TSDJ SMR SCF - 2021-00001-(05-12-2022)

M. P. MYRIAM FERNÁNDEZ DE CASTRO BOLAÑO

1 Rad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD POR PROLONGADA AUSENCIA DEL PROGENITOR / FACULTADES ULTRA Y EXTRA PETITAEsta medida persigue proteger los derechos e intereses del menor, permitiendo al progenitor ausente la oportunidad de recomponer su desempeño parental y eventualmente restablecer la patria potestad. Puede ser impuesta por el juez en ejercicio de facultades ultra y extra petita. La suspensión de la patria potestad es una medida adecuada y proporcional que busca proteger el interés superior del menor cuando se demuestra la larga ausencia del progenitor y el incumplimiento de sus deberes de padre. Es un remedio menos drástico que la pérdida de la misma. Permite a este la oportunidad de recomponer su relación con el infante. Puede ser ordenada de oficio en el mismo proceso verbal, garantizando así la prevalencia de las garantías e intereses del menor.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE SANTA MARTA

SALA CIVIL – FAMILIA

MYRIAM FERNÁNDEZ DE CASTRO BOLAÑO

Magistrada Sustanciadora Rad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 Acta No. 140 Santa Marta, cinco (05) de diciembre del dos mil veintidós (2022). Procede el Tribunal a resolver la apelación formulada por la demandante frente a la sentencia

dictada el veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022), por el Juzgado Cuarto de Familia Oral del Circuito de Santa Marta, dentro del proceso promovido por LINA CONSTANZA MÁRQUEZ GÓMEZ, en que esta deprecó la privación de la Patria Potestad de HIDALDO DE JESÚS ROMERO MORILLO sobre el hijo común

MARTÍN ROMERO MÁRQUEZ.

ANTECEDENTES: La señora LINA CONSTANZA MÁRQUEZ GÓMEZ, promovió en representación de su menor hijo, demanda a fin que se le prive al señor HIDALDO DE JESÚS ROMERORad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 2

MORILLO, de la patria potestad que tiene sobre MARTÍN ROMERO MÁRQUEZ, y que como consecuencia se le otorgue exclusivamente el ejercicio de la misma. Dicha petición la sustentó en los siguientes hechos: Fruto de la unión marital de hecho entre LINA CONSTANZA MÁRQUEZ GÓMEZ e HIDALDO DE JESÚS ROMERO MORILLO, que perduró desde marzo de dos mil doce (2012) hasta el cuatro (4) de junio de dos mil dieciséis (2016), según consta en escritura pública No. 1162 del veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016) otorgada ante la Notaría Cuarta del Círculo de Santa Marta , nació MARTÍN ROMERO MÁRQUEZ el veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce

(2012), inscrito en las partidas del registro civil con NUIP 1025070342 ante la Notaría Novena del Círculo de Bogotá. Narra que, en la madrugada del cuatro (4) de junio de dos mil dieciséis (2016), el enjuiciado sustrajo irregularmente al hijo común, amenazando a la demandante con no volver a ver al niño si se separaba de él, pero que, gracias a la intervención del señor JONNY ANTONIO PEREZ TORRADO, y de la Policía Nacional, se logró la entrega voluntaria del menor y el desalojo del señor ROMERO MORILLO del lugar de residencia común , lo que afectó psicológicamente al menor, al punto de encontrarse en tratamiento con neuropsicología. Refiere que es la madre LINA CONSTANZA MÁRQUEZ GÓMEZ quien ha asumido el cuidado y protección de MARTÍN ROMERO MÁRQUEZ, quien estudia en BURECHE SCHOOL al que nunca ha comparecido el progenitor, estando rodeado el menor del cariño de su abuela materna y del compañero permanente de su madre, señor DIEGO AUGUSTO CUELLAR ALARCÓN, quien ha asumido el cumplimiento de roles propios de la parentalidad, como acompañamiento a citas médicas y reuniones del colegio, figurar como acudiente estudiantil y como beneficiario en su seguro estudiantil. Aduce que el demandado ha dado lugar a que se declare la privación de la patria potestad sobre el hijo común, por la configuración de la causal 2ª del

