TSDJ SMR SCF - 2017-00046-(15-07-2022)-1

1RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA/ ES DE MEDIOS NO DE RESULTADOSEl médico no está en la obligación de garantizar la salud del enfermo, pero sí de brindarle su máximo esfuerzo en procura de su mejoría. Excepcionalmente es de resultados, como en los casos de cirugías estéticas. Sólo hay lugar a responsabilidad cuando el resultado obtenido sea imputable a una causa culposa o dolosa del profesional médico, la cual deberá ser probada por el interesado.

1. “Ahora bien, resulta pertinente explicar que actualmente en Colombia por regla general la responsabilidad médica es de medio y no de resultado; es decir, el galeno no está en la obligación de garantizar la salud del enfermo, pero sí de brindarle todo su apoyo en procura de su mejoría. Excepcionalmente es de este último carácter, como en aquellos casos de cirugías estéticas, donde el facultativo le asegura al paciente un determinado efecto, que en caso de no obtenerse, genera responsabilidad.

Precisado lo anterior, se debe evaluar si se encuentran reunidos los elementos de la responsabilidad médica, pues, memórese que, se entiende por ella la generada por culpa derivada de la impericia, imprudencia o negligencia en el ejercicio de la profesión del galeno, es decir, del resultado de su deficiente trabajo que produce un daño, siempre que haya un nexo de causalidad entre éste y la conducta activa u omisiva del agente, por no ajustarse a la lex artis y que termina originando un menoscabo de tipo físico, psíquico o moral; si ello no ocurre, no queda otro camino que desestimar las pretensiones de la demanda.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA

agente, por no ajustarse a la lex artis y que termina originando un menoscabo de tipo físico, psíquico o moral; si ello no ocurre, no queda otro camino que desestimar las pretensiones de la demanda.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA SALA QUINTA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA Santa Marta, quince de julio de dos mil veintidós.

Magistrado Ponente:

CRISTIAN SALOMÓN XIQUES ROMERO

(Acta Nº 063) Procede la Sala a resolver la apelación2RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 de la sentencia adiada el 9 de octubre de 2019, dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual promovido por Jorge Jiménez, contra la Compañía Colombiana de Salud Colsalud S.A. -Clínica Mar Caribe-, y Misael Polo Padilla.

II.ANTECEDENTES

1. Mediante escrito visible a Págs. 2 a 10 del Cdno. Ppal. Nº 1, el aludido señor promovió demanda en contra de la mencionada entidad y el precitado señor, a fin que se declararan civil y extracontractualmente responsables por no practicarle un tratamiento adecuado, integral y oportuno; en consecuencia, pidió que se condenen al pago de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), morales, a la salud y a la vida de relación, en las cantidades allí indicadas, más los intereses causados hasta que se efectúe el pago, y las costas del proceso.

2. Como fundamentos fácticos el

lucro cesante), morales, a la salud y a la vida de relación, en las cantidades allí indicadas, más los intereses causados hasta que se efectúe el pago, y las costas del proceso.

2. Como fundamentos fácticos el demandante relató los siguientes: 2.1 Que ingresó el 18 de mayo de 2007, por servicio de urgencias, a la Clínica Mar Caribe de esta ciudad, con ocasión de un accidente de trabajo, donde fue valorado por el ortopedista demandado, quien anotó en la historia clínica “accidente de trabajo, dolor grande, edema en rodilla derecha. Lesión de todos los ligamentos de la rodilla. Síndrome compartimental en evolución. Plan: hielo local”. 2.2 Indicó que el 29 de mayo posterior fue remitido al centro de urgencias de la citada clínica por oscurecimiento de la pierna, donde fue examinado por el cirujano Raúl Ulloa, quien en el pre-operatorio señaló un síndrome compartimental, entre otros diagnósticos. 2.3 Afirmó que el cirujano Christian3RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01

