CC - T439-2020

Sentencia T-439/20

DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL DE LIDERES SOCIALES-Caso en que la UNP retiró de forma gradual las medidas de seguridad que le fueron asignadas al accionante CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADOSolicitud de suspender el proceso sancionatorio iniciado por presunto uso indebido del vehículo, fue resuelta favorablemente La pretensión relacionada con la decisión de la UNP de impedirle usar el vehículo asignado como sanción por el supuesto uso indebido, perdió su fundamento inicial. En efecto, el accionante presentó una segunda acción de tutela sobre este punto específico, la cual fue resuelta favorablemente y ordenaron a la UNP dejar sin efecto la Resolución que dispuso la sanción. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADONo impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras violaciones DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL DE LIDERES SOCIALES-Deber de protección del Estado con relación a la vida y a la seguridad personal de líderes sociales Para la Corte Constitucional resulta evidente que la creciente victimización de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales es una tragedia con profundas repercusiones sobre el conjunto de la sociedad y compromete, incluso, la vigencia del Estado social y democrático de derecho. De ahí que la protección a estas personas represente un imperativo ineludible del Estado colombiano DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL Y EL DEBER DE PROTECCION DE LIDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS-Aplicación de enfoque diferencial

La jurisprudencia es reiterativa en lo que respecta al derecho a la seguridad personal, el cual se traduce en obligaciones específicas por parte del Estado. La Sentencia T-719 de 2003 enumeró un listado de estas sin el ánimo de hacerlas taxativas; además se ha insistido por esta Corporación que las autoridades encargadas del estudio y la implementación de medidas de seguridad “deben tener en cuenta las condiciones específicas del afectado y adoptar medidas con enfoque diferencial, cuando se trate de, entre otros, líderes sindicales, líderes campesinos y comunitarios, líderes indígenas y afrodescendientes y, en general, defensores de derechos humanos.”

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE RIESGO DE LA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION-Reglas jurisprudenciales DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL Y DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración por falta de motivación de la decisión de retirar esquema de seguridad al accionante

Referencia: Expediente T-7.719.491

Acción de tutela instaurada por Henry Torres Torres contra la Unidad Nacional de Protección (UNP)

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veinte (2020) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado Luis Javier Moreno Ortiz, el magistrado Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el

Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo proferido, en única instancia, por el Juzgado 10º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali.

I. ANTECEDENTES Henry Torres Torres es un líder de las comunidades negras del Cauca. Por su protagonismo en la defensa del medio ambiente, la recuperación del territorio y la salvaguarda de la minería artesanal, ha sido objeto de diversas amenazas, desplazamiento e, incluso, atentados. Desde 2014 cuenta con un esquema de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, considera que las actuaciones recientes de la UNP ponen en inminente y grave riesgo su vida y la de su núcleo familiar, por lo que, a través de la acción de tutela, solicita: (i) el cambio del vehículo de protección; (ii) la no suspensión del vehículo por presunto mal uso; (iii) la ampliación del esquema a su familia; (iv) la contratación del escolta de confianza propuesto; (v) el traslado de su caso a la regional Valle del Cauca de la UNP; y (vi) un subsidio económico para vivienda y manutención en la ciudad de Cali.

1. Hechos relevantes y fundamentos de la solicitud de amparo

2

1. El señor Henry Torres Torres ha recibido múltiples amenazas contra su vida, dada su calidad de líder social y comunitario afro. Desde 2010 ha venido denunciado ante la Fiscalía General de la Nación diversas conductas intimidatorias que ha recibido personalmente, vía mensajes de texto al celular

