TSDJ VIT SU - 15759-31-05-001-2023-00066-01-(30-07-2024)

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO

_____________________ Relatoría

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO EJECUTIVO LABORAL – REGLAS PARA SU PROCEDENCIA: El Juez debe valorar en cada caso concreto las circunstancias particulares para decidir si es procedente su imposición y si tiene algún efecto práctico con el fin de garantizar el cumplimiento del fallo en el evento de que el demandado fuese condenado.

El decreto de medidas cautelares se encuentra expresamente regulado en el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, disposición que tiene como finalidad el que no se hagan ilusorias las resultas del proceso ordinario y se impone cuando se está frente a cualquiera de los tres eventos que cita la norma: (i) que se estén efectuando actos tendientes a insolventarse, (ii) que se adelanten acciones con el objeto de impedir la efectividad de la sentencia y (iii) que la demandada se encuentre en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Desde luego, que se requiere de una carga probatoria que evidencie suficientemente la eventual ocurrencia de los citados eventos o que se advierta que la situación financiera del demandado resulta insostenible y que, es altamente probable que no pueda cump lirse una eventual condena. No puede quedar la medida cautelar apoyada en meras especulaciones o posibilidades, pues está encaminada a que, con base en hechos concretos, se pueda verificar que en el caso particular, efectivamente, esas dificultades o esas actuaciones de insolvencia están teniendo ocurrencia o es altamente probable que se puedan presentar.

a que, con base en hechos concretos, se pueda verificar que en el caso particular, efectivamente, esas dificultades o esas actuaciones de insolvencia están teniendo ocurrencia o es altamente probable que se puedan presentar. La norma citada le otorga al juez la facultad o potestad de imponer la caución, debiendo valorar en cada caso concreto las circunstancias particulares para decidir si es procedente su imposición y si tiene algún efecto práctico con el fin de garantizar el cumplimiento del fallo en el evento de que el demandado fuese condenado.

PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA LIQUIDAR EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD - PRESERVACIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE ACREEDORES, QUE SE RIGE BAJO EL PRINCIPIO PAR CONDITIO CREDITORUM: La deudora intervenida, a partir de la providencia administrativa de toma de posesión, quede impedida legalmente para cumplir con el pago de las acreencias a su cargo, pues la satisfacción de estas solo será posible en la medida en que se agoten los trámites procedimentales que la ley ordena para el proceso de liquidación forzosa administrativa, los cuales no dependen de la voluntad de la intervenida sino del funcionario liquidador designado para el efecto, quien a partir de la toma de posesión asume la calidad de administrador de los bienes de la sociedad, y a su vez está obligado a cumplir su gestión dentro de los límites legales.

El proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar tiene su fundamento en el parágrafo 2° del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, en el que se consagró que, la Superintendencia Nacional de Salud se regirá por el mismo procedimiento administrativo que la Superintendencia Bancaria, hoy, Superintendencia Financiera

artículo 233 de la Ley 100 de 1993, en el que se consagró que, la Superintendencia Nacional de Salud se regirá por el mismo procedimiento administrativo que la Superintendencia Bancaria, hoy, Superintendencia Financiera de Colombia. De otro lado, el inciso 5° del artículo 68 de la Ley 715 de 2001 dispuso, con relación a los procesos de intervención forzosa administrativa (…) De acuerdo con lo anterior, la intervención forzosa administrativa para liquidar se regirá por los artículos 116, 117, y, 290 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, reglamentados por el Decreto 780 de 2016 y el Decreto 2555 de 2010. Así, la Parte XI del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece el procedimiento especial administrativo para la toma de posesión y liquidación de las entidades sujetas a supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud. En este orden, el numeral 1° del artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, relativo a la naturaleza y objeto de la intervención forzosa administrativa para liquidar, prevé que el proceso de liquidación forzosa administrativa es un proceso concursal y universal, que tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad, hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores; sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos. A su vez, el numeral 2° del artículo 293 ibidem, señala que, los liquidadores se regirán por las disposiciones especiales del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y, luego,

preferencia a determinada clase de créditos. A su vez, el numeral 2° del artículo 293 ibidem, señala que, los liquidadores se regirán por las disposiciones especiales del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y, luego, por las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como los principios de los procedimientos administrativos. (…) De otra parte, el artículo 295 del Decreto Ley 663 de 1993, relativo al régimen aplicable al Liquidador, contempla que el Liquidador designado por la Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones públicas administrativas transitorias, sin perjuicio d e la aplicabilidad de las reglas de derecho privado a los actos de gestión que deba ejecutar este durante la liquidación. Cabe resaltar que la preservación de la igualdad entre acreedores, que se rige bajo el principio “par conditio creditorum”, conlleva que la deudora intervenida, a partir de la providencia administrativa de toma de posesión, quede impedida legalmente para cumplir con el pago de las acreencias a su cargo, pues la satisfacción de estas solo será posible en la medida en que se agoten los trámites procedimentales que la ley ordena para el proceso de liquidación forzosa administrativa, los cuales no dependen de l a voluntad de la intervenida sino del funcionario liquidador designado para el efecto, quien a partir de la toma de posesión asume la calidad de administrador de los bienes de la sociedad, y a su vez está obligado a cumplir su gestión dentro de los límites legales.TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO

_____________________ Relatoría

2

POSIBILIDAD DE LIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA SOBRE EPS – TOMA DE POSESIÓN : Implica la

SANTA ROSA DE VITERBO

_____________________ Relatoría

2 POSIBILIDAD DE LIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA SOBRE EPS – TOMA DE POSESIÓN : Implica la inmediata guarda de los bienes de la intervenida, la congelación de cualquier activo y a cualquier título en instituciones financieras, la separación de sus administradores y su reemplazo por agente interventor designado por la autoridad de vigil ancia y control, de modo que los accionistas o socios ya no pueden disponer de los activos de la compañía y los pasivos quedan en suspenso hasta el pago condicionado a la firmeza de la resolución de reconocimiento de créditos y la disponibilidad de recurso s. / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO EJECUTIVO LABORAL SOBRE EPS INTERVENIDAD - NO SE ENCUENTRA VIABLE LA IMPOSICIÓN DE CAUCIÓN A LA DEMANDADA : Su pago afecta la universalidad del bienes, haberes y negocios de la EPS, en la medida que supone privilegiar un crédito contingente sobre el derecho de otros acreedores de igual o mejor derecho, lo que rompe el equilibrio entre ellos y afecta la finalidad del trámite de intervención administrativa, esto es, la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la entidad hasta la concurrencia de sus activos. / IMPROCEDENCIA DE CAUCIÓN POR MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO EJECUTIVO LABORAL SOBRE EPS INTERVENIDADEXISTENCIA DE PÓLIZA DE SEGURO : Como garantía del pago de salarios y prestaciones sociales reclamadas en el juicio laboral.

De conformidad con la Resolución No. 2024160000003012 -6 del 03 de abril de 2024, expedida por la

reclamadas en el juicio laboral.

De conformidad con la Resolución No. 2024160000003012 -6 del 03 de abril de 2024, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, se ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a NUEVA EPS. La toma de posesión de la NUEVA EPS por el periodo de un año, tuvo lugar en atención a hechos que evidenciaron el estado de la situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de los usuarios, con el fin de salvamento de la entidad, para de ser posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o de establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación, esta intervención administrativa tiene la finalidad de devolver de manera ordenada Es claro que la toma de posesión por parte de la Superintendencia Nacional de Salud implica la inmediata guarda de los bienes de la intervenida, la congelación de cualquier activo y a cualquier título en instituciones financieras, la separación de sus administradores y su reemplazo por agente interventor designado por la autoridad de vigilancia y control, de modo que los accionistas o socios ya no pueden disponer de los activos de la compañía y los pasivos quedan en suspenso hasta el pago condicionado a la firmeza de la resolución de reconocimiento de créditos y la disponibilidad de recursos. Pues bien, aunque en el presente asunto la medida administrativa se adoptó, entre otras razones, por el elevado nivel de endeudamiento de la entidad se deterioran las condiciones financieras y de solvencia y reduce las posibilidades de proveer un aseguramiento eficiente en salud, ello pone en evidencia las dificultades financieras de la EPS demandada, pero

