TSDJ VIT SU - 15759-31-03-001-2014-00142-01-(27-06-2019)-1

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO ____________________________

Relatoría

CONFLICTO DE COMPETENCIAEl término contemplado e n el artículo 121 del CGP no es de aplicación automática.

No obstante el vencimiento del término para finalizar la instancia, para estimar cuáles fueron las cir cunstancias que llevaron al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso a no proferir la decisión en ese lapso, debe señalarse que, mediante acuerdo N° PSAA-15-10300 del 25 de febrero de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura esta bleció medidas para la implementación de la oralidad en as untos civiles y de familia en los Distritos Judicia les de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Popayán, Santa Mar ta, Sincelejo, Riohacha y Santa Rosa de Viterbo, y a través de ellas dispuso que los jueces civiles y de familia de cualquier categoría que ingresen a la oralidad debían remitir para reparto los expedientes que tuvieran a su cargo para el primero de marzo de 2015, a los jueces que continúan con el sistema escritural; y para este distrito judicial, se estableció que entrarían a la oralidad, entre otros, los Juzgados 1° y 2° Civil del Circuito de Sogamoso, lo que implicaba que el Juzgado 3° Civil del Circuito de dicha ciud ad permaneció en la mal llamada escrituralidad. A partir de entonces, todos los procesos civiles que se encontraban los Juzgados Civiles del Circuito de Sogamoso pasaron a ser de conocimiento exclusivo del Juzgado Tercero, lo cual evidencia, no sólo un incremento mayúsculo

A partir de entonces, todos los procesos civiles que se encontraban los Juzgados Civiles del Circuito de Sogamoso pasaron a ser de conocimiento exclusivo del Juzgado Tercero, lo cual evidencia, no sólo un incremento mayúsculo de la carga laboral, sino una inminente congestión para dicho despacho judicial, sin que se hayan impl ementado medida de descongestión alguna, que le permitiera e vacuar esa carga laboral extra, la que inevitableme nte se incrementó en un 200%.

Debe resaltarse además dos situaciones no imputables a los funcionarios encargados de ese mal llamado sistema de escrituralidad: (i) No fue implementado un plan es pecial de descongestión, como era la obligación del Consejo Superior de la Judicatura a términos del numeral 1 del artículo 618 del C. G. P., sino que, como se dijo, se congestionó uno de los despachos; y (ii) Con la entrada en vigencia del C. G. P., en todos los procesos, superada la etapa procesal en que se encontraban, pasaban al nuevo sistema pro cesal, es decir, oral, de conformidad con las dispo siciones del artículo 625 del citado código.

Ab initio se advertía que esos despachos, por su congestión, no podrán cumplir los términos procesales previstos en el C. G. P., no siempre por incuria o desidia, sino porque, como ya se dijo, se enfrentaban a una carga laboral imposible de cumplir.

No obstante ese panorama, pasados más de dos años, se sabe que la labor que se les encomendó está a pu nto de concluir, es decir, que para este momento están fre nte a una carga razonable que puede ser evacuada, i ncluso, con

de cumplir.

No obstante ese panorama, pasados más de dos años, se sabe que la labor que se les encomendó está a pu nto de concluir, es decir, que para este momento están fre nte a una carga razonable que puede ser evacuada, i ncluso, con mayor prontitud que la que podría esperarse del Juz gado siguiente, para el caso el Primero, y así, la medida en vez de favorecer a las partes y efectivizar el derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas, se le somete al cumplimiento de un nuevo término, pues, relativamen te, no tendrá preferencia sobre otros asuntos trami tados por el Juzgado destinatario.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Departamento de Boyacá

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO “PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA NACIÓN” Ley 1128 de 2.007

SALA ÚNICA CLASE DE PROCESO : PERTENENCIA -CONFLICTO DE COMPET ENCIARADICACIÓN : 15759-31-03-001-2014-00142-01

DEMANDANTES : MAGOLA PATIÑO, INDIRA LOMBANA, JOSÉ MERCHÁN,

BLANCA MONTAÑEZ Y CARLOS GUILLERMO RODRÍGUEZ

DEMANDADOS : HEREDEROS INDETERMINADOS DE HONORIO DUARTE Y

ANTONIO DUARTE, PERSONAS INDETERMINADAS2

Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019).

ASUNTO POR DECIDIR:

El conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Civil del

Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019).

ASUNTO POR DECIDIR:

El conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Civil del Circuito de Sogamoso y Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, en relación con la demanda de pertenencia presentada por los señore s CARLOS GUILLERMO RODRÍGUEZ, MAGOLA PATIÑO, INDIRA LOMBANA, JOSÉ MERC HÁN Y BLANCA MONTAÑEZ en contra de HEREDEROS INDETERMINADOS DE HONORIO DUARTE Y ANTONIA DUARTE DE DUARTE, y personas indeterminadas.

ANTECEDENTES PROCESALES:

1.- El día 01 de agosto de 2014, a través de apoderado judicial, los señores CARLOS GUILLERMO RODRÍGUEZ, MAGOLA PATIÑO, INDIRA LOMBANA, JOSÉ MERCHÁN Y BLANCA MONTAÑEZ presentaron demanda de pertenenci a contra los HEREDEROS INDETERMINADOS DE HONORIO DUARTE Y ANTONIA DUARTE DE DUARTE y demás personas indeterminadas, pretendiend o que, previo el trámite procesal del caso, se declare que adquirieron por prescripción ordinaria adquisitiva de dominio por suma de posesiones el inmueble ubicado en área urbana del municipio de Sogamoso, identificado con el F.M.I. N° 095.22238 d e la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Sogamoso.

2.- El conocimiento del asunto correspondió en principio al Juzgado Primero Civil del

Sogamoso, identificado con el F.M.I. N° 095.22238 d e la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Sogamoso.

2.- El conocimiento del asunto correspondió en principio al Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso, allí el 23 de septiembre de 2014, previa subsanación, admitió la demanda de pertenencia por prescripción adquisit iva ordinaria de dominio y ordenó su trámite conforme al artículo 407 del C.P.C.

3.- Mediante auto del 10 de abril de 2015, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Sogamoso, avocó conocimiento del asunto y allí se a delantaron las siguientes actuaciones de relevancia para el asunto: (i) efect uado el emplazamiento del extremo pasivo, se nombró curador para la litis, profesiona l del derecho que, una vez posesionado, se notificó de la admisión de la deman da el 25 de agosto de 2016 y, posteriormente, presentó escrito de contestación; ( ii) el 10 de octubre de 2016 el MOTIVO : CONFLICTO DE COMPETENCIA DECISIÓN : ASIGNA A JUZGADO 3° CIVIL DEL CIRCUITO D E SOGAMOSO

MAGISTRADO PONENTE : EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA3

Juzgado dio apertura a pruebas y ordenó la práctica de las aportadas por la parte demandante; asimismo, conforme a lo dispuesto en el numeral 1° del art. 625 del C.G.P., hizo tránsito de legislación y fijó fecha p ara llevar a cabo audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 372 del C.G.P.; (iii) en auto del 03 de

C.G.P., hizo tránsito de legislación y fijó fecha p ara llevar a cabo audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 372 del C.G.P.; (iii) en auto del 03 de marzo de 2017, dejó sin efecto la providencia refer ida en el numeral anterior, tras considerar que lo procedente no era dar aplicación al artículo 372 del C.G.P. sino que, por tratarse de un proceso tramitado en su integrid ad a través del C.P.C., las pruebas debían practicarse conforme a esta normatividad; (iv) mediante auto del 26 de junio de 2018, se fijó fecha para audiencia de instrucción y juzgamiento para dar continuidad al trámite procesal, en aplicación a lo dispuesto en el literal 1° (sic) numeral 1° del artículo 625 del C. G.P y en concordancia con el art. 372 ibidem.

3.- El 31 de enero de 2019, luego de que tomara pos esión del cargo como Juez un nuevo funcionario en propiedad, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso declaró la pérdida de competencia para conocer del asunto, decisión que tomó tras considerar que se encontraba vencido el término de un año previsto en el artículo 121 del C.G.P. para emitir el fallo de primera instancia, término que empezó a correr desde el 03 de marzo de 2017, fecha en que se profirió au to decretando pruebas y, desde entonces, ha trascurrido más de un año, lo que hace que el funcionario que preside el despacho pierda competencia para conocer del asunto.

4.- En virtud de lo anterior, las diligencias fueron remitidas al Juzgado Primero Civil de Circuito de Sogamoso, por ser el Juzgado que sigue en turno.

despacho pierda competencia para conocer del asunto.

4.- En virtud de lo anterior, las diligencias fueron remitidas al Juzgado Primero Civil de Circuito de Sogamoso, por ser el Juzgado que sigue en turno.

5.- Mediante proveído del 27 de marzo de 2019, el J uzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso, a su vez, se declaró incompetente para asumir el conocimiento y planteó el conflicto negativo de competencias que hoy ocupa la atención de la Sala, decisión que tomó con fundamento en los siguientes argumentos:

5.1.- El proceso de la referencia inició su trámite con Código de Procedimiento Civil ante esta judicatura sin embargo, con la implementa ción de la oralidad según la Ley 1395 de 2010, se enviaron las actuaciones al Juzga do Tercero Civil del Circuito de Sogamoso; por ende, a dicha actuación le era aplica ble el parágrafo del artículo 124 del C.P.C. adicionado por la Ley 1395 de 2010 relat ivo a la perdida automática de competencia.

5.2.- En virtud de lo anterior, para el juzgado, al presente asunto no le es aplicable el artículo 121 del C.G.P., pues la actuación inició e n vigencia del C.P.C.; de ahí que los4

términos para para dictar sentencia debían atenerse a lo consagrado en el artículo 124 del C.P.C., entre ellos, el correspondiente a un año para fallar.

5.3.- El juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso dio aplicación al artículo 121 del C.G.P., según el tránsito de legislación establecido en el artículo 625 ibídem, el cual

5.3.- El juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso dio aplicación al artículo 121 del C.G.P., según el tránsito de legislación establecido en el artículo 625 ibídem, el cual iniciaba a partir del 3 de marzo de 2017, fecha en la cual mediante auto se abrió a pruebas en el proceso, sin hacer mención al cambio de legislación y terminaba el 03 de marzo de 2018, lapso durante el cual se debía proferir fallo; sin embargo el término ya estaba fenecido cuando el titular del despacho tomó posesión.

5.4.- El término a partir del cual debe tener aplic ación la pérdida automática de competencia de que trata el artículo 121, es desde el primero de enero de 2016, fecha en la cual empezó a regir íntegramente la Ley 1564 de 2012, según lo señaló el Consejo Superior de la Judicatura a través de su Sa la Administrativa, con Acuerdo

PSAA-15-10392.

5.5.- Considera que la disposición del artículo 121 del C.G.P es aplicable al presente caso; sin embargo al tratarse de un proceso ordinar io que inició en la vigencia del C.P.P, el tránsito de legislación aplicable es el contenido en el artículo 625-1, literal a), tras la existencia de causas que justifican el incumplimiento del término de un año para proferir el fallo correspondiente. Aunado a lo anterior el Juzgado Terero Civil del Circuito de Sogamoso sólo hizo tránsito de legislación en pr ovidencia del 07 de junio de 2018, cuando se señaló fecha para audiencia de instrucción y juzgamiento, más no en el auto

de Sogamoso sólo hizo tránsito de legislación en pr ovidencia del 07 de junio de 2018, cuando se señaló fecha para audiencia de instrucción y juzgamiento, más no en el auto que abrió a pruebas en el proceso. Así las cosas, el término fenecería el 07 de junio de 2019, lapso en el cual se señaló audiencia para alegatos y fallo, además el juzgado no ha hecho uso de la prórroga expresada en el art.121 del C.G.P.

5.6.- En el evento de que fuera el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso el llamado a conocer del asunto, implicaría retrotraer la actuación al momento que generó la pérdida de competencia lo que, sin duda, es más arduo para las partes, cuando estaban próximos obtener sentencia; aunado a que ge neraría una carga laboral adicional, rompiendo el principio de igualdad y generando que los procesos propios del despacho corran la misma suerte de los que se depreca pérdida de competencia.

5.7.- Finalmente frente a la pérdida de competencia por vencimiento del término de un año para proferir sentencia, menciona providencia proferida por el Tribunal de Medellín, el cual inaplicó el art. 121 del C.G.P por consider arlo inconstitucional e indicó que se trata de una nulidad saneable; lo anterior basado en la sentencia T-341 de 2018.5

LA SALA CONSIDERA:

1.- Problema jurídico.

Debe resolverse en este asunto el conflicto negativo de competencia planteado por dos Juzgados del Circuito Civil de este Distrito judici al; pero, como el asunto se relaciona,

LA SALA CONSIDERA:

1.- Problema jurídico.

Debe resolverse en este asunto el conflicto negativo de competencia planteado por dos Juzgados del Circuito Civil de este Distrito judici al; pero, como el asunto se relaciona, con la aplicación del artículo 121 del C. G. P., de manera previa, para la Sala es necesario realizar algunas consideraciones sobre el origen, finalidad y desarrollo que al mismo se le ha venido dando en la jurisprudencia.

2.- Del derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso sin dilaciones injustificadas.

Es de la esencia del Estado Social de Derecho el derecho de acceso a la administración de justicia con la finalidad que un juez independie nte e imparcial decida sobre los conflictos que se presente entre los miembros de la sociedad o entre estos y el Estado o en aquellos casos en que se considera necesaria la intervención del Juez en orden a la protección de ciertos derechos. Así, uno de los valores fundantes del Estado colombiano lo es “asegurar a todos sus integrantes la justicia” (Cfr. Preámbulo de la Constitución) y el artículo 229 superior dispone:

“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia…”.

El derecho a acceder a la administración de justici a comporta, además, el derecho a que realmente los asuntos sometidos a la jurisdicción sean resueltos de fondo y en un plazo razonable. En tal sentido, el artículo 228 constitucional dispone:

“La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes: Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se

“La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes: Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo” (negrilla fuera del texto).

El debido proceso, constitucional y legal, en el que se fijan los términos procesales, en lo pertinente, se consagra en el artículo 29 ibídem, así:6

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes pree xistentes al acto que se imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. “… “…Quien sea sindicado tiene derecho…; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas;…”.

La norma resalta el debido proceso en asuntos penal es; pero, por supuesto, no es exclusivo, sino que es exigible en toda clase de ac tuaciones judiciales y administrativas. Entre las judiciales, las contenci oso-administrativas, civiles, comerciales, de familia, agrarias, penales, constitucionales. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su artículo dispone:

“Artículo 8. Garantías judiciales.

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sust anciación de cualquier acusación

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sust anciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…”.

Así, es absolutamente claro que el derecho de acces o a la administración de justicia, incluye el del debido proceso sin dilaciones injust ificadas, o el establecimiento de un plazo razonable.

3.- Debido proceso civil y plazo razonable.

Para dar desarrollo o aplicación a los principios y aún a los compromisos internacionales, entre otras medidas se han venido implementando los procedimientos orales en las diversas áreas del derecho, laboral, penal y civil, especialmente, el desarrollo de los principios de inmediación y conce ntración, el establecimiento de plazos perentorios para partes y funcionarios y la sanción por maniobras dilatorias de las partes o por la desidia de los funcionarios.

El nuevo código procesal civil, o Código General del Proceso, no podía ser ajeno a esa tendencia procesal y, por ello, como una de sus eje s fundamentales, busca la7

implementación de mecanismos y sanciones para hacer efectivo el cumplimiento de los términos y, de esa manera, el debido proceso si n dilaciones injustificadas. Ello resulta evidente si se observa los principios que orientan esa normatividad, además de los desarrollos posteriores en cada uno de los tema s procesales específicos, como la regulación del trámite de los impedimentos y recusa ciones, los recursos, audiencias, etc. A nivel de los principios resaltamos las siguientes normas:

los desarrollos posteriores en cada uno de los tema s procesales específicos, como la regulación del trámite de los impedimentos y recusa ciones, los recursos, audiencias, etc. A nivel de los principios resaltamos las siguientes normas:

“Art. 2º. Acceso a la justicia. Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incump limiento injustificado será sancionado”.

“Art. 5º Concentración. El juez deberá programar las audiencias y diligenci as de manera de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. No podrá aplazar una audiencia o dilig encia, ni suspenderla, salvo por razones que expresamente autoriza este código”

“Art. 8º. Iniciación e impulso de los procesos. Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte…

“Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por su mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya”.

Todas las negrillas son de la Sala.

Dentro de ese contexto, en la Ley 1395 de 2010, dispuso:

“ARTÍCULO 9° Se adiciona el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil con el siguiente parágrafo: PARÁGRAFO. En todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera

siguiente parágrafo: PARÁGRAFO. En todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecut ada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir d e la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal.

Vencido el respectivo término sin haberse dictado la sentencia, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proces o, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al Juez o Magistrado que le sigue en tur no, quien proferirá la sentencia dentro del término máximo de dos (2) meses. Sin embargo, l a Sala Administrativa del Consejo8

Superior de la Judicatura podrá asignar el proceso a otro Juez o Magistrado si lo considera pertinente. El Juez o Magistrado que recibe el proc eso deberá informar a la misma Corporación la recepción del expediente y la emisión de la sentencia”.

Y, quizá para mayor efectividad y con el mismo objeto, en el C. G. P., se dispuso:

“ARTÍCULO 121. DURACIÓN DEL PROCESO. Salvo interrup ción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un la pso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte de mandada o ejecutada. Del mismo

proceso por causa legal, no podrá transcurrir un la pso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte de mandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.

Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferi rá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.

…Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.”

Comparando y precisando el alcance de las dos norma s transcritas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dijo:

“Nótese que la citada regla, si bien contemplaba la pérdida automática de la competencia, no imponía la sanción de nulidad a las actuaciones que se adelantaran con posterioridad al

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dijo:

“Nótese que la citada regla, si bien contemplaba la pérdida automática de la competencia, no imponía la sanción de nulidad a las actuaciones que se adelantaran con posterioridad al vencimiento del plazo conferido al fallador para dirimir el litigio, lo que permitía predicar su saneabilidad; diferente a lo que acontece en vigenc ia del Código General del Proceso, en el que, sin duda, se instituyó una nueva causal de invalidez y, además, con la particularidad de obrar de «pleno derecho», que sólo se había con templado en tratándose de la prueba obtenida con violación del debido proceso (artículo 29, inciso final, Constitución Política)” 1.

Hasta ahora, la interpretación dada a la norma era el de atenerse a su tenor literal, es decir, el de aplicación irrestricta con el alcance de nulidad de pleno derecho de la actuación posterior.

Esa interpretación, sin embargo, no es la sostenida, en principio, por la Corte Constitucional, corporación que en la sentencia T-3 41 de 2018, entre otras consideraciones, plantea:

“83. Considera la Sala de Revisión que la norma que fijó el término para la actuación del juez, involucra diversos aspectos de relevancia constitucional que impiden

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil STC8849-2018. Rad. n° 76001-22-03-000-2018-00070-01 del 11 de julio de 2018.9

simplemente ceñirse al tenor literal de la disposición, tales como (i) la garantía del plazo razonable y (ii) el principio de lealtad procesal”.

2018.9

simplemente ceñirse al tenor literal de la disposición, tales como (i) la garantía del plazo razonable y (ii) el principio de lealtad procesal”.

Y, luego de referir las posturas que al efecto ha expuesto la Corte Suprema de Justicia, a manera de conclusión, dice:

“111. …Es por ello que en la sede de acción de tutela debe considerarse que el juez ordinario no incurre en defecto orgánico al aceptar que el término previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso, para dictar sen tencia de primera o segunda instancia, si bien implica un mandato legal que deb e ser atendido, en todo caso un incumplimiento meramente objetivo del mismo no puede implicar, a priori, la pérdida de competencia del respectivo funcionario judicial y, por lo tanto la configuración de nulidad de pleno derecho de las providencias dictad as por fuera del término fijado en la norma, no opera de manera automática”.

Se trataba de un caso en que la sentencia había sido dictada fuera del referido término y cuya nulidad de pleno derecho implicaría retrotra er la actuación, ahí si con mayor dilación del proceso y perjuicios para las partes y aún para la administración de justicia.

Con cita del anterior precedente de la Constitucional, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema se ha pronunciado en los siguientes términos:

“De la norma transcrita, se deriva que el legislad or estableció una causal de pérdida de competencia, basándose en el transcurso del tiempo para proferir decisión de fondo, lo que quiere decir, que se le otorga a la autoridad judic ial un tiempo definido para que resuelva el

competencia, basándose en el transcurso del tiempo para proferir decisión de fondo, lo que quiere decir, que se le otorga a la autoridad judic ial un tiempo definido para que resuelva el asunto que tenga en su haber, so pena de que deba s er asumido por otro funcionario judicial a raíz de la demora en tomar una determinación en los plazos establecidos en la ley, esto con el fin de garantizar a las partes dentro de un proc eso, el acceso eficaz a la administración de justicia; empero, se advierte que para acceder a di cha declaratoria no basta el cumplimiento estricto de dicho plazo tal y como expone la homólo ga Civil en su fallo de primera instancia constitucional, en tanto que se hace necesaria la verificación de otros factores razonables que permitan verificar, por qué el fallador incumplió el término en mención.

En síntesis, no todo incumplimiento de los términos procesales puede tomarse per se, como una transgresión a las garantías constitucionales, pues se reitera, es preciso analizar cada caso específico, y así determinar la concurrencia d e un motivo plausible que justifique la modificación de ese plazo, lo que dicho en otras pa labras, significa que tal disposición no es automática, pues es necesario verificar la concurrencia de los factores que contribuyeron a que se desconociera el lapso impuesto por el legislador.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que en similare s términos la Corte Constitucional en sede de revisión mediante sentencia T-341 de 2018, expuso la necesidad de flexibilizar la nulidad prevista en el artículo 121 del C.P.G., atendiendo a las circunstancias de cada caso en concreto, siempre y cuando se respete la garantía del plazo razonable; al respecto dicha

nulidad prevista en el artículo 121 del C.P.G., atendiendo a las circunstancias de cada caso en concreto, siempre y cuando se respete la garantía del plazo razonable; al respecto dicha

Corporación dijo:

(…) es por ello que en la sede de acción de tutela, debe considerarse que el juez ordinario no incurre en defecto orgánico al aceptar que el té rmino previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso, para dictar sentencia de primera o segunda instancia, si bien implica un mandato legal que debe ser atendido, en todo caso un incumplimiento meramente objetivo del mismo no puede implicar a priori, la perdida d e competencia del respectivo funcionario judicial y, por lo tanto la configuración de la causal de nulidad de10

pleno derecho de las providencias dictadas por fuera del término fijado en dicha norma, no opera de manera automática. (Resalta la Sala) 2.

Criterio que reitera los pronunciamientos que la mi sma Sala expuso en pretérita oportunidad, en los que concluyó:

“En ese orden de ideas, no solo debe analizarse las razones subjetivas que conlleven al operador judicial a no cumplir con el tiempo estipu lado en la norma, sino que tampoco puede desconocerse la congestión judicial que agobia a la Rama Judicial en nuestro país, situación que no puede ser atribuible al funcionario; posició n que se ha plasmado en las sentencias STL4389-2019 y STL4434-2019, y que dista del criter io de la Sala de Casación Civil de esta Corporación, en el sentido que para dicha homóloga, los términos de que trata la norma en cita, son puramente objetivos”3.

Corporación, en el sentido que para dicha homóloga, los términos de que trata la norma en cita, son puramente objetivos”3.

De la normatividad y precedentes transcritos o come ntados, pueden derivarse las siguientes conclusiones: (i) El artículo 121 del C. G. P. se enmarca dentro de los mecanismos legislativos que buscan el cumplimiento del principio al debido proceso sin dilaciones injustificadas; (ii) Dentro del marc o de las normas constitucionales y de los principios del propio C. G. P., la interpretaci ón no puede limitarse a la literalidad o exégesis, sino acudir a la indagación de la teleología de la ley proc