CSJ - AC801-2023
Detalles
- Título
- CSJ - AC801-2023
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- 2023
HILDA GONZÁLEZ NEIRA Magistrada ponente AC801-2023 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 (Aprobado en sesión de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés) Bogotá D.C., tres (03) de mayo de dos mis veintitrés (2023) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Wille Inversiones S.A.S. para sustentar el recurso de casación que interpuso frente a la sentencia de 4 de agosto de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso adelantado por la recurrente contra Fabio Alberto Méndez Pinilla, Javier Ulloa Duarte, Enrique Ladislao Sistiva Varas, Carlos Enrique Méndez Pira, Diego Luis Serrano Pinilla, Manufacturas y Procesos Industriales Ltda., Ingeniería Infraestructura y Telecomunicaciones -Infratel Ltda.-, Sunn LLC, Sunn Colombia S.A.S., Méndez Pinilla S.A.S., Proquimsa S.A.S., Impes Impermeabilizaciones Especiales S.A.S. y Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S. 1 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01
I. EL LITIGIO
A. La pretensión
1. El proceso se abrió con demanda en la cual el ente moral pidió acceder a las siguientes declaraciones y condenas: 1.1. Que Fabio Alberto Méndez Pinilla «no cumplió el procedimiento previsto en la Ley 222 de 1995 y el decreto 1925 de 2009 respecto de los actos y contratos suscritos entre la
sociedad Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. y Sunn LLC», perjudicando los intereses de la primera; en consecuencia, declarar su invalidez y condenar «de manera solidaria» al citado, a Olga Lucía y Luz Amparo Méndez Pinilla y a Sunn LLC, o subsidiariamente, al primero y a la última, a pagar la suma de $28.290.648.433 «correspondientes a los ingresos percibidos por Sunn LLC y pagados por Manufacturas y Procesos Industriales Ltda.», por diversos conceptos, durante los años 2014, 2015 y 2016. 1.2. Que Fabio Alberto Méndez Pinilla «no cumplió el procedimiento previsto en la Ley 222 de 1995 y el decreto 1925 de 2009 respecto de los actos y contratos suscritos entre la sociedad Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. y Sunn Colombia S.A.S.», perjudicando los intereses de la primera; en consecuencia, declarar su invalidez y condenar «de manera solidaria» al citado, a Olga Lucía y Luz Amparo Méndez Pinilla y a Sunn Colombia S.A.S., o subsidiariamente, al primero y a 2 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 la última, a pagar la suma de $15.000.000 «correspondientes a los ingresos percibidos por Sunn Colombia S.A.S.». 1.3. Que Fabio Alberto Méndez Pinilla «no cumplió el procedimiento previsto en la Ley 222 de 1995 y el decreto 1925 de 2009 respecto de los actos y contratos suscritos entre la sociedad Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. y Méndez
Pinilla S.A.S.», perjudicando los intereses de la primera; en consecuencia, decretar su invalidez y condenar «de manera solidaria» al citado, a Olga Lucía y Luz Amparo Méndez Pinilla y a Méndez Pinilla S.A.S., o subsidiariamente, al primero y a la última, a pagar la suma de $3.099.786.400 «correspondientes a los ingresos percibidos por Méndez Pinilla S.A.S. y pagados por Manufacturas y Procesos Industriales Ltda.», por diversos conceptos, durante los años 2012 a 2016. 1.4. Que Fabio Alberto Méndez Pinilla y Enrique Ladislao Sistiva Vargas «no cumplieron el procedimiento previsto en la Ley 222 de 1995 y el decreto 1925 de 2009 respecto de los actos y contratos suscritos entre la sociedad Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. y Proquimsa S.A.S.», perjudicando los intereses de la primera; en consecuencia, declarar su invalidez y condenar «de manera solidaria» a los citados, Olga Lucía y Luz Amparo Méndez Pinilla y Proquimsa S.A.S., o subsidiariamente, a los primeros y a la última, o a ésta y a Fabio Alberto, a pagar la suma de $5.473.015.098 «correspondientes a los ingresos percibidos por Proquimsa S.A.S. y pagados por Manufacturas y Procesos Industriales Ltda.», por diversos conceptos, durante los años 2013 a 2016. 3 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 1.5. Que Fabio Alberto Méndez Pinilla y Carlos Enrique
Méndez Pira no cumplieron «el procedimiento previsto en la Ley 222 de 1995 y el decreto 1925 de 2009 respecto de los actos y contratos suscritos entre la sociedad Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. [e] Ingeniería Infraestructura y Telecomunicaciones Ltda.», perjudicando los intereses de la primera; en consecuencia, declarar su invalidez y condenar «de manera solidaria» a los citados y a Ingeniería Infraestructura y Telecomunicaciones Ltda., o subsidiariamente, al primero y a la última, a pagar la suma de $3.437.728.519 «correspondientes a los ingresos percibidos por Proquimsa S.A.S. y pagados por Manufacturas y Procesos Industriales Ltda.», por diversos conceptos, en el año 2016. 1.6. Que Fabio Alberto Méndez Pinilla «no cumplió el procedimiento previsto en la Ley 222 de 1995 y el decreto 1925 de 2009 respecto de los actos y contratos suscritos entre la sociedad Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. [e] Impes Impermeabilizaciones Especiales S.A.S.», perjudicando los intereses de la primera; en consecuencia, declarar su invalidez y condenar «de manera solidaria» al citado y a Impes Impermeabilizaciones Especiales S.A.S., a pagar $145.403.000 más todas aquellas sumas recibidas por la última a título de «aportes de capital o cualquier tipo de inversión, pagadas por Manufacturas y Procesos Industriales Ltda.». 1.7. Que Fabio Alberto Méndez Pinilla «no cumplió el
procedimiento previsto en la Ley 222 de 1995 y el decreto 1925 de 2009 respecto de los actos y contratos suscritos entre la 4 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 sociedad Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. y Clara Serrano Pinilla», perjudicando los intereses de la primera; en consecuencia, declarar su invalidez y condenar «de manera solidaria» al citado y a Clara Serrano Pinilla a restituir todas aquellas sumas recibidas por la última por «arriendo de inmueble». 1.8. Que Fabio Alberto Méndez Pinilla «no cumplió el procedimiento previsto en la Ley 222 de 1995 y el decreto 1925 de 2009 respecto de los actos y contratos suscritos entre la sociedad Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S. y Diego Luis Serrano Pinilla», perjudicando los intereses de las dos primeras; en consecuencia, declarar su invalidez y condenar «de manera solidaria» a los citados «a entregar y pagar a Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., de manera inmediata todas las sumas de dinero percibidas por Diego Luis Serrano Pinilla». 1.9. Que Fabio Alberto Méndez Pinilla y Javier Ulloa Duarte no cumplieron «el procedimiento previsto en la Ley 222 de 1995 y el decreto 1925 de 2009 respecto de los actos y contratos suscritos entre la sociedad Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. y Javier Ulloa Duarte», perjudicando los intereses de la primera; en consecuencia, declarar su invalidez y condenar «de manera solidaria» a los citados, a Enrique
Ladislao Sistiva Vargas, Olga Lucía y Luz Amparo Méndez Pinilla a pagar $26.204.667 «correspondientes a los ingresos percibidos por Javier Ulloa Duarte y pagados por Manufacturas y Procesos Industriales Ltda.», por «arriendo de bien inmueble», en el año 2016. 5 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 1.10. Que la Junta Directiva de Manufacturas y Procesos Industriales Ltda., Enrique Ladislao Sistiva Vargas y Javier Ulloa Duarte no rindieron informes de sus respectivas gestiones ni cuentas de los ejercicios de 2011 a 2016 y los entregados por Fabio Alberto Méndez Pinilla «no cumplieron con todos los requisitos establecidos en la ley» y, por ende, ordenarles proceder a hacerlo. 1.11. Que Fabio Alberto Méndez Pinilla, Javier Ulloa Duarte y Enrique Ladislao Sistiva Vargas «no cumplieron con el procedimiento previsto en la Ley 222 de 1995 y el decreto 1925 de 2009 respecto del aumento de las remuneraciones de los [dos primeros] como Presidente y Vicepresidente de (…) Manufacturas y Procesos Industriales Ltda.», perjudicando a la compañía; por tanto, anular tales beneficios y conminarlos a devolver $236.527.000 y $152.741.000, respectivamente, así como lo recibido «por concepto de pensión voluntaria, vacaciones, transporte, asistencia, bonificaciones extraordinarias, incrementos de salarios y cualquier otro concepto desde el 1 de enero de 2012 y hasta la fecha de la sentencia, que no hubieran sido reconocidas y autorizadas por
la Junta de Socios». 1.12. Que los precitados y Enrique Ladislao Sistiva Vargas, «son solidariamente responsables de cualquier obligación, pago o sanción (…) impuesta o que le llegue a imponer la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga a Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. por el cambio de domicilio (…) a Floridablanca (Santander)». 6 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 1.13. Que Fabio Alberto Méndez Pinilla debe reembolsar «las sumas de dinero donadas por la sociedad Manufacturas y Procesos Industriales en el año 2016», por valor de $85.612.000. 1.14. Que las tres personas relacionadas en los ordinales anteriores i) incumplieron «sus deberes como administrador[es] de Manufacturas y Procesos Industriales Ltda.»; ii) incurrieron «por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que implican competencia con Manufacturas y Procesos Industriales Ltda., sin contar con la autorización de la Junta de Socios»; iii) disponer su remoción de los cargos que ocupan; iv) inhabilitarlos para ejercer el comercio; v) imponerles «las multas y sanciones» a que haya lugar; y, vi) condenarlos en costas y agencias en derecho, junto a los demás enjuiciados o, subsidiariamente, a aquellos, y Olga Lucía y Luz Amparo Méndez Pinilla.
B. Los hechos Para soportar sus aspiraciones, la actora reseñó los antecedentes de la constitución (E.P. 4123, 27 dic. 1974),
objeto social y actividad principal de la compañía cuya afectación patrimonial se alega; indicó ostentar el 17.5% de esa organización, porcentaje que también posee Udepsa Inversiones S.A.S., mientras Fabio Alberto, Olga Lucía y Luz Amparo Méndez Pinilla son los accionistas mayoritarios con una participación del 21.66%, cada uno, circunstancia en virtud de la cual controlan la firma comercial y, en esa medida, «han ejercido de manera unánime e idéntica el derecho de voto 7 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 respecto de sus cuotas», por cerca de 9 años, al punto que desde 1997, el primero funge como representante legal «inamovible», en contravía de los estatutos y de los intereses de los socios minoritarios, hegemonía que se acentuó a partir del 7 de julio de 2008, «cuando el 65% de las cuotas de la sociedad, se transfirió en su totalidad y de manera exclusiva, de la sociedad Inversiones Méndez Pinilla Ltda., sociedad de propiedad de la familia Méndez Pinilla, directamente a [dichos] hermanos». Relató que la sociedad Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. es dueña del: i) 75.72% de Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., cuyo administrador es Diego Luis Serrano Pinilla, familiar de los controlantes, y como vicepresidente funge Fabio Alberto Méndez Pinilla; y, ii) 50% de Impes Impermeabilizaciones Especiales S.A.S., representada por Fabio Alberto Méndez Pinilla, siendo
subgerente Nitsan Shahaf. Destacó, adicionalmente, que el revisor fiscal de las tres compañías aludidas es Oscar Horario Torres Galvis, como persona natural, en el caso de la primera, y como designado principal de la firma Oscar Horacio Torres Galvis & Asociados S.A.S., respecto de las dos últimas. Con el marco factual que antecede, explicó que «[c]ada uno de los administradores de la sociedad Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. acá demandados (…) han transgredido de manera abierta y desmedida sus deberes y responsabilidades y han celebrado innumerables contratos y actos en conflicto de interés y competencia con 8 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 esta sociedad y en contravía a las disposiciones legales y estatutarias (…) Asimismo, los actos y negocios celebrados y ejecutados en contravía del régimen de intereses, han sido perjudiciales y dañinos para la Sociedad, como era de conocimiento de los socios mayoritarios (…) socios igualmente acá demandados» (Archivo: 001 2017-01-576571Demanda.PDF). Para demostrar sus denuncias, relacionó los pormenores de las distintas negociaciones y directrices administrativas cuya anulación reclama (Folios 51 a 128, idem).
