TSDJ SMR SCF - 2020-00095-(01-07-2022)

RAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 1 PROCESO EJECUTIVO / LITISCONSORCIO NECESARIO / IMPROCEDENCIAEn estos asuntos no opera la integración del litisconsorcio necesario ya que en presencia de la solidaridad el acreedor cuenta con la facultad de escoger a quien demandar. “Ahora, en lo concerniente que al señor José María Acuña Reyes se le debió llamar bien como Litis consorte necesario o a través del llamamiento en garantía, debe acotarse que, en tratándose de procesos ejecutivos, no opera la integración del Litis consorte necesario, por cuanto en estos asuntos, generalmente, se está en presencia de la solidaridad que faculta al acreedor escoger a quien demandar. Ya en lo que se refiere a la segunda de las mentadas figuras, dígase no más que la misma deviene improcedente en juicios de esta naturaleza, dadas las particularidades de la decisión que desata el fondo el asunto, la cual tiene su asidero en la conducta que asuma el encausado. Sobre el particular, la H. Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, en sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil trece (2013) con ponencia de la Dra. MARGARITA CABELLO BLANCO, Rad. 76001 22 03 000 2013 0026 001, precisó: “En ese orden, no había lugar a acoger la solicitud que en ese sentido elevó Pablo Iragorri Jaramillo dentro del juicio ejecutivo hipotecario que se le adelanta, pues tal figura jurídica es, según se colige de la norma transcrita, palmariamente improcedente en asuntos de esa naturaleza. 4.- Corrobora lo anterior, el mandato del inciso final del precepto 56

se le adelanta, pues tal figura jurídica es, según se colige de la norma transcrita, palmariamente improcedente en asuntos de esa naturaleza. 4.- Corrobora lo anterior, el mandato del inciso final del precepto 56 ibídem, aplicable al “llamamiento en garantía”, por la expresa remisión que hace el canon 57 ib., que dispone: “en la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que existe entre denunciante y denunciado”.RAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 2

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE SANTA MARTA

SALA CIVIL – FAMILIA

MYRIAM FERNÁNDEZ DE CASTRO BOLAÑO

Magistrada Sustanciadora RAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01

ACTA No. 075

Santa Marta, primero (1) de julio de dos mil veintidós (2022) Procede la Sala de Decisión a pronunciarse respecto del recurso de apelación formulado por el ejecutante frente la sentencia del 1 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la Ciudad, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la sociedad SANTA ROSA DE

LIMA MAQUINARIAS S.A.S. contra LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS

DE LA SUBREGIÓN DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTAASOCIÉNAGA.

ANTECEDENTES La sociedad SANTA ROSA DE LIMA MAQUINARIAS SAS, a través

de apoderado, instauró demanda ejecutiva a fin de que se librara mandamiento de pago en contra de LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTAASOCIÉNAGA por las siguientes sumas de dinero:  NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS M/L ($9.819.999.80) por concepto de capital contenido en la factura No. SRL-5128 del 31 de marzo de 2019, más los intereses de mora exigibles desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el pago de la obligación  TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($13.365.000) capital contenido en la factura No. SRL-5129 del 31 de marzo de 2019, intereses de mora desde el 13 de diciembre de 2019 hasta su pago  DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($17.670.510), capitalRAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 3 factura SRL-5136 del 30 de abril de 2019, intereses de mora desde el 13 de diciembre de 2019 hasta su pago.  TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($3.712.500) capital factura SRL-5137 del 30 de abril de 2019, intereses moratorios

desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el pago  NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE ($93.518.003,06) capital factura SRL-5148 del 30 de abril de 2019, intereses moratorios del 13 de diciembre de 2019 hasta el pago  DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($18.796.750) Factura SRL-5156 del 31 mayo de 2019, interés mora 13 de diciembre 2019 hasta su pago  QUINCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCT ($15.048.000) factura SRL-5157 del 31 de mayo de 2019, mora desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el pago  DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($16.552.241.67) FACTURA SRL-5165 del 31 de mayo de 2019, mora desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el pago  DOCE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($12.057.750) FACTURA SRL5166 del 31 de mayo de 2019, mora desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el pago

 VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($20.382.979)