y con cartas en su lugar de residencia. Entre estas, se resaltan las siguientes: o El 6 de abril de 2010, denunció las amenazas que recibió personalmente en el marco de una reunión de la Cooperativa de Mineros (Coomultimineros), en la que se le advirtió que lo iban a matar. Explicó que dichas amenazas las recibió en su calidad de Gerente de la Cooperativa, por ser el encargado de adelantar investigaciones al interior de la misma y por un conflicto con otras personas de la zona que tienen intereses en la actividad minera.1 o En el 2011, “por las múltiples amenazas (le) tocó dejar abandonado (su) predio y (su) mina de explotación aurífera, único medio de sustento”, ubicado en Buenos Aires (Cauca). Razón por la cual fue inscrito, junto a su núcleo familiar, en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, mediante Resolución RC 02119 de 2017.2 o El 16 de diciembre de 2013, informó sobre una misiva que dejaron en su casa, con el siguiente contenido: “hola amiguito, usted ya no es el gerente de la cooperativa ni lo eligieron alcalde como para que se sienta dueño de la minería de estos dos municipios. nosotros sabemos lo que tenemos y para donde vamos así que no va a haber nadie que se interponga en nuestros planes parcerito. dedíquese a lo suyo y si no lárguese si es que quiere alguito su vida.”3 o El 19 de noviembre de 2015, declaró ante la Fiscalía que había sido víctima de un atentado mientras se desplazaba desde el municipio de

Suarez hacia Jamundí, en la camioneta asignada por la UNP. También, relato haber recibido una nota de voz continuando con la amenaza.4

2. Dada esta situación, el equipo de valoración de la UNP ha calificado el 1 Formato Único de Noticia Criminal, radicado bajo el 196986000633201000425, recibida el 6 de abril de 2010, en Santander de Quilichao (Cauca). Cuaderno de primera instancia, folios 32-36. 2 En ese acto administrativo se consideró: “[…] el abandono del inmueble se efectuó en el año 2011, producto de las amenazas y atentados perpetrados por diferentes grupos armados ilegales como la guerrilla de las FARC, grupos paramilitares y sus disidencias (BACRIM), por cuanto el señor HENRY TORRES TORRES se desempeña como líder social y ha desarrollado diferentes roles en la comunidad minera en defensa de sus intereses y del medio ambiente, lo que ha generado que los monopolios de la minería ilegal y los grupos amados que se financian con esta actividad atenten en contra de su vida, logrando que el solicitante tome la decisión de desplazarse y dejar abandonado su predio, debido a actos violentos que se venía[n] gestando desde años atrás en el sector (…).” Resolución RC 02119 del 22 de noviembre de 2017, “por la cual se decide sobre una(s) solicitud(es) de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.” Cuaderno de primera instancia, folio 75. 3 Formato Único de Noticia Criminal, radicado bajo el 760016000193201213786, recibida en Cali (Valle del Cauca). Cuaderno de primera instancia, folios 27-29.

4 Formato Único de Noticia Criminal, radicado bajo el 196986000633201502528. Recibida el 19 de noviembre de 2015 en Santander de Quilichao (Cauca). Cuaderno de primera instancia, folios 19-21. 3 nivel de riesgo del señor Henry Torres como extraordinario, por lo que ha contado con medidas de seguridad especiales desde el año 2014. En la actualidad, su esquema de protección está integrado por un vehículo blindado, tres escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.5

3. Henry Torres sostiene que el riesgo sobre su integridad y la de su familia se mantiene en la actualidad, en razón de su actividad de liderazgo que se refleja principalmente en (i) su elección como Presidente de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de la Toma, Suarez (Cauca), el 1º de Enero de 2017;6 (ii) su desempeño como Gerente de la Cooperativa de Mineros -Coomultiminerosde Buenos Aires; (iii) su inscripción en el registro de tierras despojadas, junto con su compañera permanente, para la recuperación del territorio;7 y (iv) su rol como miembro del Consejo de Administración de la mencionada Cooperativa, después de ser elegido en el 2018 para un periodo de 2 años.8

4. Más reciéntenme, el 13 de abril de 2019, el señor Torres intervino en el “Taller Construyendo País”, presidido por el Presidente de la República, en el que formuló denuncias sobre la intención de entregar los títulos mineros a unas pocas familias. El accionante asegura que debido a esto ha recibido

varias “amenazas a través de correos humanos que le informan que no debe volver al territorio, ni continuar con las mesas que buscarían solucionar los problemas de minería y energía porque me matarán con escolta y todo.”9

5. De hecho, pocos días después, el 22 de abril, se produjo un nuevo atentado que evidencia el riesgo que vive. Esa mañana su vehículo de protección fue impactado con varios disparos mientras su escolta se desplazaba desde la vereda Gelima hacia la cabecera municipal de Suárez (Cauca).10 Aunque el accionante no se transportaba en el vehículo, en la declaración rendida por José Fernando Montaño Bravo (escolta asignado por la UNP), este relató que el atentado iba dirigido contra su protegido, el señor Henry Torres: “[t]engo conocimiento que mi protegido Henry Torres Torres […] tiene un alto nivel de riesgo por las actividades que desarrolla como líder 5 Unidad Nacional de Protección. Resolución 2087 del 14 de abril de 2020, enviada por el accionante a través de correo electrónico del 20 de mayo de 2020. 6 El accionante afirmó que dicho Consejo Comunitario tiene una medida de protección, que fue ordenada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán en el proceso No. 19001-31-21-001-2015-00018. 7 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Resolución 02119 del 22 de noviembre de 2017. Cuaderno de primera instancia. folios 65-70. 8 Manifestó que sus actuaciones como Gerente generaron “un gran malestar en tres Familias mestizas

foráneas (Sánchez Moreno, Sandoval Olaya y Correa Chavestan) quienes fungían como dueños amos y señores de la minería y los negros seguían siendo en pleno siglo XX, esclavos disimulados porque debían entregar el 50% del oro a estas tres familias y yo rompí este esquema y conseguí legalizar la minería para los más de 3.000 negros y negras de esta zona en la cual estas tres familias hoy también explotan en igualdad de condiciones pero me odian por haber ‘arrebatado’ lo que ellos decían durante años que era de ellos.” Afirma que renunció a la designación de Gerente de la Cooperativo por las múltiples amenazas que recibió. Escrito de Tutela. Cuaderno de primera instancia, folio 2. 9 Escrito de Tutela. Cuaderno de primera instancia, folio 2. 10 Formato Único de Noticia Criminal, radicado bajo el Número Único de Noticia Criminal 190016008786201900054, recibida el 24 de abril de 2019, en Popayán, Departamento del Cauca. Cuaderno de primera instancia, folios 13-18. 4 comunitario, presidente de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de La Toma, y miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa Coomultimineros, pues en varias ocasiones, fuentes humanas nos han prevenido sobre riesgos y comentarios acerca de un posible atentado contra la vida de mi protegido y obviamente contra la mía como su escolta, ya que él defiende unos procesos de demanda de restitución ante el Juzgado Civil de Tierras de Popayán. De igual manera,

aunque coloco el denuncio, el atentado iba dirigido a mi protegido, ya que los tres impactos de bala dieron en la puerta y vidrio del copiloto, asiento que él siempre ocupa, con la ventaja de que el vehículo es blindado protegiendo así mi integridad y la de él si hubiera ido en el carro.”11

6. Pese a lo ocurrido, el accionante asegura que la UNP no ha tomado los correctivos necesarios para preservar su vida. Por el contrario, manifiesta que recibió una llamada de un funcionario de la UNP quien le habría informado que en los próximos días sería sancionado con la suspensión del vehículo blindado, por presunto mal uso. A lo que el señor Torres se opone, argumentando que siempre ha empleado correctamente la camioneta asignada y que el proceso sancionatorio en su contra es el resultado de una persecución interna “como consecuencia de unas quejas presentadas por mis anteriores escoltas que hacen parte de la gran familia sindical.”12

7. Reclama también que su esquema de seguridad no esté conformado por integrantes con enfoque diferencial y cercanos a la comunidad donde reside, quienes sí entenderían sus necesidades particulares. Es más, dice sentirse intimidado por la mayoría de escoltas asignados para su protección, de quienes sostiene que lo graban sin su permiso y no atienden sus peticiones, por lo que teme que puedan compartir información sensible con personas que deseen atentar contra su vida. Por esta razón, ha postulado varios candidatos para ser nombrados escoltas, los cuales, sin embargo, han sido rechazados.

