TSDJ VIT SU - 1575931840012024-00091-01-(30-05-2024)

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO

_____________________ Relatoría

INCIDENTE DE DESACATO – CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO: Con el propósito de que el juez de tutela no presuma la responsabilidad por el mero incumplimiento del fallo, sino que se encuentra compelido a indagar cuales fueron los elementos que dieron origen a la inobservancia, para que con ello el juzgador pueda determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado, cuál debe ser la sanción adecuada, proporcionada y razonable acorde con los hechos acaecidos.

De lo anterior se colige que la imposición de la correspondiente sanción no puede ser arbitraria, sino que por el contrario debe estar precedida de un trámite incidental con las garantías del debido proceso, de ahí que resulte de vital importancia que el juez que conozca del desacato deberá adelantar un procedimiento en el que se “(i) comunique al incumplido sobre la iniciación del incidente de desacato, con el fin de darle la oportunidad para que informe la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa. En dicho informe el responsable podrá alegar dificultad grave para cumplir la orden, pero solo en el evento en que esta sea de imposible cumplimiento, lo cual debe demostrar por cualquier medio probatorio; (ii) practiquen las pruebas que se le soliciten al juez de conocimiento, al igual que aquellas considere conducentes y pertinentes para adoptar la decisión; (iii) notifique la providencia que resuelva; y, en caso de que haya lugar a ello, (iv) remita el expediente en consulta ante

soliciten al juez de conocimiento, al igual que aquellas considere conducentes y pertinentes para adoptar la decisión; (iii) notifique la providencia que resuelva; y, en caso de que haya lugar a ello, (iv) remita el expediente en consulta ante el superior”. Ello con el propósito de que el juez de tutela no presuma la responsabilidad por el mero incumplimiento del fallo, sino que se encuentra compelido a indagar cuales fueron los elementos que dieron origen a la inobservancia, para que con ello el juzgador pueda determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado, cuál debe ser la sanción adecuada, proporcionada y razonable acorde con los hechos acaecidos. No obstante lo anterior, debe agregarse que la exigencia de responsabilidad subjetiva para la declaratoria del desacato significa, del mismo modo, que el juez constitucional deberá abstenerse de imponer la sanción cuando se demuestre que la obligación derivada de la orden de tutela no ha sido determinada o que a la autoridad responsable no se le ha dado la oportunidad de cumplirla, a pesar de actuar de buena fe. Corte Constitucional, Sentencia T-123/10 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA ; sentencia C -533 de 1993 ; Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil ; Auto de 14 de septiembre de 2009, exp. 2009 -01417-00; Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil. Auto de 18 de noviembre de 2010, exp. No. 51.390.

INCIDENTE DE DESACATO POR INCUMPLIMIENTO DE AMP ARO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS – REVOCATORIA DE SANCIÓN ANTE ENTREGA DEL MEDICAMENTO FALTANTE ORDENADO EN FAVOR DE LA

INCIDENTE DE DESACATO POR INCUMPLIMIENTO DE AMP ARO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS – REVOCATORIA DE SANCIÓN ANTE ENTREGA DEL MEDICAMENTO FALTANTE ORDENADO EN FAVOR DE LA ACCIONANTE: No existe prueba de la negligencia o dolo en el actuar de los incidentados, y que por el contrario se comprobó el acatamiento del fallo.