C. El trámite de las instancias
1. La causa petendi, una vez subsanada, fue admitida por la Delegatura de Jurisdicción Societaria I de la Superintendencia de Sociedades, el 13 de abril de 2018,
requiriendo a Méndez Pinilla S.A.S., Proquimsa S.A.S., Sunn
LLC, Sunn Colombia S.A.S., Manufacturas y Procesos Industriales Ltda., Impes Impermeabilizaciones Especiales S.A.S. y Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., «para que, en el término de traslado de la demanda», suministraran algunos documentos pedidos como pruebas, por la convocante (Archivo: 009 2018-01-160129Admisión.PDF).
2. Las demandadas manifestaron oponerse a las pretensiones del libelo introductor. Impes – Impermeabilizaciones Especiales S.A.S., Sunn Colombia y Proquimsa S.A.S. alegaron su «falta de legitimación en la causa por pasiva» y, al igual que Sunn LLC, postularon la «inexistencia de relación contractual alguna que pueda llegar a vincular[la] (…) con la sociedad Manufacturas y Procesos Industriales Ltda.», «Imposibilidad de imputar[le] responsabilidad (…) por inexistencia de una relación jurídico
9 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 contractual que la fundamente» y «las demás que se prueben» (Archivos: 083 2018-01-340426ContestacionDemanda.PDF, 084 2018-01340429ContestaciónDemanda.PDF, 090 2018-01365926ContestacionDemanda.PDF). Fabio Alberto Méndez Pinilla excepcionó «[l]os contratos celebrados por MPI y empresas en las que [él] tiene alguna participación (…) no han causado perjuicios a la sociedad y sus socios», «[l]os contratos han sido ratificados por la Junta de Socios de MPI», «[l]os
administradores de MPI han actuado de forma diligente y regla de la discrecionalidad» y «prescripción extintiva» (Archivo: 094 2018-01369606ContestacionDemanda.PDF). En escrito separado formuló las defensas previas de «cláusula compromisoria», también enarbolada por Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. (Archivo 121 2019-01-023039ExcepcionesPrevias.PDF) e «ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales e indebida acumulación de pretensiones» (Archivo: 095 2018-01369614ExcepcionesPrevias.PDF). Asimismo, MPI Ltda., adujo que hubo «[r]atificación de las operaciones constitutivas de conflictos de interés», «[p]rescripción» y «[f]alta de legitimación en la causa» (Archivo: 122 2019-01-023048ContestacionDemanda.PDF). Por su parte, Infratel Ltda., Méndez Pinilla S.A.S., Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., Ladislao Sistiva Vargas, Diego Luis Serrano Pinilla, María Clara Serrano Pinilla, Carlos Enrique Méndez Pira y Javier Ulloa Duarte confrontaron los pedimentos de la actora con fundamento en 10 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 la «imposibilidad de generar responsabilidad por inexistencia de daño», «inexistencia y subsanación ex –post de cualquier posible conflicto de intereses», «falta de legitimación en la causa por activa», «debida diligencia de las operaciones realizadas por el administrador»,
«prescripción y caducidad» y «las demás que se prueben» (Archivo: 123 2019-01-023241ContestacionDemanda.PDF). Adicionalmente, plantearon la «ineptitud de la demanda», «habérsele dado a la demanda trámite de proceso diferente», «pleito pendiente en el mismo Despacho y además contra providencia ejecutoriada» e «indebida integración del contradictorio» (Archivo: 124 2019-01023246ExcepcionesPrevias.PDF).
3. En proveído de 14 de febrero de 2019, ratificado el 28 siguiente (Archivo: 141 2019-01-048041ResuelveRecurso.PDF), el juzgador de primer grado declaró no probadas las excepciones previas «propuestas por los apoderados de Fabio Alberto
Méndez Pinilla, Infratel Ltda., Méndez Pinilla S.A.S., Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., Enrique Ladislao Sistiva Vargas, Diego Luis Serrano Pinilla, Clara Serrano Pinilla, Carlos Enrique Méndez Pira, Javier Ulloa Duarte y Manufacturas y Procesos Industriales Ltda» (Archivo: 133 2019-01-032225ResuelveexcepcionesPrevias.PDF).
4. En sentencias anticipadas parciales el a-quo decretó: (i) «la falta de legitimación en la causa por pasiva de Luz Amparo Méndez Pinilla, Olga Lucía Méndez Pinilla y María Clara Serrano Pinilla» (5 jul. 2019); y (ii) la «prescripción frente a las pretensiones primera a décima quinta, décimo sexta a vigésima, cuadragésima tercera, cuadragésima sexta, quincuagésima segunda a quincuagésima
cuarta, quincuagésima sexta, quincuagésima séptima y sexagésima primera de la demanda, respecto de los actos y negocios jurídicos celebrados por los demandados Fabio Alberto Méndez Pinilla y Javier Ulloa Duarte, en calidad de representantes legales de Manufacturas y Procesos Industriales Ltda., con anterioridad al 14 de noviembre de 11 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 2012, descritos en la parte considerativa» (10 jul.), determinación adicionada para hacer extensible el fenómeno extintivo a las peticiones 27 a 29, 32, 33, 62 y su subsidiaria (21 feb. 2020).
5. La primera instancia culminó con fallo de 6 de marzo de 2020, en el que el iudex de conocimiento declaró
que: (i) «Fabio Alberto Méndez Pinilla, en su calidad de representante legal de Manufacturas y Procesos Industriales Ltda.», no cumplió con el procedimiento ni contó con la autorización de la junta de socios, según lo previsto en el numeral 7º del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, para celebrar un contrato de mutuo con Impes Impermeabilizaciones Especiales S.A.S. por $145.403.000, por lo que lo invalidó y le ordenó a la última, restituir dicho monto, una vez descontados los pagos que hubiere efectuado; (ii) «Fabio Alberto Méndez Pinilla y Javier Ulloa Duarte, en su calidad de administradores de Manufacturas y Procesos Industriales Ltda.», inobservaron el numeral 7º del artículo
23 de la Ley 222 de 1995, «al votar el aumento de su remuneración durante las reuniones de la junta directiva de MPI celebradas el 16 de enero de 2013 y 17 de enero de 2017», decisiones que no contaron la autorización de la junta de socios en los términos de la citada normativa; y, (iii) La Junta Directiva de MPI Ltda. desacató «el deber de presentar en las reuniones ordinarias [de] la junta de socios 12 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 celebradas entre 2013 y 2017, los informes de gestión de los años 2012 a 2016, en los términos indicados en el artículo 446 del Código de Comercio». Los demás pedimentos fueron desestimados (Archivo: 2922017800390aud6marzo2020Audiencia.mp4).
6. Apelada esta determinación por ambas partes, fue «modificada» por el Tribunal, en cuanto a condenar en costas
a Fabio Alberto Méndez Pinilla, Javier Ulloa Duarte, Manufacturas y Procesos Industriales Ltda. e Impes Impermeabilizaciones Especiales S.A.S. a favor de Willie Inversiones S.A.S. y a ésta última en favor de Enrique Ladislao Sistiva Vargas, Carlos Enrique Méndez Pira, Diego Luis Serrano Pinilla, Ingeniería Infraestructura y Telecomunicaciones Infratel Ltda., Sunn LLC, Sunn Colombia S.A.S., Méndez Pinilla S.A.S., Proquimsa S.A.S. y Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S. En todo lo demás la
confirmó (Archivo: 40SentenciaSegundaInstancia.pdf).
D. La sentencia impugnada
1. Luego de advertir la concurrencia de los presupuestos procesales para decidir de mérito, precisó que su análisis estaría circunscrito «única y exclusivamente» a los reparos concretos que el inconforme expuso ante el inferior funcional, frente a aquellos tópicos inherentes a «la acción propiciada, cuyos límites fueron puntualizados al fijarse el litigio y respecto del petitum que no quedó involucrado en las sentencias anticipadas».
13 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01
2. Clarificado lo anterior, procedió a desatar los reproches de la actora en el orden de su proposición: 2.1. En primer lugar, encontró que el aspecto atinente a la falta de decreto y práctica de la experticia invocada por la opugnadora para acreditar los perjuicios sufridos por Manufacturas y Procesos Industriales Ltda., fue un tema superado en su debida oportunidad, habida cuenta que, una vez denegada, el a quo ratificó su impertinencia e inconducencia «de cara a las pretensiones planteadas», las cuales no estaban dirigidas a obtener resarcimiento alguno (13 dic. 2019), de ahí que también se desechara tal pedimento en sede de segunda instancia.
Al tratarse de pronunciamientos que cobraron firmeza, adveró, no puede afirmarse, como lo hizo la recurrente, que se violó su «derecho de defensa y debido proceso» por no admitir tal medio de cognición, para, posteriormente, «denegar algunas pretensiones por falta de pruebas referentes
a la demostración de los perjuicios causados a Manufacturas y Procesos Industriales Ltda». Con todo, memoró que lo concluido por la Superintendencia fue que no se acreditó el «detrimento» sufrido por la sociedad afectada con «los actos, negocios y contratos celebrados por Fabio Méndez Pinilla en el endilgado conflicto de interés», concepto que difiere del traído a colación por la inconforme, según lo decantó esta Sala en la providencia SC5509-2021, cuyo fragmento pertinente citó, remembrando, además, que en virtud del principio de 14 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 «libertad probatoria», el menoscabo pudo haberse acreditado de cualquier otra forma. 2.2. En segundo término, estimó equivocada la crítica de la apelante al señalar que la Superintendencia tuvo por configurado el fenómeno de la cosa juzgada, cuando el colofón de esa autoridad «se estructuró sobre la base de que en proceso precedente se definió sobre la impugnación del acta No. 78 de [30 de] marzo de 2017, concluyéndose su validez y de las decisiones en dicha reunión adoptadas, decisión confirmada en segunda instancia, providencias que hicieron tránsito a cosa juzgada». Si dicha junta de socios convalidó «los actos y negocios» que en «conflicto de intereses», ejecutó Méndez Pinilla y el aludido juicio, encaminado a derruir la validez de la respectiva acta, fracasó, «no había lugar a examinar el tema de la ratificación», en tanto lo allá definido «tiene fuerza
vinculante para quienes en ella intervinieron». Así las cosas, concluyó que era inviable volver «a revisar la legalidad de tal determinación», máxime porque «la acción aquí instaurada no se encausó con ese objetivo». 2.3. En torno a la ilegalidad de «la ratificación de los actos y/o contratos celeb3rados por los administradores de Manufacturas y Procesos Industriales Ltda.», recordó las directrices impartidas a los «administradores» de sociedades, por el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, particularmente, en su numeral séptimo y la consecuente invalidez absoluta que apareja la incursión del síndico en «conflicto de intereses» o 15 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 «competencia desleal», acorde al artículo 2.2.2.3.5 del Decreto 1074 de 2015. Memoró, también, que a voces del artículo 898 del Código de Comercio, «[l]a ratificación expresa de las partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionará el acto inexistente a la fecha de tal ratificación, sin perjuicio de terceros de buena fe exenta de culpa», y que es «inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exige para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales». Y destacó que, según el canon 899 ejusdem, un negocio jurídico es absolutamente nulo, cuando: i) contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; ii)
tenga causa u objeto ilícitos; y, iii) se haya celebrado por persona absolutamente incapaz. Al abrigo de tal marco normativo, estimó admisible revalidar «un contrato viciado por un conflicto de interés», en atención a que no hay norma que lo prohíba y a que tal saneamiento, «es coherente con las reglas previstas en el ordenamiento jurídico colombiano referente a la saneabilidad de nulidad absoluta por ratificación», la cual debe: i) provenir de «la asamblea general de accionistas»; ii) ser «expresa»; iii) contar «con los elementos de juicio suficientes en cuanto a la naturaleza y alcance de la negociación»; y iv) no afectar «los intereses de la sociedad. 16 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 En apoyo a su postura, se valió del criterio expuesto sobre el punto por doctrinantes patrios y por esta Corporación en la providencia CSJ SC451-2017, 26 en., rad. 2011-00605-01, donde se encontró factible la convalidación de «autocontratos», por considerar que tal anomalía no vicia el acto de nulidad absoluta, sino relativa, en tanto, con su celebración se transgreden normas «no concernientes al orden público», de modo tal que a la luz del Capítulo II del Título I del Libro Cuarto del Código de Comercio, «la ratificación del interesado, si se hace con las formalidades que la ley exige para el negocio jurídico ratificado, tendrá efecto retroactivo, salvo en cuanto lesione derechos de terceros». Con igual propósito trasliteró un fragmento del
pronunciamiento CSJ SC418-2018, 1 mar., rad. 201100434-01, por medio del cual la Sala relievó la posibilidad de sanear, en virtud del transcurso del tiempo o por ratificación tácita o expresa, negociaciones que adolezcan de «nulidad absoluta y relativa» por disposición del artículo 1752 del Código Civil, puntualizando que «si el vicio invalidante surge por el incumplimiento de una formalidad, para abrir paso a la ratificación se exige, precisamente, el cumplimiento de tal formalidad por las mismas personas que participaron en el primigenio» (art. 1753). En ese orden, concluyó que convenios como los involucrados en este asunto adolecen de nulidad absoluta, no porque tengan objeto o causa ilícita, sino por violar una norma imperativa; deficiencia que es saneable a la luz de los cánones 1742 y 1752 del Código Civil, con la ratificación, 17 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 naturalmente posterior, «pues si el respaldo fuere previo, sencillamente no existiría el vicio» y con observancia «del procedimiento originalmente obviado». Aunque admitió, como lo postuló la recurrente, que la nulidad absoluta es declarable de oficio, enfatizó en que para ello es necesario que «aparezca de manifiesto en el acto o contrato» y en el sub judice no ocurre así, circunstancia que, aunada al objetivo del litigio trazado en el pliego introductor, le impedía adentrarse en el estudio solicitado en sede de apelación por la promotora y, de todas formas, adujo, «no
puede concluirse que la celebración de contratos en conflicto de interés per se tiene un objeto o causa ilícitos; lo que adicionalmente, tampoco se probó». 2.4. Sentadas tales premisas pasó a contrastarlas con el asunto sometido a su examen, estableciendo, preliminarmente, que ninguno «de los contratos celebrados entre Manufacturas y Procesos Industrial[es] Ltda.», quebrantaron «las buenas costumbres o el orden público ni contrari[aron] la ley», al haber sido refrendados por la junta de socios, según consta en las Actas n.º 78 y 81, de las cuales únicamente fue objetada la primera y de manera infructuosa, pues el 1º de diciembre de 2018 se desestimó la respectiva impugnación. En ese sentido, explicó que, de acuerdo con el numeral 8º del primer documento referido, la asamblea de accionistas fue informada «sobre cada uno de los actos y/o negocios jurídicos celebrados por Manufacturas y Procesos Industriales 18 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 Ltda. a través de Fabio Alberto Méndez Pinilla en su calidad de representante legal con: Proquimsa S.A.S., Méndez Pinilla S.A.S., Javier Ulloa y Sunn LLC; de igual forma se dieron a conocer las condiciones, formas de fijación de canon de arrendamiento para bienes muebles e inmuebles». Extrajo de las grabaciones aportadas, que en dicha oportunidad «se expusieron las razones por las cuales algunos bienes no fueron adquiridos directamente por la compañía, la metodología para establecer el valor del canon de
arrendamiento de bienes muebles y, para los inmuebles se consultó a la lonja» y se puso de presente la experiencia y el conocimiento en el mercado internacional de Sunn LLC, como motivos que determinaron los pactos suscritos con esa compañía, luego de lo cual se decidió «la aprobación de los conflictos de interés con bienes inmuebles y muebles». En torno al mérito del segundo pergamino, indicó que, pese a ser el producto de una decisión social posterior al inicio de este pleito, «la convalidación de la nulidad tiene efectos retroactivos» y destacó que es deber del juzgador apreciar «cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse presentado la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio» (art. 281 CGP). Al evaluar el contenido de esa pieza procesal, encontró que con el 55,31% de la votación, se aprobó «la “ratificación de actos y contratos en los que pudo incurrir en conflicto de interés el Sr. Fabio Méndez Pinilla como gerente de MPI, de conformidad con el 19 Radicación n° 11001-31-99-002-2017-00390-01 numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 y decreto 1925 de 2009”, y se relacionaron las operaciones de exportación celebradas con Sunn LLC, operaciones de importación de Asfalto, préstamos de MPI a Sunn
Colombia S.A.S., y de éste a MPI, compra de aceite marca amalie a Sunn Colombia S.A.S., alquiler de maquinaria de MPI a Sunn Colombia S.A.S., relación de compras de MPI a Proquimsa, relación de ventas anuales de MPI a Proquimsa». Sopesó igualmente, la falta de censura de la actora a las disposiciones allí adoptadas, enfatizando en que «como uno de los disidentes de la aprobación es el aquí demandante, por dicha vía en concordancia con los cánones 190 y 19
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