Maltos, le diagnosticó “ necropsia muscular ” (sic), lo intervino quirúrgicamente el 12 de junio de 2007, y el 22 de junio siguiente le realizó procedimiento de injerto de piel, lavado y desbridamiento. A su vez, aseguró que el 25 de julio de 2008 fue valorado por la fisioterapeuta Carmen Luz C. de Romero, que en razón de su diagnóstico de secuelas de síndrome compartimental lo envió a control médico. 2.4 Manifestó que pidió explicación a la

de julio de 2008 fue valorado por la fisioterapeuta Carmen Luz C. de Romero, que en razón de su diagnóstico de secuelas de síndrome compartimental lo envió a control médico. 2.4 Manifestó que pidió explicación a la clínica demandada, el 7 de mayo de 2010, por las irregularidades en la atención recibida, con respuesta del 25 siguiente, donde aquélla manifestó no advertir negligencia médica en la historia clínica. No obstante, interpuso queja ante el Tribunal de Ética Médica del Magdalena, Cesar, Guajira y el Distrito de Santa Marta, bajo radicado N° 213, que concluyó con sanción de censura escrita privada impuesta al médico demandado; decisión notificada el 20 de abril del 2012. 2.5 Señaló que el 4 de julio posterior, le fue diagnosticado “ gonartrosis leve”; subsiguientemente el ortopedista Alexander Sanmiguel evidenció secuela definitiva de lesión y le prescribió el uso de soportes externos. Por otro lado, el 22 de mayo de 2013 fue examinado por el Dr. Leonardo Álvarez, en el Instituto Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen “Insecar” Ltda., quien le ordenó psicoterapia de apoyo y valoración por psicología. 2.6 Expuso que el 18 de junio siguiente, el Dr. Francisco Javier Mazenett Garrido le ordenó valoración por la junta de ortopedia para determinar la procedencia de RTR, mientras que el 14 de julio posterior fue calificado con pérdida de capacidad laboral del 39.42%, por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 2.7 Comentó que fue revisado en una nueva

procedencia de RTR, mientras que el 14 de julio posterior fue calificado con pérdida de capacidad laboral del 39.42%, por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 2.7 Comentó que fue revisado en una nueva oportunidad por el Dr. Leonardo Álvarez, quien volvió a prescribirle psicoterapia de apoyo y medicamentos; y en similar sentido la psicóloga Priscila Angarita Martínez le4RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 recomendó tratamiento para tratar la ansiedad, a su vez que en el 2015 se le reiteró el diagnóstico de gonartrosis leve, a partir de radiografía de rodilla AP lateral. 2.8 Finalmente, arguyó que el 14 de octubre de 2016, convocó a los demandados a una audiencia de conciliación, la cual fracasó por la falta de ánimo conciliatorio.

3. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta (Pág. 61 ibídem), quien, previa inadmisión del 8 de marzo de 2017

(Págs. 62 a 64), a través de proveído adiado el 8 siguiente, dispuso darle curso, corriéndole traslado a los demandados por el término de 20 días (Págs. 82 a 83).

4. Enterada de ésta (Pág. 84), la entidad demandada concurrió a la actuación oponiéndose a las pretensiones, y formulando como excepciones de mérito las de “prescripción”, “inexistencia de la obligación o de los perjuicios reclamados”, y cualquier otra que se encuentre probada.

La primera de ellas, considerando que

pretensiones, y formulando como excepciones de mérito las de “prescripción”, “inexistencia de la obligación o de los perjuicios reclamados”, y cualquier otra que se encuentre probada. La primera de ellas, considerando que desde el año 2007 que tuvieron lugar los hechos que fundan la demanda, hasta la audiencia de conciliación de fecha 10 de octubre de 2016, habían transcurrido más de cinco años. A su vez, argumentó que los procedimientos realizados en el centro hospitalario fueron oportunos y apropiados según consta en la historia clínica -cuyo valor probatorio destaca-, que en todo momento se obró con buena praxis, con manejo adecuado de conformidad con las circunstancias del caso, sin que se evidencie negligencia ni impericia por parte del galeno. Adicionó que en la demanda no se acreditó la existencia del daño que se alega, ni existió perjuicio alguno que justifique el reconocimiento del daño moral, destacando la culpabilidad como un principio que rige en el derecho sancionatorio, la obligación médica como de medio y no de resultado, y manifestó que no están probados5RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 los gastos que el actuar de la clínica le ocasionó al demandante, ni el lucro cesante pedido (Págs. 95 a 101).