entidad se deterioran las condiciones financieras y de solvencia y reduce las posibilidades de proveer un aseguramiento eficiente en salud, ello pone en evidencia las dificultades financieras de la EPS demandada, pero no es ello prueba de que se encuentre en graves y serias dificultades para cumplimiento oportuno de sus obligaciones, puesto que, el hecho de que se encu entre intervenida es una garantía de que se adelanten todas las acciones correspondientes a fin de, si es posible, colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o definir si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para los afiliados y sus acreedores. Ahora bien, aún en el hipotético caso de que terminada la toma de posesión se decida que la entidad debe entrar en proceso de liquidación forzosa, también sería una garantía para los acreedores actuales y contingentes, quienes, en virtud del inicio del pro ceso de liquidación, se encuentran en igual de condiciones frente a la prenda general de acreedores, en la medida que el trámite concursal está encaminado a la formación de la masa de bienes para el pago de las obligaciones, lo cual no depende de la volunt ad de la persona jurídica, sino del estricto procedimiento de graduación y calificación de crédito, con observancia de la prelación créditos señalada en los artículos 2492 a 2511 del Código Civil, en el que los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo gozan de especial protección al estar ubicados dentro de los créditos de primera clase, según lo previsto por el numeral 4, artículo 2495, modificado por el artículo 1 de la Ley 165 de 1941. Por lo anterior, no se encuentra viable la imposición de caución a la demandada, puesto que su pago afecta la universalidad del bienes, haberes y negocios de la EPS, en la medida que supone privilegiar un

la Ley 165 de 1941. Por lo anterior, no se encuentra viable la imposición de caución a la demandada, puesto que su pago afecta la universalidad del bienes, haberes y negocios de la EPS, en la medida que supone privilegiar un crédito contingente sobre el derecho de otros acree dores de igual o mejor derecho, lo que rompe el equilibrio entre ellos y afecta la finalidad del trámite de intervención administrativa, esto es, “la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la entidad hasta la concurrencia de sus activos”. (art. 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto Ley 663 de 1993). Adicional a lo expuesto, más allá de la afirmación del demandante en el sentido de que la EPS demandada se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones que conllevaron la intervención forzosa, no obra en el proceso prueba alguna que revele que los activos de la entidad son inferiores a su pasivo laboral, lo que impide ponderar si el eventual crédito de la demandante se encuentra en grave riesgo de pago, sin que ello se pueda suponer de los motivos que dieron lu gar al inicio del trámite toma de posesión, en la medida que las acreencias laborales, como la reclamada, gozan del privilegio de primera clase, de modo que su pago prevalece sobre todos los demás créditos (art. 157 del C.S.T.), incluso sobre obligaciones fiscales. Para abundar en razones, téngase además en cuenta que la demandada NUEVA EPS llamó en garantía a la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. SURA, por lo que se advierte que existe la Póliza de seguro número 2792088téngase además en cuenta que la demandada NUEVA EPS llamó en garantía a la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. SURA, por lo que se advierte que existe la Póliza de seguro número 27920882 de fecha 21 de enero de 2021 co mo garantía del pago de salarios y prestaciones sociales reclamadas en el juicio laboral, es decir, que ampara el incumplimiento de obligaciones de carácter laboral a cargo del demandado

GRUPO FONTANA IPS S.A.S.REPÚBLICA DE COLOMBIA

Departamento de Boyacá

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE SANTA ROSA DE VITERBO

“Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación” Ley 1128 de 2007

SALA ÚNICA

Santa Rosa de Viterbo, treinta (30) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

ASUNTO A DECIDIR:

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra auto del 22 de mayo de 202 4, proferido dentro del proceso de la referencia por el JUZGADO

PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO.

I. ANTECEDENTES PROCESALES:

1.- Ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso se adelant a proceso ordinario laboral de FLOR MORELY VARGAS LÓPEZ en contra de GRUPO FONTANA IPS S.A.S y NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. – NUEVA EPS.

2.- En curso el trámite del proceso, el apoderado de la demandante presentó solicitud

FONTANA IPS S.A.S y NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. – NUEVA

EPS.

2.- En curso el trámite del proceso, el apoderado de la demandante presentó solicitud de medida cautelar de que trata el artículo 85 A de CPL a fin de que se le imponga caución a NUEVA EPS para garantizar las resultas del proceso , con fundamento en que, mediante Resolución No. 2024160000003012-6 de 03 de marzo de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de bienes,

CLASE DE PROCESO : ORDINARIO LABORAL RADICACIÓN : 15759-31-05-001-2023-00066-01

DEMANDANTE : FLOR MORELY VARGAS LÓPEZ

DEMANDADOS : GRUPO FONTANA IPS SAS Y OTRO

MOTIVO : APELACIÓN DE AUTO

ORIGEN : JUZGADO 1° LABORAL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO

DECISIÓN : REVOCA

ACTA DE DISCUSIÓN : ACTA NÚM. 099

MAGISTRADO PONENTE : EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDAProceso Laboral núm. 15759-31-05-001-2023-00066-01

2

haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a NUEVA EPS.

3.- El Juzgado, mediante auto del 22 de mayo de 2024, decretó como medida cautelar la caución del 30% de las pretensiones actuales, es decir, la suma de $11’806.509, la que debe prestar la parte demandada NUEVA EPS, considerando que del contenido de la resolución mediante la cual se ordenó la toma de posesión de la entidad de salud

la caución del 30% de las pretensiones actuales, es decir, la suma de $11’806.509, la que debe prestar la parte demandada NUEVA EPS, considerando que del contenido de la resolución mediante la cual se ordenó la toma de posesión de la entidad de salud demandada, se puede establecer que NUEVA EPS se encuentra en graves y serias dificultades financieras ya que, para noviembre de 2023 tiene deudas que ascienden a la suma de $1’194.629’869.529 y además que, hay una relación de procesos que actualmente cursan en ese despacho dirigidos contra NUEVA EPS, lo que demuestra es que efectivamente se encuentra en graves y serias dificultades para que en caso que exista una sentencia en su contra pueda atender efectivamente las condenas.

4.- Contra la anterior decisión, el abogado de la demandada NUEVA EPS interpuso recurso apelación, el cual sustenta , indicando que la resolución mediante la cual se ordena la intervención forzosa de dicha entidad , señala que no se pueden decretar medidas en su contra con las que se haga más gravosa su situación. Que, además la NUEVA EPS está llamada como solidaria y teniendo en cuenta el cargo que ostenta la parte demandante que no tiene nada que ver con la prestación de salud no se debería decretar la medida, pues, así las cosas, no existe una prueba siquiera sumaria de que pueda llegar a ser condenada NUEVA EPS . De otra parte, los recursos son girados a través de la ADRES, por lo que , los pagos están asegurados por la administradora, lo que quiere decir que, dado el caso, si resultara condenada la NUEVA EPS se tendrían los dineros suficientes para respaldar todas las sentencias en su contra.

administradora, lo que quiere decir que, dado el caso, si resultara condenada la NUEVA EPS se tendrían los dineros suficientes para respaldar todas las sentencias en su contra.

7.- Mediante auto del 22 de mayo de 2024 , el juzgado de instancia, concede en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto.

II.- ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.

Corrido el traslado propio de la Ley 2213 de 2022, para que las partes alegaran en esta instancia, guardaron silencio.Proceso Laboral núm. 15759-31-05-001-2023-00066-01

3

LA SALA CONSIDERA

1.- Del problema jurídico:

Corresponde a la Sala determinar si es viable aplicar la medida cautelar del artículo 85A del C.P.T. a la demandada NUEVA EPS, bajo el argumento de que se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones por estar inmersa en un proceso administrativo de toma de posesión e intervención forzosa.

2.- De la medida cautelar de caución en materia laboral

El decreto de medidas cautelares se encuentra expresamente regulado en el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, disposición que tiene como finalidad el que no se hagan ilusorias las resultas del proceso ordinario y se impone cuando se está frente a cualquiera de los tres eventos que cita la norma: (i) que se estén efectuando actos tendientes a insolventarse, (ii) que se adelanten acciones con el objeto de impedir la efectividad de la sentencia y (iii) que la demandada se enc uentre en graves y serias dificultades para el cumplimiento

(i) que se estén efectuando actos tendientes a insolventarse, (ii) que se adelanten acciones con el objeto de impedir la efectividad de la sentencia y (iii) que la demandada se enc uentre en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.

Desde luego, que se requiere de una carga probatoria que evidencie suficientemente la eventual ocurrencia de los citados eventos o que se advierta que la situación financiera del demandado resulta insostenible y que, es altamente probable que no pueda cumplirse una eventual condena. No puede quedar la medida cautelar apoyada en meras especulaciones o posibilidades, pues está encaminada a que, con base en hechos concretos, se pueda verificar que en el caso particular, efectivamente, esas dificultades o esas actuaciones de insolvencia están teniendo ocurrencia o es altamente probable que se puedan presentar.

La norma citada le otorga al juez la facultad o potestad de imponer la caución, debiendo valorar en cada caso concreto las circunstancias particulares para decidir si es procedente su imposición y si tiene algún efecto práctico con el fin de garantizar el cumplimiento del fallo en el evento de que el demandado fuese condenado.Proceso Laboral núm. 15759-31-05-001-2023-00066-01

4

3.- Del proceso de liquidación forzosa administrativa para liquidar Empresas Promotoras de Salud

El proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar tiene su fundamento en el parágrafo 2° del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, en el que se consagró que, la Superintendencia Nacional de Salud se regirá por el mismo procedimiento

El proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar tiene su fundamento en el parágrafo 2° del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, en el que se consagró que, la Superintendencia Nacional de Salud se regirá por el mismo procedimiento administrativo que la Superintendencia Bancaria, hoy, Superintendencia Financiera de Colombia. De otro lado, el inciso 5° del artículo 68 de la Ley 715 de 2001 dispuso, con relación a los procesos de intervención forzosa administrativa, que:

“La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de la ley y los reglamentos.”, lo cual se reiteró en el artículo 124 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 124 de la Ley 1438 de 2011, que señaló como función especial de la Superintendencia de Salud, “adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplen funciones de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud. (…)”

De acuerdo con lo anterior, la intervención forzosa administrativa para liquidar se regirá por los artículos 116, 117, y, 290 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema

y administrativamente las direcciones territoriales de salud. (…)”

De acuerdo con lo anterior, la intervención forzosa administrativa para liquidar se regirá por los artículos 116, 117, y, 290 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, reglamentados por el Decreto 780 de 2016 y el Decreto 2555 de 2010. Así, la Parte XI del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece el procedimiento especial administrativo para la toma de posesión y liquidación de las entidades sujetas a supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud.

En este orden, el numeral 1° del artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, relativo a la naturaleza y objeto de la intervención forzosa administrativa para liquidar, prevé que el proceso de liquidación forzosa administrativa es un proceso concursal y universal, que tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad, hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores; sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos.

A su vez, el numeral 2° del artículo 293 ibidem, señala que, los liquidadores se regirán por las disposiciones especiales del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y,Proceso Laboral núm. 15759-31-05-001-2023-00066-01

5

luego, por las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como los principios de los procedimientos administrativos. Por otro lado, distingue que:

5

luego, por las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como los principios de los procedimientos administrativos. Por otro lado, distingue que:

“la realización de activos y de los demás actos de gestión se regirán por las normas del derecho privado aplicables por la naturaleza del asunto”. Igualmente, el artículo 294 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se refiere a la competencia de los liquidadores, de la siguiente manera: “De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 35 de 1993, a partir de la vigencia de dicha Ley es competencia de los liquidadores adelantar bajo su inmediata dirección y responsabilidad los procesos de liquidación forzosa administrativa de enti dades vigiladas por la Superintendencia Bancaria”.

De otra parte, el artículo 295 del Decreto Ley 663 de 1993, relativo al régimen aplicable al Liquidador, contempla que el Liquidador designado por la Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones públicas administrativas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad de las reglas de derecho privado a los actos de gestión que deba ejecutar este durante la liquidación.

Cabe resaltar que la preservación de la igualdad entre acreedores, que se rige bajo el principio “par conditio creditorum”, conlleva que la deudora intervenida, a partir de la providencia administrativa de toma de posesión, quede impedida legalmente para cumplir con el pago de las acreencias a su cargo, pues la satisfacción de estas solo será posible en la medida en que se agot en los trámites procedimentales que la ley ordena para el proceso de liquidación forzosa administrativa, los cuales no dependen

cumplir con el pago de las acreencias a su cargo, pues la satisfacción de estas solo será posible en la medida en que se agot en los trámites procedimentales que la ley ordena para el proceso de liquidación forzosa administrativa, los cuales no dependen de la voluntad de la intervenida sino del funcionario liquidador designado para el efecto, quien a partir de la toma de posesión asume la calidad de administrador de los bienes de la sociedad, y a su vez está obligado a cumplir su gestión dentro de los límites legales.

4.- Caso en concreto

De conformidad con la Resolución No. 2024160000003012-6 del 03 de abril de 2024, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, se ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a NUEVA EPS.

La toma de posesión de la NUEVA EPS por el periodo de un año, tuvo lugar en atención a hechos que evidenciaron el estado de la situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de losProceso Laboral núm. 15759-31-05-001-2023-00066-01

6

usuarios, con el fin de salvamento de la entidad, para de ser posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o de establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación , esta intervención administrativa tiene la finalidad de devolver de manera ordenada

Es claro que la toma de posesión por parte de la Superintendencia Nacional de Salud implica la inmediata guarda de los bienes de la intervenida, la congelación de cualquier activo y a cualquier título en instituciones financieras, la separación de sus

Es claro que la toma de posesión por parte de la Superintendencia Nacional de Salud implica la inmediata guarda de los bienes de la intervenida, la congelación de cualquier activo y a cualquier título en instituciones financieras, la separación de sus administradores y su reemplazo por agente interventor designado por la autoridad de vigilancia y control, de modo que los accionistas o socios ya no pueden disponer de los activos de la compañía y los pasivos quedan en suspenso hasta el pago condicionado a la f irmeza de la resolución de reconocimiento de créditos y la disponibilidad de recursos.

Pues bien, aunque en el presente asunto la medida administrativa se adoptó, entre otras razones, por el elevado nivel de endeudamiento de la entidad se deterioran las condiciones financieras y de solvencia y reduce las posibilidades de proveer un aseguramiento eficiente en salud, ello pone en evidencia las dificultades financieras de la EPS demandada, pero no es ello prueba de que se encuentre en graves y serias dificultades para cumplimiento oportuno de sus obligaciones, puesto que, el hecho de que se encuentre intervenida es una garantía de que se adelanten todas las acciones correspondientes a fin de, si es posible, colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o definir si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para los afiliados y sus acreedores.

Ahora bien, aún en el hipotético caso de que terminada la toma de posesión se decida que la entidad debe entrar en proceso de liquidación forzosa, también sería una garantía para los acreedores actuales y contingentes, quienes, en virtud del inicio del proceso de liquidación, se encuentran en igual de condiciones frente a la prenda general de acreedores, en la medida que el trámite concursal está encaminado a la

garantía para los acreedores actuales y contingentes, quienes, en virtud del inicio del proceso de liquidación, se encuentran en igual de condiciones frente a la prenda general de acreedores, en la medida que el trámite concursal está encaminado a la formación de la masa de bienes para el pago de las obligaciones, lo cual no depende de la voluntad de la persona jurídica, sino del estric