artículo 315 del Código Civil, ya que se desatendióRad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 3 desde hace más de cuatro años de todas sus obligaciones económicas y morales para con su hijo MARTÍN, abandonándolo totalmente, a pesar de que en agosto de dos mil deiciséis (2016) conciliaron que su custodia estaría a cargo de la madre, y que habría un régimen de visitas cada quince (15) días con el padre, quien suministraría una cuota de alimentos de trescientos mil pesos ($300.000), por lo que la madre sufragó todas las necesidades afectivas, morales, económicas, físicas requeridas para el desarrollo integral del niño MARTIN ROMERO

MÁRQUEZ.

ACTUACIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA El conocimiento le correspondió al Juzgado Cuarto de Familia, que la admitió por auto del veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021), y dispuso su enteramiento a los representantes del ministerio público y defensoría de familia, así como el emplazamiento del enjuiciado y de los parientes del menor, el enteramiento personal de la abuela materna, la práctica de visitas domiciliarias a las residencias de demandante y demandado, y la valoración psicológica del niño. Enterado que fue el enjuiciado, contestó el libelo oponiéndose a las pretensiones y solicitando condenar en costas a la enjuiciante, arguyendo que no existió la pregonada extracción irregular del

hijo común, que es la promotora de la causa quien ha impedido el contacto entre padre e hijo y pretende sustituir al padre natural con un tercero, y que dejó en manos de la progenitora la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000) destinados a los alimentos del menor , cuya cuota mensual ofreció cumplir en lo sucesivo, en la suma de trescientos mil pesos ($300.000), como se pactó en la conciliación. La Procuradora de Familia solicitó la práctica de interrogatorio de la parte demandante y una visita social, pruebas que consideró necesarias para tomar la decisión de fondo. Cuestionado que fue por ambos contendores procesales el informe rendido por el Instituto Colombiano deRad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 4 Bienestar Familiar, por inconsistencias de redacción y falta de correspondencia con la realidad, el tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) la Jueza a quo negó la objeción, agregó al legajo la contestación de la demanda del encartado y ordenó oficiar a la Asistente Social del Juzgado y al I.C.B.F. informando el paradero del demandado (PDF 36). Formulada objeción contra el informe rendido por la asistente social del Juzgado de primer grado, fue igualmente denegada el veintiocho (28) de marzo del año que corre, en el que además se fijó fecha para la audiencia de rigor, se decretaron las pruebas y se prorrogó el término para fallar (PDF 48).

El tres (3) de mayo de dos mil veintidós (2022) se instaló la diligencia, durante la cual se practicaron los interrogatorios a las partes, se ordenó la intervención sicosocial para reconstrucción de relación paterno filial entre el menor MARTÍN ROMERO MÁRQUEZ y el enjuiciado, a quien se conminó a cumplir con la cuota alimentaria , suspendiendo esa diligencia para ser continuada el treinta (30) de junio subsiguiente, que hubo de ser reprogramada para el veintiocho (28) de julio posterior, por no haberse rendido el informe por el

I.C.B.F.

Llegado ese día y la hora se instaló la continuación de la diligencia, en la que se recepcionaron los testimonios de ORLANDA GÓMEZ DE MÁRQUEZ, DEISY ISABEL HERRERA TONCEL, YENIS ROMERO NAVARRO y ALEXANDER ROMERO MORILLO, se recepcionaron los alegatos de conclusión y se desató el lazo de instancia. LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Llegado el momento procesal la Jueza A quo resolvió declarar no probada la causal invocada, y que la patria potestad continuara siendo ejercida por ambos progenitores sobre MARTÍN ROMERO MÁRQUEZ, en favor de quien fijó régimen de visitas cada quince (15) días los días sábado, domingo y lunes si fuere feriado, e instruyó al padre cumplir con la cuota alimentaria pactada, que con los aumentos del I.P.C.Rad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 5

asciende a trescientos ochenta mil pesos ($380.000), ordenando a las partes iniciar tratamiento terapéutico familiar integral con participación de LINA CONSTANZA MARQUEZ e HIDALDO ROMERO MORILLO y su menor hijo MARTIN ROMERO MARQUEZ, por su EPS, profesional privado o adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin imponer condena en costas. Soportó su decisión en los artículos 44 de la Carta Política, 14 del Código de Infancia y Adolescencia, 253, 288 (subrogado por el artículo 19 de la ley 75 del 68) y 315 del Código Civil, sentencia C-1003 de 2007, T-266 de 2012, T-510 de 2003, para concluir que no se demostraron los presupuestos del numeral segundo del Art. 315 del C. C. para privar al padre de la patria potestad sobre el menor, toda vez que no se probó fehacientemente que hubiera abandonado al niño de manera absoluta y voluntaria. Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la promotora de la causa impetró recurso de apelación, sustentándolo en que quedó demostrado que: 1) el enjuiciado no tuvo contacto con el niño por más de cuatro (4) años, ni intentó tenerlo; 2) durante ese periodo HIDALDO ROMERO no mostró interés por construir una relación paterno filial con MARTÍN ROMERO MÁRQUEZ; 3) que la señora LINA MÁRQUEZ mantuvo su domicilio y teléfono; 4) que en esos años

el progenitor no cumplió con el suministro de alimentos, acumulando una deuda superior a los dieciocho millones de pesos ($18.000.000), por lo que el padre no solo incumplió obligaciones parentales emocionales, sino también económicas; y, 5) que tanto el demandado como su familia tenían conocimiento del paradero del niño y el interés por retomar las relaciones únicamente surgió al ser notificado de la demanda. A su turno, el apoderado del extremo pasivo interpuso idéntico recurso vertical, pero reprochando que no se haya condenado en costas a la peticionaria inicial, habida cuenta de la improsperidad de sus pedimentos.

ACTUACIÓN DEL TRIBUNALRad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 6

Llegada la actuación a esta sala se admitió la apelación de la parte demandante a través de auto del once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022), en que se ordenó el sucesivo traslado previsto por la Ley 2213 de 2022 para que los apelantes presentaran sus respectivas sustentaciones, lo cual cumplieron, iterando las exposiciones efectuadas ante la jueza de primer grado. Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado se pasa a resolver previas las siguientes, CONSIDERACIONES: La patria potestad viene definida por el artículo 288 del Código Civil como “ el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les

impone.”, a su vez enseña que ella le corresponde a los progenitores de manera conjunta. El artículo 14 de la Ley 1098 de 2006, mediante la cual se adoptó el Código de la Infancia y la Adolescencia, la complementa con la denominada responsabilidad parental, que se caracteriza por ser compartida y solidaria, en la que se concentran los deberes de los padres en lo que atañe con la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes durante su proceso de formación, precepto que prohíbe cualquier tipo de violencia, sea física o psicológica, en el ejercicio de la parentalidad, así como aquellos actos que impidan el ejercicio de sus derechos. Sobre esa institución jurídica, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-145 de 2010, precisó que “hace referencia a un régimen paternofilial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva del matrimonio de éstos pues surge por ministerio de la ley independientemente a la existencia de dicho vínculo”1 , y además “…es uno de los instrumentos a los que ha recurrido el Estado para garantizar el desarrollo armónico e integral del menor de edad 2 . Esta institución -ha dicho la Corporaciónencuentra

1 Sentencia C-1003 de 2007. 2 T-531 de 1992, T-041 de 1996 y C-997 de 2004, entre otrasRad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 7

fundamento en el inciso 8° del artículo 42 de la Carta, el cual le impone a la pareja el deber de sostener y educar a los hijos mientras sean menores de edad o incluso durante su formación profesional.”3 Posteriormente, la máxima Guardiana de la Constitución reiteró que se define como el “Conjunto de derechos y facultades que la ley atribuye al padre y a la madre sobre la persona y los bienes de los hijos, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su condición les impone, es decir, para garantizar respecto de los hijos su protección, bienestar y formación integral, desde el momento mismo de la concepción, y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. También ha precisado que la patria potestad hace referencia a un régimen paterno-filial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva del matrimonio de estos pues surge por ministerio de la ley independientemente a la existencia de dicho vínculo.4 ” Además, según lo establece el artículo 289 Ibídem, por regla general, los padres se encuentran legitimados, de consuno con los artículos 306, 391 y siguientes ejusdem, para ejercer la representación legal y judicial del hijo menor, así como la administración y usufructo de los bienes de que sean titulares los no emancipados por el cumplimiento de la mayoría de edad, que la Ley 27 de 1977 estableció en dieciocho (18) años, salvo que ejerza un empleo o cargo público, únicamente en lo que atañe a los

actos que ejecute en razón de ello (art. 290 ejusdem), o que se declare judicialmente la configuración de una de las causales previstas por el mencionado Estatuto Sustantivo para su suspensión o su privación. Nótese que la primera excepción está afianzada en el favorecimiento del libre desarrollo de la personalidad y la preservación del ejercicio

3 T-266 del 29-MAR-12 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 4 Sentencia C-414 de 2013. Corte Constitucional. MP. Dr. LUÍS ERNESTO VARGAS SILVARad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 8 responsable de la capacidad negocial relativa del adolescente púber. Contrario sensu, la declaratoria judicial de puesta en pausa o extinción de esas prerrogativas parentales, deviene como una sanción porque uno, o ambos progenitores, incurren en actos reprochables en el ejercicio de la parentalidad, encontrándose dentro de las previstas para la suspensión, la demencia, mala administración de sus bienes y la larga ausencia (art. 310 CC), mientras que para la privación, se estatuyen como tal el maltrato, el abandono, la depravación que lo incapacite para ejercerla, la condena a pena privativa de la libertad superior a un año y cuando el ascendiente haya favorecido que el menor cometa determinadas conductas delictivas (art. 315). Es imperativo puntualizar que los efectos de la privación son distintos de los de la suspensión,

pues aunque ambas afectan el ejercicio de las enumeradas facultades, la terminación, denominada comúnmente privación de patria potestad, apareja la emancipación definitiva del hijo, tornando en imposible su reaparición o restablecimiento; a su vez, la suspensión tiene carácter provisorio, pues, de conformidad con la Sentencia C–997 de 2004, “las consecuencias son meramente temporales puesto que superadas las circunstancias que motivaron la decisión del juez de familia de inhabilitar a uno de los padres en el ejercicio de la patria potestad, es posible que éste logre su restablecimiento mediante el proceso verbal a que alude el parágrafo 1º numeral 2 del artículo 427 de Código de Procedimiento Civil.”. No obstante, debe precisarse que una sanción de tal linaje exclusivamente extingue o deja en suspenso las facultades de representación, administración y usufructo, pero no exonera a los padres de sus deberes de tales para con sus hijos (art. 310 C.C., in fine ), ni tampoco extingue las obligaciones alimentarias, según viene ordenado por el artículo 132 del C.I.A. Ello sin perder de vista que, per se, no sería óbice para las visitas entre procreador y procreado, salvoRad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 9 la existencia de motivos fundados que las desaconsejen, tal como lo explica el Concepto 000150 de 2017, rendido el dieciocho (18) de diciembre de

dos mil diecisiete (2017) por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del I.C.B.F.5 , según el cual: “A la luz de las nuevas tendencias del derecho de familia, las visitas no constituyen hoy una facultad de los padres o progenitores, sino un derecho de los niños, niñas y adolescentes para permanecer, comunicarse y compartir con sus padres. Esta nueva visión implica no solamente la posibilidad de su exigencia y fijación por parte del padre que ha sido injusta y arbitrariamente privado de ellas, sino la obligatoriedad de su cumplimiento en aquellos casos en que pese a estar reguladas, no se ejercen por causas imputables al propio padre o a quien le han sido fijadas. Quiere decir lo anterior, que la reglamentación de visitas es un derecho del niño, niña o adolescente absolutamente exigible frente al padre que las impide, o a aquel que simplemente no las ejerce, posición que es respaldada por disposiciones constitucionales que consagran el interés superior del niño y la prevalencia de sus derechos.” Allí, se citó la Sentencia T-523 de 1992 Corte Constitucional, según la cual “Solo por causas gravea que hagan que el contacto con los menores pueda poner en peligro su seguridad o su salud física o moral pueden los padres ser privados de este derecho. Así se ha decidido que ni siquiera

la pérdida de la patria potestad es suficiente para excluir el derecho de visita, cuando aquella se debe al abandono del menor; mucho menos la sola culpa en el divorcio o la simple negativa del hijo menor”

