TSDJ VIT SU - 15759-31-05-001-2018-00122-01-(05-03-2021)-1

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO

_____________________ Relatoría

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL CON MADRE COMUNITARIA – PRINCIPIO GENERAL DE LA LÓGICA PROBATORIA EXPRESADO EN EL AFORISMO "ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTORI" : La demandante tenía la carga de demostrar la relación laboral con cualquiera de los elementos probatorios que dispone la ley para el efecto.

Pues bien, conforme la jurisprudencia citada y trayendo a colación el principio general de la lógica probatoria expresado en el aforismo "onus probandi incumbit actori", es claro que la demandante tenía la carga de demostrar la relación laboral con cualquiera de los elementos probatorios que dispone la ley para el efecto, así pues, si bien allegó documentales con la demanda, ellas no son lo suficientemente convincentes para demostrar la prestación personal del servicio para dar aplicación a la presunción legal de que trata el artículo 24 del C.S del T y cumplir con la obligación que impone el artículo 167 del C.G. del P. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL CON MADRE COMUNITARIA – AUSENCIA DE ACTIVIDAD PROBATORIA: Ante la no comparecencia a la audiencia junto con los testigos solicitados como medios de prueba.

Así pues, ante la carencia de apoderado judicial para ser representada en el trámite procesal, la no comparecencia a la audiencia junto con los testigos solicitados como medios de prueba, se establece que la demandante no desplegó ninguna actividad probatoria tendiente a demostrar la configuración de la existencia de la relación laboral pretendida, tal y como se observa en el trámite procesal.REPÚBLICA DE COLOMBIA

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existencia de la relación laboral pretendida, tal y como se observa en el trámite procesal.REPÚBLICA DE COLOMBIA

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SANTA ROSA DE VITERBO “PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA NACIÓN” Ley 1128 de 2.007

SALA ÚNICA

Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, cinco (05) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

ASUNTO A DECIDIR:

El grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 15 de octubre de 2019 proferida dentro del proceso de la referencia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso.

ANTECEDENTES PROCESALES:

I.- La demanda:

YENY MARÍA AVELLANEDA ORTIZ, a través de apoderado judicial, el 27 de febrero de 2018, presentó demanda en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-, para que, previo los trámites del proceso ordinario laboral de primera instancia, se decl are que entre los citados existía una relación laboral desde el 07 de julio de 200 7, encontrándose vigente a la fecha , y como consecuencia se condene a l demandado al pago de todos los salarios dejados de percibir durante el vínculo laboral, intereses moratorios a la tasa máxima bancaria por los salarios debidos, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, indemnización por falta de afiliación de la trabajadora a un fondo de cesantías, subsidio de transporte, indexación del dinero que se llegare a percibir, pago de aportes al fondo de pensiones

los salarios debidos, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, indemnización por falta de afiliación de la trabajadora a un fondo de cesantías, subsidio de transporte, indexación del dinero que se llegare a percibir, pago de aportes al fondo de pensiones y al sistema de seguridad social , vacacion es, dotaciones, primas de servicios, indemnización por los daños morales sufridos, condenas ultra y extra petita, agencias

CLASE DE PROCESO : ORDINARIO LABORAL RADICACIÓN : 15759-31-05-001-2018-00122-01

DEMANDANTE : YENY MARIA AVELLANEDA ORTIZ

DEMANDADOS : I INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIARICBFMOTIVO

ACTA DE DISCUSIÓN : CONSULTA DE SENTENCIA ACTA NÚM. 026A MAGISTRADO PONENTE : EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDAOrdinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00122-01

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en derecho y costas del proceso.

Funda la demanda, en síntesis, en los siguientes hechos:

1.- A partir del 07 de julio de 2007 ha sostenido un vínculo laboral con el ICBF, ejerciendo la labor de madre comunitaria en el hogar de bienestar familiar ubicado en su residencia en el municipio de Sogamoso, percibiendo como contraprestación una suma de dinero denominada beca , en horario moda lidad tradicional de 8:00 am a 4: 00 p.m.

2.- Manifiesta que las asociaciones de madres comunitarias y las juntas de padres de familia de los niños que atendía en el hogar de bienestar eran intermediarias en su relación laboral.

00 p.m.

2.- Manifiesta que las asociaciones de madres comunitarias y las juntas de padres de familia de los niños que atendía en el hogar de bienestar eran intermediarias en su relación laboral.

3.- Recibía capacitacione s del ICBF para garantizar la prestación del servicio y supervisaba el hogar donde ejercía su labor en cuanto al cumplimiento de horarios, salubridad, dieta alimentaria, trato a los menores de edad, entre otros.

4.- Para desempeñar su labor , recibía órdenes de los funcionarios del ICBF, el operador de zona, las juntas de madres comunitarios y/o juntas de padres de familia.

5.- El demandado ICBF no realizó liquidación de prestaciones sociales a la terminación del contrato.

6.- YENY MARÍA AVELLANEDA ORTÍZ realizó reclamación ante el ICBF para que le fueran reconocidos los salarios y prestaciones sociales adeudadas, y mediante acto administrativo este Instituto negó la relación laboral y el pago de prestaciones sociales y salarios a su favor.

II.- Admisión, traslado y contestación de la demanda.

Previo a la admisión de la demanda, se suscitó un conflicto negativo de competencia entre los Juzgados Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso y Primero Laboral del Circuito de esa ciudad, judicatura que, mediante providencia del 22 de noviembre de 2018 (f. 2 8) dispuso avocar conocimiento de las diligencias, en cumplimiento a lo decidido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00122-01

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cumplimiento a lo decidido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00122-01

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Subsanada la demanda, esta fue admitida mediante providencia del 6 de diciembre de 2018 (f. 41) ordenándose: (i) correr traslado al representante legal del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR; (ii) notificar personalmente a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENS A JURÍDICA DEL ESTADO , y (iii) requerir a la parte demandada para que aportara sus estatutos.

Corrido el traslado al demandado INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, este mediante apoderada judicial se opuso a todas las pretensiones de la demanda al considerar que desconocen la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional, la cual ha decantado que entre el I.C.B.F., y las madres comunitarias no existe ningún vínculo de índole laboral. Respecto de los hechos, da por ciertos los relacionados sobre (i) la capacitación que realizaba a la demandante para garantizar la calidad en la prestación del servicio, aclarando que u na vez se vincula a la madre comunitaria con el operador, ella acepta su vinculación al programa como un trabajo solidario y voluntario, por lo que debe estar dispuesta a capacitarse para brindar una mejor atención, (ii) la reclamación realizada por la dem andante al ICBF para obtener el reconocimiento de sus salarios y prestaciones sociales, (iii) el acto administrativo que expidió el ICBF por medio del cual negó la relación laboral, el pago de salarios y

el reconocimiento de sus salarios y prestaciones sociales, (iii) el acto administrativo que expidió el ICBF por medio del cual negó la relación laboral, el pago de salarios y prestaciones a la demandante, y (iv) que el ICBF tiene en su base de datos la dirección del hogar de bienestar familiar de la demandante. Por lo demás, respecto de unos hechos reitera que, aunque las madres comunitarias prestan sus servicios con base en los lineamientos que señala esa entidad, no lo hacen b ajo subordinación, en la medida que el ICBF establece los procedimientos para el funcionamiento del programa y respecto de los restantes, manifiesta no constarle.

Plantea las excepciones previas de falta de jurisdicción o competencia, al considerar que las pretensiones de la demanda deben ser ventiladas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ineptitud sustantiva de la demanda por falta de agotamiento de la reclamación administrativa ante la autoridad compet ente, ineptitud sustantiva de la demanda por fal ta de agotamiento de la conciliación extrajudicial y , como excepciones de fondo propuso las de «carencia del derecho reclamado – inexistencia de la relación laboral -», «cobro de lo no debido », «imposibilidad jurídica del ICBF para celebrar contratos de trabajo », «falta de legitimación en la causa por pasiva», «legalidad de los actos o contratos», «interpretación y aplicación sistemática de las normas que regulan de servicio de bienestar familiar », «buena fe» y las «excepciones ecuménicas o de oficio que resulten probadas en el proceso».Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00122-01

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de las normas que regulan de servicio de bienestar familiar », «buena fe» y las «excepciones ecuménicas o de oficio que resulten probadas en el proceso».Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00122-01

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La demanda se tuvo por contestada en providencia del 14 de marzo de 2019 (f. 69).

Mediante proveído del 01 de agosto de 2019 (f. 73 ), el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso aceptó la renuncia al poder presentado por el apoderado de la

demandante YENY MARÍA AVELLANEDA ORTIZ.

III.- Sentencia consultada.

En audiencia del 15 de octubre de 2019, fracasada la etapa de conciliación, practicadas las pruebas y oídas las alegaciones de las partes, se profirió sentencia a través de la cual (1) Negó las pretensiones de declaratoria de existencia de contrato de trabajo entre la demandante YENY MARÍA AVELLANEDA ORTIZ y el I.C.B.F.; (2) Absolvió al demandado de todas las pretensiones de la demanda ; (3) Condenó en costas a la demandante; y, (4) Dispuso la consulta de la sentencia.

