la punición de las c onductas típicas es un ejercicio imperativo para la judicatura una vez se establece más allá de duda razonable, la existencia del delito y la responsabilidad.

Quien realiza negociaciones con el ente acusador, se hace merecedor de las penas contenidas en las normas penales que sancionan conductas que atentan contra bienes jurídicos tutelados.

Ese ejercicio de sanción puede variar dependiendo de las circunstancias en las que se da la determinación de la responsabilidad penal.

En el caso de los preacuerdos en el procedimiento ordinario, el procesado recibe una contraprestación por su negociación y, por tanto, la punición puede ser menor por la por la terminación anticipada del proceso evitando así el desgaste de la justicia.

En el presente asunto, por virtud del preacuerdo entreRadicado No. 95001610000020220000301 13

por la terminación anticipada del proceso evitando así el desgaste de la justicia.

En el presente asunto, por virtud del preacuerdo entreRadicado No. 95001610000020220000301 13 el procesado y la Fiscalía sobre la responsabilidad de aquel en el delito enrostrado, quien manifestó de manera voluntaria su aceptación en la audiencia de verificación de preacuerdo, pudiendo entonces, tipificar la conducta punible con miras a disminuir la pena, siempre y cuando se respete y se acate el principio de estricta legalidad.

El principio de legalidad presupone en estos asuntos, la aceptación de responsabilidad de los acusados bajo la correcta delimitación de la conducta punible, con sujeción estricta a la realidad fáctica, los elementos materiales de prueba y evidencias físicas recolectadas por el acusador hasta el momento de realizarse el preacuerdo.

Por manera que los preacuerdos le pe rmiten a los enjuiciados que se les disminuya la pena en el trámite ordinario del proceso.

Ahora bien, como se indicó anteriormente el aludido preacuerdo consistió en que el señor Eugenio Guayavero aceptaba los hechos tal y como los había narrado la Fiscalía y, de igual manera la calificación jurídica como autor del punible del art. 103 y 104 numeral 7° del CP, que le dio el ente acusador y, como contraprestación por aceptar su responsabilidad, la delegada de la Fiscalía le reconocía que su actuar estuvo conforme al canon 30 ibidem, es decir, una forma de participación a título de cómplice.

En los términos descritos con anterioridad, aclarando que el beneficio concedido únicamente era aplicable para

su actuar estuvo conforme al canon 30 ibidem, es decir, una forma de participación a título de cómplice.

En los términos descritos con anterioridad, aclarando que el beneficio concedido únicamente era aplicable para efectos de dosificar la pena.Radicado No. 95001610000020220000301 14 ii) Argumento expuesto por el juez de primera instancia.

El a quo , después de verificar la legalidad del preacuerdo celebrado entre las partes y encontrar el debido respeto por las garantías fundamentales y el acierto en la estructura procesal propia del sistema acusatorio, emitió en contra del procesado el correspondiente fallo condenatorio en calidad de autor de l delito de homicidio agravado, imponiéndole la pena privativa de la libertad que corresponde al cómplice, igual a doscientos (200) meses de prisión y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso.

Acto seguido, analizó la procedencia de subrogados y sustitutos penales y de dicho análisis determinó que el sentenciado no se hacía acreedor de la suspensión condicional de la ejecución de la pena a que alude el artículo 63 del Código Penal, toda vez que la sanción impuesta excedía ampliamente los 4 años.

Del mismo modo, negó la concesión de la prisión domiciliaria de que trata el artículo 38B ibidem, por no cumplirse el requisito objetivo establecido en su numeral 1°. Al respecto, el fallador argumentó que la ley exige que el delito por el cual se condena tenga una pena mínima prevista de 8 años o menos, y en el caso del homicidio agravado, el

cumplirse el requisito objetivo establecido en su numeral 1°. Al respecto, el fallador argumentó que la ley exige que el delito por el cual se condena tenga una pena mínima prevista de 8 años o menos, y en el caso del homicidio agravado, el mínimo legal parte de 400 meses (33.3 años), superando holgadamente dicho limite.

Para cimentar esta postura, el juez aclaró, amparado en la jurisprudencia de la Sa la de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia SP -1612-2025), que elRadicado No. 95001610000020220000301 15 análisis de procedencia de cualquier subrogado penal debe hacerse en consideración estricta a la pena fijada en la ley para el tipo penal respectivo, sin que tenga injerencia alguna la rebaja o dosificación pactada mediante un preacuerdo.

Consecuentemente, en torno a la solicitud elevada por la defensa y el Ministerio Público orientada a que el señor Eugenio Guayavero cumpliera la pena intramural al interior del resguardo indígena Barrancón en atención a su calidad de miembro de dicha comunidad, el juez de instancia estimó del todo improcedente.

Sustentó su negativa señalando que dentro de la actuación procesal no se encontró acreditado que el mencionado resguardo cuente con un “centro de armonización”, ni que la comunidad ostentara la infraestructura física y las normas de seguridad pertinentes para garantizar el cumplimiento de una medida de reclusión. Ante esta supuesta carencia de garantías carcelarias, ordenó librar l a correspondiente boleta de traslado para que el sentenciado ejecute su condena en la cárcel municipal de

para garantizar el cumplimiento de una medida de reclusión. Ante esta supuesta carencia de garantías carcelarias, ordenó librar l a correspondiente boleta de traslado para que el sentenciado ejecute su condena en la cárcel municipal de San José del Guaviare.

1. Caso en concreto.

En primer término, esta Colegiatura encuentra acertada la decisión del a quo al negar el sustitutivo de la prisión domiciliaria regulado en el artículo 38B del C.P. El legislador ha establecido una barrera de carácter objetivo para concesión de este beneficio, exigiendo en su numeral 1° que la sentencia se imponga por una conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos.Radicado No. 95001610000020220000301 16

En el presente asunto, Eugenio Guayavero fue condenando por el delito de homicidio agravado, cuya sanción mínima en el tipo penal básico y sus circunstancias de agravación (arts.103 y 104 numeral 7° del C.P) parte de cuatrocientos (400) meses de prisión, esto es, 33.3 años. Siendo así, supera con creces el límite legal permitido para concesión del beneficio domiciliario ordinario.

Por ello, desde la perspectiva estricta mente legal, resulta improcedente al sustituto penal reclamado.

Además, como precisó el juzgador de primer grado con apoyo en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia SP -1612-2025), el análisis relativo a la procedencia de los subrogados y

Además, como precisó el juzgador de primer grado con apoyo en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia SP -1612-2025), el análisis relativo a la procedencia de los subrogados y mecanismos sustitutivos debe realizarse tomando como referencia la pena abstractamente prevista para el tipo penal imputado, y no la sanción finalmente dosificada producto de rebajas derivadas de preacuerdos o formas de t erminación anticipada del proceso penal.

En consecuencia, la circunstancia de que, por virtud del preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación, el procesado hubiese obtenido la disminución punitiva derivada del reconocimiento de la complicida d, no tiene la virtualidad de flexibilizar el requisito objetivo contemplado en el artículo 38B ibidem.

Por otra parte, el recurrente fundamenta su disenso en la supuesta vulneración a la identidad cultural y la omisión de un enfoque diferencial, al no habérsele permitido cumplir la pena de 200 meses en su territorio ancestral bajo el controlRadicado No. 95001610000020220000301 17 de las autoridades de la etnia JIW al ser un integrante de esta comunidad.

Por tal motivo, corresponde a esta Sala examinar si, al margen de la improcedencia objetiva del sustitutivo punitivo, existían condiciones constitucionales y materiales suficientes para autoriza r el cumplimiento de la pena privativa de la libertad al interior del resguardo indígena Barrancón bajo la supervisión de las autoridades tradicionales.

Así pues, la Constitución de 1991, atendiendo para ello la realidad sociológica existente en Colombi a, que muestra,

Barrancón bajo la supervisión de las autoridades tradicionales.

Así pues, la Constitución de 1991, atendiendo para ello la realidad sociológica existente en Colombi a, que muestra, sin lugar a discusión alguna, la existencia de diversos grupos étnicos y culturales, de manera expresa define al Estado colombiano como pluralista (artículo 2) y, acorde con ello, protector de la diversidad étnica y cultural existente (artículo 7).

En el artículo 246 Superior está consagrada la jurisdicción indígena, la cual se fundamenta en la autonomía de los pueblos indígenas11, en la diversidad étnica y cultural (art. 7 CP), el respeto al pluralismo y en la dignidad humana (art. 1 CP) 12. Igualmente, se reconoce en diferentes disposiciones del Convenio 169 de la OIT, el cual a su vez conforma el bloque de constitucionalidad, como su artículo 9º, según el cual: “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con l os derechos humanos

11 Sentencias de la Corte Constitucional C -139 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T -349 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz; T -030 de 2000 M.P. Fab io Morón Díaz; T -728 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T -811 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Entre otras: T -009 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-364 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 12 Sentencia C-713 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-139 de 1996, M.P. Carlos

2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-364 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 12 Sentencia C-713 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-139 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-344 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Ver También la Sentencia de la Corte Constitucional T-921 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.Radicado No. 95001610000020220000301 18 internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los método