TSDJ VIT SU - 15759-31-05-001-2018-00322-01-(05-03-2021)-1

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO

_____________________ Relatoría

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL CON MADRE COMUNITARIA – PRINCIPIO GENERAL DE LA LÓGICA PROBATORIA EXPRESADO EN EL AFORISMO "ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTORI" : L a demandante tenía la carga de demostrar la relación laboral con cualquiera de los elementos probatorios que dispone la ley para el efecto.

Pues bien, conforme la jurisprudencia citada y trayendo a colación el principio general de la lógica probatoria expresado en el aforismo "onus probandi incumbit actori", es claro que la demandante tenía la carga de demostrar la relación laboral con cualquiera de los elementos probatorios que dispone la ley para el efecto, así pues, si bien allegó documentales con la demanda, ellas no son lo sufi cientemente convincentes para demostrar la prestación personal del servicio para dar aplicación a la presunción legal de que trata el artículo 24 del C.S del T y cumplir con la obligación que impone el artículo 167 del C.G. del P. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL CON MADRE COMUNITARIA – AUSENCIA DE ACTIVIDAD PROBATORIA: Ante la no comparecencia a la audiencia junto con los testigos solicitados como medios de prueba y no constituir nuevo mandato tras renuncia de su apoderado.

Así pues, ante la carencia de apoderado judicial para ser representada en el trámite procesal, la no comparecencia a la audiencia junto con los testigos solicitados como medios de prueba, se establece que la demandante no desplegó ninguna actividad probato ria tendiente a demostrar la configuración de la existencia de la relación laboral pretendida, tal y como se observa en el trámite procesal. (…) Y tal vacío

demandante no desplegó ninguna actividad probato ria tendiente a demostrar la configuración de la existencia de la relación laboral pretendida, tal y como se observa en el trámite procesal. (…) Y tal vacío probatorio se vislumbra en un primer momento, cuando MARIA SILDANA MANRIQUE a pesar de ser informada sobre la renuncia de su apoderado, no constituyó un nuevo mandato para continuar con el trámite procesal y concurrir a la audiencia de que trata los artículos 77 y 80 del C.P.T y S.S, celebrada el 15 de octubre del 2019, asumiendo una conducta totalmente pasiva que concluyó en un abandono del proceso. Además, incumplió con la carga de citar a los testigos cuya declaración había sido decretada a su favor.REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO “PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA NACIÓN” Ley 1128 de 2.007

SALA ÚNICA

Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, cinco (05) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

ASUNTO A DECIDIR:

El g rado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 23 de agosto de 2019 proferida dentro del proceso de la referencia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso.

ANTECEDENTES PROCESALES:

I.- La demanda:

MARIA SILDANA MANRIQUE ROMERO, a través de apoderado judicial, el 21 de agosto de 2018, presentó demanda en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-, para que, previo los trámites del proceso ordinario

agosto de 2018, presentó demanda en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-, para que, previo los trámites del proceso ordinario laboral de primera instancia, se declare que entre los citados existía una relación laboral desde el 0 2 de enero de 2005, encontrándose vigente a la fecha, y como consecuencia se condene al demandado al pago de t odos los salarios dejados de percibir durante el vínculo laboral, intereses moratorios a la tasa máxima bancaria por los salarios debidos, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, indemnización por falta de afiliación de la trabajadora a un fondo d e cesantías, subsidio de transporte, indexación del dinero que se llegare a percibir, pago de aportes al fondo de pensiones y al sistema de seguridad social, vacaciones,

CLASE DE PROCESO : ORDINARIO LABORAL RADICACIÓN : 15759-31-05-001-2018-00322-01

DEMANDANTE : MARIA SILDANA MANRIQUE ROMERO

DEMANDADOS : ICBF

MOTIVO

ACTA DE DISCUSIÓN : CONSULTA DE SENTENCIA ACTA NÚM. 026A MAGISTRADO PONENTE : EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDAOrdinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00322-01

2

dotaciones, primas de servicios, indemnización por los daños morales sufridos, condenas ultra y extra petita, agencias en derecho y costas del proceso.

Funda la demanda, en síntesis, en los siguientes hechos:

1.- Asegura la demandante que desde el 0 2 de enero de 2005 ha mantenido un

condenas ultra y extra petita, agencias en derecho y costas del proceso.

Funda la demanda, en síntesis, en los siguientes hechos:

1.- Asegura la demandante que desde el 0 2 de enero de 2005 ha mantenido un vínculo laboral con el ICBF, ejerciendo la labor de madre sustituta de bienestar familiar ubicado en su residencia en el municipio de Sogamoso, percibiendo como contraprestación una suma de dinero denominada beca, para lo cual desarrollaba sus servicios las 24 horas del día los 360 días al año.

2.- Manifiesta que para poder ejercer su labor de madre sustituta el ICBF la capacitaba con el fin de garantizar idoneidad y calidad en la prestación del servicio.

3.- Recibía capacitaciones del ICB F para garantizar la prestación del servicio y supervisaba el hogar donde ejercía su labor en cuanto al cumplimiento de horarios, salubridad, dieta alimentaria, trato a los menores de edad, entre otros.

4.- Para desempeñar su labor, recibía órdenes de los funcionarios del ICBF, operador de zona, las juntas de madres comunitarios y/o juntas de padres de familia.

5.- El demandado ICBF no realizó pago de salarios, aportes a seguridad social, pago de cesantías, subsidio de transporte, vacaciones y demás a qu e tenía derecho en virtud de la relación laboral.

II.- Admisión, traslado y contestación de la demanda.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso, judicatura que, mediante providencia del 20 de septiembre de 2018 dispuso avocar conocimiento de las diligencias, ordenándose: (i) correr traslado al

Sogamoso, judicatura que, mediante providencia del 20 de septiembre de 2018 dispuso avocar conocimiento de las diligencias, ordenándose: (i) correr traslado al representante legal del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR; (ii) notificar personalmente a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, y (iii) requerir a la parte demandada para que aportara sus estatutos.

Corrido el traslado al demandado INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, este se opuso a todas las pretensiones de la demanda al considerar que desconocen la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional, la cual haOrdinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00322-01 3

decantado que entre el I.C.B.F., y las madres comunitarias no existe ningún vínculo de índole laboral. Como excepciones de fondo propuso las que denominó (i) inexistencia de la causa para demandar ; (ii) imposibilidad fáctica y jurídica de reconocer los contrato realidad ; (iii) falta de legitimación por pasiva ; (iv) falta de legitimación en la causa por pasiva; (v) ausencia de vínculo legal y reglamentario con la demandante; (vi) cobro de lo no debido; y las excepciones ecuménicas o de oficio que resulten probadas en el proceso.

La demanda se tuvo por contestada en providencia del 14 de febrero de 2019 (f. 73).

Mediante proveído del 28 de marzo de 2019 (f. 76), el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso aceptó la renuncia al poder presentado por el apoderado

73).

Mediante proveído del 28 de marzo de 2019 (f. 76), el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso aceptó la renuncia al poder presentado por el apoderado judicial de la demandante MARIA SILDANA MANRIQUE ROMERO.

III.- Sentencia consultada.

En audiencia del 23 de agosto de 2019, fracasada la etapa de conciliación, practicadas las pruebas y oídas las alegaciones de las partes, se profirió sentencia a través de la cual (1) Negó las pretensiones de declaratoria de existencia de contrato de trabajo entre demandante y demandada; (2) Absolvió al demandado de todas las pretensiones de la demanda; (3) Condenó en costas a la demandante; y, (4) Dispuso la consulta de la sentencia.

En síntesis, señaló el juzgado que las sentencias SU-224 de 1998, SU-079 de 2018 y el Auto A-217 de 2018, determinaron la inexistencia de contrato de trabajo entre las madres comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, situación que estima suficiente para el decaimiento de la demanda.

Asimismo, precisó que, conforme los Decretos 1050 y 3130 de 1968, la demandante n o logró probar la labor prestada, para determinar la connotación jurídica de trabajador oficial como contrato realidad, advirtiendo que esta tenía la carga de demostrar que prestó personalmente el servicio a favor del ICBF, que este beneficiaba de sus serv icios y como consecuencia recibía una contraprestación, pero ello no ocurrió. En consecuencia, como no se demostró la existencia del contrato de trabajo, las demás pretensiones accesorias deben correr con la misma

beneficiaba de sus serv icios y como consecuencia recibía una contraprestación, pero ello no ocurrió. En consecuencia, como no se demostró la existencia del contrato de trabajo, las demás pretensiones accesorias deben correr con la misma suerte.Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00322-01 4

IV Alegaciones en segunda instancia

Corrido el traslado propio del Decreto 806 de 2020 para que las parte alegaran, estas guardaron silencio.

LA SALA CONSIDERA:

1-. Presupuestos Procesales:

Revisada la actuación, concurren en la misma los llamados presupuestos procesales, y como, además, no se vislumbra nulidad que deba ser puesta en conocimiento de las partes para su saneamiento o declarada de oficio, la sentencia será de fondo o mérito.

2.- Problemas jurídicos.

Como la Sala debe conocer del grado jurisdiccional de consulta en los términos del artículo 69 del C. P. T. y S. S., por ser la sentencia totalmente adversa a la trabajadora, no se tienen otras limitaciones que las propias de la demanda, su contestación y el respeto por los derechos mínimos del trabajador.

Así, pues, debe ser verificado si entre la demandante y el demandado INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR existió el contrato de trabajo que se reclama, sus extremos temporales, y las prestaciones e indemnizaciones a que pueda tener derecho.

3.- Sobre la existencia del contrato de trabajo.

De acuerdo con el artículo 22 del C. S. T., “El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona

pueda tener derecho.

3.- Sobre la existencia del contrato de trabajo.

De acuerdo con el artículo 22 del C. S. T., “El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración”, y, aunque surgen de la referida definición, para mayor precisión, sus elementos esenciales están consagrados de manera expresa en el artículo 23 ibídem, a saber, la prestación personal del servicio del tra bajador, la continuada dependencia o subordinación y el salario, una vez reunidos los cuales, se entiende que el contrato es de trabajado así se le dé una denominación distinta, además que, el artículo 24 siguiente establece la presunción de que toda relac iónOrdinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00322-01 5

de trabajo está regida por un contrato de trabajo, con lo cual, al trabajador le basta probar la relación de trabajo y al demandado, para controvertir la existencia de ese contrato, demostrar que la relación es de diversa índole.

Para el caso, MARIA S ILDANA MANRIQUE ROMERO señala como sustento fáctico de la demanda, la existencia de un vínculo laboral con el demandado INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, al prestar sus servicios como madre comunitaria, refiriendo que la labor desempeñada se encontraba bajo las órdenes, supervisión y capacitación del I.B.C.F., aunado a que las juntas de padres de familia y asociaciones de madres comunitarias eran intermediarias del demandado y que recibía una suma de dinero denominada «beca» como contraprestación a la labor prestada.

padres de familia y asociaciones de madres comunitarias eran intermediarias del demandado y que recibía una suma de dinero denominada «beca» como contraprestación a la labor prestada.

En lo que respecta al trámite procesal, debe tenerse en cuenta que la demandante a pesar de encontrarse informada de la renuncia de su apoderado, durante un lapso aproximado de cinco meses, no constituyó un nuevo mandato, dejando a la suerte el proceso presentado, y si bien no fue objeto de pronunciamiento por parte del juez de instancia, las únicas pruebas que soportan sus supuestos de hecho son las documentales allegadas con la demanda, correspondientes a la solicitud de reclamación por concepto de salarios y prestaciones sociales ante el demandado I.C.B.F, certificaciones en las cuales hace constar que MARIA SILDANA MANRIQUE hizo parte del programa de hogares sustitutos desde el 2 de enero de 2005, así como las diferentes actas de vi sita y verificación de estándares de hogares sustitutos y liquidación de prestaciones sociales sin firma alguna; pruebas que en poco o nada logran probar los supuestos fácticos de la demanda.

Así pues, ante la carencia de apoderado judicial para ser representada en el trámite procesal, la no comparecencia a la audiencia junto con los testigos solicitados como medios de prueba, se establece que la demandante no desplegó ninguna actividad probatoria tendiente a demostrar la configuración de la existenci a de la relación laboral pretendida, tal y como se observa en el trámite procesal.

Y es que es preciso señalar que, para predicar la configuración del contrato de trabajo y presumir su existencia, corresponde en principio al trabajador cumplir con la carga probatoria de demostrar la existencia de la prestación personal del servicio;

Y es que es preciso señalar que, para predicar la configuración del contrato de trabajo y presumir su existencia, corresponde en principio al trabajador cumplir con la carga probatoria de demostrar la existencia de la prestación personal del servicio; así lo ha precisado en amplia jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia:Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00322-01 6

“ De ahí que, para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, d ebe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en e ste evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral.

Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de tr abajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado quien presta el servicio, que se traduce en un traslado de la carga probatoria. Ello tiene fundamento en

personal, para que se presuma el contrato de tr abajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado quien presta el servicio, que se traduce en un traslado de la carga probatoria. Ello tiene fundamento en el carácter tuitivo o protector de las norma s del derecho al trabajo, que le otorgan a quien alega su condición de trabajador, una ventaja probatoria consistente en probar la simple prestación del servicio a una persona natural o jurídica, para que se presuma esa relación contractual laboral.”1

Pues bien, conforme la jurisprudencia citada y trayendo a colación el principio general de la lógica probatoria expresado en el aforismo "onus probandi incumbit actori", es claro que la demandante tenía la carga de demostrar la relación laboral con cualquiera de los elementos probatorios que dispone la ley para el efecto , así pues, si bien allegó documentales con la demanda, ellas no son lo suficientemente convincentes para demostrar la prestación personal del servicio para dar aplicación a la presunción lega l de que trata el artículo 24 del C.S del T y cumplir con la obligación que impone el artículo 167 del C.G. del P., según el cual:

“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”

Pero ello no ocurrió, en razón a la actitud asumida por la demandante y por consiguiente la carencia de medios de prueba que adolece el proceso.

Y tal vacío probatorio se vislumbra en un primer momento, cuando MARIA SILDANA MANRIQUE a pesar de ser informada sobre la renuncia de su apoderado,

consiguiente la carencia de medios de prueba que adolece el proceso.

Y tal vacío probatorio se vislumbra en un primer momento, cuando MARIA SILDANA MANRIQUE a pesar de ser informada sobre la renuncia de su apoderado, no constituyó un nuevo mandato para continuar con el trámite procesal y concurrir a la audiencia de que trata los artículos 77 y 80 del C.P.T y S.S, celebrada el 15 de octubre del 2019, asumiendo una conducta totalmente pasiva que concluyó en un

1 Sentencia Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. SL4027-2017. Rad.

45344. Fecha: 8 de marzo de 2017Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00322-01

7

abandono del proceso. Además, incumplió con la carga de citar a los testigos cuya declaración había sido decretada a su favor.

En efecto, debe tenerse en cuenta que la demandante al no cum plir con la carga probatoria que le correspondía, el juez de primera instancia no disponía de elementos de juicio para generar tal grado de convencimiento, que le fuere suficiente para adoptar una decisión sobre los derechos laborales que reclama en el proceso,

“(…) habida cuenta que es sabido que quien pretende un derecho tiene la carga de alegar y probar los hechos que lo producen, pues «De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda,

principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado» (Sentencia CSJ SL, 22 abril 2004, rad. 21779).”2

En consecuencia, tras incumplir con la carga probatoria que le correspondía a la demandante para probar sus supuestos de hecho, así como la falta de constitución de un nuevo mandato para ser representada en el proceso, ciertamente deja entrever su falta de interés, que conlleva a la pérdida del litigio.

Conforme a lo anteriormente expuesto, la sentencia será confirmada.

4.- Costas.

No hay lugar a costas por tratarse del grado jurisdiccional de consulta, y ello de conformidad con el artículo 365 del C.G.P., en la medida que no se presentó controversia.

D E C I S I Ó N :

En mérito de lo expuesto, LA SALA CUARTA DE DECISIÓN DE LA SALA ÚNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ, administrando justicia en nombre de la República de

2 Sentencia Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. SL11325-2016. Rad.

VITERBO, BOYACÁ, administrando justicia en nombre de la República de

2 Sentencia Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. SL11325-2016. Rad.

45089. Fecha: 1 de junio de 2016Ordinario Laboral 15759-31-05-001-2018-00322-01

8

Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E :

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE