CE - Auto interlocutorio 11001032600020240002000
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001032600020240002000
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-26-000-2024-00020-00 (70907)
Demandante: Germán Calderón España
Demandado: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Referencia: Nulidad simple
TEMAS: SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR – suspensión de acto administrativo – presupuestos para su decreto. FINALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – evitar que decisiones contrarias a la ley continúen produciendo efectos mientras se define su legalidad. DEROGATORIA DEL ACTO – torna improcedente la petición de suspensión.
AUTO QUE NIEGA MEDIDA CAUTELAR
El Despacho niega la medida cautelar solicitada por la parte demandante, dentro del proceso de la referencia1.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda El 23 de enero de 2024, German Calderón España presentó demanda de “nulidad por inconstitucionalidad” de los artículos 1.8, 3.8 y 4 del Acuerdo núm. 05 de 2022 , del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(en lo sucesivo FOMAG), “[p]or el cual se modifica y adiciona el Acuerdo 09 de 2016”2. Dicho acuerdo dispuso que los servicios de salud y de seguridad y salud en el trabajo del régimen especial de los maestros serían prestados por un único
(en lo sucesivo FOMAG), “[p]or el cual se modifica y adiciona el Acuerdo 09 de 2016”2. Dicho acuerdo dispuso que los servicios de salud y de seguridad y salud en el trabajo del régimen especial de los maestros serían prestados por un único operador en cada región del país, y además estableció que los proponentes únicamente podrían resultar adjudicatarios en una sola región, salvo en los casos en que no existiera otro oferente habilitado.
2. La medida cautelar solicitada El demandante solicitó como medida cautelar de urgencia la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las normas demandadas.
1 Al sub júdice le resulta aplicable la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, así como las disposiciones del Código General del Proceso, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del CPACA, vigentes para la fecha en que fue interpuesta la demanda. 2 Documento contenido en el expediente digital con certificado D45B60709C30F450 88636AD3DAD4D687 B1206DA29F3E0D24 56770464197FDD00, ubicado en el índice 2 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00020-00 (70907)
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Adujo que las disposiciones acusadas vulneraban los principios constitucionales de libre actividad económica, libre competencia, desarrollo empresarial y función administrativa, consagrados en los artículos 209 y 333 de la Constitución Política , porque restringían la actividad de los particulares que h abían constituido sus empresas para la prestación de servicios de salud en ejercicio de la libre iniciativa privada.
administrativa, consagrados en los artículos 209 y 333 de la Constitución Política , porque restringían la actividad de los particulares que h abían constituido sus empresas para la prestación de servicios de salud en ejercicio de la libre iniciativa privada.
Asimismo, consideró que se desconoc ían el principio de igualdad, el deber de selección objetiva previsto en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 y los principios de la contratación estatal relativos a la libre concurrencia y pluralidad de oferentes.
Afirmó que la medida cautelar era necesaria para evitar un perjuicio irremediable, en tanto las empresas prestadoras de servicios de salud se veían impedidas para participar en procesos contractuales en múltiples regiones, aun cuando cumplían con los requisitos legales exigidos.
3. El trámite procesal relevante y la oposición a la solicitud de medida cautelar 3.1. El 8 de noviembre de 2024 se ordenó: (i) adecuar la controversia al medio de control de nulidad simple; (ii) admitir la demanda; (iii) correr traslado en los términos del artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPACA); y (iv) no dar trámite a la petición de medida cautelar de urgencia3.
Sin embargo , conforme al artículo 233 ibidem, se ordenó correr traslado por el término de 5 días a la parte demandada, para que se pronunciara sobre la solicitud de medida cautelar4. 3.2. El 3 de diciembre de 2024, la Fiduciaria La Previsora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de
de medida cautelar4. 3.2. El 3 de diciembre de 2024, la Fiduciaria La Previsora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, señaló que el Acuerdo núm. 03 del 1 de abril de 2024 sustituyó las disposiciones del acto administrativo demandado, es decir, del Acuerdo núm. 05 de 2022, generando la carencia de objeto de la medida cautelar , en tanto los efectos jurídicos de las disposiciones demandadas ya habían cesado5.
Adicionalmente, explicó que las normas acusadas fueron expedidas con el propósito de regular la prestación del servicio de salud mediante terceros, limitando ciertos aspectos de la autonomía privada en función de garantizar el acceso y la calidad del servicio de salud del magisterio, conforme a los principios constitucionales y legales.
Asimismo, i ndicó que las disposici ones demandadas no imp usieron restricciones inconstitucionales a los particulares , sino que establec ieron criterios orientados a
3 Índice 4 de SAMAI. 4 Índice 5 de SAMAI. 5 Documento contenido en el ex pediente digital con certificado DAC550926F3C1A2E 1095F0992CD90860 8A5FE20D0FEC51B3 64FC1240436C7B29, ubicado en el índice 18 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00020-00 (70907)
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asegurar la adecuada prestación del servicio público de salud del magisterio. En ese
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asegurar la adecuada prestación del servicio público de salud del magisterio. En ese sentido, consideró que no se vulnera ron los principios de libre competencia ni de igualdad, pues las medidas adoptadas constituye ron expresiones legítimas de la facultad reglamentaria del Estado de las actividades económicas, en beneficio del interés general.
Refirió, además, que el marco regulatorio contenido en el Acuerdo núm. 05 de 2022 no excluyó la participación de empresas en los procesos de selección y, por el contrario, promovió la libre concurrencia al permitir que tod os l os interesad os presenten sus propuestas.
II. CONSIDERACIONES
Para decidir la solicitud de medida cautelar presentada por el demandante , el Despacho abordará los siguientes aspectos: (1) competencia, (2) la medida cautelar de suspensión provisional de actos administrativos y sus requisitos y (3) caso concreto.
1. Competencia
En consideración a la competencia dispuesta por el artículo 149.16 del CPACA, y con arreglo al artículo 125.2 y 3 7 ibidem, la magistrada ponente es competente para pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, toda vez que la presente decisión no se enlista en l as providencias que corresponde dictar a las salas, secciones y subsecciones de la Corporación.
2. La medida cautelar de suspensión provisional de actos administrativos y sus requisitos
2.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 8 del CPACA, las medidas cautelares en los procesos declarativos tramitados ante esta jurisdicción buscan
requisitos
2.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 8 del CPACA, las medidas cautelares en los procesos declarativos tramitados ante esta jurisdicción buscan
6 “Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. Modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificació n o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos. […]”. 7 “Artículo 125. De la expedición de providencias. Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de
2021. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […] 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: […] 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia (…)”. (negrita fuera del texto). 8 “Artículo 229. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las
ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objetoRadicado: 11001-03-26-000-2024-00020-00 (70907)
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“proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”, a fin de impedir que el perjuicio derivado de la eventual vulneración de un derecho sustancial se torne más gravoso como consecuencia del tiempo que transcurre hasta la culminación del proceso judicial, sin que la adopción de dicha medida implique prejuzgamiento sobre el fondo del asunto.
En consonancia con lo anterior, el artículo 230 del CPACA 9 previó que las medidas cautelares pueden revestir el carácter de “preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión”, y deben guardar relación directa con las pretensiones formuladas en la demanda, por lo que el juez se encuentra facultado para adoptar, según las necesidades lo requieran, una o varias de las siguientes medidas: (i) ordenar que se mantenga o restablezca una situación particular; (ii) suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso si tiene naturaleza contractual; (iii) ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra; (iv) impartir ordenes o imponerles obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes; y (v) suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
En lo que concierne a la fac ultad del juez de lo contencioso administrativo para
(iv) impartir ordenes o imponerles obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes; y (v) suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
En lo que concierne a la fac ultad del juez de lo contencioso administrativo para suspender los efectos de los actos administrativos, cabe recordar que se trata de una potestad de rango constitucional, consagrada en el artículo 238 de la Constitución Política 10, que fue concebida con el propósito de proteger el “ordenamiento superior cuando los actos administrativos incurren en violación de las normas en las que deben fundarse, [comoquiera que] , con la adopción de esta medida cautelar se detienen temporalmente los efectos de los actos administrativos
del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. // La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento […]”. 9 “Artículo 230. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las si guientes medidas: // 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. // 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las
Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. // 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. // 4. Ordenar la adop ción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. // 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. // Parágrafo. si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente”. 10 “Artículo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00020-00 (70907)
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y, por lo mismo, se suspende su fuerza obligatoria”11, mientras se resuelve de fondo
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y, por lo mismo, se suspende su fuerza obligatoria”11, mientras se resuelve de fondo sobre su legalidad.
2.2. Bajo este contexto, el artículo 231 12 del CPAC A estableció condiciones especiales para la procedencia de las medidas cautelares, diferencia ndo entre aquellas relativas a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo cuando se pretenda su nulidad y los demás supuestos. En lo que respecta a las primeras —que son las que interesan en el presente asunto —, la norma citada establece que su procedencia está supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que se presente una violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado; (ii) que dicha violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o con las pruebas allegadas; y (iii) que, en caso de que el medio de control ejercido sea el de nulidad y restablecimiento del derecho, se acredite, al menos sumariamente, el perjuicio que el acto demandado cause o podría causar al demandante.
Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado precisó que, a diferen cia de las demás medidas cautelares previstas en el artículo 230 ibidem, en el caso de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos no se requiere la acreditación de los requisitos de apariencia de buen derecho —fumus boni iuris —, perjuicio de la mora —periculum in mora — ni ponderación de intereses, dado que el análisis que corresponde es un examen
administrativos no se requiere la acreditación de los requisitos de apariencia de buen derecho —fumus boni iuris —, perjuicio de la mora —periculum in mora — ni ponderación de intereses, dado que el análisis que corresponde es un examen preliminar de legalidad13, el cual se realiza bajo una apreciación sumaria propia de
11 Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección C, auto del 28 de octubre 2024, rad. 68018. “Conforme a la regulación del procedimiento administrativo, una vez agotados los recursos en la vía gubernativa, el acto administrativo queda en firme. En ese momento el acto adquier e su capacidad de ser ejecutado por la Administración, sin que sea necesario que medie la actuación de otra autoridad (artículo 89 del CPACA). Ello quiere decir que los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no sean anulados por esta Jurisdicción y perderán su obligatoriedad y, en consecuencia, la posibilidad de ser ejecutados, entre otros eventos, cuando sus efectos sean suspendidos provisionalmente”. 12 “Artículo 231. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensió n provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. // En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes
indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. // En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos: // 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. // 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. //
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. // 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: // a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o // b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 17 de marzo 2015, rad. 2014-37990. “Con el objeto de lograr la eficacia de la medida de suspensión provisional, tal como se manifestó en la ponencia para segundo debate ante la Cámara, se concluye que el inciso primero del artículo 231 exige como requisito fundamental para resolver esta cautela un análisis inicial deRadicado: 11001-03-26-000-2024-00020-00 (70907)
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una instancia en la que las partes aún no han ejercido plenamente su derecho de defensa, en la medida en que no se han surtido la totalidad de las etapas procesales, y que, se reitera, no implica un prejuzgamiento.
una instancia en la que las partes aún no han ejercido plenamente su derecho de defensa, en la medida en que no se han surtido la totalidad de las etapas procesales, y que, se reitera, no implica un prejuzgamiento.
2.3. Finalmente, en providencia reciente esta Sala Subsección estableció que, además de los requisitos anteriormente referidos para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, “es presupuesto básico de la medida que el acto administrativo esté produciendo sus efectos jurídicos, ya que su finalidad no puede ser otras que la de evitar, transitoriamente, que el acto administrativo sea ejecutable, salvaguardando los intereses general y del Estado de derecho”14.
3. Caso concreto
La ponente negará la solicitud de medida cautelar presentada por Germán Calderón España, por que no se cumplen los requisitos legales para decretar la medida cautelar solicitada , toda vez que el acto administrativo objeto de la petición fue derogado.
En efecto, en el expediente se advierte que el 1 de abril de 2024 el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio expidió el Acuerdo núm. 03 de 202415, mediante el cual modificó los lineamientos para la contratación de la prestación de los servicios de salud para el Magisterio , contenidos en los acuerdos 09 del 2016, 05 de 2022 y 03 de 2023, y dictó otras disposiciones.
En su artículo cuarto, el Acuerdo núm. 03 de 2024 determinó que “ [e]l presente acuerdo rige a partir de su expedición y deroga los Acuerdos 09 de 2016, 05 de 2022
En su artículo cuarto, el Acuerdo núm. 03 de 2024 determinó que “ [e]l presente acuerdo rige a partir de su expedición y deroga los Acuerdos 09 de 2016, 05 de 2022 y 03 de 2023, así como las demás disposiciones que le sean contrarias”.
En consecuencia, desde la expedición del Acuerdo núm. 03 de 2024 (1 de abril de 2024), el acto administrativo cuya suspensión se solicita dejó de formar parte del ordenamiento jurídico y cesó en sus efectos, lo que torna inane la medida cautelar.
Debe reiterarse que la suspensión provisional exige como presupuesto básico la vigencia del acto administrativo. Si este ha sido derogado, no subsiste razón jurídica para suspenderlo16.
legalidad. Agregando, que en los casos en los que se reclama el resta blecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, se acredite por lo menos sumariamente la existencia de estos. // En las demás medidas contempladas en el artículo 230 del CPACA, distintas de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, se deberán atender para su análisis los criterios de fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, periculum in mora, o perjuicio de la mora, y, la ponderación de intereses, y será el Juez en su análisis y valoración de la situación propia de c asa caso quien establezca los pesos argumentativos de los mismos en la decisión que adopte”. 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 14 de julio 2025, rad. 72438. 15 Documento obtenido de: https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2024/04/Acuerdo-003-de14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 14 de julio 2025, rad. 72438. 15 Documento obtenido de: https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2024/04/Acuerdo-003-de2024-Modelo-de-Salud-FOMAG.pdf 16 Sobre el particular, consultar, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, autos del 31 de octubre de 2016, 13 de noviembre y 19 de diciembreRadicado: 11001-03-26-000-2024-00020-00 (70907)
Demandante: Germán Calderón España
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Así las cosas , al carecer de objeto un pronunciamiento respecto de un acto administrativo que ha perdido vigencia , la ponente negará la solicitud de medida cautelar. Lo anterior, sin perjuicio del control de legalidad que corresponda efectuar sobre el acto demandado, en atención a los efectos que produjo mientras estuvo vigente17.
En mérito de lo expuesto, el Despacho
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de medida cautelar presentada por el demandante, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: En firme el presente auto, DEVUÉLVASE el expediente al despacho para continuar con el trámite correspondiente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
SP1
de 2018 y del 15 de octubre de 2021, Rad. Nos. 11001-03-24-000-2013-00605-00, 11001-03-24-000ADRIANA POLIDURA CASTILLO Magistrada
SP1
de 2018 y del 15 de octubre de 2021, Rad. Nos. 11001-03-24-000-2013-00605-00, 11001-03-24-0002015-00489-00, 11001-03-24-000-2013-00150-00 y 11001-03-24-000-2018-00026-00, respectivamente; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 4 de noviembre de 2019, Rad. No. 11001-03-27-000-2014-00008-00. 17 Al respecto, por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de noviembre d e 2019, Rad. No. 11001 -03-24-000-2006-0016301; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2021, Rad. No. 11001-03-27-000-2019-00054-00.