TSDJ VIT SU - 15757318900120250005901-(14-10-2025)

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO

_____________________ Relatoría

INCIDENTE DE DESACATO A FALLO DE TUTELA – RESPONSABILIDAD SUBJETIVA Y PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN: La declaratoria de desacato y la imposición de la sanción correspondiente (multa y arresto) contra un funcionario público no se derivan automáticamente del mero incumplimiento objetivo de un fallo de tutela. Se requiere acreditar, mediante un procedimiento incidental que garantice el debido proceso, que el incumplimiento se originó en una causa injustificada, negligencia, descuido o rebeldía (elemento subjetivo) imputable personalmente al funcionario investigado. La autoridad debe ser notificada del incidente para ejercer su derecho de defensa, informar sobre el cumplimiento o las razones del incumplimiento, y allegar pruebas. El silencio y la inacción del funcionario destinatario de la orden, ante los requerimientos judiciales y sin justificación alguna, configuran un actuar negligente o renuente que legitima la sanción.

"En principio ha de entenderse que la acción de tutela se encuentra orientada a la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, de tal modo que, verificada su vulneración o amenaza, las órdenes que los jueces impartan para ampararlos deben ser íntegramente acatadas. En ese orden de ideas, el cumplimiento del fallo es la respuesta que normalmente se espera de la autoridad accionada; sin embargo, excepcionalmente, puede presentarse que su ejecución no se ajuste ceñidamente a los parámetros que se le han indicado, caso en el cual, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, prevé el procedimiento que debe agotarse

excepcionalmente, puede presentarse que su ejecución no se ajuste ceñidamente a los parámetros que se le han indicado, caso en el cual, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, prevé el procedimiento que debe agotarse para obtener su acatamiento1. Aunado a lo anterior, con el propósito de evitar que los fallos de tutela quedaran en va nas esperanzas de protección para los derechos fundamentales, el legislador previó una herramienta coercitiva, la cual se encuentra contenida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que determina la sanción de desacato para quien incumpliere un fallo j udicial en donde se ampare un derecho fundamental. (…) Ahora bien, es necesario precisar que tanto el incumplimiento del fallo como el desacato tocan el tema de la responsabilidad jurídica, pero el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 ha sido claro en esta blecer que el desobedecimiento al fallo en los términos de esa norma, comporta una responsabilidad objetiva, mientras que la sanción por desacato supone un compromiso subjetivo del transgresor o la responsabilidad personal de los servidores públicos y obedece al principio de culpabilidad, en la medida que es imperativo apreciar de manera tangible, no sólo el incumplimiento de lo resuelto en la sentencia de tutela, sino, también, las condiciones en las que éste se produjo, es decir, el descuido o negligencia que le sean imputables al actor a través de juicios valorativos que den cuenta de su ánimo caprichoso de sustraerse a la orden suministrada o sencillamente lograr establecer cuáles son los factores o circunstancias ajenas al actor que le impiden cumplir a cabalidad el amparo

valorativos que den cuenta de su ánimo caprichoso de sustraerse a la orden suministrada o sencillamente lograr establecer cuáles son los factores o circunstancias ajenas al actor que le impiden cumplir a cabalidad el amparo del derecho por la vía constitucional. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha señalado que: "(...) la sanción por desacato deriva de un propósito inequívoco del accionado de eludir las ordenes dimanantes del amparo concedido; en otros términos, el solo incumplimiento per se no comporta una evidente afrenta a la decisión del juez constitucional, pues se requiere una manifiesta desatención a la orden emitida, lo que exige corroborar la exteriorización de conductas dirigidas a evitar de alguna manera acatar el fallo de tutela, lo que haría surgir, claramente, un ánimo eminentemente subjetivo que el juzgador competente debe valorar en cada caso en particular, sopesando, itérase, si aflora en el funcionario acusado ese interés interno para apartarse de la decisión protectora". También ha sostenido que "el desacato objeto de sanción no se predica de la entidad accionada, sino del individuo a cuyo cargo se encuentra el acatamiento de la sentencia de tutela, siempre y cuando se demuestre que con el incumplimiento concurre la negligencia o el capricho (elemento subjetivo del desacato) de dicho individuo. "Por consiguiente tratándose, de un trámite de naturaleza sancionadora, el incidente de desacato de tutela exige que el individuo inv estigado, y no la entidad accionada, se encuentre debidamente notificado de la existencia de ese procedimiento en su contra, y que la sanción haya sido precedida

incidente de desacato de tutela exige que el individuo inv estigado, y no la entidad accionada, se encuentre debidamente notificado de la existencia de ese procedimiento en su contra, y que la sanción haya sido precedida por un riguroso apego a las ritualidades y al procedimiento previsto en el Decreto 2591 de 1991 y desarrollado por la jurisprudencia constitucional, acorde con los parámetros ya reseñados, en aras de garantizar el debido proceso que le asiste al funcionario implicado...". De lo anterior se colige que la imposición de la correspondiente sanción no puede ser arbitraria, sino que por el contrario debe estar precedida de un trámite incidental con las garantías del debido proceso, de ahí que resulte de vital importancia que el juez que conozca del desacato deberá adelantar un procedimiento en el que se " (i) comunique al incumplido sobre la iniciación del incidente de desacato, con el fin de darle la oportunidad para que informe la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa. En dicho informe el responsable podrá alegar dificultad grave para cumplir la orden, pero solo en el evento en que esta sea de imposible cumplimiento, lo cual debe demostrar por cualquier medio probatorio; (ii) practiquen las pruebas que se le soliciten al juez de conocimiento, al igual que aquellas considere conducentes y pertinentes para adoptar la decisión; (iii) notifique la providencia que resuelva; y, en caso de que haya lugar a ello, (iv) remita el expediente en consulta ante el superior". (…) En el presente caso, conforme a lo expues to, la responsabilidad personal de la obligada en materia de desacato es

resuelva; y, en caso de que haya lugar a ello, (iv) remita el expediente en consulta ante el superior". (…) En el presente caso, conforme a lo expues to, la responsabilidad personal de la obligada en materia de desacato es subjetiva y obedece al principio de culpabilidad, esto es, que para sancionar se requiere no solo constataciónTRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

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2 objetiva del incumplimiento de la orden sino además establecer que ese incumplimiento se origina en causa injustificada, negligencia, descuido o rebeldía frente a la orden judicial. Es por ello, que la Sala debe determinar si hubo incumplimiento de la orde n constitucional proferida y, en caso afirmativo, si este es el resultado de un actuar caprichoso o negligente de los funcionarios encargados de cumplir la orden. (…) En ese sentido y de acuerdo a la documental allegada, considera la Sala que la decisión consultada debe confirmarse, por cuanto la Nueva EPS, a través del Dr. Aldemar Casadiegos Jaime como Gerente Regional Centro Oriente, quien cuenta con facultades de supervisión y medidas correctivas para lograr el efectivo cumplimiento de la orden de tutela, y la Dra. Gloria Libia Polanía Aguillón, como Agente Interventora, quien cuenta y dispone de los recursos necesarios para el cumplimiento de las ordenes de tutela, no acreditaron el cumplimiento del fallo en cita, a pesar de los requerimiento efectuados por parte del Juez de instancia de manera previa y en la apertura del trámite, omitiendo pronunciarse en un sentido o en otro, ya sea para informar sobre el cumplimento, o si, de ser del caso,

requerimiento efectuados por parte del Juez de instancia de manera previa y en la apertura del trámite, omitiendo pronunciarse en un sentido o en otro, ya sea para informar sobre el cumplimento, o si, de ser del caso, indicar las razones por las cuales el mismo no había sido efectivo; por el contrario, guardaron silencio a lo largo del trámite incidental. De manera tal, resulta claro que a la fecha no se han agendado los servicios médicos que reclama la Representante Legal de la accionante. Así las cosas, el actuar descrito debe calificarse de negligente o renuente frente a lo ordenado por el juez de tutela, máxime cuando de acuerdo a lo manifestado por la representante legal, se ha establecido la necesidad y urgencia de los múltiples servicios ordenados debido a la condición de la menor, sin que se acredite el cumplimiento del mismo y, esa circunstancia, además de seguir afectando sus derechos fundamentales, conlleva a la imposición de la sanción por desacato, la cual, a propósito del tiempo, multa y modo, resulta razonable."

Fuente Formal: Decreto 2591 de 1991, Artículos 27 y 52; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de junio de 2012, Exp. No. 410012213000 2012 00080 -01; Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil, Auto de 14 de septiembre de 2009, exp. 2009-01417-00; Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil, Auto de 18 de noviembre de 2010, exp. No. 51.390; Corte Constitucional, Sentencia T -123/10; Corte

Constitucional, Sentencia C-533 de 1993; Corte Suprema de Justicia, Auto ATC627 de 10 de febrero de 2016, rad. 2015-00085-01.

Nota de Relatoría: El Tribunal Superior confirmó la sanción de desacato (multa y arresto) impuesta por el juez de primera instancia a dos funcionarios de una EPS, por el incumplimiento de un fallo de tutela que ordenaba agendar y prestar servicios médicos urgentes a una menor de edad. El Tribunal aclaró que para imponer la sanción por desacato no basta el incumplimiento objetivo del fallo, sino que se debe demostrar la responsabilidad subjetiva (negligencia, descuido o rebeldía) del funcionario personalmente investigado, dentro de un procedimiento incidental que respete su derecho de defensa. En el caso concreto, los funcionarios, a pesar de haber sido notificados y requeridos para que informaran sobre el cumplimiento o las razones del incumplimiento, guardaron silencio y no acreditaron haber dado acatamiento a la orden judicial. Esta conducta de omisión y silencio injustificado fue calificada como negligente o renuente, configurando el elemento subjetivo necesario para confirmar la sanción.

Número Proceso: 15757318900120250005901

Ponente: DRA. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA

Accionante: YOLANDA ISABEL ESTEPA ALDANA como Representante Legal de YISELL FERNANDA PATIÑO ESTEPA

Accionado: NUEVA EPS

SALA: SALA ÚNICA

TIPO DE PROVIDENCIA: AUTO

FECHA: catorce (14) de octubre de dos mil veinticinco (2025)Radicado No. 1575731890012025-00059-01

SALA: SALA ÚNICA

TIPO DE PROVIDENCIA: AUTO

FECHA: catorce (14) de octubre de dos mil veinticinco (2025)Radicado No. 1575731890012025-00059-01

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO

“PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA NACIÓN” Ley 1128 de 2007

SALA ÚNICA

RADICACIÓN: 1575731890012025-00059-01

PROCESO: CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO

INCIDENTANTE: YOLANDA ISABEL ESTEPA ALDANA como Representante

Legal de YISELL FERNANDA PATIÑO ESTEPA

INCIDENTADO: NUEVA EPS

JUZGADO DE ORIGEN: PROMISCO DEL CIRCUITO DE SOCHA

DECISIÓN: CONFIRMA

APROBADO: Acta No. 181

MAGISTRADO PONENTE: DRA. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA Sala 3ª de Decisión

Santa Rosa de Viterbo, catorce (14) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

I.- ASUNTO

Decide la Sala la Consulta de la sanción impuesta por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha , dentro del trámite del incidente de desacato de la acción de tutela interpuesta por la Representante Legal de Yisell Fernanda Patiño Estepa contra la Nueva EPS por incumplimiento al fallo proferido el 26 de junio de 2025.

II.- ANTECEDENTES

tutela interpuesta por la Representante Legal de Yisell Fernanda Patiño Estepa contra la Nueva EPS por incumplimiento al fallo proferido el 26 de junio de 2025.

II.- ANTECEDENTES

2.1.- La señora Yolanda Isabel Estepa Aldana como representante legal de Yisell Fernanda Patiño Estepa , interpuso acción de tutela contra la NUEVA EPS, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud integral y seguridad social ; pretensión que le fue resuelta mediante fallo proferido el 26 de ju nio de 2025 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha, en el que dispuso:

“PRIMERO-. AMPARAR los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social, de la menor YISELL FERNANDA PATIÑO ESTEPA identificada con tarjeta de identidad N° 1.052.841.298, en consideración de las razones expuestas en el presente proveído.Radicado No. 1575731890012025-00059-01

SEGUNDO-. ORDENAR al Representante Legal de la accionada NUEVA EPS o a quien corresponda, para que en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo para que de inicio a todas las actuaciones tanto administrativas, para que a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia proceda a realizar todas las actuaciones administrativas y clínicas para materializar de manera efectiva y oportuna a favor de la men or YISELL FERNANDA PATIÑO ESTEPA identificada con tarjeta

siguientes a la notificación de la presente providencia proceda a realizar todas las actuaciones administrativas y clínicas para materializar de manera efectiva y oportuna a favor de la men or YISELL FERNANDA PATIÑO ESTEPA identificada con tarjeta de identidad N°1.052.841.298 los siguientes servicios médicos; 1. - EXTRACCIÓN

EXTRACAPSULAR ASISTIDAS DE CRISTALINO; 2. - INSERCIÓN DE LENTE

INTRAOCULAR EN CAMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES; 3. -

REPARACIÓN DE LESIÓN RETINAL OR INDENTACIÓN ESCLERAL: 4. - VITRECTOMIA POSTERIOR CON RETINOEXIA; 5. - ABLACIÓN DE LESIÓN CORIORENTINAL y 6. - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECILISTA EN ANESTESIOLOGÍA, los cuales deben agendados para su cumplimiento dentro del mes calendario siguiente a la notificación de la presente providencia.

TERCERO-. ORDENAR al Representante Legal de la accionada NUEVA EPS o a quien corresponda, para que en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo proceda a brindar y garantizar el tratamiento integral a favor de la menor YISELL FERNANDA PATIÑO ESTEPA identificada con tarjeta de identidad N°1.052.841.298, de acuerdo a su diagnóstico, incluyendo dispensación de medicamentos, practica de exámenes, cirugías y en general la prestación de todos los servicios médicos que requiera el paciente, previa prescripción médica por parte del médico tratante y acorde a lo considerado en la parte motiva de la presente providencia.

general la prestación de todos los servicios médicos que requiera el paciente, previa prescripción médica por parte del médico tratante y acorde a lo considerado en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO.- ORDENAR al Representante Legal de la accionada NUEVA EPS, o a quien corresponda, para que en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo proceda a reconocer a favor de la menor YISELL FERNANDA PATIÑO ESTEPA identificada con tarjeta de identidad N°1.052.841.298 y de su acompañante el valor de los gastos por concepto de transporte, alimentación y hospedaje , en los casos que se deba desplazar para recibir atención médica por fuera de la jurisdicción del municipio donde reside hacía otra municipalidad para recibir atención médica, en los términos señalados en la parte considerativa de la presente providencia…”

2.2.- La accionante promueve incidente de desacato, indicando que la Nueva EPS no ha cumplido el fallo de tutela, concretamente lo referente a la programación de los servicios relacionados en el numeral tercero de su parte resolutiva.

2.3.- En ese orden, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha, previo a iniciar el trámite incidental de desacato, por auto del 19 de agosto (sic) requirió a la Dra. Gloria Libia Polania Aguillón en calidad de Agente Interventora y al Dr. Aldemar Casadiegos Jaime, como Gerente Regional de Centro Oriente de la misma entidad, para que en el término de veinticuatro (24) horas informaran las acciones realizadas

Gloria Libia Polania Aguillón en calidad de Agente Interventora y al Dr. Aldemar Casadiegos Jaime, como Gerente Regional de Centro Oriente de la misma entidad, para que en el término de veinticuatro (24) horas informaran las acciones realizadas para cumplir con el fallo de tutela, o de ser el caso, procedieran con su acatamiento.Radicado No. 1575731890012025-00059-01

2.4.- Luego, en providencia del 19 de septiembre dio apertura a l incidente de desacato en contra de los mismos funcionarios requeridos de manera previa , concediéndoles el término de cuarenta y ocho (48) horas con el fin de que ejercieran su derecho a la defensa y debido proceso, indicando los motivos del incumplimiento del fallo de tutela o en su defecto, allegaran pruebas que acreditaran su acatamiento.

2.5.- A través de auto del 26 de septiembre se decretaron las pruebas, para lo cual, frente a la parte incidentante tuvo como tales la sentencia de tutela del 26 de junio de 2025, proferida por el Despacho . Frente a la parte incidentada no decretó pruebas, ya que la misma guardó silencio.

2.6.- Finalmente, mediante proveído del pasado 2 de octubre se resolvió el incidente propuesto, sancionando por desacato a la Dra. Gloria Libia Polania Aguillón, en calidad de Agente Interventora de la Nueva EPS, y al Dr. A ldemar Casadiegos Jaime como Gerente Regional de Centro Oriente de la misma entidad por el incumplimiento del fallo de tutela proferido el 26 de junio de 2025; en consecuencia,

Jaime como Gerente Regional de Centro Oriente de la misma entidad por el incumplimiento del fallo de tutela proferido el 26 de junio de 2025; en consecuencia, les impuso multa de cinco (5) s.m.l.m.v. y cinco (5) días de arresto.

III.- CONSIDERACIONES

3.1.- Competencia

De entrada, cabe precisar que acorde con lo previsto en el inciso 2ª del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, «la sanción por desacato será impuesta por el mismo juez» que profirió la orden, mediante trámite incidental; en razón a lo cual no existe duda de la competencia de esta Sala para desatar el grado de consulta respecto de la sanción impuesta por el Juez Constitucional de instancia.

3.2.- Problema Jurídico

Ahora, de conformidad con la norma en cita, el ámbito de esta decisión atañe en determinar si debe mantenerse, modularse o modificarse la sanción impuesta por el Juzgado Promiscuo de l Circuito de Socha , circunstancia que impone verificar el destinatario de la orden, el término temporal para ejecutarla, y, el alcance de la misma, con el fin de examinar si efectivamente se cumplió la orden impartida mediante la sentencia; de este modo, entonces, que si de dicho análisis se concluye la inobservancia de lo orde nado constitucionalmente, habrá que determinarse siRadicado No. 1575731890012025-00059-01

éste fue total o parcial, y las razones por las cuales se produjo, e igualmente si hubo o no responsabilidad subjetiva del sujeto obligado.

3.3.- El Incidente de desacato y la consulta.

éste fue total o parcial, y las razones por las cuales se produjo, e igualmente si hubo o no responsabilidad subjetiva del sujeto obligado.

3.3.- El Incidente de desacato y la consulta.

En principio ha de entenderse que la acción de tutela se encuentra orientada a la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, de tal modo que, verificada su vulneración o amenaza, las órdenes que los jueces impartan para ampararlos deben ser íntegramente acatadas.

En ese orden de ideas, el cumplimiento del fallo es la respuesta que normalmente se espera de la autoridad accionada; sin embargo, excepcionalmente, puede presentarse que su ejecución no se ajuste ceñidamente a los parámetros que se le han indicado, caso en el cual, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, prevé el procedimiento que debe agotarse para obtener su acatamiento1.

Aunado a lo anterior, con el propósito de evitar que los fallos de tutela quedaran en vanas esperanzas de protección para los derechos fundamentales, el legislador previó una herramienta coercitiva, la cual se encuentra contenida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que determina la sanción de desacato para quien incumpliere un fallo judicial en donde se ampare un derecho fundamental, así : “La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos men suales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

salarios mínimos men suales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”

Entonces, la finalidad de estas medidas correccionales es, obtener a ultranza la efectividad de la tutela que ha sido concedida, colocando en manos del accionante mecanismo expeditos que conduzcan al goce y disfrute efectivo del derecho básico que le ha sido conculcado.

Ahora bien, es necesario precisar que tanto el incumplimiento del fallo como el desacato tocan el tema de la responsabilidad jurídica, pero el artículo 27 del Decreto

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas ación Civil - Sentencia del 19 de junio de 2012, Exp. No. 410012213000 2012 00080 -01M.P.: Dra. MARGARITA CABELLO BLANCO.Radicado No. 1575731890012025-00059-01

2591 de 1991 ha sido claro en establecer que el desobedecimiento al fallo en los términos de esa norma, comporta una responsabilidad objetiva, mientras que la sanción por desacato supone un compromiso subjetivo del transgresor o la responsabilidad personal de los servidores públicos y obedece al principio de culpabilidad, en la medida que es imperativo apreciar de manera tangible, no sólo el incumplimiento de lo resuelto en la sentencia de tutela, sino, también, las condiciones en las que éste se produjo, e s decir, el descuido o negligencia que le

culpabilidad, en la medida que es imperativo apreciar de manera tangible, no sólo el incumplimiento de lo resuelto en la sentencia de tutela, sino, también, las condiciones en las que éste se produjo, e s decir, el descuido o negligencia que le sean imputables al actor a través de juicios valorativos que den cuenta de su ánimo caprichoso de sustraerse a la orden suministrada o sencillamente lograr establecer cuáles son los factores o circunstancias ajenas al actor que le impiden cumplir a cabalidad el amparo del derecho por la vía constitucional.

Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha señalado que:

“(…) la sanción por desacato deriva de un propósito inequívoco del accionado de eludir las ordenes dimanantes del amparo concedido; en otros términos, el solo incumplimiento per se no comporta una evidente afrenta a la decisión del juez constitucional, pues se requiere una manifiesta desatención a la orden emitida, lo que exige corroborar la exteriorización de conductas dirigidas a evitar de alguna manera acatar el fallo de tutela, lo que haría surgir, claramente, un ánimo eminentemente subjetivo que el juzgador competente debe valorar en cada caso en particular, sopesando, itérase, si aflora en el funcionario acusado ese interés interno para apartarse de la decisión protectora”2

También ha sostenido que “ el desacato objeto de sanción no se predica de la entidad accionada, sino del individuo a cuyo cargo se encuentra el acatamiento de la sentencia de tutela, siempre y cuando se demuestre que con el incumplimiento

También ha sostenido que “ el desacato objeto de sanción no se predica de la entidad accionada, sino del individuo a cuyo cargo se encuentra el acatamiento de la sentencia de tutela, siempre y cuando se demuestre que con el incumplimiento concurre la negligencia o el capricho (eleme nto subjetivo del desacato) de dicho individuo3.

“Por consiguiente tratándose, de un trámite de naturaleza sancionadora, el incidente de desacato de tutela exige que el individuo investigado, y no la entidad accionada, se encuentre debidamente notificado de la existencia de ese procedimiento en su contra, y que la sanción haya sido precedida por un riguroso apego a las ritualidades y al procedimiento previsto en el Decreto 2591 de 1991 y desarrollado por la jurisprudencia constitucional, acorde con los parámetros ya reseñados, en aras de garantizar el debido proceso que le asiste al funcionario implicado…”4

De lo anterior se colige que la imposición de la correspondiente sanción no puede ser arbitraria, sino que por el contrario debe estar precedida de un trámite incidental con las garantías del debido proceso, de ahí que resulte de vital importancia que el juez que conozca del desacato deberá adelantar un procedimiento en el que se “(i)

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil. Auto de 14 de septiembre de 2009, exp. 2009-01417-00. 3 Ibíd. 4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil. Auto de 18 de noviembre de 2010, exp. No. 51.390.Radicado No. 1575731890012025-00059-01

3 Ibíd. 4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil. Auto de 18 de noviembre de 2010, exp. No. 51.390.Radicado No. 1575731890012025-00059-01

comunique al incumplido sobre la iniciación del incidente de desacato, con el fin de darle la oportunidad para que informe la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa. En dicho informe el responsable podrá a legar dificultad grave para cumplir la orden, pero solo en el evento en que esta sea de imposible cumplimiento, lo cual debe demostrar por cualquier medio probatorio; (ii) practiquen las pruebas que se le soliciten al juez de conocimiento, al igual que aqu ellas considere conducentes y pertinentes para adoptar la decisión; (iii) notifique la providencia que resuelva; y, en caso de que haya lugar a ello, (iv) remita el expediente en consulta ante el superior”5.

Ello con el propósito de que el juez de tutela no presuma la responsabilidad por el mero incumplimiento del fallo, sino que se encuentra compelido a indagar cuales fueron los elementos que dieron origen a la inobservancia, para que con ello el juzgador pue da determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado, cuál debe ser la sanción adecuada, proporcionada y razonable acorde con los hechos acaecidos.

No obstante, lo anterior, debe agregarse que la exigencia de responsabilidad subjetiva para la declaratoria del desacato significa, del mismo modo, que el juez constitucional deberá abstenerse de imponer la sanción cuando se demuestre que

No obstante, lo anterior, debe agregarse que la exigencia de responsabilidad subjetiva para la declaratoria del desacato significa, del mismo modo, que el juez constitucional deberá abstenerse de imponer la sanción cuando se demuestre que la obligación der ivada de la orden de tutela no ha sido determinada o que a la autoridad responsable no se le ha dado la oportunidad de cumplirla, a pesar de actuar de buena fe.

Finalmente, debe señalarse que la consulta de la decisión al incidente de desacato es considerada como un mecanismo automático que conduce al superior a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de in terés público o para proteger a una de las partes dentro del mencionado procedimiento. De tal forma que, su estudio está limitado a la primera providencia, sin que pueda extenderse al análisis de la legalidad de la sentencia de tutela en la cual se dio la orden que se alega como incumplida6.

3.4.- Del Caso Concreto

En el presente caso, conforme a lo expuesto, la responsabilidad personal de la obligada en materia de desacato es subjetiva y obedece al principio de culpabilidad, esto es, que para sancionar se requiere no solo constatación objetiva del

5 Corte Constitucional - Sentencia T-123/10 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 6 Ver sentencia C-533 de 1993.Radicado No. 1575731890012025-00059-01

incumplimiento de la orden sino además establecer que ese incumplimiento se origina en causa injustificada, negligencia, descuido o rebeldía frente a la orden

incumplimiento de la orden sino además establecer que ese incumplimiento se origina en causa injustificada, negligencia, descuido o rebeldía frente a la orden judicial. Es por ello, que la Sala debe determinar si hubo incumplimiento de la orden constitucional proferida y, en caso afirmativo, si este es el resultado de un actuar caprichoso o negligente de los funcionarios encargados de cumplir la orden.

Establecido lo anterior, la actividad que esta Corporación debe realizar se ciñe a efectuar un ejercicio de comparación entre lo dispuesto en la decisión emitida dentro del memorado proceso constitucional, y la conducta calificada como indiferente, negligente o insuficiente que se reprocha.

Así, para determinar si existió incumplimiento del fallo, es necesario en primer lugar tener en cuenta la propia orden impartida