TSDJ VVC - 81959956-(09-07-2026)

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE

VILLAVICENCIO

SALA SEXTA DE DECISION PENAL

Magistrado Ponente

LUIS HERNANDO ROJAS ISAZA

Aprobado Acta No. 085

Villavicencio (Meta), julio nueve de dos mil veintiséis.

Radicación: 11001 60 00 019 2022 01779 01

Procedencia: Juzgado Quinto de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio Asunto: Apelación redosificación estudio y otro Condenado: Kevin Estiven Mosquera González Delito: Hurto calificado en concurso con lesiones personales dolosas agravadas

Decisión: Confirma

I. ASUNTO A DECIDIR

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público, contra el auto del 9 de enero de 2026 , proferido por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio.Radicación: 11001 60 00 019 2022 01779 01

Condenado: Kevin Estiven Mosquera González

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II. ANTECEDENTES PROCESALES

2.1. Kevin Estiven Mosquera Gonzále z, fue condenado mediante sentencia del 09 de enero de 2024 , emitida por el Juzgado 27 Penal Municipal con Funciones de conocimiento de Bogotá 1, a la pena principal de 52 meses de prisión, como autor del delito de hurto calificado en concurso heterogéneo y simultaneo con lesiones personales dolosas agravadas.

Municipal con Funciones de conocimiento de Bogotá 1, a la pena principal de 52 meses de prisión, como autor del delito de hurto calificado en concurso heterogéneo y simultaneo con lesiones personales dolosas agravadas.

Ha estado privado de la libertad por cuenta de esta actuación en dos oportunidades, desde el 20 de marzo de 2022 a l 21 de marzo de 2022 (2 días) y del 07 de marzo de 2024 hasta la fecha de proyección de la presente decisión.

2.2. Mediante auto del 9 de enero de 2026 , el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio 2, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025 y de la decisión adoptada por la Sala de Decisión de Tutelas 3 de la Corte Suprema de Justicia del 11 de septiembre de 2025 (radicado 148378).

Accedió a la redosificación de redención de la pena por cu alquier actividad (trabajo, estudio o enseñanza) con fundamento en el principio de favorabilidad, al considerar que la Ley 2466 de 2025, en su artículo 19, introdujo una nueva proporción más benéfica para la persona privada de la libertad: dos (2) días de redención por cada tres (3) días de trabajo.

1 Expediente Digital, 01PrimeraInstancia, 01PrimeraInstancia, C02Principal, C04Documentos, 040SentenciaPrimeraInstancia 2 IbidemRadicación: 11001 60 00 019 2022 01779 01

Condenado: Kevin Estiven Mosquera González

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040SentenciaPrimeraInstancia 2 IbidemRadicación: 11001 60 00 019 2022 01779 01

Condenado: Kevin Estiven Mosquera González

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Aunque dicha norma hace referencia únicamente al trabajo, el despacho aplicó el mismo criterio al estudio y la enseñanza, al interpretar que estas actividades también cumplen una finalidad resocializadora equiparable. Esta decisión se sustentó en pronunciamientos recientes del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia (vía tutela), los cuales determinaron que la nueva norma tiene aplicación inmediata por ser favorable al condenado, sin que se requiriera esperar su reglamentación.

Por ello, reconoció redención por actividades de estudio y trabajo 1 mes y 5.33 días.

2.3. El representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación.

Señala que, a partir de la aplicación de la Ley 2466 de 2025 aparece una mayor ventaja para el penado que se encuentre laborando de quien ejercite actividades de resocialización en estudio o enseñanza. Sin embargo, esa posición diferencial no surge a partir de un mar co normativo propio del sistema penitenciario o que regule la ejecución de la pena bajo la reinserción social, sino obedeció a una regla que se entronizó exclusivamente en el trabajo, por lo que considera que ampliar los topes a las otras modalidades de re dención constituye una analogía extensiva que va en contravía no solo del principio de libertad configurativa del legislador, sino también del principio de legalidad. Sobre la potestad del legislador en materia laboral, la jurisprudencia

los topes a las otras modalidades de re dención constituye una analogía extensiva que va en contravía no solo del principio de libertad configurativa del legislador, sino también del principio de legalidad. Sobre la potestad del legislador en materia laboral, la jurisprudencia constitucional ha sido muy enfática en precisar su prosperidad siempre y cuando no trasgreda el núcleo esencial que consagra la Carta Política.Radicación: 11001 60 00 019 2022 01779 01

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El predicamento de implementación de la analogía como herramienta para resolver un tema de igualdad no resulta adecuado. Aceptar una tesis distinta convertiría al trabajador en estudiante al igual que quien se dedica a la enseñanza, cuando son actividades que distingue la propia Ley 65 de 1993.

Por lo argumentos expuestos en la parte motiva del recurso, solicita la revocatoria de la decisión adoptada por el juzgador de primera instancia.

2.5. En ese orden, con auto del 20 de febrero de 2026 el a quo concedió el recurso de apelación interpuesto por el delegado del Ministerio Público.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 906 de 2004 , es competente este Tribunal para conocer el recurso de apelación interpuesto.

3.2. Caso concreto

Según los planteamientos del recurrente, el problema jurídico que debe resolver el Tribunal se contrae a determinar si, contrario a lo sostenido por el a quo, no es posible extender, bajo el principio de favorabilidad, el

3.2. Caso concreto

Según los planteamientos del recurrente, el problema jurídico que debe resolver el Tribunal se contrae a determinar si, contrario a lo sostenido por el a quo, no es posible extender, bajo el principio de favorabilidad, el descuento por redención de la acti vidad de trabajo consagrada en el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025 a las actividades de estudio y enseñanza.Radicación: 11001 60 00 019 2022 01779 01

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El artículo 19 de la Ley 2466 de 2025 establece lo siguiente:

«Las actividades productivas y ocupacionales desarrolladas por la población privada de la libertad serán reconocidas como experiencia laboral previa certificación de las entidades correspondientes con la finalidad de posibilitar su ingreso al mercado laboral, mitigar la discriminación laboral y disminuir la probabilidad de reincidencia.

Se concederá la redención de pena por trabajo a las personas privadas de la libertad y se les abonará dos días de reclusión por tres días de trabajo.

Parágrafo. El Ministerio de Trabajo en un término de 6 meses expedirá la reglamentación necesar ia para el reconocimiento de las actividades productivas y ocupacionales en los centros penitenciarios como experiencia profesional.».

Ahora bien, previo a la expedición de dicha norma, la redención por trabajo, conforme lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993, era de un día de reclusión por dos días de trabajo. Dicha disposición aclaraba que no se podrían computar más de 8 horas diarias, sin

trabajo, conforme lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993, era de un día de reclusión por dos días de trabajo. Dicha disposición aclaraba que no se podrían computar más de 8 horas diarias, sin establecer a cuántas horas equivaldría un día de trabajo. No obstante, la Resolución 3272 de 1995 de la Dirección General del INPEC determinó en su artículo 3° que “se computará como un día de trabajo aquel en el cual el interno haya laborado ocho horas continuas o discontinuas, así sea en días diferentes. En ningún caso se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo”

En lo atinente a la educación, según el artículo 97 de la Ley 65 de 1993, se abonará un día reclusión de redención por dos días de estudio, requiriendo para ello una dedicación de seis horas, así sea en días diferentes, sin que se puedan computar más de seis horas por día.Radicación: 11001 60 00 019 2022 01779 01

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Finalmente, para la enseñanza, lo dispuesto en el artículo 98 del mismo compendio normativo, establece que por cada 4 horas de enseñanza se computarán como un día de estudio ; es decir, 8 horas de ens eñanza permiten la redención de un día.

Venían manejándose dos posturas en relación con el órgano de cierre en materia penal, en sede constitucional —esto es, en las Salas de Decisión de Tutelas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia : una restrictiva y otra amplia y sistemática.

De la postura restrictiva se adoptaron al menos cinco decisiones

materia penal, en sede constitucional —esto es, en las Salas de Decisión de Tutelas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia : una restrictiva y otra amplia y sistemática.

De la postura restrictiva se adoptaron al menos cinco decisiones (STP17313-2025, STP18671 -2025, STP19956 -2025, STP20222 -2025 y STP695-2026), basadas en una interpretación literal y estricta de la norma, afirmando que el legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración, mencionó expresamente el “trabajo” como la actividad beneficiada. Extender dicho beneficio a otras actividades por vía judicial se considera una extralimitación funcional y una violación del principio de legalidad, dado que el juez no puede crear beneficios penales que la ley no previó.

Por su parte, en la providencia STP 5152 de 2026 se encuentra la tesis amplia, con la cual se unificó la postura de una de las Salas de la Corte Suprema de Just icia. Dicha postura argumenta que el trabajo, la educación y la enseñanza son funcionalmente equivalentes en el sistema penitenciario colombiano, y que el concepto de “actividades productivas y ocupacionales” mencionado en la ley engloba legalmente las tres modalidades, sosteniendo que dar un trato diferenciado viola el principio de igualdad y la finalidad resocializadora.Radicación: 11001 60 00 019 2022 01779 01

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Esa Sala inicialmente acogía la postura restrictiva; sin embargo, los magistrados de la Sala de Casación Penal que acompañaban la misma se

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Esa Sala inicialmente acogía la postura restrictiva; sin embargo, los magistrados de la Sala de Casación Penal que acompañaban la misma se unieron a la tesis amplia mediante providencias STP6893 y STP6891, ambas del 14 de abril de 2026, advirtiendo lo siguiente:

«Examinado el planteamiento, en línea con lo precisado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas n.º 2, en la sentencia STP5152-2026 del 10 de marzo de 2026, que la pena «va más allá de su concepción formal». Además, que comporta «injerencias en derechos fundamentales», de modo que su ejecución debe orientarse a la resocialización del condenado. En ese marco, las actividades de trabajo, estudio y enseñanza constituyen instrumentos estructurales de dicho propósito.

La referenciada providencia destacó que «lo que les corresponde a las autoridades judiciales es orientar la interpretación de la ley hacia la más compatible con los postulados mínimos del Estado constitucional de derecho». Ello implica adoptar una hermenéutica acorde con «la dignidad humana y la función resocializadora». Asimismo, precisó que dicha labor no es meramente facultativa, sino que impone a la judicatura el deber de adoptar decisiones que eliminen obstáculos para la materialización de la resocialización.

Bajo ese entendimiento, cuando una disposición admite varias interpretaciones plausibles, el juez está obligado a acoger aquella q ue resulte más favorable a la libertad y a la dignidad de la persona privada de la libertad. Por tanto, la ausencia de previsión expresa en el artículo

interpretaciones plausibles, el juez está obligado a acoger aquella q ue resulte más favorable a la libertad y a la dignidad de la persona privada de la libertad. Por tanto, la ausencia de previsión expresa en el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025 respecto del estudio o la enseñanza noRadicación: 11001 60 00 019 2022 01779 01

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autoriza una lectura restrictiva, sino que exige una interpretación integradora y pro-persona.

En ese sentido, la Corte precisó que una interpretación conforme a la Constitución «incluye en las actividades productivas y ocupacionales aquellas previstas para redimir pena: el trabajo, la educaci ón y la enseñanza, sin discriminación». De allí se sigue que estas actividades son sustancialmente equivalentes en cuanto a su función resocializadora, por lo que no es admisible establecer diferencias en el acceso a beneficios punitivos sin una justificac ión constitucional suficiente.

La diferenciación introducida por las autoridades accionadas rompe la coherencia del sistema penitenciario, pues desconoce que el tratamiento resocializador se estructura de manera integral sobre diversas actividades igualmente relevantes. En efecto, privilegiar únicamente el trabajo frente al estudio implica el desconocimiento de la lógica normativa que equipara dichas actividades como ejes del proceso de reintegración social.

En este contexto, la analogía favorable no solo resulta admisible, sino constitucionalmente exigible, en cuanto permite garantizar el principio de igualdad material frente a supuestos sustancialmente equivalentes. Su aplicación en materia de consecuencias favorables no vulnera el

En este contexto, la analogía favorable no solo resulta admisible, sino constitucionalmente exigible, en cuanto permite garantizar el principio de igualdad material frente a supuestos sustancialmente equivalentes. Su aplicación en materia de consecuencias favorables no vulnera el principio de legalidad , pues no implica la creación de sanciones ni su agravación, sino la extensión de un efecto benigno fundado en la misma finalidad resocializadora que comparten las actividades comparadas.

En consecuencia, la interpretación adoptada por las autoridades accionadas, fundada exclusivamente en el tenor literal de la disposición, desconoció el deber de interpretación conforme, los principios deRadicación: 11001 60 00 019 2022 01779 01

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igualdad y favorabilidad, y la función resocializadora de la pena. Ello configura un defecto sustantivo al apartarse de una lectura constitucionalmente admisible.

En consecuencia, la interpretación adoptada por las autoridades accionadas, fundada exclusivamente en el tenor literal de la disposición, desconoció el deber de interpretación conforme, los principios de igualdad y favorabilidad, y la función resocializadora de la pena. Ello configura un defecto sustantivo al apartarse de una lectura constitucionalmente admisible.

En consecuencia, acreditada la vulneración de los derechos fundamentales invocados, la Sala concede rá el amparo solicitado. Así, dejará sin efectos las providencias cuestionadas, para que se emita una nueva decisión conforme a los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas n.º 2, en la sentencia STP5152dejará sin efectos las providencias cuestionadas, para que se emita una nueva decisión conforme a los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas n.º 2, en la sentencia STP51522026 del 10 de marzo de 2026».

Asimismo, los magistrados que acompañan la tesis amplia, en STP6738 de 2026, advirtieron que la interpretación efectuada en la providencia STP5152 de 2026 había sido acogida de manera unánime por la Sala de Casación Penal de la Corte S uprema de Justicia, situación que fue confirmada por las sentencias STP6893 y STP6891.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es el órgano de cierre, y aunque las decisiones se adoptan en sede constitucional, se ordena a los jueces seguir los parámetros fijados en la sentencia STP5152 de 2026 para efectos de la redosificación de la redención de pena porRadicación: 11001 60 00 019 2022 01779 01

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estudio y enseñanza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025.

Ante lo señalado por dicha Corporación, en virtud de los principios de favorabilidad e interpretación pro persona, también esta Sala debe optar, entre varias lecturas plausibles de una norma, por aquella que maximice la libertad y la dignidad de la persona privada de la libertad, pues, la falta de mención expresa de la enseñanza en el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025 no justifica una interpretación restrictiva, sino que impone una

la libertad y la dignidad de la persona privada de la libertad, pues, la falta de mención expresa de la enseñanza en el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025 no justifica una interpretación restrictiva, sino que impone una mirada integradora y conforme a la Constitución.

Por tanto, trabajo, educación y enseñanza son actividades sustancialmente equivalentes en su función resocializadora, por lo que no pueden tratarse de manera diferenciada en el acceso a beneficios penitenciarios, a menos que exista una justificación constitucional sólida que lo respalde. En consecuencia, cualquier dis tinción normativa o judicial que excluya la enseñanza de los beneficios punitivos resulta incompatible con el mandato de igualdad y con el fin resocializador del sistema penal, debiendo esta Corporación acogerse a la postura amplia señalada en la sentencia STP5152 de 2026, no siendo así posible acceder a los planteamientos del recurrente y por ello se confirmará el auto apelado.

IV. DECISION

Por lo expuesto, la Sala Sexta Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio,Radicación: 11001 60 00 019 2022 01779 01

Condenado: Kevin Estiven Mosquera González

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RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión proferida el 9 de enero de 2026, por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio – Meta.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase

LUIS HERNANDO ROJAS ISAZA

Magistrado

– Meta.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase

LUIS HERNANDO ROJAS ISAZA

Magistrado

DIEGO ALVARADO ORTIZ

Magistrado

SANDRA LILIANA ARRUBLA GARCÍA

Magistrado