8. Por último, cuestiona que el esquema de protección no se haya extendido efectivamente a su núcleo familiar (compañera e hijos), pese a que las

resoluciones 5771 de 2017 y 7580 de 2018 así lo habían dispuesto. Explica que por sus actividades como líder social debe permanecer en la región, mientras que su familia vive sola y vulnerable pues “aunque las dos mujeres son mayores de edad, están estudiando en la Universidad y el niño de 10 años está en 5º de primaria y les toca transportarse en servicio público todo el tiempo.”13

9. Con fundamento en lo expuesto, el 2 de mayo de 2019, Henry Torres Torres radicó acción de tutela, actuando en nombre propio y en representación de su núcleo familiar, contra la UNP. Solicitó: (i) cambiar el vehículo 11 Formato Único de Noticia Criminal, radicado bajo el Número Único de Noticia Criminal 190016008786201900054, recibida el 24 de abril de 2019, en Popayán, Departamento del Cauca. Cuaderno de primera instancia, folio 14. 12 Cuaderno de primera instancia, folio 5.

13 Ibidem. 5 asignado en tanto “no ofrece las garantías de seguridad por los impactos de bala recibidos el pasado 22 de abril de 2019, más el hongo (humedad entre vidrios del blindaje que separa las capas de vidrio) que tienen el parabrisas y todas las demás ventanas”; (ii) evitar que se materialice la medida tomada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas -CERREM- , en la que se le quitaría el vehículo por un mes, (iii) ampliar efectivamente el esquema a su núcleo familiar en Cali; (iv) revisar nuevamente la hoja de vida

de Alexander Montaño García, para que sea contratado como su escolta; (v) cambiar o trasladar el esquema de la Regional Cauca a la Regional Valle del Cauca; y, (vi) asignarle un subsidio de apoyo económico, bien sea a través de la UNP, la Unidad de Restitución de Tierras o la entidad que cumpla esas funciones.

10. Junto con su escrito de tutela, allegó las múltiples denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, las resoluciones de protección proferidas por la UNP, varios documentos de soporte para acreditar las afectaciones sufridas en el vehículo y una solicitud de la Defensoría del Pueblo para tomar medidas urgentes en su favor.

2. Trámite de instancia y contestación de la entidad demandada

11. El Juzgado 10º Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Cali, a quien fue asignado por reparto el proceso, admitió la demanda mediante Auto del 02 de mayo de 2019. Al día siguiente ordenó a la Unidad Nacional de Protección, como medida cautelar, “contin[uar] prestando al señor Henry Torres y a su núcleo familiar el esquema de protección recomendado en la Resolución 7580 del 07 de septiembre de 2018.”14

12. Por su parte, la UNP, en comunicación del 07 de mayo, suscrita por la jefe de la Oficina Jurídica, solicitó denegar el amparo. Explicó que la entidad había actuado en el marco de sus competencias y de manera diligente para conjurar cualquier acción que pudiera amenazar la integridad personal del protegido. A continuación, se refirió a cada una de las solicitudes elevadas por el

accionante, explicando por qué ninguna debía ser acogida por el juez de tutela.

13. En primer lugar, precisó que una vez tuvo conocimiento del atentado ocurrido el 22 de abril de 2019, la UNP solicitó el inicio de “las actividades de campo correspondientes a la revaluación por nuevos hechos, para determinar el nivel del riesgo actual del beneficiario”, en los términos dispuestos en el parágrafo 2 del artículo 2.4.1.2.40. del Decreto Ley 1066 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.”15 Dicha decisión fue informada al accionante el 6 de mayo de 2019. Respecto a la solicitud de cambio de vehículo, manifestó que “actualmente el beneficiario cuenta con el vehículo de protección asignado a su favor, en buenas condiciones.”16 14 Auto de sustanciación No. 058, del 03 de mayo de 2019. Cuaderno de primera instancia, folios 128-129. 15 Comunicación interna MEM19-00011044, del 6 de mayo de 2019, por medio de la cual se solicita el inicio de la revaluación por nuevos hechos a favor del señor Henry Torres Torres. 16 Cuaderno de primera instancia, folio 133.

6

14. Respecto al proceso sancionatorio originado por el mal uso del vehículo, detalló que, a lo largo del año 2017, la Unidad recibió varios reportes negativos por parte de los escoltas del señor Torres. Fue por ello que la Coordinación de control, seguimiento y desmonte de medidas inició el proceso de verificación. Destacó que el artículo 2.4.1.2.44. del Decreto 1066

de 2015 establece que el uso indebido de las medidas otorgadas puede llevar a la ‘suspensión de las mismas’, y que de configurarse los hechos relacionados con éste, se dará aplicación al procedimiento descrito en el artículo 2.4.1.2.45. No obstante lo anterior, precisó que la decisión aún está siendo estudiada por el Comité, “razón por la cual aún no se cuenta con un acto administrativo que implique la suspensión del [vehículo de protección].”17

15. En cuanto a la pretensión de hacer extensivas las medidas de seguridad al su núcleo familiar, señaló que, en atención a la reevaluación por nuevos hechos, prevista en el parágrafo 2 del artículo 2.4.1.2.40 del Decreto Ley 1066 de 2015, “se procederá a establecer si la situación actual de presunto riesgo se enmarca dentro de las características mencionadas, y si procede modificar las medidas extensivas a su núcleo familiar o a ratificarlas.”18

16. Frente a la petición del nombramiento de un hombre de protección con enfoque diferencial, explicó que, luego de validar la hoja de vida del señor Alexander Montaño García -persona propuesta por el accionante-, se concluyó que “no cumplía a cabalidad con los [requisitos].” Precisó, además, que el proceso de selección lo lleva a cabo una empresa externa a la UNP, de las que conforman la Uniones Temporales.

17. Con respecto a la solicitud de traslado del esquema de la regional Cauca a la regional Valle del Cauca, manifestó no haber recibido una petición en ese sentido. Aclaró, de todos modos, que el beneficiario puede solicitar la

viabilidad de traslado de ubicación y/o de regional, en atención a sus actividades, indicando el lugar exacto y motivo del traslado. No obstante, advirtió que “si desea continuar con el mismo esquema de protección, es necesario contar con la disponibilidad de los hombres de protección para realizar el traslado, o en su defecto, de no contar con dicha disponibilidad, iniciar el proceso de selección para que se pueda brindar la protección en el nuevo lugar.”19

18. Finalmente, sobre la solicitud de ayudas económicas o de un subsidio para vivienda y manutención, rechazó la procedencia de este tipo de prestaciones económicas a través de la acción de tutela.

3. Decisión de instancia en el trámite de tutela

19. Mediante sentencia del 15 de mayo de 2019, el Juzgado 10º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali declaró la improcedencia. 17 Cuaderno de primera instancia, folio 139. 18 Cuaderno de primera instancia, folio 134. 19 Cuaderno de primera instancia, folios 135 y 136.

7 Sin embargo, en la parte resolutiva, conminó a la UNP “para que antes de tomar una decisión de fondo, se tenga en cuenta que el accionante es sujeto de especial protección por parte del Estado, atendiendo su condición de líder comunitario.”20

20. La providencia se enfocó en el proceso sancionatorio. Consideró que si bien este se encontraba en curso, lo cierto es que el mismo no había concluido pues “no ha sido formalizado y por ende notificado al accionante, por lo que hasta este momento no se evidencia la violación de ningún derecho fundamental. Además, en caso de que le sea adversa tiene el legítimo derecho

a controvertirla por vía administrativa.”21

21. Frente a las demás pretensiones, concluyó que eran improcedentes.

Explicó que las decisiones que tome la UNP, previa valoración de todas las circunstancias, pueden ser impugnadas a través de los mecanismos ordinarios de contradicción.

4. Actuaciones adelantadas en sede de revisión 4.1. Primer auto de pruebas

22. Con el fin de allegar al proceso elementos de juicio relevantes, la Magistrada sustanciadora, mediante Auto del 17 de febrero de 2020, decretó una serie de pruebas. Puntualmente, (i) solicitó a la UNP la información relevante en que se soportó para tomar las decisiones sobre el esquema de protección del accionante, así como el procedimiento sancionatorio y los criterios valorados; (ii) indagó con el señor Torres si se había hecho efectiva la suspensión del vehículo de protección y, en caso afirmativo, qué recursos de defensa había iniciado; y (iii) pidió a la Defensoría del Pueblo los reportes o alertas tempranas sobre la situación de seguridad en los municipios de Suárez y Buenos Aires (Cauca), lugares donde el señor Henry Torres ejerce su labor. 4.1.1. Unidad Nacional de Protección (UNP)

23. El jefe de la Oficina Jurídica de la UNP22 informó que mediante Resolución 3381 del 15 de mayo de 2019, la entidad decidió adoptar las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) dentro del proceso sancionatorio en curso contra el accionante. En consecuencia, ordenó suspender el uso del vehículo blindado

por un mes. Allí también dispuso que, una vez restablecido el esquema, el mismo no sería “extensivo al núcleo familiar.”23 Decisión que fue impugnada por el accionante a través de recurso de reposición, pero que fue confirmada mediante Resolución 6338 del 2 de septiembre de 2019.

24. No obstante lo anterior, informó que el protegido interpuso el 11 de 20 Cuaderno de primera instancia, folio 195.

21 Ibidem. 22 Diego Fernando Rodríguez Vásquez. 23 Resolución 3381 del 15 de mayo de 2019, proferida por la UNP. Cuaderno de revisión, folio 116. 8 septiembre una nueva acción de tutela dirigida contra la decisión sancionatoria. Proceso que fue conocido en primera instancia por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Cali, que concedió el amparo, en el sentido de restablecer, de manera inmediata, el uso del vehículo asignado. El amparo fue confirmado luego en segunda instancia, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali. A la luz de lo ocurrido, la UNP concluye que “nunca le fue suspendido al señor Torres Torres el vehículo blindado por el mal uso que le daba este.”24

25. Por otro lado, señaló que finalizando el año 2019 se adelantó la reevaluación del nivel de riesgo del señor Henry Torres. Según este nuevo análisis, su riesgo fue ponderado como extraordinario con matriz del 59.99%, producto del cual se dispuso “ajustar medidas de protección tipo dos a tipo tres de la siguiente manera: implementar un hombre de protección con enfoque diferencial y/o de confianza. Ratificar un vehículo blindado y dos

hombres de protección. Ratifica un medio de comunicación y un chaleco blindado.” Decisión que quedó plasmada a través de la Resolución No. 8451 del 21 de noviembre de 2019.25 Mediante Resolución 0531 del 5 de febrero de 2020, la UNP no accedió al recurso de reposición elevado por el señor Torres argumentando que las medidas de protección no se hicieron extensivas al núcleo familiar, en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el

CERREM.

4.1.2. Henry Torres Torres

26. El accionante reconoció haber radicado una segunda tutela ante la inminente orden de suspensión del vehículo. Sin embargo, manifestó que no había interpuesto la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones en las que se le suspendió el uso del vehículo, como disponía la orden de amparo transitorio. Lo anterior, por cuanto un abogado le informó que tenía que presentar la demanda ante el Consejo de Estado, pero él no tenía “posibilidades económicas de sacar adelante un proceso de esta cuantía.” Por ello, expresó su preocupación que “en cualquier momento [l]e hagan efectiva la suspensión de vehículo pues ya se cumplieron los dos meses.”26 Asimismo, puso de presente a la Corte lo que, en su opinión, ha sido una persecución del sindicato de escoltas, a través de montajes, para culparlo del supuesto uso indebido del vehículo de protección.