5 https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_000150_2017.htmRad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 10 Con anterioridad, la Corporación en cita, en la Sentencia T-266 de 2012 ya había explicado que “En síntesis, cuando los padres descuidan el cumplimiento de los deberes que tienen para con los hijos, o no ejercen en forma adecuada las atribuciones legales que les han sido reconocidas para favorecer los intereses de los menores de edad, se exponen a ser despojados de las facultades derivadas de la patria potestad, sin perjuicio de que, en todo caso, se mantengan vigentes las obligaciones morales y pecuniarias que les corresponden como padres, surgidas de la relación natural que existe entre ellos, y que son ineludibles en su observancia. Es necesario recordar que el régimen de visitas pertenece a los deberes de crianza, cuidado personal y educación que no se extinguen con la pérdida de la patria potestad.” Desde la perspectiva procesal, bajo la égida del Código General del Proceso, la privación, la suspensión y el restablecimiento de la patria potestad, deben tramitarse como un proceso verbal

sumario, como lo ordena el numeral 3º del art. 390, y siempre que se aspire a la declaratoria de suspensión o de privación de la patria potestad, debe estar atento el Juzgador a verificar rigurosamente la configuración de la causal invocada, como quiera que lo que está en disputa no son prerrogativas de los padres sino derechos de los menores, los cuales prevalecen sobre los demás (art. 44 superior), siendo, el interés superior de aquel, en el que se apoyará el juzgador para determinar la factibilidad de este tipo de despojo, o de otra medida que sea necesaria, proporcional y razonable. Descendiendo al caso que convoca a la Sala, la actora LINA MÁRQUEZ aspira a que se prive al demandado HIDALDO ROMERO de la patria potestad sobre su hijo común MARTÍN ROMERO MÁRQUEZ, por considerar que se estructuró la causal establecida en el numeral 2 del artículo 315, ya que por más de cuatro años aquél no ha cumplido ninguna de sus obligaciones económicas ni morales para con éste, llegando a ignorarlo por completo, petición que fueRad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 11 desestimada por la a quo , en sentencia que fue apelada tempestivamente por ambos extremos procesales. Recuérdese que, el inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso faculta al juez de segunda instancia a resolver sin limitaciones “cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia

o la que no apeló hubiere adherido al recurso” , como acontece en este evento, en que mientras el extremo pasivo reprocha que no se haya impuesto condena en costas a la promotora de la causa y pide que se modifique tal disposición, la enjuiciante como razones de su disenso, pregona que está demostrado que el demandado no tuvo contacto con el niño por más de cuatro (4) años, durante los cuales no demostró interés por establecer un nexo afectivo con el menor, ni tampoco en cumplir con el pago de alimentos, concepto por el cual existe una cuantiosa deuda, a pesar de que la progenitora actora nunca mutó sus datos de contacto y de ello tenían conocimiento tanto el Sr. ROMERO como su familia, por lo que debió accederse al petitum del libelo. Desde esa perspectiva, este Órgano entrará a hacer un análisis de los elementos demostrativos que fueron decretados en auto del dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022), y que fueron practicados en su oportunidad. El registro civil de nacimiento de MARTÍN ROMERO MÁRQUEZ, da cuenta de la progenitura en cabeza de los señores LINA MÁRQUEZ e HIDALDO ROMERO. De ninguna utilidad resulta la Declaración extra proceso del señor JONNY ANTONIO PEREZ TORRADO, para esclarecer el objeto de la controversia, pues aunque su ratificación no fue solicitada por el extremo pasivo, por lo cual debe concedérsele mérito tal como fue presentada, atañe a los hechos que rodearon