FACTURA SRL-5173 del 30 de junio de 2019, mora desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el pago  NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE ($9.504.000) FACTURA SRL-5176 del 30 de junio de 2019, mora desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el pago  DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.875.000) FACTURA SRL-5178 del 30 de junio de 2019, mora desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el pago  QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($15.840.000) FACTURA SRL-5189 del 31 de julio de 2019, mora desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el pagoRAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 4  TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($35.420.000) FACTURA SRL-5213 del 31 de octubre de 2019, mora desde el 13 de diciembre de 2019 al pago  SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($742.500) FACTURA SRL5214 del 31 de octubre de 2019, mora desde el 13 de diciembre de 2019 al pago

 QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL

CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($15.581.412) FACTURA

SRL-5227 del 30 de noviembre de 2019, mora del 13 de diciembre de 2019 al pago  DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($10.465.000) FACTURA SRL-5228 del 30 de noviembre de 2019, mora del 13 de diciembre de 2019 al pago  CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($118.800.000) FACTURA SRL-5229 del 30 de noviembre de 2019, mora del 13 de diciembre de 2019 al pago  CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($46.805.234) FACTURA SRL-5231 del 10 de diciembre de 2019, mora desde el 18 de diciembre de 2019 hasta el pago  CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($123.826.000) FACTURA SRL5232 del 11 de diciembre de 2019, mora desde el 18 de diciembre de 2019 hasta el pago  ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS PESOS ($11.226.600) FACTURA SRL5236 del 30 de diciembre de 2019, mora del 4 de enero de 2020 hasta el pago.  Costas procesales Soportó su pedimento en que prestaba servicios de alquiler de maquinaria, transporte de material, suministro de material de construcción e insumos,

entre otros, a la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA, de acuerdo a los pedidos que esta le hiciera. Manifiesta que la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA recibía las facturas relacionadas en las pretensiones de la demanda en las fechas allí indicadas, debiendo hacerRAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 5 el pago dentro del lapso señalado en cada una de ellas, sin que a la fecha se hayan cancelado o realizado abonos. Asevera que, en la actualidad, el demandado adeuda SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($642.009.679.53), representados en los títulos valores detallados. Asignada que fue la demanda, previo reparto, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, mediante proveído del veintisiete (27) de octubre de 2020, se libró mandamiento de pago en la forma pedida; con posterioridad a ello la apoderada de la demandada solicitó control de legalidad por falta de competencia y jurisdicción, al no haberse aportado la certificación de la existencia y representación legal de ese extremo procesal, cuya naturaleza es de derecho público, como quiera que es una entidad sin ánimo de lucro, para lo cual aportó la escritura pública No.

202 del 14 de septiembre de 2018 de la Notaría Única del Círculo de Pivijay-Magdalena. Por auto del cinco (5) de abril de 2021 se rechazó por extemporáneo el recurso de reposición incoado por el extremo pasivo contra el mandamiento de pago. Enterado del asunto la ejecutada presentó excepciones de:  Omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente  No aceptación de facturas de venta  Inexistencia del negocio jurídico  Cobro de lo no debido La ejecutante descorrió el traslado oponiéndose a la prosperidad de los medios exceptivos, en el que expuso que todas las facturas fueron recibidas y no medió rechazo alguno, evidenciándose una relación comercial entre los extremos de la litis. Llegado el momento procesal, la A quo desató el lazo de instancia en la continuación de la audiencia de instrucción y juzgamiento, realizada el 1 de septiembre de 2021, en la que declaró no probadas lasRAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 6 excepciones de mérito denominadas omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente, probada la de inexistencia del negocio jurídico y, como consecuencia, revocó el mandamiento de pago, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y condenó en costas al ejecutante. Inconforme con lo resuelto, el demandante apeló

esgrimiendo que el señor José María Acuña Reyes en virtud del contrato de administración y dirección delegada actuaba en representación de Asociénaga, contrato que es autónomo e independiente por tanto no necesita de un tercero para justificar los pagos que se le hacían al señor José Acuña Reyes, como lo pretende hacer ver el extremo pasivo y eventualmente lo cree el despacho de primer grado. Prosigue manifestando que de las pruebas aportadas no existe un documento que de fe y constate que el señor Acuña Reyes haya autorizado el pago de los valores que le correspondían a Santa Rosa de Lima maquinaria o al menos él no lo vio en ninguna parte del expediente; pese a que durante toda la ejecución hacen referencia a la responsabilidad de José María Acuña, no lo vincularon como litisconsorte necesario o llamado en garantía sino como testigo. Del mismo modo, sostiene, debe tenerse en cuenta que el despacho pasó por alto el contenido del literal b y de la cláusula cuarta del contrato de dirección celebrado entre Asociénaga y José María Acuña Reyes, literal que establece, además de lo señalado por el despacho a quo en la parte considerativa de la sentencia, que el señor Acuña era el responsable de los suministros; en cuanto al pago, sostiene que se estableció como obligación de la hoy demandada suministrar al contratista, es decir José María Acuña Reyes, todos los documentos e insumos que requiera para la actividad encomendada, luego entonces quién

debía responder por los insumos es Asociénaga y no José María Acuña Reyes. Se duele, además, que el hecho de que las facturas que se aportaron en las pruebas de oficio no tuvieran el recibido, obedece a que la relación empezó en virtud de una confianza y estás facturas nunca fueronRAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 7 llevadas al domicilio de Asociénaga para su pago puesto que las mismas fueron canceladas antes de ser presentadas; además en los testimonios de la parte demandada el señor Fernández, quién fue citado por Asociénaga, dejó establecido que era testigo de oídas y que no le constaba nada de lo que inicialmente afirmó, luego entonces se estaba frente a una declaración de una excepción que él realmente no compartía. Por otra parte, aduce que ninguna norma establece que los títulos valores están supeditados a la existencia de un contrato, tal como lo quieren hacer ver la parte demandada, en los documentos que se aportaron en virtud de la prueba de oficio decretada por la juez, dado que está demostrado que en el municipio de El Paso, César, en las obras de Asociénaga, estuvieron maquinarias que son Santa Rosa de Lima Maquinarias, e incluso que la Juez en un estudio minucioso así lo dejó ver, incluso señalando que algunos días la maquinaria estuvieron paradas. Finalmente llama la atención acerca de que Santa Rosa nunca fue subcontratista sino que es una empresa que presta un servicio, por lo que pide la revocatoria del fallo al estimar que existe el negocio jurídico cuestionado. La apelación se concedió en el efecto devolutivo. ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL Una vez asignado el conocimiento a esta Sala, por auto

presta un servicio, por lo que pide la revocatoria del fallo al estimar que existe el negocio jurídico cuestionado. La apelación se concedió en el efecto devolutivo. ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL Una vez asignado el conocimiento a esta Sala, por auto del 7 de marzo de 2022 se admitió la alzada y se dispuso su traslado. En la oportunidad para ello, el apoderado del extremo activo sustentó el recurso esgrimiendo que los títulos valores presentados tienen plena autonomía y no dan lugar a interpretación diferente a la existencia de las obligaciones contenidas en ellos, precisando que, por ello mismo, no tiene asidero que estas hayan sido presentadas para sustentar pagos a favor de JOSÉ MARÍA ACUÑA REYES, puesto que la misma demandada aportó un contrato de administración y dirección que suscribió con el mencionado ciudadano y quien asistió como testigo en el presente proceso.RAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 8 Continuó aludiendo que el señor Acuña Reyes y ASOCIÉNAGA son autónomos e independientes y no necesitan de un tercero para justificar los pagos que se le hacían al señor Acuña Reyes; sin que se allegase documento que acredite que a este le hubieren pagado valores que le correspondían a él a SANTA ROSA DE LIMA

MAQUINARIAS SAS.

De igual modo, llama la atención que dicho señor no hubiese sido vinculado a través de las figuras contempladas en la legislación para el efecto, aunado

a que el señor FERNÁNDEZ enunció que era testigo de oídas sin que le constara nada de lo que afirmó. La demandada descorrió el traslado esbozando que ASOCIÉNAGA alegó la excepción de mérito denominada inexistencia del negocio jurídico por lo que arguyó cobro de lo no debido, dado que nunca recibió servicio alguno ni se le hizo entrega de mercancía o se le dio en alquiler de maquinaria. Señaló que de las pruebas recaudadas se demostró que ASOCIÉNAGA nunca expidió una orden de servicio a SANTA ROSA DE LIMA MAQUINARIAS SAS, por lo que no existe prueba documental ni testimonial que acreditara la remisión o recibo de estos por ASOCIÉNAGA, que estas fueron del señor JOSÉ MARÍA ACUÑA, quien no es representante ni labora para esta; corroborándose con el interrogatorio de parte que se le hiciera donde reconoció que suscribió con ASOCIÉNAGA para la construcción de canchas sintéticas de futbol en la cabecera municipal y en el corregimiento de la Loma del Municipio de El Paso Cesar, contrato celebrado por la suma de $3.738.317.757, el cual se puso de presente. Así mismo, señala, en el interrogatorio de parte del representante legal de ASOCIÉNAGA se logró probar la inexistencia del negocio jurídico con ASOCIÉNAGA, las supuestas órdenes de pago son emitidas por el señor

ACUÑA no por ASOCIÉNAGA, quien manifestara en su interrogatorio que todo era verbal y por teléfono, sin embargo, el demandante aportó unos correos. Al no observarse causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se pasa a resolver previas las siguientesRAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 9 CONSIDERACIONES El proceso ejecutivo tiende a obtener el cumplimiento forzado de una prestación que se adeuda y proviene de un título con fuerza suficiente por sí mismo de plena prueba, diferenciándose del proceso ordinario que busca una simple declaración del derecho. Es por ello que los documentos anexados como base de la compulsión deben mostrar claramente el derecho del demandante y tener la fuerza suficiente para lograr el cumplimiento, razones por las cuales el Art. 488 del C. de P. C. establece los siguientes requisitos: a) que contengan una obligación expresa, clara y exigible; b) que la deuda conste por escrito; c) que provenga del deudor o de su causante; y d) Que constituya plena prueba en su contra. Según la citada norma, también pueden cobrarse por esta clase de proceso las obligaciones que emanen de alguna autoridad judicial que tengan fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en juicios contencioso-administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. En el sub judice se acompañaron facturas cambiarias de compraventa visibles en el PDF 01.2, las que fueron presentadas ante la entidad ejecutada el 9 y 12 1 de

diciembre de 2019, las que no fueron objetadas en la oportunidad para ello, lo que si bien constituyó un error, no es menos que el representante legal de ASOCIÉNAGA manifestó que, en su momento, no las objetaron por cuanto estaban esperando que el ingeniero José María Acuña allegara los documentos para legalizar los giros que ya le habían realizado, por tratarse de dineros públicos, dicho que encuentra soporte en los documentos obrantes en el proceso, como es la solicitud de Asociénaga a José María Acuña Reyes para que allegue los soportes que legalizan los giros realizados por concepto de anticipo a los diferentes proveedores. En el caso que ocupa la atención del Colegiado, el título ejecutivo lo constituyen varias facturas de compra, habida consideración de las características

1 F. 38 y 39, el folio 40 no tiene sello de recibidoRAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 10 particulares de los títulos valores, la normatividad mercantil establece un listado taxativo de excepciones que pueda oponer el demandado al ejercicio de la acción cambiaria, contenido en el artículo 784 ejusdem2 ; formulándose las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente, no aceptación de facturas de venta, inexistencia del negocio jurídico y cobro de lo no debido; centrando la Instancia el estudio de acuerdo con los reparos concretos al negocio jurídico que originó las facturas que sirven de base de compulsión. Al respecto, la Sentencia T-310 de 2009, M. P. LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA sentó: “El artículo 619 del Código de Comercio define los títulos valores como los “documentos necesarios para legitimar el ejercicio del

Al respecto, la Sentencia T-310 de 2009, M. P. LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA sentó: “El artículo 619 del Código de Comercio define los títulos valores como los “documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora”. A partir de esa definición legal, la doctrina mercantil ha establecido que los elementos o características esenciales de los títulos valores son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía.

2 Código de Comercio. Artículo 784: Contra la acción cambiaria sólo podrán oponerse las siguientes excepciones:

1. Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título;

2. La incapacidad del demandado al suscribir el título;

3. Las de falta de representación o de poder bastante de quien haya suscrito el título a nombre del demandado;

4. Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente;

5. La alteración del texto del título, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los signatarios posteriores a la alteración;

6. Las relativas a la no negociabilidad del título;

7. Las que se funden en quitas o en pago total o parcial, siempre que consten en el título;

8. Las que se funden en la consignación del importe del título conforme a la ley o en el depósito del mismo importe hecho en los términos de este título;

9. Las que se funden en la cancelación judicial del título o en orden

judicial de suspender su pago, proferida como se prevé en este título;

10. Las de prescripción o caducidad, y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción;

11. Las que se deriven de la falta de entrega del título o de la entrega sin intención de hacerlo negociable, contra quien no sea tenedor de buena fe;

12. Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa, y

13. Las demás personales que pudiere oponer el demandado contra el actor.RAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 11

La incorporación significa que el título valor incorpora en el documento que lo contiene un derecho de crédito, exigible al deudor cambiario por el tenedor legítimo del título y conforme a la ley de circulación que se predique del título en razón de su naturaleza (al portador, nominativo o a la orden). En otras palabras, la incorporación es una manifestación de la convención legal, de acuerdo con la cual existe un vínculo inescindible entre el crédito y el documento constitutivo de título valor. Esto implica que la transferencia, circulación y exigibilidad de ese derecho de crédito exija, en todos los casos, la tenencia material del documento que constituye título cambiario. Es por esto que la doctrina especializada sostiene que el derecho de crédito incorporado al título valor tiene naturaleza cartular, pues no puede desprenderse del documento correspondiente.

La literalidad, en cambio, está relacionada con la condición que tiene el título valor para enmarcar el contenido y alcance del derecho de crédito en él incorporado. Por ende, serán esas condiciones literales las que definan el

desprenderse del documento correspondiente.

La literalidad, en cambio, está relacionada con la condición que tiene el título valor para enmarcar el contenido y alcance del derecho de crédito en él incorporado. Por ende, serán esas condiciones literales las que definan el contenido crediticio del título valor, sin que resulten oponibles aquellas declaraciones extracartulares, que no consten en el cuerpo del mismo. Esta característica responde a la índole negociable que el ordenamiento jurídico mercantil confiere a los títulos valores. Así, lo que pretende la normatividad es que esos títulos, en sí mismos considerados, expresen a plenitud el derecho de crédito en ellos incorporados, de forma tal que, en condiciones de seguridad y certeza jurídica, sirvan de instrumentos para transferir tales obligaciones, con absoluta prescindencia de otros documentos o convenciones distintos al título mismo. En consonancia con esta afirmación, el artículo 626 del Código de Comercio sostiene que el “suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia” . ElloRAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 12 implica que el contenido de la obligación crediticia corresponde a la delimitación que de la misma haya previsto el título valor que la incorpora.

Esto implica que las características y condiciones del negocio subyacente no afectan el contenido del derecho de crédito incorporado al título valor. Ello, por supuesto, sin perjuicio de la posibilidad de que entre el

titular del mismo y el deudor –y solamente entre esas partes, lo que excluye a los demás tenedores de buena fe– puedan alegarse las excepciones personales o derivadas del negocio causal. Empero, esto no conlleva que las consideraciones propias de ese tipo de contratos o convenciones incidan en la literalidad del crédito que contiene el título valor. A este respecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, intérprete judicial autorizado de las normas legales del derecho mercantil, enseña que “ [l]a literalidad, en particular, determina la dimensión de los derechos y las obligaciones contenidas en el título valor, permitiéndole al tenedor atenerse a los términos del documento, sin que, por regla general, puedan oponérsele excepciones distintas a las que de él surjan. Es de ver, con todo, que por cuanto la consagración de la literalidad es una garantía para quien desconoce los motivos que indujeron la creación o la emisión del título, o ignora los convenios extracartulares entre quienes tomaron parte antes que él en su circulación, es obvio que ella está consagrada exclusivamente en beneficio de los terceros tenedores de buena fe, pues este principio no pretende propiciar el fraude en las relaciones cambiarias.”[44]

(…)

Para el asunto de la referencia, es importante recabar en la causal de oposición a la acción cambiaria derivada del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título. Este mecanismo de defensa del deudorRAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 13

cambiario se aplica de forma excepcional, puesto que afecta las condiciones de literalidad, incorporación y autonomía del título valor, basada en la existencia de convenciones extracartulares entre el titular y el deudor, las cuales enervan la posibilidad de exigir la obligación, en los términos del artículo 782 del Código de Comercio.

Es evidente que la prosperidad de la excepción fundada en el negocio causal o subyacente tiene efectos directos en la distribución de la carga probatoria en el proceso ejecutivo: si el deudor opta por hacer oponibles asuntos propios del negocio subyacente, le corresponderá probar (i) las características particulares del mismo; y (ii) las consecuencias jurídicas que, en razón a su grado de importancia, tienen el estatus suficiente para afectar el carácter autónomo y la exigibilidad propia del derecho de crédito incorporado en un título valor. Como se indicó en el fundamento jurídico 15 de esta decisión, los principios de los títulos valores están dirigidos a garantizar la seguridad jurídica, la certeza sobre la existencia y exigibilidad de la obligación y la posibilidad que el crédito incorporado sea susceptible de tráfico mercantil con la simple entrega material del título y el cumplimiento de la ley de circulación. En consecuencia, si el deudor pretende negar la exigibilidad de la obligación cambiaria, deberá demostrar fehacientemente que la literalidad del título se ve afectada por las particularidades del negocio subyacente. Así, toda la carga de la prueba se impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la excepción.” (Negrita fuera de texto)

Descendiendo de inmediato a las particularidades del caso que ocupa la atención de la Sala, se tiene que obran en el expediente los siguientes documentos:

impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la excepción.” (Negrita fuera de texto)

Descendiendo de inmediato a las particularidades del caso que ocupa la atención de la Sala, se tiene que obran en el expediente los siguientes documentos: -Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo, celebrado entre la Asociación de MunicipiosRAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 14 de la Subregión Ciénaga Grande de Santa Marta y Alianza Fiduciaria S. A. -Certificación de Alianza Fiduciaria S. A., en su condición de vocera del FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA, en el que consta que el 18 de enero de 2019, Alianza Fiduciaria S. A., suscribió el contrato de Fiducia Mercantil de Administración y pagos, FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA, para administrar e intervenir temporalmente los recursos recibidos a título de anticipo Contrato No. 002-2018 de fecha 26 de diciembre de 2018, suscrito

entre la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN

CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA y el MUNICIPIO DE EL PASO. -Extracto de la cuenta a 31 dic/19, 30 junio/19 en el que se observa en el movimiento Santa Rosa De Lima Maquinarias -Formato orden giro transacciones electrónicas -Estado de cuenta de BANCOLOMBIA en el que se observa

pago a PROV SANTA ROSA DE LIMA -Misiva del 5 de junio de 2019 de la representante legal de ASOCIÉNAGA a DESOSTENYS S.A.S. en la que autoriza girarle a SANTA ROSA DE LIMA MAQUINARIA S.A.S. la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) -Contrato de mano de obra eléctrica celebrado entre ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA-ASOCIÉNAGA y DESOSTENYS S.A.S. -Contrato de administración y dirección de proyecto por delegación, suscrito entre ASOCIÉNAGA y JOSÉ MARÍA ACUÑA REYES, estipulándose en su cláusula “PRIMERA: OBJETO: …EL CONTRATISTA, se obliga para con EL CONTRATANTE, a desarrollar la obra indicada en la presente cláusula. Para lo anterior, deberá administrar y dirigir la misma administrativa y técnica, para lo cual suministrará directa o indirectamente los medios, materiales, equipos y personal necesarios a precios de mercado. Para tal efecto tendrá en cuenta los desembolsos programados y las cantidades de bienes que se detallan en el presupuesto….”, “”CUARTA:…b) Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada”, “QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO

DE LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DEL

PROYECTO: …PÁRAGRAFO No. 2: Por otra parte ASOCIÉNAGA delega al contratista los siguientes recursos para suRAD.47.001.31.53.002.2020.00095.01 15 debida administración e inversión en la obra por la

suma de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS ML. ($2.875.629.044), los cuales serán invertidos para el desarrollo del proyecto.”, “DÉCIMA TERCERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El contratista es una entidad independiente de ASOCIÉNAGA y en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o mandatario. JOSÉ MARÍA ACUÑA REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 85.434.578 expedida en El Banco-Magdale