5. El demandante solicitó el emplazamiento del galeno demandado -por ser devuelta la citación enviada a su presunta dirección con la anotación “No reside”, e ignorar otro lugar donde pudiese ser citado-

(Págs. 111 a 113). El juzgado, previo requerimiento al promotor, de los documentos exigidos por el artículo 291

citación enviada a su presunta dirección con la anotación “No reside”, e ignorar otro lugar donde pudiese ser citado- (Págs. 111 a 113). El juzgado, previo requerimiento al promotor, de los documentos exigidos por el artículo 291 del C.G. del P. (Págs. 117 y 118), ordenó lo solicitado mediante proveído del 21 de junio de 2017 (Págs. 1 a 2 del Cdno. Ppal. Nº 2).

6. En consecuencia, la curadora designada contestó la demanda, manifestando que se atenía a lo que se resolviera por la juez (Págs. 40 a 42).

7. Paralelamente, la entidad demandada llamó en garantía a la aseguradora Previsora S.A. (Págs. 2 a 3 del respectivo Cdno.), petición que, previa inadmisión

(Pág. 6 ídem), fue admitida por auto del 7 de noviembre de 2018 (Págs. 13 y 14). La llamada concurrió al trámite contestando el respectivo escrito, corroborando la existencia de la póliza, y proponiendo a la llamante las excepciones de mérito de: i) “límite del valor asegurado para la cobertura de responsabilidad civil de clínicas y hospitales”; ii) “límite del valor asegurado para el amparo de daños morales en la suma de $50.000.000.00 menos el deducible del 10%, en caso que en el fallo se establezca una responsabilidad patrimonial para la aseguradora que represento”; y iii) “ excepción de ausencia de cobertura bajo la póliza que sirvió como fundamento para el llamamiento en garantía”, con fundamento en las condiciones

una responsabilidad patrimonial para la aseguradora que represento”; y iii) “ excepción de ausencia de cobertura bajo la póliza que sirvió como fundamento para el llamamiento en garantía”, con fundamento en las condiciones bajo las cuales fue suscrita la póliza en cuestión y adujo que se superó el tiempo previsto para hacer reclamos luego de su vigencia (Págs. 29 a 32). Con relación a la demanda presentó las6RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 excepciones de “inexistencia de la obligación de indemnizar por parte de la Clínica Mar Caribe”, y “prescripción de la acción”. Las fundamentó en similar sentido que su llamante, agregando que no se encuentra debidamente probada la existencia de la responsabilidad médica y sus elementos,ni están soportados los perjuicios presuntamente causados al demandante por el actuar de la clínica (Págs. 44 a 48 del Cdno. Ppal. Nº 2).

III.LA SENTENCIA Y SU APELACIÓN

1. Surtido el trámite de rigor, la A quo puso fin a la instancia, declarando probada la excepción de mérito propuesta por Colsalud, denominada “ inexistencia de la obligación, o inexistencia de perjuicios reclamados” y la presentada por la aseguradora Previsora S.A. de “inexistencia de la obligación de indemnizar por parte de la Clínica Mar Caribe”; desestimó las pretensiones contra el médico Misael Polo Padilla por no acreditarse el nexo causal; se abstuvo de pronunciarse frente al llamamiento en garantía; y condenó en costas al demandante.

Para arribar a la anterior determinación, consideró que del material probatorio

el médico Misael Polo Padilla por no acreditarse el nexo causal; se abstuvo de pronunciarse frente al llamamiento en garantía; y condenó en costas al demandante. Para arribar a la anterior determinación, consideró que del material probatorio recolectado no se evidenciaba que el galeno hubiera realizado un tratamiento inadecuado, ni que existiera un nexo causal entre su actuar y los trastornos físicos y psicológicos sufridos por el demandante. Afirmó que los documentos aportados, contrario a soportar lo expresado por el actor, lo desdicen; y anotó que tampoco encuentra sustento probatorio la afirmación de que el citado actuó bajo culpa, ni es posible asimilar la sanción ética que le fue impuesta a la negligencia que se le achaca en el proceso.

2. Seguidamente la parte activa impetró recurso de apelación, sentando su inconformidad primigeniamente en lo atinente a que las pruebas aportadas sí sustentan la existencia del daño y el actuar negligente del médico, especialmente el fallo del Tribunal de Ética Médica, en el que sancionaron con censura escrita, pero7RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 privada, al médico Polo Padilla, por violación de los artículos 10 y 15 de la ley 23 de 1981; así mismo, amplió el recurso aduciendo que en la práctica este tipo de lesiones requieren iniciar un tratamiento quirúrgico inmediato, con el fin de no perder oportunidad de mejora, como sucedió en el caso, donde si bien el diagnóstico fue adecuado, las indicaciones para el cuidado no, generándose un deterioro de su salud (Págs. 118 y 119 del Cdno. Ppal.

como sucedió en el caso, donde si bien el diagnóstico fue adecuado, las indicaciones para el cuidado no, generándose un deterioro de su salud (Págs. 118 y 119 del Cdno. Ppal. Nº 2).

3. Llegado a esta Corporación el legajo, se dispuso la admisión del recurso (Pág. 5 del Cdno. del Tribunal); posteriormente, el 2 de marzo del año en curso se dio traslado por el término de 5 días para que el apelante lo sustentara, surtido lo cual se concedió un término igual a la parte demandada (Archivo Nº 09).

4. Los reparos del demandante contra la sentencia se resumen en que en la historia clínica el galeno demandado anotó síndrome compartimental, diagnóstico que requería intervención quirúrgica inmediata y no prescripción de hielo local y diclofenaco como erróneamente ordenó, ni se justificaba su dada de alta, existiendo una pérdida de oportunidad de mejora que le ocasionó un deterioro en su salud (Archivo Nº 12). Por su parte, la entidad demandada se opuso a los argumentos expuestos por el apelante, aduciendo que carecen de fundamentos de hecho que los soporten y solicita se declare la improcedencia del recurso (Archivo Nº 14).

A continuación, procede la Sala a desatar la alzada, previa exposición de las siguientes,

IV. CONSIDERACIONES

1. Descendiendo al caso puesto a consideración de esta Colegiatura, se observa que la queja del apelante se circunscribe a la falta de un tratamiento8RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 quirúrgico inmediato por parte del galeno demandado, quien

consideración de esta Colegiatura, se observa que la queja del apelante se circunscribe a la falta de un tratamiento8RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 quirúrgico inmediato por parte del galeno demandado, quien según lo expresado por el actor le dio salida de la clínica y ello no era el paso a seguir cuando hay lugar a lesiones como la sufrida por éste, siendo la prueba del actuar negligente del profesional de la salud el fallo del Tribunal de Ética Médica.

2. Teniendo en cuenta el escenario antes planteado, primigeniamente se advierte que, aunque la demanda se formuló como de tipo extracontractual, realmente se vislumbra la existencia de una contractual. En efecto, de conformidad con el artículo 5 de la ley 23 de 1981, dentro de la relación galeno–paciente, se incluye la atención por acción unilateral del médico, en casos de urgencia, escenario en el que se está frente a una obligación de carácter legal, que genera un vínculo jurídico entre las partes, cuyo incumplimiento da lugar a la existencia de una responsabilidad médica.

Y de lo expresado por el demandante en su escrito introductorio, y que se corrobora con la historia clínica obrante a páginas 102 a 109, se colige que el afectado ingresó a la clínica demandada por atención de urgencia, en razón de un accidente sufrido en su lugar de trabajo, lo que implica la existencia de una

responsabilidad contractual. No obstante, ello no impide el estudio de la demanda, en virtud del principio iura novit curia, de conformidad con lo expresado por la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC6507-2017 del 11 de mayo de 20171 , en la que se precisó lo siguiente: 1 M.P. Dr. Ariel Salazar Ramírez.9RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 “De ahí, que los descuidos, imprecisiones u omisiones en que incurren los litigantes al invocar un tipo de responsabilidad – extracontractual o contractualdeben ser suplidos o corregidos por el juez, quien no se encuentra vinculado por tales falencias, sino a los hechos fundamento de las peticiones.”

3. Ahora bien, resulta pertinente explicar que actualmente en Colombia por regla general la responsabilidad médica es de medio y no de resultado; es decir, el galeno no está en la obligación de garantizar la salud del enfermo, pero sí de brindarle todo su apoyo en procura de su mejoría. Excepcionalmente es de este último carácter, como en aquellos casos de cirugías estéticas, donde el facultativo le asegura al paciente un determinado efecto, que en caso de no obtenerse, genera responsabilidad.

Precisado lo anterior, se debe evaluar si se encuentran reunidos los elementos de la responsabilidad médica, pues, memórese que, se entiende por ella la generada por culpa derivada de la impericia, imprudencia o negligencia en el ejercicio de la profesión del galeno, es decir, del resultado de su deficiente trabajo que produce un daño, siempre que haya un nexo de causalidad entre éste y la conducta activa u omisiva del

imprudencia o negligencia en el ejercicio de la profesión del galeno, es decir, del resultado de su deficiente trabajo que produce un daño, siempre que haya un nexo de causalidad entre éste y la conducta activa u omisiva del agente, por no ajustarse a la lex artis y que termina originando un menoscabo de tipo físico, psíquico o moral; si ello no ocurre, no queda otro camino que desestimar las pretensiones de la demanda. Al respecto, la Sala de Casación Civil del máximo organismo de la jurisdicción ordinaria, en sentencia SC003-2018 del 12 de enero de 20182 , expuso: 2 M.P. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona.10RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 “… causada una lesión o menoscabo en la salud, con ese propósito, el afectado debe demostrar como elementos axiológicos integradores de la responsabilidad médica la conducta antijurídica, el daño y la relación de causalidad entre éste y aquélla, así como la culpabilidad, según la naturaleza de la responsabilidad (subjetiva u objetiva) o de la modalidad de las obligaciones de que se trata (de medio o de resultado). En el campo dicho, porque el artículo 26 de la Ley 1164 de 2007, alusiva al talento humano en salud, con la modificación introducida por el canon 104 de la Ley 1438 de 2011, establece que la relación médico - paciente “genera una obligación de medio” sobre la base de una competencia profesional, en clara distinción con las de resultado, estas últimas, en virtud de “estipulaciones especiales de las partes” (artículo 1604, in fine, del Código Civil). La conceptualización reviste importancia con miras a establecer las cargas

distinción con las de resultado, estas últimas, en virtud de “estipulaciones especiales de las partes” (artículo 1604, in fine, del Código Civil). La conceptualización reviste importancia con miras a establecer las cargas probatorias, respecto de los supuestos de hecho normativos y de las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. En punto de las obligaciones de medio, es al demandante a quien le incumbe acreditar la negligencia, impericia o falta de cuidado de los facultativos, mientras en las de resultado, ese elemento subjetivo se presume.”. De allí que, sólo hay lugar a responsabilidad, cuando el resultado obtenido sea imputable a una causa culposa o dolosa del profesional médico, que, de cualquier manera, deberá ser probada por el interesado, obedeciendo el tipo de responsabilidad invocado, y en consonancia con lo establecido en el artículo 167 del C.G. del P., que dispone: “Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” .

4. Desde esa perspectiva, de antemano esta Corporación encuentra probado el daño que alega el demandante, considerando que de acuerdo con la historia clínica Nº 13890916, obrante a Pág. 12 del Cdno. Ppal. Nº11RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 1, se evidencia que a partir del accidente de trabajo sufrido el 18 de mayo de 2007, le fue emitido como primer

diagnóstico por el galeno demandado “lesión de todos los ligamentos de la rodilla. Síndrome compartimental en evolución”, así como diagnóstico de “ necrosis muscular” por el doctor Christian Maltos, del 12 de junio siguiente (Pág. 14 ibídem). El accidente dio lugar a las siguientes afectaciones físicas sufridas por el demandante: i) “ Incapacidad: retracción tendón Aquiles (sic), debilidad de dorsiflexores y plantiflexores”, según el documento de fecha 25 de julio de 2008, suscrito por la fisioterapeuta Carmen Luz C de Romero (Pág. 16); ii) “ SECUELAS DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL POSTRAUMA DEL MID” , de acuerdo con la historia clínica Nº 10949, del 18 de junio de 2013, emitida por el profesional Francisco Javier Mazenett Garrido, vista a Pág. 37. iii) Todas ellas concluyeron en dictamen de pérdida de capacidad laboral, emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 24 de julio de 2013, en el que se le determinó una incapacidad permanente parcial de 39,42%, con fecha de estructuración del 18 de mayo de 2007, originada en un accidente de trabajo (Págs. 38 a 45); y iv) diagnóstico de gonartrosis leve del 7 de julio de 2015 (Pág. 49). Consecuente con lo anterior y de conformidad con lo manifestado por el demandante en el interrogatorio que le fue practicado, ha tenido afectaciones psicológicas que incluyen alteraciones del sueño y ansiedad, patologías corroboradas en la historia clínica visible a Pág. 36, del Instituto Neuropsiquiátrico

interrogatorio que le fue practicado, ha tenido afectaciones psicológicas que incluyen alteraciones del sueño y ansiedad, patologías corroboradas en la historia clínica visible a Pág. 36, del Instituto Neuropsiquiátrico Nuestra Señora Del Carmen “INSECAR” Ltda., que da cuenta el 22 de mayo de 2013, de una “…hipertimia displacentera hacia la tristeza, eupsiquica (sic), sin alteraciones de la forma o contenido del pensamiento o la sensopercepción (sic), juicio adecuado, insight presente”. De igual modo,12RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 en el control médico en dicha entidad, el 30 de octubre de 2013, el demandante manifestó que “…continúa con anhedonia, ideas sobrevaloradas de minusvalía, apatía, síntomas de ansiedad” (Pág. 46); y en el informe de psicología con la Dra. Priscila Angarita Martínez, se observa que le fue diagnosticada depresión reactiva (Págs. 47 y 48).

5. No obstante, salta a la vista que el extremo activo omitió allegar material probatorio suficiente para acreditar el nexo causal entre la conducta del galeno demandado y el resultado lesivo cuyo resarcimiento reclama. Lo anterior se evidencia en la discrepancia entre la relación de los hechos de la demanda, el interrogatorio de parte y las pruebas documentales.

En ese sentido, en audiencia pública del 9 de octubre de 2019 al ser requerido, el demandante manifestó que a raíz del accidente de trabajo y la lesión subsiguiente, requería una intervención quirúrgica que debió hacerse inmediatamente por el médico demandado; sin

9 de octubre de 2019 al ser requerido, el demandante manifestó que a raíz del accidente de trabajo y la lesión subsiguiente, requería una intervención quirúrgica que debió hacerse inmediatamente por el médico demandado; sin embargo, fue dado de alta y le programaron la cirugía dentro de los 5 o 7 días siguientes, mientras que cuando se dirigió de manera voluntaria a la Clínica El Prado, pasados 4 días desde la ocurrencia del accidente, le fue realizado el procedimiento ese día ,“el Prado él mismo me hace la operación, a las 2, 3 horas me manda para operación” (Audio audiencia). Sin embargo, del informe quirúrgico visto a Pág. 13, se constata que la intervención le fue practicada el 29 de mayo de 2007, es decir, pasados 11 días desde el citado accidente del 18 de mayo de ese año, sin existir prueba de una intervención quirúrgica de fecha anterior. De igual forma, si bien en los hechos quinto y sexto de la demanda, el actor indicó que el 29 de mayo de 2007, y en virtud del oscurecimiento de la pierna fue remitido al centro de urgencias de la Clínica Mar13RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 Caribe, donde fue valorado por el Dr. Raúl Ulloa, se evidencia que el procedimiento fue realizado en la Clínica El Prado (Pág. 13), y como lo corroboró en el interrogatorio, cuando se le preguntó si había sido intervenido en la clínica demandada, respondió: “no me la hicieron porque como le vuelvo y le digo la programaron para 5 días después”, y a la pregunta de dónde le hicieron

interrogatorio, cuando se le preguntó si había sido intervenido en la clínica demandada, respondió: “no me la hicieron porque como le vuelvo y le digo la programaron para 5 días después”, y a la pregunta de dónde le hicieron las intervenciones sostuvo que “me las hicieron en la Clínica El Prado, porque en la Mar Caribe al otro día del accidente me mandaron para la casa con medicamento. Vista la gravedad y que la pierna no mejoraba entonces en la Clínica El Prado el Dr. Ulloa procedió a hacerme unos estudios de rapidez, y me mandó para cirugía”. En igual sentido, cuando le preguntaron si había recibido algún asesoramiento para no acudir a la clínica demandada, manifestó: “asesoramiento no, lo que pasa es que yo estaba afiliado a Coomeva, y yo vine a Coomeva y la doctora cuando me vio dijo que había que cortarme la pierna, y me dijo váyase inmediatamente para la Clínica El Prado. Me mandó una médica general lo que sí no me acuerdo qué doctora fue” . Lo anterior lleva a concluir que no existe congruencia entre los documentos aportados como pruebas y lo expresado por el actor, máxime que sustenta el recurso en la falta de un procedimiento quirúrgico inmediato; no obstante, no siguió las recomendaciones dadas por el galeno demandado, sino que se dirigió a otro centro hospitalario donde la cirugía le fue practicada,

incluso varios días después de los previstos, sin poder esta Sala determinar que la actuación del médico cuestionado tuviese injerencia en la materialización del daño, ni que su ausencia hubiese evitado su producción.

6. De otro lado, aunque el fallo adiado el 18 de abril de 2018, emitido por el Tribunal de Ética Médica del Magdalena, Cesar, Guajira y el Distrito de Santa14RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01

Marta, que sancionó al profesional de la salud con censura escrita pero privada, de conformidad con el articulo 83 numeral b.2 de la ley 23 de 1981, por su responsabilidad ético profesional por la violación de los artículos 10 y 15 de la precitada ley, tras considerar “… la falta de diligencia de Doctor Polo en el estudio y tratamiento del paciente Jorge Jiménez” (Págs. 19 a 33), se itera que ello no constituye prueba suficiente que permita determinar la relación de causalidad entre el presunto actuar culposo del galeno y los daños sufridos por el demandante, de acuerdo con el análisis que se viene haciendo.

7. Por lo anterior, y como quiera que no medió prueba que acreditara la responsabilidad del galeno, porque como se mencionó en líneas previas, no se encuentra probado el nexo causal entre los daños sufridos por el promotor y la conducta del profesional de la medicina demandado, que se torna imperativo confirmar la decisión venida en alzada. En consecuencia, se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante (Art. 365, numeral 1° del C. G. del P.), señalándolas en la suma de $1.000.000, que equivale a un salario mínimo legal mensual vigente.

de esta instancia a la parte demandante (Art. 365, numeral 1° del C. G. del P.), señalándolas en la suma de $1.000.000, que equivale a un salario mínimo legal mensual vigente. En virtud y mérito de lo considerado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en Sala Quinta de Decisión Civil – Familia, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, el 9 de octubre de 2019, dentro del proceso declarativo de responsabilidad civil promovido por Jorge Jiménez, contra la Compañía Colombiana de Salud Colsalud S.A. -Clínica Mar15RAD. 47.001.31.53.004.2017.00046.01 Caribe-, y Misael Polo Padilla, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante, señalándolas en la suma de $1.000.000, que equivale a un salario mínimo legal mensual vigente.

TERCER: NOTIFICAR esta decisión a los intervinientes y al funcionario de primera instancia por el medio más expedito posible, remitiéndole a éste copia de la determinación para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN SALOMÓN XIQUES ROMERO

Magistrado

MYRIAM FERNÁNDEZ DE CASTRO BOLAÑO MARTHA ISABEL MERCADO RODRÍGUEZ

Magistrada Magistrada En Permiso