la separación definitiva de la pareja ahora en contienda y no al incumplimiento absoluto e injustificado del rol de padre de HIDALDO ROMERO con respecto a MARTÍN. En efecto, allí afirma el declarante que el tres (3) de junio de dos mil dieciséis (2016) transportó a la señora LINA, quien estaba angustiada por su hijo, que habló con elRad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 12 señor HIDALDO y que finalmente, éste accedió voluntariamente a ser recogido en la carretera, luego de lo cual, llegados al hogar común en Marquetalia, donde recogió sus cosas y él lo trajo hasta el sector del mercado, en Santa Marta. Se insiste, allí nada se indica sobre el pretendido abandono de HIDALDO hacia su hijo. Tampoco es pertinente para demostrar el abandono parental de HIDALDO ROMERO la Evaluación Neuropsicológica de MARTÍN ROMERO MÁRQUEZ, suscrita por MARGARITA ARTETA TORRENTS y MARIA BEATRIZ FALQUEZ, ya que se limita a exponer los hallazgos y conclusiones de la evaluación de la condición neuropsicológica del menor, pero de ninguna manera aborda la circunstancia, ni las eventuales consecuencias de la ausencia de relación paternofilial. Por el contrario, la Certificación de BURECHE SCHOOL no deja lugar a dudas de que la única progenitora que ha sido “presente y responsable” en las relaciones con esa entidad educativa, desde el año

dos mil quince (2015), es LINA CONSTANZA MÁRQUEZ GÓMEZ, asumiendo los costos y asistiendo a las actividades curriculares del menor, constatando que HIDALDO ROMERO ha sido un padre ausente del ámbito académico de MARTÍN. A su vez, el Acta de conciliación en equidad suscrita el diecinueve (19) de agosto de dos mil dieciséis (2016), comprueba que existió una voluntad unívoca de los padres, respecto de la definición de la custodia en cabeza de la madre, la fijación de una cuota alimentaria de trescientos mil pesos ($300.000) que el padre entregaría directamente y el establecimiento de un régimen de visitas paterno filiales cada quince (15) días. LINA MÁRQUEZ adujo en la demanda que este acuerdo se cumplió por HIDALDO ROMERO por un par de meses, pero que luego no hubo más suministro alimentario, ni tampoco visitas. Nótese, que tal aserto constituye una negación indefinida, la cual, atendiendo a las voces del inciso final del artículo 167 del Código General del Proceso, está exenta de prueba. Explicado de mejor manera, no era LINA MÁRQUEZ quienRad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 13 tenía que demostrar que el padre de su hijo no honró esos pactos, sino que HIDALDO ROMERO tiene el débito procesal de probar que sí los cumplió. De otro lado, HIDALDO ROMERO esgrime en la contestación de la demanda que dejó en manos de la

madre de su hijo la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000), para cubrir las necesidades de aquél, aportando la escritura pública No. 1162 del veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016) otorgada ante la Notaría Cuarta del Círculo de Santa Marta, que también fue tenida como prueba por la jueza de primer grado. Sin embargo, este último documento no respalda tal aserto. Por el contrario, en ese documento, que contiene la declaración conjunta de existencia y disolución de la unión marital de hecho, así como la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, consta que en virtud de la renuncia al ciento por ciento de sus gananciales a favor de HIDALDO ROMERO, la señora LINA MÁRQUEZ adquirió la obligación, clara y expresa, de entregarle a éste la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000) el dos (2) de mayo de dos mil diecisiete (2017), para completar la porción de gananciales a la que estaba renunciando en favor de su expareja. Dicho de otro modo, allí no se dejó dicho que esos dineros debían ser destinados por la madre para la satisfacción de las necesidades del hijo común, o el cubrimiento de cuotas alimentarias venideras de manera anticipada. Más aún, en caso de que hubiera existido tal estipulación, ese monto hubiera sido insuficiente para cubrir el valor de diecisiete (17) cuotas, y al momento de la presentación de la demanda, en enero

de dos mil veintiuno (2021), habían vencido al menos cuarenta y ocho (48) mesadas, partiendo de que se confesó por el extremo activo el cumplimiento de un par de meses, desde septiembre dos mil dieciséis (2016), que se acordó la primera entrega. Y es que ante la inexistencia de este pacto, es jurídicamente inviable concluir que esos dinerosRad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 14 debieron ser tenidos como cumplimiento del débito alimentario, ya que, recuérdese, el artículo 425 del Código Civil proscribe terminantemente la posibilidad de compensación en materia alimentaria, la cual, en estricto sentido tampoco sería viable, porque la deudora de HIDALDO es LINA, mientras que su acreedor es MARTÍN, así que no hay identidad de sujetos en los nexos obligacionales, ni éstos son recíprocos, como se pretendió hacer ver. Lo que sí quedó demostrado durante el interrogatorio de parte de HIDALDO ROMERO, por confesión espontánea que éste hiciera, es que hasta que el Juzgado Cuarto de Familia de Santa Marta no impuso nuevamente la obligación de suministrar alimentos, HIDALDO ROMERO no pasó de ofrecerlos de manera meramente nominal. En efecto, nótese que en la contestación de la demanda informó estar dispuesto a cumplir con su obligación alimentaria, entregando la misma suma conciliada cinco años atrás, pero no aportó la prueba de haber efectuado un depósito judicial, o haber buscado otros medios de satisfacer lo

acordado. Quedó igualmente confesado por HIDALDO ROMERO que luego de que la madre y la abuela materna de su hijo MARTÍN no le contestaran algunas llamadas, dejó de llamar, de tener visitas con su hijo y de entregar la cuota alimentaria, dijo también que no buscó otros medios de comunicación ni tampoco acercamientos presenciales en el lugar de residencia o el colegio del niño, a pesar de admitir tener conocimiento de ambos, sin exponer por qué. No obstante, también quedó dicho por el enjuiciado que ama y extraña a su hijo, que está dispuesto a cumplir con el régimen alimentario y de visitas que se imponga para construir una relación con él. Todas estas aseveraciones vienen respaldadas con el testimonio de YEINIS PATRICIA ROMERO NAVARRO, hija del demandado, dice que éste es excelente padre, que sabía que pactaron cuota de alimentos y visitas para MARTÍN, pero sin conocer más detalles, que fueron Lina y su madre Orlanda quienes dejaron de contestar los teléfonos, y no le era permitido ver a su hijo. Manifestó haber trabajado para Lina por 5 años y queRad. 47.001.31.60.004.2021.00001.01 15 cuando dejó de hacerlo no volvió a ver a MARTÍN, a quien extraña mucho su padre, según le comenta frecuentemente, y que él le contó que hacía llamadas que no le contestaban, pero que nunca lo vio hacer ninguna. Habla de visitas con Orlanda, pero admite

que no las presenció. ALEXANDER RAFAEL ROMERO MORILLO, hermano del encartado, aseguró que, por haber trabajado con HIDALDO a órdenes de LINA, y luego cuando vivían juntos, hasta el 2014 o 2015, le consta que la relación de éste con el niño era buena, y que era su prioridad, pero que HIDALDO le dijo que luego de la separación no le contestaban las llamadas y por eso dejó de comunicarse, pero que no tiene conocimiento si hizo otras gestiones para contactar a su hijo. LINA CONSTANZA MÁRQUEZ GÓMEZ, relató durante su interrogatorio de parte, que, tras posponer el padre varias veces la visita, la última vez que HIDALDO tuvo contacto físico con MARTÍN fue el veintiuno (21) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), que luego llamó para su natalicio en dos mil diecisiete (2017) y que la última vez que llamó al celular de su madre ORLANDA fue el día del cumpleaños del niño el veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2018), pero que no fue posible la comunicación porque el infante estaba enfermo , y que desde tales calendas no supo nada más de él. En punto del suministro alimentario, afirmó que no hizo ningún aporte desde dos mil diecisiete (2017), pero que en el mes de enero de ese mismo año la llamó a cobrar el dinero adeudado por la liquidación de la sociedad patrimonial, a lo que ella contestó que no había llegado la fecha de pago convenida, tema que no se

volvió a tocar en las restantes comunicaciones. Aceptó no haber compelido de ninguna manera al padre para el cumplimiento de alimentos o visitas, arguyendo que desconocía su paradero exacto, aunque conocía la zona, que cada persona