Así las cosas, no puede predicarse de los funcionarios sancionados, un comportamiento doloso o negligente a la hora de cumplir la orden impartida en el fallo de tutela, por cuanto, como se acreditó en el plenario, ya realizaron todas las gestiones necesarias para hace r efectivo el cumplimiento de la orden, tendiente a la entrega del medicamento requerido. En ese sentido, téngase en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha identificado que el incumplimiento de una orden judicial no se circunscribe a una comprobación eminentemente objetiva, por el contrario, la sanción por desacato debe ser corroborada a través de las actuaciones surtidas por el presunto incumplidor con el fin de satisfacer lo resuelto en la respectiva decisión judicial, es decir, debe constatarse que el no acatamiento del fallo de tutela hace parte de una actuación dolosa o negligente, situación que corresponde a un análisis subjetivo, sin que en este asunto se observe esa actuación a la hora de cumplir el fallo. Así las cosas, atendiendo a que no existe prueba de la negligencia o dolo en el actuar de los incidentados, y que por el contrario se comprobó el acatamiento del fallo, no hay razón que justifique en esas circunstancias confirmar la sanción impuesta, por t anto, dadas las actuaciones efectuadas por la Nueva EPS con posterioridad a la emisión de la sanción proferida en primera instancia, resulta

no hay razón que justifique en esas circunstancias confirmar la sanción impuesta, por t anto, dadas las actuaciones efectuadas por la Nueva EPS con posterioridad a la emisión de la sanción proferida en primera instancia, resulta procedente revocar de manera íntegra la decisión consultada, para en su lugar, abstenerse de imponer sanción por desacato a la Gerente Zonal Boyacá de la NUEVA EPS, Dra. MARIAM LILIANA CARRILLO PEÑA, así como al Interventor de la entidad, Dr. JULIO ALBERTO RINCÓN RAMIREZ.Radicación No. 1575931840012024-00091-01

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SANTA ROSA DE VITERBO

“PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA NACIÓN” Ley 1128 de 2007

SALA ÚNICA

RADICACIÓN: 1575931840012024-00091-01

PROCESO: CONSULTA INCIDENTE DESACATO

INCIDENTANTE: DIANA ISABEL VASQUEZ RODRIGUEZ

INCIDENTADOS: NUEVA EPS Y DISCOLMEDICAS S.A.S.

DECISIÓN: REVOCA

APROBADO: Acta No. 067

JUZGADO DE ORIGEN: PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO MAGISTRADO PONENTE: DRA. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA Sala 3ª de Decisión

Santa Rosa de Viterbo, treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

I.- ASUNTO

Sala 3ª de Decisión

Santa Rosa de Viterbo, treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

I.- ASUNTO

Decide la Sala la Consulta de la sanción impuesta por el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO, dentro del trámite del incidente de desacato de la acción de tutela interpuesta por la señora DIANA ISABEL VASQUEZ RODRIGUEZ en contra de la NUEVA EPS y DISCOLMEDICAS S.A.S, por el incumplimiento del fallo proferido el 11 de abril de 2024.

II.- ANTECEDENTES

2.1.- La accionante DIANA ISABEL VASQUEZ RODRIGUEZ interpuso acción de tutela en contra de la NUEVA EPS y DISCOLMEDICAS S.A.S, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, salud, igualdad, seguridad social, y dignidad humana; pretensión que le fue resuelta mediante fallo proferido el 11 de abril de 2024 por el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO, en el que se dispuso:

“PRIMERO. – TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y a la vida en condiciones dignas de la señora DIANA ISABEL VASQUEZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 1.118.554.664, vulnerados por la NUEVA EPS y DISCOLMEDICAS S.A.S., conforme a la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO. – ORDENAR a la NUEVA EPS y DISCOLMEDICAS

DISCOLMEDICAS S.A.S., conforme a la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO. – ORDENAR a la NUEVA EPS y DISCOLMEDICAS S.A.S., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a laRadicación No. 1575931840012024-00091-01

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notificación de esta providencia, dispongan de todos los medios necesarios para realizar la entrega material y efectiva de los medicamos que a la fecha estén pendientes por suministrar a la señora DIANA ISABEL VASQUEZ RODRIGUEZ, conforme al diagnóstico

“ESCLEROSIS MULTIPLE”.

TERCERO. - ORDENAR a la NUEVA EPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, dispongan de todos los medios necesarios para PRESTAR y GARANTIZAR un tratamiento integral a la señora DIANA ISABEL VASQUEZ, para el m anejo de la “Esclerosis Múltiple” que padece (entiéndase terapias integrales, consultas médicas, exámenes, suministro de medicamentos, insumos, resonancias magnéticas, y demás servicios que requiera para el tratamiento de la enfermedad diagnosticada) conforme a las prescripciones que los médicos hagan, con lo anterior se deberá garantizar la prestación efectiva del servicio y no solo limitativa a las actuaciones administrativas las cuales deberán ser prioritarias…”.

2.2La señora DIANA ISABEL VASQUEZ RODRIGUEZ , tras ver incumplido el fallo de tutela, decide promover incidente de desacato, indicando que se ha

ser prioritarias…”.

2.2La señora DIANA ISABEL VASQUEZ RODRIGUEZ , tras ver incumplido el fallo de tutela, decide promover incidente de desacato, indicando que se ha dirigido en diversas ocasiones a DISCOLMEDICAS S.A.S. con el fin de saber si los medicamentos que requiere ya se encuentran disponibles para que sean remitidos al HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA, y allí se los apliquen, sin recibir respuesta positiva.

2.3Por su parte, el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO, previo a iniciar el tramite incidental de desacato, por auto del 7 de mayo del 2024 ordenó requerir a las entidades accionadas por intermedio de sus representantes legales, para que en el término de 48 horas procedieran a acreditar el cumplimiento del fallo en mención, acompañando sus respuestas con las pruebas que pretendieran hacer valer. Así mismo, las requirió para que informaran quien funge como representante legal de dichas entidades y quien era el funcionario encargado de dar cumplimiento al fallo de tutela.

2.4.- Posteriormente, mediante auto del 10 de mayo dio apertura al incidente de desacato en contra de la NUEVA EPS , representada por la Dra. MARIAM LILIANA CARRILO PEÑA en calidad de Gerente de Zona Boyacá, del Dr. JULIO ALBERTO RINCÓN RAMIREZ como interventor de la misma entidad, y en contra de ADDY FERNANDO CORTEZ CUBILLOS , en calidad de representante legal de DISCOLMEDICAS S.A.S., ordenando su notificación y corriendo traslado por el término de tres (3) días para que allegara n las

y en contra de ADDY FERNANDO CORTEZ CUBILLOS , en calidad de representante legal de DISCOLMEDICAS S.A.S., ordenando su notificación y corriendo traslado por el término de tres (3) días para que allegara n las pruebas que creyera n pertinentes e informara n las diligencias y actuaciones efectuadas para cumplir el fallo de tutela. 2.5.- Luego de correr traslado de las respuestas allegada a la incidentante, por auto del 16 de mayo se abrió a pruebas el incidente, teniendo como tales, lasRadicación No. 1575931840012024-00091-01

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documentales presentadas por la incidentante y de oficio la sentencia de tutela proferida el 11 de abril de 2024.

2.6Finalmente, mediante proveído del 20 de mayo del año en curso, el A quo procedió a resolver el incidente propuesto, declarando, por una parte, que el Dr. ADDY FERNANDO CORTEZ CUBILLOS en calidad de Representante Legal de DISCOLMEDICAS S.A.S., no había incurrido en desacato; y por otra, que el Dr. JULIO ALBERTO RINCÓN RAMÍREZ en calidad de Interventor de la Nueva EPS y la Dra. MARIAN LILIANA CARRILLO PEÑA como Gerente de Zona Boyacá Nueva EPS, sí incurrieron en desacato al fallo de tutela del 11 de abril de 2024. En consecuencia, los sancionó con multa de tres (3) smlmv y arresto de tres (3) días.

Asimismo, les ordenó que en el término de 48 horas dieran cumplimiento al fallo en mención, y allegaran las constancias del caso.

III.- CONSIDERACIONES

y arresto de tres (3) días.

Asimismo, les ordenó que en el término de 48 horas dieran cumplimiento al fallo en mención, y allegaran las constancias del caso.

III.- CONSIDERACIONES

3.1.- Competencia

De entrada, cabe precisar que acorde con lo previsto en el inciso 2° del articulo 52 del Decreto 2591 de 1991, «la sanción por desacato será impuesta por el mismo juez» que profirió la orden, mediante trámite incidental; en razón a lo cual no existe duda de la competencia de esta Sala para desatar el grado de consulta respecto de la sanción impuesta por el Juez Constitucional de instancia.

3.2.- Problema jurídico

Ahora, de conformidad con la norma en cita, el ámbito de esta decisión atañe en determinar si debe mantenerse, modularse o modificarse la sanción impuesta por el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO, circunstancia que impone verificar el destinatario de la orden, el término temporal para ejecutarla, y, el alcance de la misma, con el fin de examinar si efectivamente se cumplió la orden impartida mediante la sentencia; de este modo, entonces, que si de dicho análisis se concluye la inobservancia de lo ordenado constitucionalmente, habrá que determinarse si éste fue total o parcial, y las razones por las cuales se produjo, e igualmente si hubo o no responsabilidad subjetiva del sujeto obligado.Radicación No. 1575931840012024-00091-01

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3.3.- El Incidente de desacato y la consulta.

En principio ha de entenderse que la acción de tutela se encuentra orientada

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3.3.- El Incidente de desacato y la consulta.

En principio ha de entenderse que la acción de tutela se encuentra orientada a la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, de tal modo que, verificada su vulneración o amenaza, las órdenes que los jueces impartan para ampararlos deben ser íntegramente acatadas.

En ese orden de ideas, el cumplimiento del fallo es la respuesta que normalmente se espera de la autoridad accionada; sin embargo, excepcionalmente, puede presentarse que su ejecución no se ajuste ceñidamente a los parámetros que se le han indicado, caso e n el cual, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, prevé el procedimiento que debe agotarse para obtener su acatamiento1 .

Aunado a lo anterior, con el propósito de evitar que los fallos de tutela quedaran en vanas esperanzas de protección para los derechos fundamentales, el legislador previó una herramienta coercitiva, la cual se encuentra contenida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que determina la sanción de desacato para quien incumpliere un fallo judicial en donde se ampare un derecho fundamental, así: “La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será imp uesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los

consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será imp uesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”

Entonces, la finalidad de estas medidas correccionales es, obtener a ultranza la efectividad de la tutela que ha sido concedida, colocando en manos del accionante mecanismo expeditos que conduzcan al goce y disfrute efectivo del derecho básico que le ha sido conculcado.

Ahora bien, es necesario precisar que tanto el incumplimiento del fallo como el desacato tocan el tema de la responsabilidad jurídica, pero el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 ha sido claro en establecer que el desobedecimiento al fallo en los términos de esa norma, comporta una responsabilidad objetiva, mientras que la sanción por desacato supone un compromiso subjetivo del

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil - Sentencia del 19 de junio de 2012, Exp. No. 410012213000 2012 00080 -01M.P.: Dra. MARGARITA CABELLO BLANCO.Radicación No. 1575931840012024-00091-01

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transgresor o la responsabilidad personal de los servidores públicos y obedece al principio de culpabilidad, en la medida que es imperativo apreciar de manera tangible, no sólo el incumplimiento de lo resuelto en la sentencia de tutela, sino, también, las condiciones en las que éste se produjo, es decir, el descuido o negligencia que le sean imputables al actor a través de juicios valorativos

tangible, no sólo el incumplimiento de lo resuelto en la sentencia de tutela, sino, también, las condiciones en las que éste se produjo, es decir, el descuido o negligencia que le sean imputables al actor a través de juicios valorativos que den cuenta de su ánimo caprichoso de sustraerse a la orden suministrada o sencillamente lograr establecer cuáles son los factores o circunstancias ajenas al actor que le impiden cumplir a cabalidad el amparo del derecho por la vía constitucional.

Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha señalado que:

“(…) la sanción por desacato deriva de un propósito inequívoco del accionado de eludir las ordenes dimanantes del amparo concedido; en otros términos, el solo incumplimiento per se no comporta una evidente afrenta a la decisión del juez constitucional, pue s se requiere una manifiesta desatención a la orden emitida, lo que exige corroborar la exteriorización de conductas dirigidas a evitar de alguna manera acatar el fallo de tutela, lo que haría surgir, claramente, un ánimo eminentemente subjetivo que el juz gador competente debe valorar en cada caso en particular, sopesando, itérase, si aflora en el funcionario acusado ese interés interno para apartarse de la decisión protectora”2

También ha sostenido que “el desacato objeto de sanción no se predica de la entidad accionada, sino del individuo a cuyo cargo se encuentra el acatamiento de la sentencia de tutela, siempre y cuando se demuestre que con el incumplimiento concurre la neglig encia o el capricho (elemento subjetivo del desacato) de dicho individuo.3

de la sentencia de tutela, siempre y cuando se demuestre que con el incumplimiento concurre la neglig encia o el capricho (elemento subjetivo del desacato) de dicho individuo.3

“Por consiguiente tratándose, de un trámite de naturaleza sancionadora, el incidente de desacato de tutela exige que el individuo investigado, y no la entidad accionada, se encuentre debidamente notificado de la existencia de ese procedimiento en su contra , y que la sanción haya sido precedida por un riguroso apego a las ritualidades y al procedimiento previsto en el Decreto 2591 de 1991 y desarrollado por la jurisprudencia constitucional, acorde con los parámetros ya reseñados, en aras de garantizar el debido proceso que le asiste al funcionario implicado…”4

De lo anterior se colige que la imposición de la correspondiente sanción no puede ser arbitraria, sino que por el contrario debe estar precedida de un trámite incidental con las garantías del debido proceso, de ahí que resulte de vital importancia que el j uez que conozca del desacato deberá adelantar un procedimiento en el que se “(i) comunique al incumplido sobre la iniciación del incidente de desacato, con el fin de darle la oportunidad para que informe la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la or den y presente sus argumentos de defensa. En dicho informe el responsable podrá alegar

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil. Auto de 14 de septiembre de 2009, exp. 2009-01417-00 3 Ibíd

argumentos de defensa. En dicho informe el responsable podrá alegar

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil. Auto de 14 de septiembre de 2009, exp. 2009-01417-00 3 Ibíd 4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil. Auto de 18 de noviembre de 2010, exp. No. 51.390Radicación No. 1575931840012024-00091-01

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dificultad grave para cumplir la orden, pero solo en el evento en que esta sea de imposible cumplimiento, lo cual debe demostrar por cualquier medio probatorio; (ii) practiquen las pruebas que se le soliciten al juez de conocimiento, al igual que aquellas considere conducentes y pertinentes para adoptar la decisión; (iii) notifique la providencia que resuelva; y, en caso de que haya lugar a ello, (iv) remita el expediente en consulta ante el superior”.5

Ello con el propósito de que el juez de tutela no presuma la responsabilidad por el mero incumplimiento del fallo, sino que se encuentra compelido a indagar cuales fueron los elementos que dieron origen a la inobservancia, para que con ello el juzgador pue da determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado, cuál debe ser la sanción adecuada, proporcionada y razonable acorde con los hechos acaecidos.

No obstante lo anterior , debe agregarse que la exigencia de responsabilidad subjetiva para la declaratoria del desacato significa, del mismo modo, que el juez constitucional deberá abstenerse de imponer la sanción cuando se demuestre que la obligación derivada de la orden de tute la no ha sido determinada o que a la autoridad responsable no se le ha dado la oportunidad

juez constitucional deberá abstenerse de imponer la sanción cuando se demuestre que la obligación derivada de la orden de tute la no ha sido determinada o que a la autoridad responsable no se le ha dado la oportunidad de cumplirla, a pesar de actuar de buena fe.

Finalmente, debe señalarse que la consulta de la decisión al incidente de desacato es considerada como un mecanismo automático que conduce al superior a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público o para proteger a una de las partes dentro del mencionado procedimiento. De tal forma que, su estudio está limitado a la primera providencia, sin que pueda extenderse al análisis de la legalidad de la sentencia de tutela en la cual se dio la orden que se alega como incumplida6 .

3.4.- Del Caso Concreto

En el presente caso, conforme a lo expuesto, la responsabilidad personal de los obligados en materia de desacato es subjetiva y obedece al principio de culpabilidad, esto es, que para sancionar se requiere no solo constatación objetiva del incumplimiento d e la orden sino además establecer que ese incumplimiento se origina en causa injustificada, negligencia, descuido o rebeldía frente a la orden judicial. Es por ello, que la Sala debe determinar si hubo incumplimiento de la orden constitucional proferida y, en caso afirmativo,

5 Corte Constitucional - Sentencia T-123/10 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 6 Ver sentencia C-533 de 1993.Radicación No. 1575931840012024-00091-01

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si este es el resultado de un actuar caprichoso o negligente de los funcionarios

6 Ver sentencia C-533 de 1993.Radicación No. 1575931840012024-00091-01

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si este es el resultado de un actuar caprichoso o negligente de los funcionarios encargados de cumplir la orden.

Establecido lo anterior, la actividad que esta Corporación debe realizar, se ciñe a efectuar un ejercicio de comparación entre lo dispuesto en la decisión emitida dentro del memorado proceso constitucional, y la conducta calificada como indiferente, negligente o insuficiente que se reprocha.

Así, para determinar si existió incumplimiento del fallo, es necesario en primer lugar, tener en cuenta, la propia orden impartida en la parte resolutiva de la sentencia de tutela, pues es su confrontación con las actuaciones realizadas por los funcionarios incidentados, la que permite establecer si se cumplió o no con el mandato constitucional.

Así las cosas, tenemos que mediante fallo proferido el 11 de abril de 2024 por el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO , se resolvió: “ORDENAR a la NUEVA EPS y DISCOLMEDICAS S.A.S . (…) dispongan de todos los medios necesarios para realizar la entrega material y efectiva de los medicamos que a la fecha estén pendientes por suministrar a la señora DIANA ISABEL VASQUEZ RODRIGUEZ, conforme al diagnóstico “ESCLEROSIS MULTIPLE (…) ORDENAR a la NUEVA EPS, dispongan de todos los medios necesarios para PR ESTAR y GARANTIZAR un tratamiento integral a la señora DIANA ISABEL VASQUEZ, para el manejo de la “Esclerosis Múltiple” que padece

MULTIPLE (…) ORDENAR a la NUEVA EPS, dispongan de todos los medios necesarios para PR ESTAR y GARANTIZAR un tratamiento integral a la señora DIANA ISABEL VASQUEZ, para el manejo de la “Esclerosis Múltiple” que padece (entiéndase terapias integrales, consultas médicas, exámenes, suministro de medicamentos, insumos, resonancias magnéticas, y demás servicios que requiera para el tratamiento de la enfermedad diagnosticada) conforme a las prescripciones que los médicos hagan, con lo anterior se deberá garantizar la prestación efectiva del servicio y no solo limitativa a las actuaciones administra tivas las cuales deberán ser prioritarias…”

Pues bien, al revisar los documentos obrantes en el plenario, se observa que si bien en principio, podría establecerse que la NUEVA EPS, a través de su representante legal Dra. MARIAM LILIANA CARRILLO PEÑA y su Interventor Dr. JULIO ALBERTO RINCÓN RAMIREZ , había n incumplido las órdenes proferidas en la tutela, relacionadas con la entrega material y efectiva de los medicamentos requeridos por la actora, lo cierto es que dicha EPS ya realizó las gestiones y trámites pertinentes para dar cumplimiento al fallo constitucional, tal y como lo inform ó ante esta instancia a través de correo electrónico allegado el pasado 28 de mayo, y prueba de ello, son los soportes que a portó al trámite, que evidencian la entrega del medicamento faltante ordenado en favor de la accionante.Radicación No. 1575931840012024-00091-01

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Así las cosas, no puede predicarse de l os funcionarios sancionados, un

ordenado en favor de la accionante.Radicación No. 1575931840012024-00091-01

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Así las cosas, no puede predicarse de l os funcionarios sancionados, un comportamiento doloso o negligente a la hora de cumplir la orden impartida en el fallo de tutela, por cuanto, como se acreditó en el plenario, ya realiz aron todas las gestiones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la orden, tendiente a la entrega del medicamento requerido.

En ese sentido, téngase en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha identificado que el incumplimiento de una orden judicial no se circunscribe a una comprobación eminentemente objetiva, por el contrario, la sanción por desacato debe ser corroborada a través de las actuaciones surtidas por el presunto incumplidor con el fin de satisfacer lo resuelto en la respectiva decisión judicial, es decir, debe constatarse que el no acatamiento del fallo de tutela hace parte de una actuación dolosa o negligente, situación que corresponde a un análisis subjetivo, sin que en este asunto se observe esa actuación a la hora de cumplir el fallo.

Así las cosas, atendiendo a que no existe prueba de la negligencia o dolo en el actuar de los incidentados , y que por el contrario se comprobó el acatamiento del fallo, no hay razón que justifique en esas circunstancias confirmar la sanción impuesta, por tanto, dadas las actuaciones efectuadas por la Nueva EPS con posterioridad a la emisión de la sanción proferida en primera instancia, resulta procedente revocar de manera íntegra la decisión consultada, para en su lugar, abstenerse de imponer sanción por de sacato a

por la Nueva EPS con posterioridad a la emisión de la sanción proferida en primera instancia, resulta procedente revocar de manera íntegra la decisión consultada, para en su lugar, abstenerse de imponer sanción por de sacato a la Gerente Zonal Boyacá de la NUEVA EPS , Dra. MARIAM LILIANA CARRILLO PEÑA, así como al Interventor de la entidad, Dr. JULIO ALBERTO

RINCÓN RAMIREZ.

No obstante lo anterior, se les requerirá para que en lo sucesivo, eviten incurrir en alguna omisión que conlleve a la afectación y vulneración de los derechos fundamentales ya amparados a la accionante , procurando siempre la prestación efectiva y continua de los servicios médicos ordenados en el fallo tantas veces mencionado, so pena de iniciarse un nuevo incidente de desacato.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA TERCERA DE DECISION DE LA SALA UNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,Radicación No. 1575931840012024-00091-01

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RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la decisión consultada, en su lugar ABSTENERSE de sancionar por desacato a la GERENTE ZONAL BOYACÁ de la NUEVA EPS, Dra. MARIAM LILIANA CARRILLO PEÑA, y al INTERVENTOR de la NUEVA EPS, Dr. JULIO ALBERTO RINCÓN RAMIREZ , por lo expuesto en la parte considerativa.

Dra. MARIAM LILIANA CARRILLO PEÑA, y al INTERVENTOR de la NUEVA EPS, Dr. JULIO ALBERTO RINCÓN RAMIREZ , por lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO: REQUERIR a l os mencionados funcionarios, para que, en lo sucesivo, eviten incurrir en alguna omisión que conlleve a la afectación y vulneración de los derechos fundamentales ya amparados a la accionante DIANA ISABEL VASQUEZ RODRIGUEZ , procurando siempre la prestación efectiva y continua de los servicios médicos ordenados en el fallo de tutela proferido el 11 de abril de 2024, s o pena de iniciarse un nuevo incidente de desacato.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes la presente providencia en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En su oportunidad, DEVOLVER la actuación al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE