CCE - Concepto C-1445 de 2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Naturaleza

El contrato de prestación de servicios es uno de los tipos contractuales consagrados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – en adelante EGCAP-, que pueden celebrar las entidades estatales […] Se trata de un contrato típico, ya que se encuentra definido en la ley y, por tanto, en las condiciones descritas en los artículos 13, 32 y 40 del EGCAP, su regulación desplaza las reglas del arrendamiento de servicios inmateriales de que tratan los artículos 2063 y siguientes del Código Civil.

PLANEACIÓN CONTRACTUAL – Alcance

[…] la planeación contractual es una herramienta de gerencia pública, la cual exige estructurar el proceso contractual dedicando tiempo y esfuerzos para elaborar estudios previos, con el fin de determinar la necesidad que pretende satisfacer y cuál es la mejor manera de hacerlo, consultando el tipo de bienes y servicios que ofrece el mercado y cuáles son sus características, especificaciones, precios, costos, riesgos, garantías, disponibilidad, oferentes, etc., que conlleven a una diligente escogencia de la mejor oferta para beneficiar los intereses y fines públicos inmersos en la contratación de las entidades estatales.

El EGCAP contiene disposiciones que demandan de las entidades estatales el deber de realizar planeación en la etapa precontractual, para que los procesos de contratación satisfagan las necesidades de la Administración, cumplan sus fines, logren la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y permitan la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran en la consecución.

ESTUDIOS PREVIOS – Alcance

[…] los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato”, por lo que deben publicarse en la etapa precontractual y sirven de motivación para los documentos expedidos unilateralmente por la entidad estatal tales como el acto administrativo de apertura, los pliegos de condiciones y el acto de adjudicación, entre otros. En ese sentido, los estudios y documentos previos son necesarios antes de la celebración del contrato, pues fundamentan las condiciones que la Entidad Estatal exige en sus procesos de contratación. Sin embargo, luego de la suscripción del contrato la entidad no debe actuar unilateralmente, sino que debe respetar la buena fe contractual y proceder de acuerdo con lo pactado.

ESTUDIOS DEL SECTOR – Identificación aspectos de mercado

[…] es necesario el estudio del mercado y el análisis del sector económico y de los oferentes, actividad de planeación previa que sirve para identificar aspectos concretos del mercado que pueden afectar el proceso de selección o las condiciones del negocio a realizar a través del proceso de contratación de bienes, obras o servicios. En este sentido, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 dispone lo siguiente: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.

De acuerdo con la norma citada, la entidad debe realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, sin que sea relevante la modalidad de selección. Hacer un análisis desde la perspectiva legal implica la revisión de la regulación vigente para el mercado dentro del que se encuentra el objeto del contrato. La perspectiva comercial hace referencia a analizar quiénes pueden ofrecer el bien o servicio que se quiere contratar, cuáles son sus condiciones, si tienen condiciones especiales que sean relevantes para determinar los requisitos habilitantes, entre otros. Desde una perspectiva financiera, el análisis conlleva una revisión de las características financieras que se presentan dentro del mercado del bien o servicio, como por ejemplo el índice de endeudamiento que tienen las empresas o personas naturales que ofrecen dicho bien o servicio. Con la perspectiva organizacional se pretende que la entidad estatal entienda cómo están organizados internamente los posibles oferentes y de qué manera realizan sus negocios y operaciones.

Para negociar de manera adecuada, es necesario conocer la estructura de los posibles contratistas, pues permite identificar la forma en la que suplirá los requerimientos de la entidad. El análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del proceso de contratación, las condiciones del bien o servicio y las ventajas que representa para la Administración contratar el bien o servicio con el contratista. En este último punto, el análisis del sector permite sustentar la decisión de realizar un proceso de contratación desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía.