En síntesis, la sentencia se funda en las siguientes consideraciones:

1.- Fijó como problema jurídico el relacionado con la existencia de la «relación laboral», para lo cual citó como precedente jurisprudencial constitucional las sentencias SU-224 de 1998, SU-079 de 2018 y el Auto A-217 de 2018, a partir de los cuales se establece la inexistencia de contra to de trabajo entre las madres

sentencias SU-224 de 1998, SU-079 de 2018 y el Auto A-217 de 2018, a partir de los cuales se establece la inexistencia de contra to de trabajo entre las madres comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, situación que a su sentir, conlleva al decaimien to de la demanda; máxime cuando las pretensiones se apoya en esta jurisprudencia, que es a todas luces inexistente para sostener el presente asunto.

2.- Acatando la sentencia SU -079 de 2018, el fallador procedió a analizar de forma somera en primer lugar la labor prestada por la demandante, y seguidamente si logró demostrar la existencia de la relación laboral y su vinculación.

Así pues, e n lo que refiere a l primer asunto, la labor prestada, para determinar la connotación jur ídica de trabajador oficial como contrato realidad, conforme los Decretos 1050 y 3130 de 1968, precisó que la demandante no logr ó probar tal categoría.

Por último, sobre la existencia de la relación de trabajo, señaló que la demandante tenía la carga de demostrar que prestó personalmente el servicio a favor del ICBF,Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00122-01

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que este beneficiaba de sus servicios y como consecuencia recibía una contraprestación, pero ello no ocurrió.

3.- Por lo anterior, al negar la pretensión principal de existencia del contrato de trabajo, las demás pretensiones accesorias corren con la misma suerte, al considerar que la parte actora no cumplió con la carga de demostrar la relación de trabajo.

IV Alegaciones en segunda instancia

las demás pretensiones accesorias corren con la misma suerte, al considerar que la parte actora no cumplió con la carga de demostrar la relación de trabajo.

IV Alegaciones en segunda instancia

Corrido el traslado propio del Decreto 806 de 2020 para que las parte alegaran, estas guardaron silencio.

LA SALA CONSIDERA:

1-. Presupuestos Procesales:

Revisada la actuación, concurren en la misma los llamados presupuestos procesales, y como, además, no se vislumbra nulidad que deba ser puesta en conocimiento de las partes para su saneamiento o declarada de oficio, la sentencia será de fondo o mérito.

2.- Problemas jurídicos.

Como la Sala debe conocer del grado jurisdiccional de consulta en los términos del artículo 69 del C. P. T. y S. S., por ser la sentencia totalmente adversa a la trabajadora, no se tienen otras limitaciones que las propias de la demanda, su contestación y el respeto por los derechos mínimos del trabajador.

Así, pues, debe ser verificado si entre la demandante y el demandado INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR existió el contr ato de trabajo que se reclama, sus extremos temporales, y las prestaciones e indemnizaciones a que pueda tener derecho.

3.- Sobre la existencia del contrato de trabajo.

De acuerdo con el artículo 22 del C. S. T., “El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y medianteOrdinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00122-01

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una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y medianteOrdinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00122-01

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remuneración”, y, aunque surgen de la referida definición, para mayor precisión, sus elementos esenciales están consagrados de manera expresa en el artículo 23 ibídem, a saber, la prestación personal del servicio del trabajador, la continuada dependencia o subordinación y el salario, una vez reunidos los cuales, se entiende que el contrato es de trabajado así se le dé una denominación distinta, además que, el art ículo 24 siguiente establece la presunción de que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo, con lo cual, al trabajador le basta probar la relación de trabajo y al demandado, para controvertir la existencia de ese contrato, demostrar que la relación es de diversa índole.

Para el caso, YENY MARÍA AVELLANEDA ORTÍZ señala como sustento fáctico de la demanda, la existencia de un vínculo laboral con el demandado INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, al prestar sus servicios como madre comunitaria, por lo que se encontraba bajo las órdenes, supervisión y capacitación del I.B.C.F., agrega que las juntas de padres de familia y asociaciones de madres comunitarias eran intermediarias del demandado y que recibía una suma de dinero denominada «beca» como contraprestación a la labor prestada.

En lo que respecta al trámite procesal, debe tenerse en cuenta que la demandante a pesar de encontrarse informada de la renuncia de su apoderado, durante un lapso

denominada «beca» como contraprestación a la labor prestada.

En lo que respecta al trámite procesal, debe tenerse en cuenta que la demandante a pesar de encontrarse informada de la renuncia de su apoderado, durante un lapso aproximado de ocho meses no constituyó un nuevo mandato, dejando a la suerte el proceso presentado y si bien no fue objeto de pronunciamiento por parte del juez de instancia, las únicas pruebas que soportan sus supuestos de hecho son las documentales allegadas con la demanda (fs. 37-39) correspondientes a la solicitud de reclamación por concepto de salarios y prestaciones sociales ante el demandado I.C.B.F., certificaciones en las cuales hace constar que YENY MARÍA AVELLANEDA ORTIZ realizó y aprobó la capacitación como madre comun itaria de la modalidad tradicional, y participó en un diálogo para el mejoramiento de la calidad de la atención en los hogares comunitarios, carné de la Cooperativa de Hogares Bienestar y liquidación de prestaciones sociales sin firma alguna ; pruebas que e n poco o nada logran probar los supuestos fácticos de la demanda.

Así pues, ante la carencia de apoderado judicial para ser representada en el trámite procesal, la no comparecencia a la audiencia junto con los testigos solicitados como medios de prueba, se establece que la demandante no des plegó ninguna actividad probatoria tendiente a demostrar la configuración de la existencia de la relación laboral pretendida, tal y como se observa en el trámite procesal.Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00122-01

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Y es que es preciso señalar que, para predicar la configuración del contrato de trabajo

laboral pretendida, tal y como se observa en el trámite procesal.Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00122-01

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Y es que es preciso señalar que, para predicar la configuración del contrato de trabajo y presumir su existencia, corresponde en principio al trabajador cumplir con la carga probatoria de demostrar la existencia de la prestación personal del servicio; así lo ha precisado en amplia jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia:

“ De ahí que, para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se pres tó bajo un régimen contractual de índole laboral.

Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado quien presta el servicio, que se

Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado quien presta el servicio, que se traduce en un traslado de la carga probatoria. Ello tiene fundamento en el carácter tuitivo o protector de las normas del derecho al trabajo, que le otorgan a quien alega su condición de tr abajador, una ventaja probatoria consistente en probar la simple prestación del servicio a una persona natural o jurídica, para que se presuma esa relación contractual laboral.”1

Pues bien, conforme la jurisprudencia citada y trayendo a colación el principio general de la lógica probatoria expresado en el aforismo "onus probandi incumbit actori" , es claro que la demandante tenía la carga de demostrar la relación laboral con cualquiera de los elementos probatorios que dispone la ley para el efecto, así pues, si bien allegó documentales con la demanda, ellas no son lo suficientemente convincentes para demostrar la prestación personal del servicio para dar aplicación a la presunción legal de que trata el artículo 24 del C.S del T y cumplir con la oblig ación que impone el artículo 167 del C.G. del P., según el cual:

“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”

Pero ello no ocurrió , en razón a la actitud asumida por la demandante y por consiguiente la carencia de medios de prueba que adolece el proceso.

hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”

Pero ello no ocurrió , en razón a la actitud asumida por la demandante y por consiguiente la carencia de medios de prueba que adolece el proceso.

1 Sentencia Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. SL4027 -2017. Rad. 45344. Fecha: 8 de marzo de 2017Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00122-01

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Y tal vacío probatorio se vislumbra en un primer momento, cuando YENY MARÍA AVELLANEDA ORTÍZ a pesar de ser informada sobre la renuncia de su apoderado (f. 72 ), no constituyó un nuevo mandato para continuar con el trámite procesal y concurrir a la audiencia de que trata los artículos 77 y 80 del C.P.T y S.S, celebrada el 15 de octubre del 2019, asumiendo una conducta totalmente pasiva que concluyó en un abandono del proceso. Además, incumplió con la carga de citar a los testigos cuya declaración había sido decretada a su favor.

En efecto, debe tenerse en cuenta que la demandante al no cumplir con la carga probatoria que le correspondía, el juez de primera instancia no disponía de elementos de juicio para generar tal grado de convencimiento, que le fuere suficiente para adoptar una decisión sobre los derechos laborales que reclama en el proceso ,

“…, habida cuenta que es sabido que quien pretende un derecho tiene la carga de alegar y probar los hechos que lo producen, pues «De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está

“…, habida cuenta que es sabido que quien pretende un derecho tiene la carga de alegar y probar los hechos que lo producen, pues «De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado» (Sentencia CSJ SL, 22 abril 2004, rad. 21779).”2

En consecuencia, tras incumplir con la carga probatoria que le correspondía a la demandante para probar sus supuestos de hecho, así como la falta de constitución de un nuevo mandato para ser representada en el proceso, ciertamente deja entrever su falta de interés, que conlleva a la pérdida del litigio.

Conforme a lo anteriormente expuesto, la sentencia será confirmada.

4.- Costas.

No hay lugar a costas por tratarse del grado jurisdiccional de consulta, y ello de conformidad con el artículo 365 del C.G.P., en la medida que no se prese ntó controversia.

D E C I S I Ó N :

En mérito de lo expuesto, LA SALA CUARTA DE DECISIÓN DE LA SALA ÚNICA

2 Sentencia Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. SL11325 -2016.

En mérito de lo expuesto, LA SALA CUARTA DE DECISIÓN DE LA SALA ÚNICA

2 Sentencia Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. SL11325 -2016. Rad. 45089. Fecha: 1 de junio de 2016Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00122-01

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DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E :

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE