TSDJ SMR SCF - 2017-00148-(26-08-2022)

1 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL BANCARIA EN MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES/ RESPONSABILIDAD COMPARTIDA– La defraudación de dineros en cuentas corrientes puede ser atribuida tanto a las falencias en la gestión bancaria como a la falta de vigilancia por parte del cliente, siendo el banco el principal responsable debido a su profesionalismo y experiencia. Las entidades bancarias, debido a su posición de supremacía y el alto riesgo social de su actividad, tienen una carga especial de diligencia y prudencia en la administración del ahorro del público. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establece que estas entidades deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de riesgos, implementando mecanismos de control y verificación para garantizar la seguridad y confiabilidad de las operaciones financieras. Además, se reconoce que la responsabilidad puede ser compartida con el cliente, pero el banco tiene una mayor injerencia en la causación del perjuicio debido a su rol y obligaciones profesionales.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE SANTA MARTA

SALA CIVIL - FAMILIA

MYRIAM FERNÁNDEZ DE CASTRO BOLAÑO

Magistrada Sustanciadora Acta No. 102 Rad. 47.288.31.53.001.2017.00148.01 Santa Marta, veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022). Procede la Sala de Decisión a resolver la apelación formulada por la parte demandada contra la sentencia proferida el 12 de

junio de 2019 por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE FUNDACIÓNMAGDALENA, dentro de la demanda de Responsabilidad Civil Contractual promovida por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARACATACA contra la Sucursal del BANCO BBVA S.A. de ARACATACA-MAGD. ANTECEDENTES Pretende el actor se hagan las siguientes declaraciones:2 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 Declarar administrativa y contractualmente responsable al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. de los perjuicios materiales causados con motivo de la irregular transferencia y retiro de TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($311.710.100), durante los meses de enero a marzo de 2010, sin la autorización del representante legal del Municipio de Aracataca, dineros que estaban depositados en la cuenta corriente No. 001303759401000012655 de la cual es titular el ente territorial. Como consecuencia de lo anterior se condene al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. a reembolsar al MUNICIPIO DE ARACATACA la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($311.710.100), más intereses corrientes desde la fecha de las transferencias hasta la ejecutoria del fallo, suma que deberá ser actualizada.

Fundó sus pretensiones en los siguientes supuestos fácticos: La Alcaldía Municipal de Aracataca, a través de su representante legal, suscribió el 9 de diciembre de 2009 contrato de cuenta corriente bancaria con el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. sucursal Fundación, la que se identificó con el número 001303759401000012655, en la cual se depositaba exclusivamente el dinero proveniente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que tenía como destinación específica la atención integral a la primera infancia. El último extracto recibido en enero de 2010 para el período comprendido del 1 de diciembre de 2009 hasta el 31 del mismo mes y año reflejaba el depósito de la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($311.710.100) que hiciera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la ciudad de Santa Marta y cuyo monto total o parcial no ha sido objeto de retiro autorizado por la Alcaldía de Aracataca. El 24 de mayo de 2010, el señor Alcalde del Municipio de Aracataca, doctor FOSY MARCOS MARÍA, se acercó a las oficinas del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. sucursal Fundación para solicitar el3 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 saldo de la cuenta corriente No. 001303759401000012655, informándole el gerente de la entidad –señor Edgar Enrique Zabaleta Ochoa– que en la mencionada cuenta no existía saldo alguno. Los movimientos reflejados en los extractos de la cuenta corriente No. 0013-03759401000012655 indican que durante los meses de enero a marzo de 2010 fueron transferidos en forma consecutiva, fraccionada y de manera ilícita a la cuenta de ahorros libretón No. 0013037559702001447 a nombre de la Alcaldía de Aracataca la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($311.710.100) donde fueron retirados escalonadamente en ese mismo lapso, por lo que se formuló denuncia penal el 27 de mayo de 2010. El ente territorial no suscribió ni autorizó a persona alguna para celebrar un contrato de apertura de cuenta de ahorros; por lo que al transferir el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. sin la autorización del representante legal quebrantó la obligación adquirida con el cuentacorrientista Alcaldía Municipal de Aracataca, de mantener los dineros depositadas en ella para entregarlos en la medida de que este hiciera disposición de ellos de acuerdo con lo señalado en el Art. 1382 del C. Cio. La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, correspondiéndole por reparto al Dr. Luís Ernesto Arciniegas Triana el que

