TSDJ VVC SP - 500013187001 2021 00114 01-(08-11-2021)

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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

VILLAVICENCIO

Sala Penal No. 4

M.P. Alcibíades Vargas Bautista

Radicado: 50001318700120210011401

Aprobado Acta No. 161

Villavicencio, Meta, 8 de noviembre de 2021

ASUNTO

Se resuelve la impugnación interpuesta por el ciudadano Wilson Sánchez Bernal, contra el fallo del 25 de agosto de 2021, proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, en el que se negó el amparo al derecho fundamental del debido proceso, dentro de la actuación surtida en contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

ANTECEDENTES

1. Indica el demandante que es víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado , del municipio de Vistahermosa ( Meta), por hechos ocurridos el 24 diciembre de 2009 . Por tal motivo la UARIV mediante resolución No. 04102019327692 del 29 de enero de 2020 ,Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

Accionado: Unidad para las Víctimas, UARIV

Accionante: Wilson Sánchez Bernal

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reconoció a su favor la indemnización administrativa y sin embargo, hasta la fecha no se ha materializado su pago.

Indica que la accionada en comunicación No. 20217205209921 del 5 de marzo del año en curso , le informó que aplicaría en su caso el Método

la fecha no se ha materializado su pago.

Indica que la accionada en comunicación No. 20217205209921 del 5 de marzo del año en curso , le informó que aplicaría en su caso el Método Técnico de Priorización el 30 de julio del año en curso, sin que le haya sido notificado el resultado del mismo, ni se le ha informado tampoco el turno asignado, la vigencia fiscal y la fecha cierta, razonable y oportuna conforme el presupuesto asignado para el pago de indemnizaciones.

Considera vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, solicita su amparo y que se le ordene a la UARIV: (i) proceda a aplicar en caso el Método Técnico de Priorización y le notifique el resultado obtenido, (ii) se le informe turno asignado, la vigencia fiscal en que será indemnizada, la ruta asignada y la fecha cierta, probable y razonable en que se materializara la entrega de la medida y, (iii) que en el momento en que se coloque el pago de la indemnización en la entidad financiera, le haga entrega de la carta cheuque antes que el giro sea reintegrado al tesoro nacional.

Anexa copia de los siguientes documentos: (i) cédula de ciudadanía, (ii) derecho de petición del 22 enero de 2021, (iii) resolución No. 04102019327692 del 29 de enero de 2020 y, (iv) comunicación No. 20217205209921 del 5 de marzo de 2021.1

1 Escrito de tutela y anexos en 18 folios.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

Accionado: Unidad para las Víctimas, UARIV

1 Escrito de tutela y anexos en 18 folios.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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Accionante: Wilson Sánchez Bernal

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2. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, avocó conocimiento y corrió traslado a la UARIV2.

Esta entidad en oficio del 12 de agosto de 20213, informa que el señor Wilson Sánchez Bernal , se encuentra incluid a en el Registro Único de Víctimas (RUV), por el hecho victimizante de “Desplazamiento Forzado y Amenaza”, declarado dentro del marco normativo de la ley 1448 de 2011 con declaración RUV CH000296952.

Que el accionante solicit ó indemnización administrativa por el hecho victimizante desplazamiento forzado, solicitud que fue atendida de fondo por medio de la Resolución N o. 04102019327692 del 29 de enero de 2020, la cual fue notificada de manera personal al accionante el 11 de febrero de 2020, la cual se encuentra en firme, toda vez que no interpuso recurso alguno contra la misma.

Advierte que la petición del actor fue atendida previamente mediante comunicación No. 20217205209921 del 5 de marzo de 2021, no obstante, se dio alcance a la misma mediante radicado No. 202172023057421 del 12 de agosto hogaño. En esta última se le indicó que ingresó a ruta general, toda vez que no acreditó ningún criterio de priorización conforme

se dio alcance a la misma mediante radicado No. 202172023057421 del 12 de agosto hogaño. En esta última se le indicó que ingresó a ruta general, toda vez que no acreditó ningún criterio de priorización conforme a la Resolución 01049 de 2019 . P or lo tanto , el 30 de julio de 2021 efectivamente se aplicó el Método Técnico de Priorización con el fin de determinar el orden de asignación de turno para el desembolso de la medida de indemnización administrativa, de manera pr oporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, razón por la cual en

2 Auto del 11 de agosto de 2021 en 1 folio. 3 Oficio CÓD. LEX: 6046982 del 12 de agosto de 2021 en 31 folios.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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el 31 de agosto del año en curso la Unidad le realizará la debida notificación sobre el resultado del mismo.

Por lo anterior solicita se declare a favor de la Unidad la carencia actual de objeto por hecho superado y adjunta copia de la resolución No. 04102019327692 del 29 de enero de 2020 , el acta de notificación personal del 11 de febrero siguiente y, las comunicaciones Nos. 20217205209921 y 202172023057421 del 5 de marzo y 12 de agosto de 2021.

3. El 25 de agosto de 2021, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio , resolvió negar el amparo al

2021.

3. El 25 de agosto de 2021, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio , resolvió negar el amparo al derecho fundamental al debido proceso por ausencia de vulneración.4

4. El señor Wilson Sánchez Bernal , impugna la decisión del A quo y solicita se revoque el fallo de primer grado, toda vez que a la fecha no se le ha comunicado el resultado del método técnico, pese a que la Unidad le informó al A -quo que su caso sería aplicado el Método Técnico De Priorización el cual se efectuó el 30 de julio de 2021 y su resultado sería comunicado el 31 de agosto siguiente.

5. Según constancia suscrita por la Auxiliar Judicial Grado I del M.P. 5, pese a los múltiples intentos no fue posible la comunicación con el señor Wilson Sánchez Bernal, para verificar si la UARIV ya le había informado del resultado del método técnico empleado a efecto de establecer el pago

4 Fallo de tutela de primera instancia del 25 de agosto de 2021 en 9 folios. 5 Constancia Auxiliar Judicial M.P. del 4 de noviembre de 2021.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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de la indemnización administrativa reconocida a su favor mediante la Resolución No. 04102019327692 del 29 de enero de 2020.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo normado en el artículo 32 del D. 2591 de 1991,

Resolución No. 04102019327692 del 29 de enero de 2020.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo normado en el artículo 32 del D. 2591 de 1991, esta Sala Penal es competente para conocer en segunda instancia sobre la apelación de las decisiones de tutela proferidas por los jueces penales del circuito, tal y como ocurre con el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio.

2. Problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a esta Sala establecer si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas , ha vulnerado el derecho al debido proceso. Así mismo, aunque no fue invocado por el demandante, se examinará la eventual conculcación del derecho d e petición, dado que de la situación fáctica descrita se infiere que al señor Wilson Sánchez Bernal no se le ha informado sobre el resultado del método técnico de priorización con ocasión a la medida indemnizatoria legalmente reconocida por esa entidad.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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3. La acción de tutela.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, y la reiterada jurisprudencia de esta Corte, la acción de tutela es una acción de carácter residual y subsidiario, mediante la cual toda persona, podrá solicitar, ya sea por sí misma o a

10 del Decreto 2591 de 1991, y la reiterada jurisprudencia de esta Corte, la acción de tutela es una acción de carácter residual y subsidiario, mediante la cual toda persona, podrá solicitar, ya sea por sí misma o a través de quien agencie sus derechos, la pr otección inmediata de sus derechos fundamentales, ante la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

De esta manera, por su naturaleza residual y subsidiaria, la acción de tutela puede ser ejercida como mecanismo de protección definitivo o transitorio. Procederá como mecanismo transitorio cuando a pesar de contar otro medio de defensa idóneo, se ejerza para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Y procederá como mecanismo definitivo cuando (i) la accionante no cuente con otro mecanismo de defensa judicial, o (ii) cuando existiendo este, carezca de idoneidad y eficacia para la protección eficaz e integral de los derechos fundamentales.

4. El debido proceso y el Pago de la indem nización administrativa.

4.1. Sobre este tema, la Corte Constitucional ha reiterado lo siguiente6:

“Esta Corte a través de su jurisprudencia, ha recalcado que la entrega de la indemnización administrativa y los demás mecanismos dispuestos para la reparación, no obedecen al orden de las solicitudes, sino que para ello la Ley 1448 de 2011 y su decreto reglamentario establecieron criterios de gradualidad, progresividad y priorización. Es decir que, para poder determinar

6 Sentencia T-083 del 13 de febrero de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

gradualidad, progresividad y priorización. Es decir que, para poder determinar

6 Sentencia T-083 del 13 de febrero de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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el orden de entrega por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, le corresponde verificar el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra la persona y su núcleo familiar, ya que es la única forma de realizar una reparación efectiva, con enfoque diferencial y garantizar así que las necesidades de quienes más lo requieren se van a ver satisfechas de manera prioritaria, esto de acuerdo con los principios de equidad e igualdad que deben orientar todas las actuaciones del Estado”.

De acuerdo con lo precedente, las condiciones especiales de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado pueden ocasionar que, en ciertos casos, la demora en el pago de la indemnización administrativa conlleve la afectación de derechos fundamentales, como el debido proceso, cuya protección pueda darse a través de la acción de amparo.

Es así como mediante resolución 1049 del 15 de marzo de 2019, la UARIV adoptó el “Método técnico de priorización”, con lo cual el debido proceso administrativo no solo está regido por el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y artículo 168 del decreto 4802 de 2011, sin o muy especialmente por la resolución de la UARIV mencionada , que de manera específica establece no solo el procedimiento para el reconocimiento y otorgamiento

2011 y artículo 168 del decreto 4802 de 2011, sin o muy especialmente por la resolución de la UARIV mencionada , que de manera específica establece no solo el procedimiento para el reconocimiento y otorgamiento de la indemnización administrativa y sus fases, sino el “método técnico de priorización” de las solicitudes de las personas reconocidas favorecidas con una medida indemnizatoria , que no se encuentran en situación de “Urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad”.

En esa resolución se diferencian las situaciones de urgenc ia manifiesta o extrema vulnerabilidad por la edad, la enfermedad o alguna discapacidad, de los demás casos . En relación con la entrega de la indemnización, el artículo 14 de la resolución permite priorizar la entrega respecto de aquellas, y somete los dem ás casos al llamado “Método técnico de priorización” reglado en el capítulo segundo artículosTutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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15 a 17. Este método en esencia consiste en generar unas listas que indican la priorización para el desembolso de la medida de indemnización con las cuales anualmente se asignan los turnos para el pago, de acuerdo con la disponibili dad presupuestal , con lo cual la expectativa de l as victimas estaría colmada siempre que se ponga a su disposición la información que les permita conocer sobre la priorización o no de su indemnización tal como se dispone en el anexo técnico que hace parte integral de la resolución 1049 de 2019 en cita.

4.2. El señor Wilson Sánchez Bernal , es una persona en situación de

indemnización tal como se dispone en el anexo técnico que hace parte integral de la resolución 1049 de 2019 en cita.

4.2. El señor Wilson Sánchez Bernal , es una persona en situación de desplazamiento, debidamente reconocida por el Estado Colombiano y registrada en el Registro Único de Víctimas (RUV), por el hecho victimizante “desplazamiento forzado y amenza”. A la fecha le ha sido reconocida la medida indemnizatoria y su pretensión va dirigida a que se le informe el resultado del método técnico de priorización y pago de la medida de indemnización administrativa, trámite que se encuentra regulado por la Resolución No. 1049 del 15 de marzo de 2019.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), acreditó que mediante comunicaciones No. comunicaciones 20217205209921 y 202172023057421 del 5 de marzo y 12 de agosto de 2021, le señalaron que acorde con la Resolución No. 04102019327692 del 29 de enero de 2020 , al realizar el reconocimiento de la medida indemnizatoria, dispuso aplicar el Método Técnico de Priorización “ruta general”, en atención a que no cumple con los criterios de priorización establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 20197.

7 ARTÍCULO 4o. SITUACIONES DE URGENCIA MANIFIESTA O EXTREMA VULNERABILIDAD. Para los efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima, individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite: A. Edad. Tener una edad igual o superior aTutela 2ª Instancia

efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima, individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite: A. Edad. Tener una edad igual o superior aTutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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La Resolución 1049 de 2019, estableció que el Método Técnico de Priorización se aplicará anualmente para determinar el orden de acceso a la indemnización de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, y a efectos de dar cumplimiento a lo previsto, su aplicación será respecto de la totalidad de víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior cuenten con decisión de reconocimiento de la indemnización administrativa a su favor.

La UARIV ha expedido acto administrativo de reconocimiento y en el caso ha aplicado el Método Técnico de Priorización en el primer semestre del año 2021, para determinar, a cuál o cuáles de las personas que fueron reconocidas hasta el 31 de diciembre de 2020 sin criterio de priorización, se les realizará la entrega de la medida conforme a la disponibilidad de recursos destinados para este efecto.

En consecuencia, no se advierte la violación al debido proceso administrativo reclamado , pues la UARIV viene respetando el procedimiento respectivo y sus respectivas fases en el reconocimiento y pago de la indemnización.

los setenta y cuatro (74) años. El presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para las Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemniza ción administrativa a este grupo poblacional. B.

los setenta y cuatro (74) años. El presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para las Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemniza ción administrativa a este grupo poblacional. B. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social. C. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud. PARÁGRAFO 1o. Si con posterioridad a la presentación de la solicitud de indemnización una víctima advierte que cumple alguna de las situaciones definidas en los literales B y C del presente artículo, deberá informarlo a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para ser priorizada en la entrega de la indemnización. PARÁGRAFO 2o. Las víctimas residentes en el exterior podrán acreditar la discapacidad, dificultad del desempeño y/o enfermedad(es) huérfanas, ruinosas, catastróficas o de alto costo, a través de cualquier documento suscrito por el profesional de la salud tratante que sea válido en el país extranjero. La documentación que se aporte a la Unidad para las Víctimas, para los fines descritos en el presente parágrafo, deberá traducirse por el aportante en el idioma español o inglés.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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Por lo tanto, será confirmado en este sentido el fallo de primera instancia

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Por lo tanto, será confirmado en este sentido el fallo de primera instancia emitido el 25 de agosto de 2021, por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio.

5. Del derecho de petición de las personas víctimas del conflicto

5.1. Frente al deber de dar respuesta oportuna, eficaz y de fondo a las peticiones elevadas por la población desplazada, la Corte Constitucional ha señalado8:

“En relación con las peticiones de ayuda que eleva la población desplazada, la sentencia T -025 de 2004 9 estableció que las autoridades competentes tienen el deber de: i) incorporar la solicitud en la lista de desplazados peticionarios; ii) informarle a la víctima de desplazamiento forzado dentro del término de quince (15) días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; iii) informarle dentro del mismo término si la solicitud cumple con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; iv) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, tendrá que adelantar los trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; v) si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, procederá a informar cuándo se hará realidad el beneficio y el procedimiento que se seguirá para que sea efectivamente recibido.

el orden en que las resolverá; v) si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, procederá a informar cuándo se hará realidad el beneficio y el procedimiento que se seguirá para que sea efectivamente recibido. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado10”. (Resalto nuestro)

8 Sentencia T-142 del 7 de marzo de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa. 9 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En esta ocasión, la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional en razón a la violación masiva, prolongada y reiterada de los derechos de la población desplaza da, la cual a juicio de la Corporación, no era imputable a una única autoridad, sino que obedecía a un problema estructural que afectaba a toda la política de atención diseñada por el Estado. En razón de lo anterior, la Corte impartió una serie de órdenes con el fin de solventar esa grave situación. 10 Al respecto pueden consultarse las sentencias T-307 de 1999 (Eduardo Cifuentes Muñoz), T-839 de 2006 (M.P Álvaro Tafur Galvis) y T-501 de 2009 (M.P Mauricio González Cuervo), en las cuales la Corte dejó sentado que “La protección reforzada en materia de derecho de petición es claramente exigible, más aún de las autoridades encargadas de la superación del “estado de cosas inconstitucional” que ha generado dicho fenómeno, en la medida que se trata de personas que se encuentran en una situación de violación múltiple, masiva y continua de

encargadas de la superación del “estado de cosas inconstitucional” que ha generado dicho fenómeno, en la medida que se trata de personas que se encuentran en una situación de violación múltiple, masiva y continua de sus derechos fundamentales”.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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Respecto al turno y fecha cierta para el pago de la medida indemnizatoria, el artículo 11 de la Resolución No. 1049 de 2019 expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, preceptúa:

“Artículo11. Fase de respuesta de fondo a la solicitud. Se trata de la fase en la cual la Unidad para las Víctimas resolverá de fondo sobre el derecho a la indemnización. Una vez se entregue a la víctima solicitante el radicado de cierre de la solicitud en los términos del artículo 7º, la Unidad para las Víctimas contará con un término de ciento veinte (120) días hábiles para resolver de fondo la solicitud, al cabo de lo cual, la Dirección Técnica de Reparación deberá emitir un acto administrativo motivado en el cual se reconozca o se niegue la medida. La materialización de la medida tendrá en cuenta la disponibilidad presupuestal que tenga la Unidad para las Víctimas, además de la clasificación de las solicitudes de indemnización de las que habla el artículo 9º de la presente resolución. En caso de que proceda el reconocimiento de la indemnización, también deberán definirse en su parte resolutiva los montos, distribuciones y reglas

clasificación de las solicitudes de indemnización de las que habla el artículo 9º de la presente resolución. En caso de que proceda el reconocimiento de la indemnización, también deberán definirse en su parte resolutiva los montos, distribuciones y reglas que establecen en los artículos 2.2.7.3.4., 2.2.7.3.5., 2.2.7.3.9., 2.2.7.3.14., 2.2.7.4.9. y 2.2.7.4.10. del Decreto 1084 de 2015 y la presente resolución, o las normas que las modifiquen. Esta decisión deberá notificarse a la víctima, frente a la cual, procederán los recursos en los términos y condiciones establecidos en la Ley 1437 de 2011. PAR.—Tratándose de víctimas de desplazamie nto forzado interno, la distribución de la indemnización administrativa se realizará entre los integrantes del hogar que se encuentren incluidos en el Registro Único de Víctimas al momento del cierre de la solicitud”.

5.2. En el caso, la inconformidad del accionante radica en que la UARIV no resolvió integralmente ni de manera congruente la solicitud de pago de la indemnización administrativa.

Según lo previsto en el inciso segundo del artículo 11 de la Resolución 1049 de 2019, al reclamante el 11 de febrero de 2020 se le notificó de manera personal el contenido de la Resolución No. 04102019327692 del 29 de enero de 2020 . Así mismo, según comunicación No.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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del 29 de enero de 2020 . Así mismo, según comunicación No.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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20217205209921 del 5 de mar zo de 2021 , se le inform ó que la materialización de la indemnización se encuentra sujeta al Método Técnico de Priorización “ruta general” y bajo los parámetros allí establecidos, el método deberá aplicarse a la siguiente vigencia fiscal, es decir para el año 2021.

Sin embargo, en la comunicación No. 202172023057421 del 9 de agosto de 2021, puntualmente la UARIV le señaló al actor que el 30 de julio de 2021 se aplicó el Método Técnico de Priorización con el fin de determinar el orden de asignación de turno para el desembolso de la medida de indemnización administrativa, de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, razón por la cual el 31 de agosto hogaño la Unidad realizará la debida notificación sobre el resultado del mismo. Esta notificación a la fecha no se ha materializado y aunque el despacho de manera insistente trato de comunicarse con el accionante, dichas labores fueron infructuosas y la entidad accionada tampoco comunicó ni acreditó nada durante la impugnación.

Así las cosas, l a UARIV, vulneró el derecho de petición del accionante, pues, aunque le ha informado oportunamente las decisiones adoptadas, al punto de indicarle que tiene derecho a la indemnización reclamada y que el método técnico de priorización para su entrega deberá aplicarse

pues, aunque le ha informado oportunamente las decisiones adoptadas, al punto de indicarle que tiene derecho a la indemnización reclamada y que el método técnico de priorización para su entrega deberá aplicarse para la siguiente vigencia fiscal tal y como lo señala la norma, no resulta suficiente para entender que no existe vulneración a este derecho fundamental, ya que a pesar de que se le informó al ac tor que el 31 de agosto de 2021 le sería comunicado el resultado del método técnico empleado a la fecha al parecer no se ha materializado la aludida comunicación.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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Nótese que en el anexo, capítulo IV de la Resolución No. 1049 de 2019 existe un vacío normativo, pues si bien se determina que la UARIV pondrá a disposición de las víctimas la información que le permita conocer sobre la priorización o no , del desembolso de la indemnización administrativa durante cada vigencia, no se señala el término que tiene la ac cionada para comunicarle al interesado dicho resultado, conllevando a una situación de incertidumbre de la víctima que pretende acceder a mencionada compensación, pues no se establece una fecha determinada en la que se le notificará del acto administrativo de trámite o definitivo, dependiendo si se concede o no el pago, conforme lo consagra el artículo 66 de la Ley 1437 de 201111.

En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia T -028 de 2018, ha determinado que: “los principios de gradualidad y progresividad no

66 de la Ley 1437 de 201111.

En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia T -028 de 2018, ha determinado que: “los principios de gradualidad y progresividad no pueden convertirse en una excusa para mantener indefinidamente, en la incertidumbre, la reclamación de los peticionarios de la reparación, o incumplir el deber de claridad acerca de las etapas y los plazos que debe agotar una persona desplazada para acceder a este rubroLa definición y el respeto de esta ruta administrativa, y la no imposición de las cargas indebidas ya reseñadas, hacen parte de lo que la Corte ha definido, para estos casos, como el cumplimiento de la buena fe”(…)

En ese orden, si bien no es posible que la accionada determine una fecha de pago, dado el procedimiento que debe aplicarse en su caso de conformidad a la Resolución 1049 de 2019, y de ordenarse vulneraría el derecho a la igualdad de las demás víctim as que realizaron los trámites

11 Art. 66 de la Ley 1437 de 2011: DEBER DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes.Tutela 2ª Instancia Rad. 50001318700120210011401

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antes que el accionante, hay lugar amparar el derecho fundamental de petición, al no haberse comunicado a la fecha por la UARIV el resultado del método técnico al accionante, el cual se efectuó en el primer semestre

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antes que el accionante, hay lugar amparar el derecho fundamental de petición, al no haberse comunicado a la fecha por la UARIV el resultado del método técnico al accionante, el cual se efectuó en el primer semestre del presente año.

Si conforme a la Sentencia T - 025 de 2004, en el evento de existir disponibilidad presupuestal suficiente, se debe informar cuándo se hará realidad el beneficio y el procedimiento que se seguirá para que sea efectivamente recibido, no es entendible que en caso contrario es, decir cuando no exista disponibilidad, no se le informe a la víctima sobre tal situación y dentro de esta, la fecha en que se informará sobre dichos resultados.

No se está reprochando la ausencia de asignación de un turno y fecha específica para llevar a cabo el pago de la indemnización, como lo considera la accionada, pues la Sala no desconoce los principios de gradualidad y disponibilidad presupuestal que rigen tal procedimiento, y es consciente que aquellos datos surgen precisamente de la aplicación del modelo referido. Lo que se exige para evitar que se conculque el derecho de petición, es la precisión de una fecha cierta o probable en la que la víctima se informada