27. Respecto a su situación de seguridad, reprochó que si bien la UNP reforzó su esquema de protección, al aumentar un escolta con enfoque diferencial y/o de confianza, no lo hizo extensivo a su núcleo familiar. También afirmó que a

la fecha sólo contaba con un escolta de confianza y otro provisional, dadas las dificultades por encontrar personal disponible. Por último, indicó que había pedido el cambio de llantas desde el 16 de diciembre de 2019, pero que la petición fue descartada, bajo el argumento de que aún no se había cumplido la vida útil de los neumáticos de acuerdo con el proveedor. 24 Cuaderno de revisión, folio 43. 25 Cuaderno de revisión, folio 46. 26 Cuaderno de revisión, folio 74. 9 4.1.3. Defensoría del Pueblo

28. La Delegada para asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo27 rindió un concepto sobre el alto escenario de riesgo de vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en la zona. Puntualmente, dio cuenta de las siguientes alertas tempranas:

(i) Alerta temprana de inminencia Nro. 001-18 del 02 de enero de 2018 y la 034 del 09 de abril de 2018, debido a la situación de riesgo en el municipio de Suárez en la subregión norte del Departamento del Cauca, no obstante, no se incluye taxativamente al corregimiento de La Toma. Pese a ello, para la Defensoría del Pueblo, la disputa por el control territorial que libran los grupos armados ilegales que se autodenominan disidencia de la FARC-EP, EPL y AGC, afecta a todo el ente territorial y la precitada subregión. (ii) Alerta temprana de inminencia 050-18 del 09 de junio de 2018:

advierte la grave situación de riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario de la cuenca del Río Naya en los municipios de Buenos Aires y López de Micay en el Departamento del Cauca, y Buenaventura en el Valle del Cauca. (iii) Alerta Temprana Nro. 033-19-Suárez: Amplía el escenario de riesgo de las alertas tempranas de inminencia número 001-18 del 02 de enero de 2018 y 034 del 19 de abril de 2018, y se incluye taxativamente al corregimiento de La Toma. (iv) Oficio de Consumación a la Ciprat enviado el 26 de abril de 2019, donde se advierte sobre la situación de riesgo identificada para las organizaciones sociales y comunitarias, movimientos sociales, mesas de participación de víctimas, líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el departamento del Cauca, quienes vienen siendo amenazados a través de panfletos y otros mecanismos de intimidación por parte de actores armados ilegales, directa o indirectamente, a raíz de los procesos de exigibilidad de derechos individuales y colectivos, y las movilizaciones en ejercicio del derecho de protesta social. (v) Oficio de Consumación a la Ciprat enviado el 23 de julio de 2019, en razón a la situación de riesgo identificada para los líderes y lideresas sociales de los corregimientos de La Toma y la Meseta en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, a raíz de amenazas recibidas a través de mensaje de texto el 12 de julio de 2019.”28

29. A partir de lo anterior, la Defensoría del Pueblo concluye que “ha puesto 27 Sandra Lucia Rodríguez Rojas. 28 Cuaderno de revisión, folio 89. 10 de presente la difícil situación de violencia y de alteración del orden público que ha situado a los y las defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales de las zonas referidas, en escenarios de gran peligro que requieren la intervención inmediata del Estado.”29 4.2. Segundo auto de pruebas

30. En atención a que los documentos allegados por las partes referían una segunda acción de tutela en relación con el proceso sancionatorio adelantado por la UNP contra el protegido Henry Torres Torres, se procedió a la búsqueda de dicho expediente en los sistemas de información de la Corte Constitucional. Fue así cómo se identificó que este proceso de tutela había sido radicado en esta Corporación bajo el número T-7.751.899.

31. A través de Auto del 05 de marzo del año en curso, se solicitó a la Secretaría General de la Corte remitir el referido expediente al Despacho de la Magistrada sustanciadora. Más adelante,