ESTUDIOS DEL SECTOR – Contratación directa

Si bien los estudios del sector son de gran relevancia en los procesos de contratación donde existe pluralidad de oferentes, nada obsta para que se elaboren allí donde no existiría competencia. Para estos efectos, la guía mencionada en el precedente explica que “En la contratación directa, el estudio del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El estudio del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía. La Entidad Estatal debe consignar en los Documentos del Proceso, bien sea en los estudios previos o en la información de soporte de los mismos, los aspectos de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 (…)”.

RIESGOS ‒ Normativa ‒ Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 ‒ Ámbito de aplicación

Con la expedición de la Ley 1150 de 2007 se propendió porque, durante la planeación de los procesos de contratación, las entidades estatales estimaran de forma anticipada las posibles eventualidades que puedan generarse durante la ejecución del contrato. Así, el artículo 4 de dicha ley obliga a las entidades estatales a estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación dentro de los pliegos de condiciones o sus equivalentes, y a señalar, en las licitaciones públicas, el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva. Por su parte, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 reiteró esta obligación al exigir que los estudios y documentos previos contengan el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo

IDONEIDAD Y EXPERIENCIA – Deber de verificación – Alcance

La verificación de la idoneidad merece una precisión adicional. Esta Subdirección ha señalado que la idoneidad “hace referencia a la condición o cualidad que debe acreditar una persona […] a fin de verificar si cuenta con la capacidad para ejecutar el objeto del contrato”, y que se trata de “un requisito plasmado en un concepto jurídicamente indeterminado que es necesario dotar de contenido en cada caso concreto”

Bogotá D.C. 22 octubre 2026

[image]Señora

Estefany Ricaurte

estefaniiyricaurt@gmail.com

Ciudad

Bogotá D.C. 22 octubre 2026

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Estefany Ricaurte

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| | | | --- | --- | | | Concepto C-1445 de 2026 | | Temas: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Naturaleza / PLANEACIÓN CONTRACTUAL – Alcance / ESTUDIOS PREVIOS – Alcance / ESTUDIOS DEL SECTOR – Identificación aspectos de mercado / ESTUDIOS DEL SECTOR – Contratación directa / RIESGOS ‒ Normativa ‒ Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 ‒ Ámbito de aplicación / IDONEIDAD Y EXPERIENCIA – Deber de verificación – Alcance | | Radicación: | Respuesta a consulta con radicado 1\_2026\_09\_14\_012237 |

Estimada señora Estefany:

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente –, en ejercicio de las competencias otorgadas por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Entidad y, de conformidad con las modalidades del derecho de petición contempladas en la Ley 1755 de 2015 y en la resolución N° 469 del 2025 expedida por esta Agencia, responde su solicitud de consulta de fecha 13 de septiembre de 2026, en la cual manifiesta lo siguiente:

“(…)

1. Cuando se hacen estudios previos de contratación directa para la prestación de servicios de persona natural, ¿estos deben tener obligatoriamente la sección de estudio de mercado y la matriz riesgos?

“(…)

1. Cuando se hacen estudios previos de contratación directa para la prestación de servicios de persona natural, ¿estos deben tener obligatoriamente la sección de estudio de mercado y la matriz riesgos?

2. Cuando se hacen estudios previos de contratación directa para la prestación de servicios de persona jurídica, ¿estos deben tener obligatoriamente la sección de estudio de mercado y la matriz riesgos?

3. ¿Están pre-establecidas por parte de la ley o de ustedes las variables que deben contener las matrices de riesgos? o ¿Dichas variables son potestativas de las entidades?

4. Cuando el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, dice acerca de los contratos de prestación de servicios: "los cuales indican que se podrá contratar directamente con persona natural o jurídica, que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita".

Dicha constancia debe ser tipo certificación que posteriormente se deje como anexo al estudio previo, ó puede dejarse escrito dentro del estudio previo.

(…)”.

Dicha constancia debe ser tipo certificación que posteriormente se deje como anexo al estudio previo, ó puede dejarse escrito dentro del estudio previo.

(…)”.

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

Conforme lo expuesto, en aras de garantizar el derecho fundamental de petición, se resolverá su petición dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción del caso particular y concreto señalado en su petición, pero señalando algunas consideraciones sobre las normas generales relacionadas al problema jurídico de su consulta.

1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Cuáles son los requisitos de planeación y justificación que deben observar las entidades estatales en la celebración de contratos de prestación de servicios mediante contratación directa y, específicamente, qué análisis o verificaciones deben constar en los estudios previos respecto del estudio del sector o del mercado, la matriz de riesgos y la acreditación de la idoneidad del futuro contratista y la constancia relativa a la no necesidad de obtener varias ofertas?

2. Respuesta:

| El contrato de prestación de servicios es uno de los tipos contractuales consagrados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que pueden celebrar las entidades estatales a través de la modalidad de la contratación directa. Ahora bien, teniendo en cuenta su consulta, debe advertirse que la planeación contractual es una herramienta de gerencia pública, la cual exige estructurar el proceso contractual dedicando tiempo y esfuerzos para elaborar estudios previos, con el fin de determinar la necesidad que pretende satisfacer y cuál es la mejor manera de hacerlo, consultando el tipo de bienes y servicios que ofrece el mercado, así como sus características, especificaciones, precios, costos, riesgos, garantías, disponibilidad, y potenciales oferentes, etc., de manera que se favorezca el cumplimiento de los fines estatales y la adecuada gestión de los recursos públicos. En ese sentido, los estudios y documentos previos constituyen el soporte de la contratación y son necesarios antes de la celebración del contrato, pues fundamentan las condiciones técnicas, juridicas y financieras que justifican la necesidad de las contratación y la forma de satisfacerla. Para cumplir este objetivo, las entidades estatales deben realizar el análisis del sector económico relativo al objeto contractual. En efecto, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 dispone que la entidad debe adelantar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgos, dejando constancia de ello en los documentos del proceso. Esta obligación resulta aplicable con independencia de la modalidad de selección utilizada, incluyendo la contratación directa y los contratos de prestación de servicios. Ahora bien, el análisis del sector no exige necesariamente la elaboración de un documento autónomo denominado “estudio de mercado”. Lo relevante es que la entidad adelante las actividades de planeación necesarias para comprender el comportamiento del sector correspondiente y justificar

directa y los contratos de prestación de servicios. Ahora bien, el análisis del sector no exige necesariamente la elaboración de un documento autónomo denominado “estudio de mercado”. Lo relevante es que la entidad adelante las actividades de planeación necesarias para comprender el comportamiento del sector correspondiente y justificar adecuadamente el valor estimado del contrato, para lo cual podrá acudir, entre otros mecanismos, a consultas del mercado, información histórica de contrataciones anteriores, estudios especializados, análisis de precios o cotizaciones, según las características del objeto contractual. Si bien los estudios del sector son de gran relevancia en los procesos de contratación donde existe pluralidad de oferentes, también se exige que se elaboren en aquellos procesos donde no existiría competencia. Por el contrario, en estos eventos permiten sustentar la necesidad de acudir a dicha modalidad, justificar la selección del contratista y demostrar que las condiciones contractuales resultan razonables desde la perspectiva de la eficiencia, eficacia y economía. La propia Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha señalado que, tratándose de contratación directa, la entidad debe consignar en los documentos del proceso los aspectos contemplados en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. Por otra parte, tratándose específicamente de contratos de prestación de servicios, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 exige que la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En consecuencia, la entidad debe establecer en los estudios previos los parámetros mínimos que permitan acreditar dicha idoneidad o experiencia y justificar por qué la persona natural o jurídica seleccionada cuenta con las competencias necesarias para ejecutar adecuadamente el objeto contractual. Estos requisitos deben ser proporcionales a la naturaleza y alcance del contrato por celebrar. Las anteriores exigencias resultan

que permitan acreditar dicha idoneidad o experiencia y justificar por qué la persona natural o jurídica seleccionada cuenta con las competencias necesarias para ejecutar adecuadamente el objeto contractual. Estos requisitos deben ser proporcionales a la naturaleza y alcance del contrato por celebrar. Las anteriores exigencias resultan aplicables tanto cuando la contratación directa se celebra con una persona natural como cuando se celebra con una persona jurídica, pues en ambos casos la entidad debe elaborar los estudios previos correspondientes, adelantar el análisis del sector, verificar la idoneidad o experiencia requerida y justificar el valor estimado del contrato. [[relatoria....pra.gov.co]](https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-674-de-2024/), [[relatoria....pra.gov.co]](https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-183-de-2025/) Ahora bien, respecto de la administración de riesgos, es importante mencionar que la Ley 1150 de 2007 estableció la obligación de identificar, estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación estatal. En consecuencia, las entidades deben analizar los riesgos asociados al contrato y dejar constancia de dicho análisis dentro de los documentos del proceso. Sin embargo, la normativa vigente no impone para los contratos de prestación de servicios un formato único o una matriz de riesgos predeterminada. Lo relevante es que exista una identificación y asignación razonable de los riesgos previsibles atendiendo las características del negocio jurídico correspondiente. Finalmente, en relación con la regla prevista en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, según la cual en los contratos de

prestación de servicios no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, debe señalarse que la norma exige que el ordenador del gasto deje constancia escrita de dicha circunstancia. No obstante, el ordenamiento jurídico no establece un formato específico para ello. En consecuencia, la constancia puede incorporarse dentro de los estudios previos o reposar en un documento independiente que haga parte de los soportes del proceso, siempre que quede debidamente documentada y permita evidenciar el cumplimiento de la exigencia reglamentaria. En síntesis, en los contratos de prestación de servicios celebrados mediante contratación directa la entidad estatal debe adelantar las actividades de planeación exigidas por el Decreto 1082 de 2015, incluyendo el análisis del sector, la identificación y asignación de riesgos previsibles y la verificación de la idoneidad o experiencia del futuro contratista. Estas obligaciones son aplicables tanto cuando el contratista sea una persona natural como cuando sea una persona jurídica. Asimismo, aunque no es necesario obtener varias ofertas, la entidad debe dejar constancia escrita de dicha circunstancia dentro de los documentos que integran el proceso contractual. Finalmente, es importante advertir que compete a cada Entidad Estatal que considera celebrar un contrato específico definir cómo adelantará el procedimiento correspondiente. Dentro de este marco, la entidad contratante definirá en cada caso concreto lo relacionado con el tema objeto de consulta. Al tratarse de un análisis que debe realizarse a un asunto particular y concreto, esta Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Así, cada Entidad establecerá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente validarla. |

3. Razones de la respuesta:

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:

1. El contrato de prestación de servicios es uno de los tipos contractuales consagrados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – en adelante EGCAP -, que pueden celebrar las entidades estatales. Históricamente, dicha tipología se encontraba regulada en el artículo 138 del Decreto Ley 150 del 1976 y en el artículo 163 del Decreto Ley 222 de 1983. Se trata de un contrato típico, ya que se encuentra definido en la ley y, por tanto, en las condiciones descritas en los artículos 13, 32 y 40 del EGCAP, su regulación desplaza las reglas del arrendamiento de servicios inmateriales de que tratan los artículos 2063 y siguientes del Código Civil.

Actualmente, dicho contrato se encuentra consagrado en el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 80 de 1993, el cual establece:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

La celebración de dicho contrato se realiza a través de la modalidad de la contratación directa. Así lo prevé el artículo 2, numeral 4º, literal h), de la Ley 1150 de 2007, que dispone:

“(…)

Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos:

(…)

h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”.

(…)

h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”.

El Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. reglamenta la contratación directa para los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales, en los siguientes términos:

“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan en­comendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos”.

A partir de las disposiciones citadas, así como la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 9 de septiembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado[[1]](#footnote-1), es posible señalar las siguientes características del contrato de prestación de servicios:

i)Solo puede celebrarse para realizar “actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”, es decir, que hagan parte de su giro ordinario o quehacer cotidiano[[2]](#footnote-2).

1. Respecto del tipo de personas que pueden ser contratadas, admite que se suscriba con personas naturales o jurídicas. Sin embargo, cuando se celebre con personas naturales la entidad estatal debe justificar, en los estudios previos, que las actividades “no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”.

1. Si bien se celebran para obtener la prestación personal de un servicio, se diferencian del contrato de trabajo en que quien celebra el contrato de prestación de servicios debe mantener autonomía e independencia en la ejecución de la labor, lo que significa que no debe existir subordinación ni dependencia, que es uno de los elementos constitutivos del vínculo laboral[[3]](#footnote-3). Por eso, el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 80 de 1993 establece que “En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales”. Este inciso, más que un enunciado que aluda al “ser”, se refiere al “deber ser”, pues debe interpretarse en el sentido de que los contratos de prestación de servicios profesionales no pueden generar relación laboral, ni dar lugar a que las entidades estatales paguen por su cuenta los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del contratista. Tal como se indicó, no puede existir subordinación y dependencia; entonces, la relación laboral está proscrita y el contratista es quien, como “trabajador independiente” –como lo califican las normas de la seguridad social– debe cotizar por su cuenta y riesgo al Sistema de Seguridad Social Integral[[4]](#footnote-4).

1. Deben ser temporales. La mencionada Sentencia de Unificacion Jurisprudencial del Consejo de Estado, frente a la duración del contrato de prestación de servicios señaló que solo puede celebrarse por un “término estrictamente indispensable”. En ese entendido, unificó el sentido y alcance del término estrictamente indispensable como “aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento”.

De igual manera, señaló que “no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes”. En sentido similar se manifestó la Corte Constitucional en la sentencia C-154 de 1997, expresando que:

“La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”[[5]](#footnote-5).

1. Se celebran a través de la modalidad de contratación directa, independientemente de la cuantía y del tipo de servicio profesional, siempre que su objeto no sea la consultoría. Esto por cuanto, como lo indicó el Consejo de Estado en otra Sentencia de Unificación Jurisprudencial del año 2013, si bien en ambos existe un componente intelectual y profesional, el objeto del contrato de consultoría es especial y debe celebrarse, por regla general, mediante un concurso de méritos[[6]](#footnote-6). Esto también se deriva del artículo 2, numeral 4º, literal h) de la Ley 1150 de 2007, al señalar que procede la contratación directa para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas.

1. Para su celebración no se requiere expedir un acto administrativo de justificación de la contratación directa[[7]](#footnote-7).

1. El contrato admite la inclusión de cláusulas excepcionales. En los contratos de prestación de servicios se puede pactar la caducidad, la modificación, interpretación o terminación unilateral, como acuerdos o elementos accidentales, así que para ejercer estas exorbitancias deben incluirse expresamente, porque no se entienden pactadas como cláusula de la naturaleza. Así se infiere del artículo 14, numeral 2º, de la Ley 80 de 1993[[8]](#footnote-8).

1. No es obligatoria la liquidación de estos contratos, como lo establece el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993[[9]](#footnote-9).

1. Para su celebración el contratista no requiere estar inscrito en el Registro Único de Proponentes –en adelante RUP–, como lo señala el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007[[10]](#footnote-10).

1. Ahora bien, en atención a su consulta debe advertirse que la planeación contractual es una herramienta de gerencia pública, la cual exige estructurar el proceso contractual dedicando tiempo y esfuerzos para elaborar estudios previos, con el fin de determinar la necesidad que pretende satisfacer y cuál es la mejor manera de hacerlo, consultando el tipo de bienes y servicios que ofrece el mercado y cuáles son sus características, especificaciones, precios, costos, riesgos, garantías, disponibilidad, oferentes, etc., que conlleven a una diligente escogencia de la mejor oferta para beneficiar los intereses y fines públicos inmersos en la contratación de las entidades estatales.

El EGCAP contiene disposiciones que demandan de las entidades estatales el deber de realizar planeación en la etapa precontractual, para que los procesos de contratación satisfa