por auto del veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012) admitió la demanda de reparación directa. Enterado del asunto, la entidad bancaria se opuso a las pretensiones. Aceptó el hecho primero; y adujo no constarle el segundo, octavo; no ser cierto el tercero, quinto, séptimo y atenerse a lo probado en los demás. A la par formuló las excepciones de mérito de cumplimiento del Banco BBVA COLOMBIA de sus obligaciones contractuales, C ulpa exclusiva del municipio demandante por la conducta del Alcalde y la Secretaria Administrativa y Financiera, incumplimiento contractual del municipio de Aracataca y la genérica. Con providencia del diecinueve (19) de mayo de dos mil diecisiete (2017) el Tribunal Administrativo del4 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 Magdalena con ponencia del Dr. Dexter Emilio Cuello Villarreal declaró la falta de jurisdicción de esa Corporación y dispuso su envió a la Ordinaria, correspondiéndole por reparto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad, el que la rechazó mediante auto del nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017) remitiendo la actuación al Juzgado Civil del Circuito de Fundación. El veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) el Juzgado Civil del Circuito de Fundación avocó el conocimiento y amplió el periodo probatorio.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El doce (12) de junio de dos mil diecinueve (2019) la A quo puso fin a la instancia declarando civil y contractualmente responsable al BANCO BBVA COLOMBIA S.A. SUCURSAL FUNDACIÓN con ocasión de la sustracción de los dineros de la cuenta corriente bancaria No. 03759401000012655 de la cual es titular el MUNICIPIO DE ARACATACA, existiendo concurrencia de culpas entre los extremos negociales para la producción del daño, por lo que redujo la condena del Banco demandado en un 20%. A la vez, declaró no probadas las excepciones presentadas por la demandada denominadas CUMPLIMIENTO

DEL BANCO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CULPA

EXCLUSIVA DEL MUNICIPIO POR LA CONDUCTA DEL ALCALDE Y

DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE ARACATACA (CULPA IN ELIGENDO-CULPA IN VIGILANDO), condenando al Banco a restituir al Municipio de Aracataca la suma sustraída indebidamente, con la debida indexación a la que se le redujo el 20% en $353.776.143 y la consecuente condena en costas al demandado. Para arribar a esa determinación, hizo una disertación de lo que es la actividad bancaria y la calidad de profesional de quienes la ejercen, razón por la cual los estándares de calidad, seguridad y eficiencia que se reclaman son más altos que los exigidos a un comerciante cualquiera. Citó el Art. 1382 del Código de Comercio que define

el contrato de depósito en cuenta corriente bancaria, mismo donde se encuentra el deber de seguridad por5 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 parte de la entidad bancaria; y realizó una interpretación de la demanda al iniciarse la demanda como reparación directa ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Relacionó el incumplimiento en que incurrieron las funcionarias del Banco EVELIN OMAIRA MARTÍNEZ MAESTRE, auxiliar de atención al cliente ventanilla; LUZ HELENA GARCÍA PASSO, auxiliar atención al cliente ventanilla; SILVANA MILENA GUERRA MORELLY, auxiliar atención al cliente ventanilla y ELSA MERY ROMERO BUSTILLO, subgerente operativo, con base en la auditoría interna realizada por el Banco para concluir que no se entiende si a mediados de noviembre de 2009 se imparten precisas instrucciones para el diligenciamiento de las tarjetas de firmas de las cuentas a nombre del Municipio, en cuanto se establece como medida de seguridad la firma conjunta del Alcalde y de la Subalterna, Secretaria Administrativa, cuando llega la comunicación espuria a escasos dos meses de la inicial no se tenga el cuidado de verificar su contenido, cuando se estaban contradiciendo las directrices iniciales. La conducta que se espera de un profesional que administra los dineros ajenos, era agotar todos los recursos que tuviera a su alcance a fin de esclarecer la situación. De haberse confirmado la transacción con el señor Alcalde, la empresa defraudatoria se hubiera

visto frustrada. Empero, con la ausencia de controles por parte del banco alentó a los autores a continuar con su cometido. Otra circunstancia que facilitó la sustracción de los dineros fue la determinación de cancelar el envío físico de los extractos de ambas cuentas, la corriente y la de ahorros, lo que ocurrió desde el mismo momento de la segunda, la que se adoptó sin que mediara soporte de dicha solicitud; se constató que los empleados del banco desatendieron las políticas institucionales sobre visación y autorización de operaciones, cuando realizaron la apertura de la cuenta de ahorro. De igual modo, para que el fraude se materializara fue necesario contar con la participación de personas que trabajan al servicio de la entidad demandante, pues en la etapa inicial de la defraudación era imperativo acceder a documentos con el membrete oficial de la6 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 Alcaldía de Aracataca. Sin embargo, si se hubiera n exigido los documentos que se advierte faltaban, o si se hubiera realizado una auditoría interna oportunamente por parte del Subgerente quien tiene a su cargo la supervisión de estas actividades –según lo informado por el Banco– en resumen si se hubiera actuado de forma profesional, se hubiera evitado el lamentable desenlace que generó la presente demanda. También favoreció el timo la falta de control por parte de la autoridad territorial, la cual dejó desatendida la cuenta corriente bancaria No.

001303750100012655, pues omitió la obligación de verificar periódicamente los movimientos y el saldo. De hacerlo hubiera podido frustrar en sus inicios la sustracción indebida de los dineros. Por lo que concluyó que ambos extremos concurrieron en la determinación del daño, aunque no en la misma proporción, pues como quedó visto las omisiones en que incurrió la entidad demandada reclaman que se le atribuya mayor parte de responsabilidad, por lo que de conformidad con el Art. 2357 del C. C. redujo la condena en un 20%. Inconforme con la determinación la apoderada del extremo pasivo apeló, exponiendo los siguientes reparos: Primero: No es posible una declaratoria de responsabilidad civil contractual contra el BANCO BBVA COLOMBIA SUCURSAL FUNDACIÓN, con ocasión de la posible sustracción de los dineros de la cuenta corriente bancaria No. 03759401000012655, de la cual es titular el MUNICIPIO DE ARACATACA, comoquiera que las operaciones realizadas durante los meses de diciembre de 2009, y enero a abril de 2010 fueron bajo el principio de la buena fe, con la apertura de las cuentas corriente y de ahorro con la firma del Alcalde y Secretaria Financiera. A pesar de existir varios documentos la A quo solo se basó en la auditoria del BANCO BBVA, la que fue una prueba trasladada decretada de oficio, puesta a consideración de las partes en este proceso. No obstante, tal trámite no es el escenario probatorio

para presentar contradicción del mismo, pues de conformidad con las normas procesales establecidas en7 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 el CGP, ésta es una prueba técnica que se controvierte con otra, y allí de lo que se dio traslado fue de unos documentos que aparecen en el proceso penal de peculado por apropiación que se sigue contra PAOLA DE SILVESTRI SAADE y otros, donde la contradicción se da en la Jurisdicción Penal. En la apertura de la cuenta corriente de fecha diciembre de 2009 como la de ahorro las firmas del señor Alcalde FOSY MARCOS MARÍA y PAOLA DE SILVESTRI SAADE son auténticas, independientemente de la falta de requisitos formales que indilga la auditoría a los funcionarios del Banco BBVA, pero tales formalidades no conllevan a la defraudación de los dineros de la Alcaldía, desconociendo hasta ese momento los Funcionarios que alguno de esos documentos tuviera firma falsa como actualmente se conoce. Siendo los criterios de la auditoría interna del BANCO, solamente válidos para determinar las acciones u omisiones en que faltaron las funcionarias del mismo.

Segundo: No es posible que la A quo en los numerales segundo y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia declare que existió concurrencia de culpas entre los extremos negociales para la producción del daño y solo tome en consecuencia de ello reducir la condena en un 20%. Si en gracia de discusión se

admitiera que existe concurrencia de culpas, dado su objeto social, y que su función está considerada como un servicio público, se responde es cuando son terceros los que sustraen los dineros de los cuentacorrientistas, no cuando lo hace el mismo interesado. Está plenamente probado que la persona que trasladó los dineros de la cuenta corriente bancaria No. 03759401000012655 a la cuenta de ahorros No. 3750200221447 de propiedad de la Alcaldía fue única y exclusivamente la Secretaria Administrativa de la Alcaldía del Municipio de Aracataca PAOLA DE SILVESTRI SAADE, con quien el señor Alcalde registró su firma en cada uno de los documentos denominados registro de firma, huellas y sellos autorizados. La Funcionaria realizó el traslado de los dineros bajo la desidia y descuido del burgomaestre y de las8 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 autoridades de control, que durante cuatro meses nunca hicieron revisión al manejo de los dineros de dicha entidad, por lo que la responsabilidad de la señora PAOLA DE SILVESTRI SAADE es mayor que la endilgada por la A quo a su representada. Tampoco existió control del Alcalde en la apertura de la cuenta de ahorros, al corresponder la firma estampada en la tarjeta de registro de firmas a la original utilizada por él, por lo que la responsabilidad es del mismo Alcalde y no

del BANCO BBVA.

Aunado a lo anterior, la condena se realizó en forma indexada, a pesar que los dineros no fueron sustraídos

ni retirados por el mismo BANCO, ni funcionarios de éste, sino que se encuentran en poder de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, al haber sido retirados por la Secretaria Administrativa de esa entidad.

Tercer Cargo: No es posible con las pruebas allegadas que la A quo no hubiese tenido en cuenta ninguna de las excepciones presentadas por el BANCO BBVA, cuando está plenamente demostrado que actuó de buena fe, cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato de cuenta corriente y de ahorro, los cheques girados fueron bajo las instrucciones de la persona encargada para ello, como lo era la señora PAOLA GISELA DE SILVESTRI SAADE y las otras transacciones.

Si existe responsabilidad compartida, se debió analizar con mayor detenimiento.

Cuarto Cargo: Si hubo responsabilidad compartida la condena en agencias en derecho no puede ser descontada en el valor del porcentaje que le fue declarado a favor de la parte demandante, sino que debe estar acorde con la situación del conflicto, la culpa probada de quien es sujeto de ello y las demás consideraciones del caso.

Con auto del once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019) se concedió la apelación en el efecto devolutivo. ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL Efectuado el reparto le correspondió al despacho del Magistrado CRISTIAN SALOMÓN XIQUES ROMERO, el que por auto del catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020) admitió la apelación; accediendo a la petición de9

RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 pérdida de la competencia solicitada por el extremo activo mediante proveído del veintitrés (23) de marzo de la anualidad que avanza. El cuatro (4) de abril de 2022 se avocó el conocimiento del presente proceso y dispuso correr traslado al alzante para que sustentara, de la cual se corrió traslado por un lapso igual a la contraparte, según el entonces vigente Decreto 806 de 2020. En la oportunidad para ello, la apoderada del BANCO BBVA COLOMBIA sustentó el recurso de apelación. Solicitó la revocatoria del fallo o en su defecto se tuviera en cuenta los numerales segundo y cuarto de la parte resolutiva otorgando un mayor porcentaje a la parte demandante del señalado en primera instancia que fue del 20%, comoquiera que la posible sustracción de los dineros de la cuenta bancaria de la que es titular el Municipio de Aracataca a través de sus funcionarios en los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010 fueron bajo el principio de la buena fe, en tanto la firma del señor alcalde de la época FOSY MARCOS MARÍA y de la secretaria financiera PAOLA DE SILVESTRI SAADE, son ciertas y reales, lo que no fue objeto de análisis probatorio de la señora Juez, basando su decisión en el documento de auditoría interna del BANCO BBVA, el que fue remitido por la Fiscalía que investiga el delito.

Los que no pueden ser objeto de plena prueba porque no pudieron ser sujetos de contradicción en este proceso. El informe de auditoría no era el medio o condición para objetar un dictamen, al no decretarse ninguno dentro del derrotero, en tanto la auditoría es un mero informe, sin que sea cierto que fuese aportado por la parte demandada al contestar la demanda, por lo que debió ser valorado con otros documentos que obran en el proceso. Para el momento de los movimientos de las cuentas corriente y de ahorro era desconocido para los funcionarios del BANCO que alguno de esos contuviera firmas falsas como actualmente se conoce y se dice en la carta expedida por la Alcaldía de Aracataca; está plenamente probado que la persona que realizó los movimientos bancarios fue la Secretaria Administrativa de la Alcaldía, señora PAOLA SILVESTRI SAADE bajo la desidia y descuido del Burgomaestre y10 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 de las autoridades que durante 4 meses no hicieron control al manejo de los dineros, en manos de quien estaba esa chequera, qué tipo de seguimiento le hacía el señor Alcalde a la Secretaria Financiera. Sin que sea procedente la indexación de los dineros sustraídos por ser retirados por la misma secretaria administrativa de la entidad, tampoco se tuvo en cuenta las excepciones planteadas por el banco. Además, existió indebida valoración probatoria al brillar por su ausencia la conciliación bancaria de la cuenta corriente y de ahorros por parte del

Departamento de Contabilidad del Municipio de Aracataca, dentro de los cuatro meses contados de diciembre de 2009 a mayo de 2010, lo que prueba el abandono, y la despreocupación por parte del Alcalde como de los órganos de control. No desconoce que hubo falencias por parte de los funcionarios del Banco, pero que estas jamás conllevaron a la supuesta defraudación realizada por la Secretaria Financiera. Al descorrer el traslado, el apoderado del extremo activo señala que la apoderada del BANCO BBVA plantea 4 reparos, el 1 dirigido a demostrar la falta de responsabilidad contractual acudiendo al principio de la buena fe y la existencia de otros documentos que la A quo omitió valorar, soslayando que está comprobado tanto por la auditoria del Banco como por la Fiscalía que la apertura de la cuenta de ahorro nunca fue autorizada por la Alcaldía. Se estableció por la Fiscalía que la firma del doctor FOSSY MARCOS MARÍA fue falsificada y la tarjeta de registro de firmas no tiene registrada la firma de la señora PAOLA

GISELA DE SILVESTRI SAADE.

Igualmente se demostró que la señora EVELIN OMAIRA MARTÍNEZ MAESTRE carecía de facultades funcionales y no era usual que realizara ese tipo de actividades, con el agravante de la apertura ilícita de la cuenta, al igual que LUZ HELENA GARCÍA PASSO, utilizando códigos para el traslado entre las cuentas. El segundo reparo en que la responsabilidad se acepta,

siempre y cuando la sustracción de dineros de una cuenta corrientista, sea realizada por un tercero, cancelando el Banco el contrato de trabajo de EVELIN11 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01

OMAIRA MARTÍNEZ MAESTRE, SILVANA MILENA GUERRA MORELY,

LUZ HELENA GARCÍA PASSO y ELSA MERY ROMERO BUSTILLO.

Tercer reparo, en lo concerniente a que declara no probadas las excepciones presentadas, alegando la buena fe y la falta de vigilancia de los fondos por parte del Municipio de Aracataca; omitiendo el envío de los extractos de la cuenta corriente, utilizando los códigos por los funcionarios los que fueron suministrados por el Banco. El cuarto reparo que no fue el banco el que dio origen al caso concreto que esto deviene de las actuaciones de la Funcionaria de la Alcaldía del Municipio de Aracataca y de esa forma determinar equitativamente las costas; incumpliendo la entidad bancaria uno de los deberes significativos en su relación bancocliente como es la obligación de seguridad, disponiendo el ordenamiento jurídico la protección de los clientes. Al no observarse causal de nulidad que invalide lo actuado se pasa a decidir, previas las siguientes CONSIDERACIONES En esta oportunidad el debate surge en virtud de la responsabilidad bancaria. El contrato de cuenta corriente está regulado en el código de comercio, y de sus obligaciones surgen las conductas esperadas por las partes. En la sentencia SC5176-2020, del dieciocho

(18) de diciembre de dos mil veinte (2020) la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil con ponencia del Dr. LUÍS ALONSO RICO PUERTA, se precisó sobre este tipo de responsabilidad: “la reiterada jurisprudencia de la S., que sobre el particular ha reconocido que «(...) siendo la bancaria y la de intermediación financiera, actividades en las que (...) existe un interés público y son realizadas por expertos que asumen un deber de custodia de dineros ajenos, siéndole exigibles, según lo previsto por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y las Circulares Básica Contable y Financiera (100 de 1995) y Básica Jurídica (007 de 1996) unos12 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 altos y especiales cargas o cumplimiento de estándares de seguridad, diligencia, implementación de mecanismos de control y verificación de las transacciones e incluso de seguridad de la confiabilidad de la información y preservación de la confiabilidad, es natural que la asunción de tales riesgos no les corresponda a los clientes que han encomendado el cuidado de parte de su patrimonio a tales profesionales, de ahí que sea ellos quienes deban asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos. En ese orden de ideas, “a la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientosha dicho la Cortees necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediación financiera, como que es su oficio, que maneja recursos ajenos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva” (CSJ SC-076, 3 ago.

que se trata de un comerciante experto en la intermediación financiera, como que es su oficio, que maneja recursos ajenos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva” (CSJ SC-076, 3 ago. 2004, R.. 7447) y por tales razones se le exige “obrar de manera cuidadosa, diligente y oportuna en ejercicio de sus conocimientos profesionales y especializados en materia bancaria” para impedir que sean quebrantados los derechos patrimoniales de titulares de las cuentas de ahorros y corrientes de cuya apertura y manejo se encarga ( CSJ SC, 3 feb. 2009, R.. 2003-00282-01). De todo lo anterior deriva, necesariamente que en la materia impera un modelo particular de responsabilidad profesional del banco» (CSJ SC, 15 dic. 2006, rad. 2002-00025-01). Más recientemente, dicha Corporación indicó: «Las entidades financieras que desempeñan dicha labor, así como gozan de algunas prerrogativas propias de su ejercicio y una posición de supremacía frente al usuario, también adquieren ciertas obligaciones para con éste, debido al alto riesgo social que esa actividad conlleva. (...) Debido a las operaciones desplegadas inherentes a su objeto social, particularmente concernientes a la administración del ahorro del público, se enfatiza, las entidades bancarias, como profesionales del sector13 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01

económico, tienen una carga especial de diligencia y prudencia tendientes a evitar daños suyos, a los ahorradores y a la comunidad. Cuando tales instituciones desatienden sus deberes de diligencia y cuidado, comprometen su responsabilidad (...). El profesionalismo, continuidad, trascendente función social y provecho pecuniario, entre otras características de la actividad bancaria, permiten suponer, no solo que cuentan con un conocimiento especializado, idoneidad y experiencia, sino que por el riesgo, de suyo creado con su ejercicio y la confianza pública generada, tienen diseñados y puestos en práctica procedimientos pertinentes y suficientes para garantizar la prevención, el control y la seguridad de las operaciones propias de su labor. Es por ello que a la hora de juzgar el cumplimiento de sus obligaciones, se impone hacerlo con mayor rigurosidad respecto de cualquier otro comerciante común o de gestión ordinaria, toda vez que la entidad bancaria, como organización empresarial de actividad especializada, debe estar preparada para precaver, evitar o controlar el daño proveniente de su labor» ( CSJ SC1230-2018, 25 abr.). (…) 2.1. La captación de recursos del público, fuente principal de financiamiento de los bancos, suele desarrollarse a través de los contratos de depósito (en cuenta corriente, a término y de ahorros) tipificados en el Título XVII del Libro Cuarto del estatuto mercantil; en virtud de esas convenciones, el cliente

entrega a la entidad bancaria una suma de dinero, y esta se obliga a custodiarla y a asegurar la disponibilidad de los saldos, de forma permanente o al fenecer un plazo predeterminado, según el caso. Ahora bien, la jurisprudencia ha reconocido, de manera preponderante, que el incumplimiento de esas prestaciones a cargo del banco compromete su responsabilidad civil, a menos que se pruebe14 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 la existencia de una causa extraña, particularmente la denominada “culpa exclusiva de la víctima”: «[E]ntre las obligaciones que al banco impone el artículo 1382 del Código de Comercio , derivadas del contrato de cuenta corriente, está la de mantener los dineros depositados regularmente para entregarlos en la medida que el cuentacorrentista haga disposición de ellos de acuerdo con las distintas modalidades reconocidas por la ley, por el contrato o por las prácticas bancarias. (...) Ante esos compromisos, el banco debe mantener las precauciones, diligencias y cuidados indispensables para que los actos de movimiento de la cuenta del usuario se alcancen con plena normalidad; por eso, cualquier desviación constituye un factor de desatención del contrato, dado su particular designio. Y lo mismo ocurre tratándose de cuentas de ahorro, porque en ellas el Banco “es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de la cuenta o de su mandatario” (art.

1398 C. Co.). Claro está, sin desconocer, en ninguno de los dos casos, que la responsabilidad de dicha institución financiera puede atenuarse, moderarse e incluso excluirse en virtud de culpa atribuible al titular de la cuenta» (CSJ SC, 15 dic. 2006, rad. 2002-00025-01).” A su vez, con anterioridad la misma Corporación en sentencia SC1826-2016 del diecinueve (19) de diciembre de 2016, M. P. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ estableció: “Adicional a lo anterior, dentro de los principios reconocidos por el estatuto mercantil se encuentra el de la buena fe que además fue instituido como imperativo de conducta en las distintas operaciones comerciales. En ese sentido, el artículo 871 estatuyó que «los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino15 RAD.47.288.31.53.001.2017.00148.01 a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural». (…) El régimen de responsabilidad de los Bancos que hasta ahora se ha descrito, deriva de las previsiones contenidas en los artículos 732, 733 y 1391 del Código de Comercio, ninguna de las cuales contempló los fraudes cometidos con instrumentos diferentes de los cheques u otros mecanismos a través de los cuales sea posible realizar la disposición de los fondos puestos por los ahorradores bajo la custodia y cuidado de tales entidades, tales como notas débito, certificados de depósito a término, transferencias y otras transacciones que involucren los recursos provenientes del ahorro privado. Tal circunstancia, sin embargo, no conlleva la

de tales entidades, tales como notas débito, certificados de depósito a término, transferencias y otras transacciones que involucren los recursos provenientes del ahorro privado. Tal circunstancia, sin embargo, no conlleva la inaplicabilidad del régimen de responsabilidad reconocido por ellas a otra clase de defraudaciones cometidas tanto en la disposición irregular de recursos pec